La impunidad de la Casa Al Saud

Si existe un régimen que marca a fuego los abusos contra sus vecinos, que impone la diplomacia de la billetera, una política belicista y una línea de presiones y chantajes en el plano de la política regional y multilateral, ese se llama Arabia Saudí.

Claro está que lo afirmado no elimina la estrecha relación que posee el wahabismo con su hermano putativo como es el sionismo. Ambas ideologías cortadas por la misma tijera criminal y protegidos por el mismo manto de impunidad desde Washington y aquellos aliados de estas relaciones malsanas. Es una triada que actúa en función de intereses geoestratégicos, pero también visiones mesiánicas y destinos manifiestos, que expresan afanes de dominio que han significado cientos de miles de muertos, millones de heridos, desplazados, refugiados, acciones de centenares de grupos terroristas y la destrucción de importantes países de la región donde los objetivos económicos, militares, energéticos y de hegemonía representan un escenario crónico y dramático.

En el caso específico de la monarquía saudí, estos días hemos sido testigos de las denuncias sobre amenazas descaradas, sin vergüenza alguna y a vista y paciencia de los organismos internacionales, que la Monarquía de los al Saud ejerce sobre funcionarios internacionales, sobre todo aquellos ligados a la defensa de los derechos humanos. Área donde Riad suele violar, en forma crónica, los derechos de hombres, mujeres y niños en sus guerras de agresión directa, en el apoyo a formación de bandas extremistas o el financiamiento de planes de desestabilización tanto en Asia Occidental como en el Magreb. Léase en Siria, Yemen, Irak, Sáhara Occidental, Libia, entre otros países. Nada de esta conducta despreciable y que en cualquier otro caso haría actuar en forma inmediata a la administración del gobierno estadounidense, ha conllevado sanción, censura o condena alguna. Se trata de amenazas directas, definidas como descaradas «en este caso dirigidas, en enero del año 2020 en Ginebra, Suiza contra, una mujer, que en ese momento, ocupaba el cargo de relatora especial de la ONU sobre asesinatos selectivos y ejecuciones extrajudiciales, la francesa Agnés Callamard, quien un año después recién se atrevió a denunicar esta conducta delictiva al ser nombrada secretaria general de Amnistía Internacional.

Denuncia efectuada por la propia alta funcionaria en una serie de mensajes de Twitter, a fines del mes de marzo de este año 2021, reconocidas por la ONU e incluso por el propio responsable Saudí de efectuar esas amenazas, quien ejerció labores indebidas y claramente dirigidas contra la integridad física y mental de Callamard, que ocupa hoy el cargo de secretaria general de Amnistía Internacional. «Que se cuide», fueron las palabras exactas del presidente de la comisión de derechos humanos de Arabia Saudí, Awwad Alawwad quien fue, en su momento, Ministro de Información Saudí. Palabras que recuerdan la conducta que el régimen saudí suele llevar contra sus opositores que los ha llevado incluso a ser asesinados.

«Si bien no puedo recordar las conversaciones exactas, nunca hubiera deseado o amenazado con hacer daño a una persona designada por la ONU, ni a nadie en ese sentido”, trató de matizar Allawwad y bajar la gravedad a una clara alusión de daño físico, sicológico y claro amedrentamiento a una funcionaria internacional, cuyas investigaciones comprobaron la responsabilidad saudí en crímenes extrajudiciales efectuados, incluso en territorio extranjero, como fue el caso del asesinato del periodista Jamal Kashoggi en el consulado saudí en Estambul, Turquía, en octubre del año 2018. «Que se cuidara», fueron las palabras exactas en el marco de las acusaciones por la investigación por la ejecución de Kashoggi a manos de funcionarios del régimen monárquico feudal, digitados por el propio príncipe heredero Mohamad bin Salman, en una acción que hasta el día de hoy, a pesar de las pruebas, sigue sumergido en plena impunidad.

Salman Al Saud, y otros altos funcionarios saudíes están señalados con todas sus letras como responsables de dicho asesinato, y Callamard lo tildó de un “crimen internacional” que implicaría, al menos, que los organismos internacionales y todos aquellos gobiernos seudo democráticos, que suelen vociferar sobre los derechos humanos, se pronuncien con claridad y se ejecuten acciones enmarcadas en la Carta de las Naciones Unidas, para que Riad pague por sus acciones criminales. Hasta ahora nada: Washington, Londres, París y todas aquellas capitales tan proclives a la defensa de los derechos humanos y a exigir castigos contra países como Cuba, Venezuela, Irán, Rusia, entre otros, callan obsequiosos y vergonzosos ante los crímenes de Riad.

