Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos.
Israel es experto en hacer que haya nuevas personas palestinas refugiadas y desplazadas internas aprovechándose de cualquier oportunidad para hacerlo y explotando crisis temporales para promover medidas permanentes. Actualmente utiliza la reciente violencia surgida en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) para introducir un nuevo giro peligroso de su ya vieja política de revocar la residencia con el fin de expulsar a las personas palestinas de Jerusalén Oriental.
Este nuevo concepto, la «violación de la lealtad a Israel», se utiliza ahora para revocar la residencia de las personas jerosolimitanas palestinas, además de la posible demolición de sus casas familiares. El gobierno israelí califica estas acciones de medidas regulares para hacer cumplir la ley, pero diferentes análisis demuestran que forman parte de sus actuales políticas de desplazamiento forzado con el objetivo de crear cambios demográficos duraderos y de mantener una abrumadora mayoría judía en Jerusalén.
Desde 1948 el sistema legal y la clase militar israelíes han utilizado diferentes métodos para reducir al mínimo la cantidad de personas palestinas en las zonas bajo control israelí, tal como lo describimos en el anterior informe político publicado por al-Shabaka, Decades of Displacing Palestinians: How Israel Does It. Entre estas medidas se incluye la fuerza armada, las restricciones del estatus civil de las personas palestinas, restricciones a la construcción [de viviendas] y la desposesión de propiedades (especialmente bienes inmuebles), entre otras medidas que obligan a la población palestina a convertirse en refugiada o desplazada interna.
El último cambio israelí marca un hito que probablemente producirá miles de nuevas víctimas de la transferencia de poblaciones. Como veremos más adelante, es el tercero de estos momentos clave de la regulación en el intento de Israel por «disminuir» la población palestina de Jerusalén. El desplazamiento forzado de personas palestinas forma parte del sistema legal de Israel: la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la comunidad internacional deben entenderlo y deben contrarrestarlo de manera más firme, como ya están haciendo varias organizaciones de derechos humanos en una nueva campaña.
Primer y segundo hito: «Centro de la vida»
La actual política israelí de revocación de la residencia se basa en su postura cada vez más explícita de que las personas palestinas de Jerusalén no son sino inmigrantes extranjeros a quienes se puede trasladar fácilmente fuera de lo que Israel considera su territorio soberano. Después de que Israel ocupara y se anexionara ilegalmente Jerusalén Oriental en la guerra árabo-israelí de 1967 consideró a las personas jerosolimitanas palestinas «residentes» en Israel, sin derecho a voto en el parlamento israelí, con el fin de evitar añadir a gran cantidad de personas no judías a la cifra de sus ciudadanos. Con el paso del tiempo el ministerio del Interior desarrolló, con el consentimiento del Tribunal Supremo israelí, formas creativas de revocar este poco sólido estatus. A consecuencia de ello, desde 1967 se han revocado más de 14.000 residencia en Jerusalén, la mayoría de ellas después del denominado proceso de paz iniciado a principios de la década de 1990.
Los sucesivos gobiernos israelíes han elegido de manera inteligente el momento de nuevos hitos reguladores para ampliar las posibilidades de las revocaciones de residencia y para ello han manipulado las crisis temporales. Dos casos de perfil alto ayudaron a establecer los pilares del actual régimen de revocación de la residencia. El primero fue el caso del pacifista Mubarak Awad, que en 1970 se trasladó a Estados Unidos, donde se casó con una ciudadana estadounidense. Awad había promovido activamente la resistencia no violenta antes y durante la Primera Intifada, el levantamiento popular palestino entre los años 1987 y 1991. En 1987 presentó en el ministerio del Interior la solicitud de renovación de su documento de identidad de Jerusalén y supo que su permiso de residencia israelí había sido revocado a consecuencia de su estancia en Estados Unidos y de haber recibido la ciudadanía estadounidense. Visto de manera retrospectiva, resulta particularmente irónico que aproximadamente el 15 % de las y los colonos que en estos momentos están desplazando a los palestinos de los TPO sean personas judías estadounidenses israelíes.
