El estado de la cuestión, hace unos meses La publicación del informe de Amnistía Internacional (AI) «España: el derecho a protestar, amenazado»i , el pasado 23 de Abril, ha venido a reiterar y consolidar, con la autoridad de organización independiente y de reconocido prestigio, la denuncia de una escalada de recortes en las libertades civiles […]
El estado de la cuestión, hace unos meses
La publicación del informe de Amnistía Internacional (AI) «España: el derecho a protestar, amenazado»i , el pasado 23 de Abril, ha venido a reiterar y consolidar, con la autoridad de organización independiente y de reconocido prestigio, la denuncia de una escalada de recortes en las libertades civiles en el Estado Español, puesta ya de manifiesto por innumerables organizaciones, movimientos sociales e incluso organismos internacionales a los que el propio Estado se ha adherido voluntariamente.
Ausencia de procedimientos operativos policiales públicos, ausencia de investigaciones que merezcan tal nombre, criminalización de los colectivos que protestan, obstrucción por las autoridades y la policía a las investigaciones judiciales, identificaciones y sanciones administrativas para disuadir de la participación en concentraciones, utilización de la ausencia de notificación como pretexto para disolverlas, hostigamiento a los periodistas, endurecimiento de las leyes… todo ello forma parte de la panoplia de métodos que AI denuncia son utilizados por el (los) Gobierno(s), en un ataque inusitado al derecho a las libertades de expresión y de reunión, incompatibles con el estado de derecho que se invoca.
Nuevas tendencias
El informe se había elaborado muy cuidadosamente durante más de un año de trabajo y, por lo tanto, no contemplaba siquiera las últimas novedades introducidas en las formas exhibidas por el (los) Gobierno(s) y su(s) partido(s). Los indicios, más que verosímiles, de que a la policía se la sometió deliberadamente a un riesgo innecesario durante la ejemplar manifestación del 22M, con el fin de distraer la atención del público sobre el núcleo de las reivindicaciones para centrarla, en su lugar, en los disturbios callejeros y en la necesidad de mano dura (como ya denunciara Antonio Maira en su artículo sobre el «clan del oso cavernario»ii), revela un salto cualitativo en la escalada represiva que linda ya con comportamientos directamente delictivos de sus responsables. El cese del jefe de los antidisturbios en Madrid no parece más que una concesión a los sindicatos de policía, que habían mostrado su indignación porque no se enviaron refuerzos a la unidad que se encontraba en apuros. Los responsables políticos (la Delegada del Gobierno en Madrid, Sra. Cifuentes, en este caso), por su parte, disponen de la baza que les brinda una deliberada y desastrosa ordenación de la seguridad ciudadana, que les permite ordenar las intervenciones desde la sombra, con una cabeza de turco a mano a quien culpar de sus errores. Y siempre, al servicio del partido que gobierna, en lugar de orientarse a una verdadera defensa de los derechos ciudadanos.
Otras formas de control y restricción del derecho a la libre expresión han venido a incorporarse al panorama, como la toma forzada de fotografías a manifestantes embolsadosiii, por parte de los Mossos d’Esquadra en Barcelona, justificándolo en que es preciso tenerlos identificados por si acaso se les ocurre participar en actos ilegales. En este caso, se trata de una actuación demoledora con respecto a los derechos a la intimidad y a la presunción de inocencia, que parece no producir sonrojo alguno a sus responsables.
Para terminar con la casuística de nuevo cuño, cuando las concentraciones no son muy numerosas, en lugar de disolverlas, cosa no autorizada en la Ley salvo riesgo grave para la seguridad ciudadana, la policía la desplaza a empujones hasta un lugar en que pase desapercibida. Como ocurriera en el intento de manifestación de Jaque al Reyiv el pasado 30 de Marzo; esto es también lo que ocurrió a los que nos habíamos concentrado en la Plaza de Neptunov el día en que en el Congreso se votaba la Ley de Abdicación, miércoles 11 de Junio. Una manifiesta ilegalidad, ya que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana únicamente prevé la disolución de una concentración cuando exista riesgo para personas y bienes (lo que, a todas luces, no era el caso), pero nunca su traslado a empujones a otro escenario.