El reporte de Callamard de un centenar de páginas y conclusiones concluyentes, firmadas por ella, en enero del año 2020 sostenía con claridad en su página 4: “La relatora especial ha determinado que existen pruebas creíbles que justifican una mayor investigación de la responsabilidad individual de los funcionarios saudíes de alto nivel, incluida la del príncipe heredero Bin Salman, como prueba de la gravedad de acciones que involucran a fuerzas de seguridad de la casa al Saud», herederos del régimen y con ello la plena responsabilidad de una monarquía acostumbrada a ser protegida por la impunidad, que otorga la compra de voluntades de gobiernos e instituciones internacionales.

Para Callamard en el actual escenario internacional – aunque suene en ello ingenuo – “no hay lugar para los matones”, destacando que los Estados miembros y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, deberían llevar a cabo medidas necesarias para que los defensores de los derechos humanos puedan seguir su trabajo “sin temor”. De igual modo, lamentó que “los que están a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos son mucho más vulnerables a las amenazas diarias, la intimidación y la violencia”. Declaraciones válidas pero que no cambiarán la esencia criminal del régimen saudí, mientras no exista una modificación conductual frente a aquellos que abusan del derecho internacional o lo violan en forma evidente, sin que ello conlleve responsabilidades.

Esta forma de comportarse de algunos regímenes obedece a que se permite vía libre para las violaciones del derecho internacional, que Arabia Saudí y sus socios, miembros de las monarquías feudales del Golfo Pérsico y que son parte de coaliciones de agresión llevadas a cabo en contra de sus vecinos. Figurando, además, entre los principales contribuyentes en varios programas humanitarios de Naciones Unidas con problemas de financiación. Incluyendo, por ejemplo la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que ha resultado ser una moneda de cambio a la hora de proteger las políticas de colonización y ocupación de Palestina a manos del sionismo usando los derechos conculcados del pueblo palestino, para la defensa del mito de una ideología que basa su ejercicio de poder en los crímenes, las mentiras y la agresión constante. Incluso los propios Estados Unidos se ha visto amenazados con el territorio de los multimillonarios fondos de inversión saudí en la economía estadounidense, cuando jueces de aquel país situaron como responsables de los atentados del 11 de septiembre del año 2011 a ciudadanos saudíes (1) – quince de un total de 19 sindicados – como responsables de aquel acto terrorista.

Cuando se trata de la conducta violatoria de las leyes internacionales, por parte del régimen saudí, nos viene a la memoria uno de los episodios más vergonzosos que ha vivido la ONU en el último lustro. En junio del año 2016, tras un informe de este organismo internacional respecto a los crímenes responsabilidad de la casa al Saud (a cargo de la coalición de países agresores contra el pueblo de Yemen y en especial en la ejecución de políticas de exterminio de la población infantil yemení), Riad exigió a la ONU el retiro de dicho informe (denominada lista negra de crímenes contra los niños de la más pobre de las naciones árabes) so pena de negarse a todo financiamiento institucional. Incluyendo en ello aquellas partidas presupuestarias que pagan las jugosas remuneraciones de la burocracia internacional (2) y que suelen ser el mejor tapabocas, cuando se trata de llevar adelante un trabajo donde la decencia y la dignidad implicaría no callar ante los poderosos.

El otrora secretario general de la ONU, el coreano Ban Ki Moon (quien ocupó el cargo con anterioridad al actual secretario general, el portugués Antonio Guterres) sufrió estas presiones y dejó en evidencia, en esa oportunidad, que resulta «inaceptable que los Estados miembros ejerzan una presión indebida sobre la organización» recordando que «el escrutinio es una parte natural y necesaria del trabajo de Naciones Unidas». Para el ex secretario general de la ONU la decisión de echar tierra sobre el informe de los crímenes y responsabilidad de Riad «fue una de las decisiones más dolorosas que tuve que tomar. Dar marcha atrás y modificar el informe tras esas presiones fue dificilísimo». Admitiendo, además, que la mala imagen ofrecida y entendiendo la vergüenza y las criticas derivadas de aquella acción de sometimiento catalizaron las críticas de organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch (HRW), Oxfam o Amnistía Internacional.

Para Ban Ki Moon, la medida de censura, temor y retroceso evidente, tuvo que ser tomada en función de intereses superiores «ya que sufrirían gravemente decenas de programas si, como me fue sugerido (el concepto es más bien presiones por parte de Washington y sus aliados incondicionales) los países cortaban fondos a proyectos de protección en múltiples áreas, reconoció el ex secretario general de la ONU: «niños que ya están en riesgo en Palestina, Sudán del Sur, Siria, Yemen y muchos otros lugares caerían aún más en la desesperación».

El ex secretario general de la ONU, que a finales del año 2016 dejó la mencionada secretaria general, expresó su decepción con los estados miembros y, especialmente con las potencias del Consejo de Seguridad por no respaldarle en estos conflictos diplomáticos. Claro, se trata de un tema de fondo que incluye la democratización de la ONU y la revisión del derecho a veto que poseen cinco miembros permanentes de un Consejo de Seguridad surgido de las cenizas del fin de la Segunda Guerra Mundial. La democratización de los organismos internacionales es un primer paso de reingeniería, de la forma que se lleva se lleva a cabo el trabajo de política internacional.

