«Calles desiertas, playas atestadas». Una fotografía de portada en el periódico La Vanguardia ilustraba este titular el 15 de abril. La imagen gráfica correspondía al día anterior, cuando la ocupación de los hoteles alcanzaba el 85% en Barcelona, un porcentaje cinco puntos superior al de 2015. En las páginas interiores, el diario reforzaba la idea […]
«Calles desiertas, playas atestadas». Una fotografía de portada en el periódico La Vanguardia ilustraba este titular el 15 de abril. La imagen gráfica correspondía al día anterior, cuando la ocupación de los hoteles alcanzaba el 85% en Barcelona, un porcentaje cinco puntos superior al de 2015. En las páginas interiores, el diario reforzaba la idea de masificación vacacional: «Playas atestadas hasta la bandera»; al tiempo que se informaba de los atascos quilométricos en las áreas de acceso a las capitales catalanas. En uno de los epicentros del turismo, Sitges, los Mossos d’Esquadra y la Policía Local han iniciado un «dispositivo especial» para combatir la venta ambulante en las calles. Es otra postal típica de las vacaciones. Además el Ayuntamiento de la ciudad repartió 5.000 folletos con el lema «Di no» a los manteros.
Otra idea de la realidad puede encontrarse en el «Informe sobre el Estado Social de la Nación» de 2017, publicado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España. El documento revela su orientación en la pregunta del subtítulo -«¿Nos están robando el futuro?» y más todavía en la respuesta: «Una sociedad dual instalada en la precariedad». Cuestiona por ejemplo que indicadores oficiales como el crecimiento del PIB, la creación de empleo o la reducción del número de parados retraten la realidad en la que vive la mayoría de la población.
La crisis ha pauperizado a la población. Entre 2009 y 2015 se ha producido una caída continua en la renta media de las familias. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (2015), la renta media por hogar descendió de 30.045 euros anuales en 2009 (el primer año de crisis) a 26.092 euros en 2015. La tendencia menguante implica que en este sexenio la renta media por hogar haya descendido en un 13,16% anual (3.953 euros). Pero la merma en las rentas tampoco es homogénea, puede establecerse una gradación. La franja de población más afectada son los cerca de 700.000 hogares que carecen de cualquier ingreso, cifra que según el informe se mantiene estable desde 2012. Son cerca de 1,3 millones de personas que viven en la pobreza, y con posibilidades muy reducidas de abandonar esta situación, pese a las «oportunidades» de la recuperación económica.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales se constituyó en 1994 para responder, según informa en su página Web, a la demanda de «modernidad» y «racionalidad» que requería un sector en alza como el de los Servicios Sociales. El informe de 2017 destaca las situaciones de pobreza que conviven con la cacareada bonanza macroeconómica. Así, la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2016 apuntaba la cifra de 1,7 millones de parados de larga duración, el 41,5% de los desempleados; y más de un tercio de los hogares se enfrentan a dificultades/muchas dificultades para llegar a fin de mes. Componen otra subcategoría de damnificados por la crisis aquellos que no han caído en la pobreza, pero podrían hacerlo ante cualquier circunstancia. La Encuesta de Condiciones de Vida del INE pone cifras a este sector de la población: 18,5 millones de personas (casi cuatro de cada diez) se declaran incapaces para afrontar gastos imprevistos.
El «Informe sobre el Estado Social de la Nación» también alerta, frente al triunfalismo de los macronúmeros, de la precariedad laboral. El estado español lleva años encabezando las ratios de la UE en este capítulo. Por ejemplo, 4,2 millones de trabajadores tienen firmado un contrato temporal (el 27% de los asalariados), mientras 2,7 millones de personas (el 14,6% de las personas ocupadas) desarrollan empleos a tiempo parcial; Asimismo en 2015 España encabezaba, junto a Chile y Polonia, los porcentajes de temporalidad en el empleo de los países de la OCDE, y «con salarios muy por debajo de lo necesario para cubrir las necesidades más básicas, son las características del empleo en España en 2017», subraya la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Tan es así que los ingresos de seis millones de trabajadores (el 34,4% de los asalariados) se sitúan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y del umbral de la pobreza (8.011 euros anuales). «Para la inmensa mayoría de la población el futuro simplemente no existe, y toca aferrarse a cualquier ‘alternativa’ que nos permita vivir el día a día», añade el informe de la asociación.