La colaboración de los otros poderes
A todo esto hay que añadir un apresurado esfuerzo del poder legislativo por limitar los ya pobres y abusados derechos a manifestar la discrepancia, que augura un panorama sombrío para los que no se conforman con ver la televisión y rumiar su desespero en soledad. Hasta poderes tan poco representativos del sentir popular como el Consejo General del Poder Judicial o el Relator Especial de la ONU sobre Libertad de Reuniónvi han puesto el grito en el cielo sobre las aberraciones planteadas por este Gobierno en su propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que le ha obligado a «suavizarla». La apisonadora de derechos está ya en marcha, no obstante, desde hace tiempo y muy avanzada la tramitación de la reforma del Código Penal, que suprimirá la tutela judicial sobre los infractores, convirtiendo a la autoridad gubernativa en juez y parte en los casos de faltas. O la Ley de Seguridad Privada, ya aprobada, que amplía los poderes de los agentes de seguridad privada más allá de su ámbito natural de trabajo.
Tampoco el sistema judicial escapa a este perverso juego. Por una parte, la fiscalía muestra una proverbial laxitud para ordenar la investigación de las alegaciones de malos tratos o uso excesivo de la fuerza por la policía; por otra, una acusada tendencia de los jueces a conceder la presunción de veracidad al testimonio de la policía en sus denuncias y un desprecio olímpico a la debida reparación a las víctimas de sus abusos.
Para completar el panorama, los grandes medios de comunicación, esclavos del poder económico que los alimenta o de los partidos del régimen, no hacen sino contribuir con entusiasmo a la elaboración y difusión de los discursos de criminalización de la protesta, con algunas loables excepciones. Proverbial fue el descaro de la mayoría de ellos para vocear los incidentes del 22M, silenciando sistemáticamente la auténtica dimensión y las reivindicaciones de los manifestantes.
El ámbito militar: silencio en la línea
Poco a poco se va destapando la verdadera naturaleza del régimen. También en el ámbito militar se refuerza la utilización interesada del concepto de disciplina, no para mantener ésta, sino para acallar la disidencia y la denuncia de los abusos. El caso del teniente Luis Gonzalo Seguravii, sometido a procedimiento disciplinario por falta muy grave contra la disciplina, viene a sumarse a una cascada de sanciones contra miembros de las asociaciones militares que se vieron temporalmente privados de libertad como represalia por la exposición pública de su actividad en defensa de sus derechos. La inminente aprobación del nuevo Régimen Disciplinario, así como el anteproyecto de nuevo Código Penal Militar, ambos denunciados por este autor en sendos artículos (viii y ix), vienen a endurecer el sombrío panorama de la libertad de expresión entre los profesionales de la milicia.
Pero la incidencia de estos cambios va más allá de los límites de los cuarteles: la remilitarización de la Guardia Civil, la aplicación de determinados artículos del Código Penal Militar a civiles y el hurto a la justicia civil de algunos de los delitos contra los derechos y las libertades cometidos por militares, añaden signos muy preocupantes de vaciamiento del contenido constitucional. Son muchas las voces que claman ya contra un golpe de estado encubierto.
El papel de la policía
La persistente situación de crisis y el creciente sufrimiento de la mayoría de la población ha hecho brotar la protesta por todos los rincones del país. La contundente respuesta del (de los) gobiernos(s) en forma de represión, en lugar de atender a sus causas, está degenerando en un clima de desconfianza creciente de los manifestantes hacia la policía. A su vez, los agentes de las unidades de intervención muestran una hostilidad y desprecio hacia los manifestantes cada vez más indisimulada, convenientemente estimulada por los discursos criminalizadores desde el poder y amparados por una impunidad rampante.