Posteriormente Awad presentó un petición al Tribunal Supremo israelí en la que explicaba que no se podía poner en entredicho su derecho a residir en su ciudad natal debido a su estancia en el extranjero. Argumentaba que las personas jerosolimitanas debían tener un estatus de residencia irrevocable ya que no se les podía considerar meros inmigrantes en Israel. El Tribunal Supremo rechazó esta argumentación y aprobó la revocación de su residencia. En una declaración contraria a lo que se suele creer, el Tribuna Supremo indicó que el Ministerio del Interior había tenido en cuenta las ideas políticas de Awan a la hora de decidir revocar su residencia.
Para apoyar esta argumentación el ministerio había adjuntado la opinión de un funcionario de la Agencia de Seguridad (Shabak), que aparecía con el alias de «Yossi», afirmando que Awad defendía la solución de un Estado y llamaba a la desobediencia civil. Aunque el Tribunal Supremo no basó explícitamente su decisión en esta opinión se refirió con frecuencia a ella en su veredicto. Creando un nuevo precedente, el Tribunal Supremo dictó que la residencia se podía denegar cuando el «centro de la vida» de una persona residente ya no estaba en Israel. Lo que es particularmente importante más allá de la tragedia personal de Awad es que este precedente legal se utilizó posteriormente para denegar el estatus de residente a miles de personas jerosolimitanas.
En 1995 el Tribunal Supremo emitió otro veredicto fundamental contra Fathiyya Shiqaqi, esposa de Fathi Shiqaqi, fundador del Movimiento de la Yihad Islámica. Shiqaqi, que era residente en Jerusalén, fue obligada a trasladarse a Siria con su esposo deportado en 1988. Seis años después volvió a Jerusalén y trató de renovar su documento de identidad y registrar a sus tres hijos. El ministerio del Interior rechazó su petición y le ordenó abandonar el país. Hasta la fecha Israel ha revocado residencias sujetas a una ordenanza escrita del ministerio si la persona residente estaba ausente por siete años seguidos u obtenía una residencia o ciudadanía permanente extranjera. Aunque el caso de Shiqaqi no entra en estos supuestos, el Tribunal Supremo aprobó la revocación de su residencia teniendo en cuenta de que Shiqaqi vivía en el extranjero con su esposo y que su «centro de la vida» ya no estaba en Israel.
Tras este segundo hito miles de residentes palestinos que vivían fuera de los límites municipales de Jerusalén en Cisjordania, Gaza o en el extranjero empezaron a perder sus estatus de residencia. Esta enorme cantidad de víctimas del desplazamiento forzado no estaba involucrada necesariamente en actividad política alguna. La revocación de su residencia dependía únicamente del criterio del «centro de la vida».
Parece que estos dos importantes casos se eligieron cuidadosamente. En la sociedad judía israelí muy pocas personas simpatizarían con el caso de un académico que llama a la desobediencia civil o con la esposa de un yihadista islámico. Con todo, una vez establecidos estos precedentes, toda la población palestina de Jerusalén se vio amenazada.
Tercer hito: «Violación de la lealtad»
El último hito en la política de revocación [de la residencia] de Israel tiene sus raíces en la revocación por parte del ministerio del Interior israelí de la residencia tanto de tres miembros electos del Consejo Legislativo Palestino (CLP) como del ministro de Asuntos Exteriores palestino 2006. El ministerio afirmaba que habían violado su «obligación mínima de lealtad al Estado de Israel» al ser elegidos al CLP y por su pertenencia a Hamas. Las organizaciones de derechos humanos israelíes y palestinas se indignaron por la introducción del concepto de «lealtad» como nuevo criterio de estatus civil legal y desde 2006 el caso está pendiente de que el Tribunal Supremo israelí dicte sentencia. Como ha señalado Hasan Jabarin, director la organización de derechos humanos Adalah, con sede en Haifa, si el Tribuna Supremo aprobara esta medida, las autoridades israelíes tendrían un nuevo pretexto para aplicar el desplazamiento forzado.
No obstante, el reciente estallido de violencia en los TPO ha proporcionado a Israel una oportunidad para actuar sin tener que esperar a la sentencia del Tribunal Supremo. Ya el 14 de octubre de 2015 el «gabinete de seguridad» israelí hizo pública una decisión señalando que «se revocarán los derechos de residencia permanente de terroristas», sin definir qué entendía por terrorista. Una semana después el ministerio del Interior notificó a cuatro palestinos sospechosos de cometer actos de violencia contra ciudadanos israelíes (tres de ellos estaban acusados de arrojar piedras) que el ministerio estaba considerando utilizar su poder discrecional para revocar sus residencias porque los actos criminales que se les acusaba de cometer demostraban una «clara violación de lealtad» al Estado de Israel. En enero de 2016 el ministerio dictó las órdenes oficiales de revocación de la residencia de los cuatro jerosolimitanos.