Los años de crisis también han profundizado la «brecha» de la desigualdad en el estado español. El Índice Gini -uno de los indicadores para medir las desigualdades- se ha mantenido casi estable en la UE-27 durante el periodo 2008-2015, mientras que en España ha aumentado en 2,2 puntos. Y no sólo se trata de una singularidad de la periferia europea, ya que el incremento español resulta muy superior al de países como Portugal, Grecia o Italia. Uno de los años clave para medir los desequilibrios de renta fue 2015, pues teóricamente se recuperaron las tasas de empleo. Sin embargo, ese año 70.000 personas emigraron -según las cifras oficiales- en busca de oportunidades en el extranjero. Además en 2015 cerca de 700.000 hogares carecían de ingresos y ocho millones de trabajadores no alcanzaban los mil euros brutos al mes. En el otro lado de la escala social habitaban los millonarios, que en España aumentaron en 2015 más que en ningún otro país de Europa. Fueron 15.000 nuevas fortunas, un 8,4% más que en 2014, según el Informe Mundial de Riqueza de 2016.
¿El panorama es consecuencia de dinámicas inevitables, de un sistema económico asimilable a una «ley natural» o del inapelable mejor de los mundos posibles? Los directores y gerentes de Servicios Sociales niegan las tres opciones. Es el efecto de «decisiones políticas que se han adoptado antes y durante la crisis; la clave es de carácter ideológico: hablamos de la filosofía ultraliberal imperante que establece que no hay ‘alternativa'». Pero no sólo se trata, ni principalmente, de estadísticas. El periódico El Confidencial recogía en febrero de 2017 el testimonio de Carlos, uno de los millones de ciudadanos a los que se sacrificó durante la crisis. «El efecto psicológico de ser pobre, a pesar de madrugar cada día para ir a trabajar, puede ser incluso más devastador que el desempleo de larga duración; este último tiene al menos la esperanza de encontrar un empleo. El trabajador pobre, en cambio, ya tiene una nómina y no ve qué otra cosa puede hacer para escapar de la miseria». En muchas ocasiones sólo queda recurrir a los últimos mecanismos de supervivencia: 789.6672 personas percibieron rentas mínimas de inserción en 2015, una cifra récord y superior en un 28% a la del año 2014.
Quizá una de las claves radique en la política fiscal. El informe menciona las dos caras del entramado impositivo. Así, en el estado español el 85% del esfuerzo fiscal recae en las familias, «frente a una contribución casi nula de la fiscalidad sobre el patrimonio, la riqueza o el capital». El caso más evidente es el de las sociedades del IBEX 35 que, señala el «Informe sobre el Estado Social de la Nación»- en sólo un año aumentaron un 44% el número de filiales en paraísos fiscales. «No es explicable que un ciudadano esté tributando lo que está tributando por el IRPF o una PYME lo haga al 18%, mientras un grupo ‘consolidado’ pague unos impuestos del 7%; no se entiende ni se puede aceptar». Son palabras que pronunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados en enero de 2017. El agujero fiscal no es cuestión de un día. Los ingresos tributarios pasaron del 36,8% del PIB en 2007 al 33,8% en 2015. El desplome se produjo durante los años de la gran recesión.
El estado español destaca entre los países con más dificultades para volver a la recaudación fiscal previa a la crisis. Los directores y gerentes de Servicios Sociales apuntan alguna de las causas: «El abusivo entramado de beneficios fiscales, desgravaciones y exenciones que favorece a las grandes empresas y fortunas». Pero hay en el fondo una ideología, una manera de pensar. Según el piloto de motociclismo y campeón del mundo, Álex Crivillé, «la fiscalidad es muy alta aquí, fatal, por eso los deportistas de élite se van todos a vivir fuera: Londres, Suiza, Andorra, Mónaco… Es una etapa de tu vida muy corta y tienes que mirar por ti; es normal, y el que no lo hace es un burro; ojalá se cambiasen las leyes y pudiesen pasarse tus ingresos por la empresa, y que el Estado no se quedase un 50%». Uno de los efectos de esta cosmovisión es el «atraso» de décadas en el capítulo del gasto social en España, que además se ha acentuado durante los años de crisis. La inversión del Estado español en protección social se situó en el 17,6% del PIB en 2014, claramente por debajo del 20,3% de promedio en la eurozona o el 19,9% de la UE. Los porcentajes de países como Dinamarca, Finlandia o Francia alcanzan o superan el 25% del PIB.
La austeridad, los recortes y ajustes de tono ultraliberal atacan la médula del sistema. En «Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva» (2009), Richard Wilkinson y Kate Pickett señalan la magnitud de los impactos. «La tasas de enfermedades mentales del conjunto de la población es cinco veces mayor en los países más desiguales que en los que presentan menores desequilibrios; en las más desiguales, los individuos tienen cinco veces más posibilidades de ir a la cárcel y seis de verse envueltas en un homicidio». Es la senda por la que transita el estado español. El periódico conservador Las Provincias titulaba en la portada del 15 de abril que en el país Valenciano las temperaturas superiores a los 30 grados llenaban de público la costa y los hoteles; además «la devoción toma las calles de los pueblos», según el rotativo, mientras los municipios ampliaban los horarios de parajes y áreas recreativas para el disfrute ciudadano.
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