El ex secretario general, que en las postrimerías de su mandato (diciembre del año 2016) fue extremadamente franco a la hora de apuntar a ciertos regímenes totalitarios en materia de violar las leyes internacionales y basar sus relaciones en base a amenazas, chantajes y violencia. «Cuando personal de la ONU es declarado persona non grata simplemente por hacer su trabajo, debe poder contar con un firme apoyo de los Estados miembros», apuntó en referencia al Sáhara Occidental, por ejemplo, hoy de vuelta a la guerra por su autodeterminación contra la ocupación de la monarquía feudal marroquí que ha tenido, permanentemente, una actitud hostil contra las Naciones Unidas y su Misión de las Naciones Unidas para a el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) y que en su momento le significó al diplomático surcoreano fuertes presiones de Marruecos, Francia y los Estados Unidos, aliados de la Monarquía ocupante del Sahara Occidental.

«Y cuando los informes de la ONU son criticados por plantear cuestiones difíciles, sostuvo el ex secretario general de la ONU, o documentar violaciones de la ley o de los derechos humanos, los estados miembros deben defender los mecanismos y mandatos que ellos mismos han establecido», añadió apuntando a esta nueva polémica. Pese a sacar de la lista a la coalición árabe, Ban Ki Moon defendió al cien por cien el polémico texto relativo a los crímenes de la coalición bélica liderada por Arabia Saudi contra Yemen y que su contenido no cambiaría. Un acto de dignidad final que se exigía por años, inútil, estéril, pero que demuestran los intereses que se mueven detrás de las organizaciones internacionales sujeta a presiones de todo orden.

Por su parte, para los organismos defensores de los derechos humanos estas conductas son inaceptables. «Permitir a regímenes que cometen abusos con niños o intimidar para salir de listas es una burla para los esfuerzos de la ONU para proteger a la infancia», señaló en su oportunidad la directora de derechos de los niños de HRW, Jo Becker.

El violador contumaz

La situación de violación de Arabia Saudí a las leyes internacionales, las amenazas contra personas y entidades que se atreven a criticarla no cesan. Es parte de una dinámica intrínseca, de una visión de mundo totalitaria y que además cuenta con el respaldo de todos aquellos que se benefician de un mercado multimillonario, que implica un mercado apetitoso en venta de armas, inversiones especulativas y negocios energéticos, que generan enormes riquezas entre los aliados de esta entidad monárquica.

Se está advirtiendo del peligro creciente que representa el régimen de los al Saud comparándolo, incluso, con el régimen baasista iraquí del ex dictador Sadam Hussein como lo advirtió un activista de derechos humanos saudíes, Omar Abdulaziz, que en una sesión conjunta de la cámara de representantes en los Estados Unidos, el pasado 9 de abril, definió al príncipe heredero Mohamad bin Salman como «un nuevo Sadam Hussein, que amenaza a toda la región y al cual es necesario imponérsele sanciones y trabajar por su destitución». Una proposición que en la administración de gobierno del demócrata Joe Biden no ha calado hondo y no lo hará, sobre todo considerando las profundas relaciones existentes entre Riad y Washington, que implican intereses, objetivos y metas estratégicas en beneficio de los grupos de presión políticos, económicos y energéticos, que vinculan a los grupos de poder de sus respectivos países. ¿Se imagina al complejo militar industrial estadounidense que vende año a año decenas de miles de millones de dólares en armas a Riad exigiendo que respete los derechos humanos de su población y de los países de la región?

Difícilmente Biden y los suyos trabajarán por la idea de tratar de defenestrar a un aliado fundamental de Estados Unidos en la región, a pesar que el pasado mes de febrero (4) se haya desclasificado un informe de los servicios de inteligencia estadounidenses donde se da a conocer que «Bin Salman aprobó capturar o matar al periodista Saudi Jamal Khashoggi» si el joven heredero del régimen wahabita recibió el mensaje o no, lo evidente es que a Bin Salman estas noticias y elucubraciones lo tienen sin cuidado. La constatación de esta conclusión es tan evidente que en una entrevista con la cadena estadounidense CNN, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reiteró el pasado mes de marzo que su gobierno no va a castigar directamente a Bin Salman ya que “es probable que el príncipe heredero sea el líder de Arabia Saudí en el futuro” y romper la relación con el reino en realidad no ayudará a Washington a promover sus intereses.

A confesión de parte relevo de pruebas, se suele argumentar en el campo del derecho y si altos funcionarios de la administración estadounidense, ligados a los grupos de presión energéticos, sionistas, de las armas y vinculados estrechamente a Arabia Saudí, reconocen que la impunidad es parte de las relaciones entre Washington y Riad, así será. Lo demás es simple utopía.

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