Esto está generando, en un juego perverso de acción-reacción, el desplazamiento inconsciente del objeto de las iras populares, desde los auténticos responsables de la situación, hacia la policía. Y esto es, precisamente, lo que el poder desea: que las protestas se vuelvan contra la policía y no contra las políticas que se aplican. Por tanto, es preciso y urgente romper esta tendencia. Las clases populares deben comprender que enfrentarse a la policía no va a resolver sus problemas; al menos, en esta fase de la lucha y con la actual correlación de fuerzas. Las organizaciones y los movimientos sociales tendrán que hacer un esfuerzo por evitar la presencia de elementos provocadores en el seno de las concentraciones de protesta.
Pero de ninguna forma se puede trasladar la responsabilidad de los conflictos a las organizaciones que las convocan. La policía tiene que asumir de una vez que ellos son unos meros intermediarios entre intereses en conflicto y no tomar partido siempre por los que les mandan. Los agentes de la policía tienen que entender que ellos están para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos: todos los derechos, incluido el derecho a protestar; y que la única justificación para una intervención es que esté en grave riesgo la seguridad ciudadana.
Por tanto, hay que hacer un llamamiento a los profesionales honrados de las fuerzas y cuerpos de seguridad para que reorienten sus iras hacia los poderosos, no hacia el pueblo que reclama. Para romper el clima de hostilidad, es la propia policía la que tiene que cambiar su actitud, negándose a cumplir órdenes ilegales y denunciando a los compañeros corruptos o delincuentes.
Por último, es preciso crear puntos de encuentro con los manifestantes, acercarse a sus reclamaciones y preocupaciones y establecer cauces de diálogo y entendimiento para evitar que en las concentraciones pacíficas se produzcan situaciones de tensión y escalen a disturbios que justifiquen intervenciones aún más costosas para todos. Existen precedentesx muy interesantes en otros países, en los que se han desarrollado estrategias de intermediación e incluso unidades especializadas de la policía en estas técnicas. Los sindicatos policiales pueden jugar un papel de primer orden en este esfuerzo, llevando al seno de sus colectivos profesionales esta demanda y presionando a sus responsables para que se lleven a efecto.
Notas:
i «España: el derecho a protestar, amenazado«. Amnistía Internacional. https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/44100114.spa (policing spain_FINAL_en baja)?CMD=VEROBJ&MLKOB=32906041616
ii «M22M: Cómo se planearon los incidentes de las Marchas por la Dignidad«. Rebelión. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=182959
iii «Los Mossos obligaron a los detenidos a cubrirse con capuchas«. Diario Público.es. http://www.publico.es/actualidad/524451/los-mossos-obligaron-a-los-detenidos-a-cubrirse-con-capuchas
iv «Siete periodistas heridos por policías al fotografiar una detención«. Periodismo Humano. http://periodismohumano.com/sociedad/comunicacion/siete-periodistas-heridos-por-policias-al-fotografiar-una-detencion.html
v «Felipe VI es represión«. Diario Público.es. http://www.publico.es/526666/felipe-vi-es-represion
vi «Observaciones de ONU sobre las reformas del Código Penal y la Ley Mordaza«, en Rights International Spain, 12 Jun 2014. http://www.rightsinternationalspain.org/es/blog/48/observaciones-del-relator-especial-de-onu-sobre-las-reformas-del-codigo-penal-y-la-ley-de-seguridad-ciudadana
vii «A juicio el teniente que denunció la corrupción de las Fuerzas Armadas escribiendo un libro«. Diario Público.es. http://www.publico.es/526125/a-juicio-el-teniente-que-denuncio-la-corrupcion-de-las-fuerzas-armadas-escribiendo-un-libro
viii «El caso del Subteniente Bravo y las libertades civiles de los militares«. Rebelión. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=166424&titular=el-caso-del-subteniente-bravo-y-las-libertades-civiles-de-los-militares-
ix «Nuevo apretón de tuercas: el Código Penal Militar«. Rebelión. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=184395
x «Policing demonstrations in the European Union«. Amnistía Internacional. http://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/eu-police.pdf
Manuel Pardo de Donlebún Montesino, Capitán de Navío en la Reserva
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