Por consiguiente, para una persona jerosolimitana palestina ya no es suficiente vivir de forma continua en Jerusalén y mantener su centro de la vida en la ciudad. Ahora se espera de las personas jerosolimitanas palestinas que respeten el nuevo criterio no definido de «lealtad». La organización de derechos humanos israelí HaMoked, cuya sede está en Jerusalén, ha impugnado en el Tribunal Supremo israelí esta nueva política. El Supremo, sin embargo, aún no se ha pronunciado. De forma similar sigue pendiente el caso de los cuatro dirigentes políticos palestinos cuya residencia fue revocada en 2006.
Todavía no se sabe cuántas residencias se han revocado según el relativamente nuevo criterio de «lealtad», pero al menos hay unos cuantos casos más pendientes de la decisión del Supremo. Basándose en la ley de libertad de información, HaMoked ha hecho una solicitud para obligar la ministerio del Interior a revelar esta información.
Merece la pena señalar que el derecho humanitario internacional prohíbe la exigencia de lealtad a una población ocupada. Por consiguiente, justificar la revocación de una residencia por medio de la «violación de la lealtad» es contrario al derecho internacional. Además, no existe justificación para revocar la residencia de ninguna persona sospechosa de un acto de violencia porque el sistema penal israelí ya castiga cualquier acto violento (al igual que muchos actos no violentos) cometido por los y las palestinas.
Desde una perspectiva legal e histórica más amplia Israel debería recordar que el desplazamiento forzado es un crimen de guerra cuando se implementa en un territorio ocupado y un crimen contra la humanidad si es generalizado o sistemático. Las últimas medidas del gobierno israelí unidas a las anteriores cumplirían el criterio de desplazamiento sistemático equivalente a crimen contra la humanidad.
Resistir a la política de desplazamiento forzado
La mayor parte de la lucha contra las revocaciones de residencia en Jerusalén ha tenido lugar en tribunales israelíes y en general se ha perdido por el momento. Han fracasado los intentos por parte de varias organizaciones de derechos humanos palestinas e israelíes de argumentar en el Tribunal Supremo israelí que las personas jerosolimitanas no son inmigrantes, sino originarias que tienen un derecho incondicional a residir en su propia ciudad. El Tribunal Supremo israelí ha mantenido que el derecho de una persona jerosolimitana palestina a vivir en Jerusalén Oriental debe seguir siendo una potestad discrecional del ministerio del Interior. El actual gobierno israelí de derecha está utilizando este criterio para acelerar la expulsión de Jerusalén de tantas personas palestinas como sea posible.
Por otra parte, en los ámbitos diplomático e internacional no existen unas medidas claras para contrarrestar los actos punitivos de Israel. La OLP ha obtenido el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de la Asamblea General de la ONU, además de la adhesión a varias convenciones importantes de derechos humanos y de derecho humanitario internacional, incluido el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, no está claro qué uso piensa hacer el Estado de Palestina de este estatus y de estas convenciones para hacer frente a las revocaciones de residencia en Jerusalén.
La mayor parte del trabajo jurídico después de que Palestina se uniera a la CPI se ha centrado en los crímenes que tuvieron lugar durante la guerra contra Gaza, cuestión que, obviamente, es importante. Con todo, yo afirmaría que la cuestión del desplazamiento forzado no es menos importante. Tanto en Jerusalén como en otras partes de Cisjordania el desplazamiento forzado forma parte del régimen legal de Israel. Se le da expresión a través de las leyes, las órdenes administrativas y las decisiones judiciales israelíes. En el caso específico de Jerusalén las instituciones administrativas y legales israelíes ni siquiera consideran los argumentos del derecho internacional porque Israel considera que Jerusalén es israelí y no un territorio ocupado.
Es necesario que Israel reciba de parte de las instituciones legales y los círculos diplomáticos internacionales el mensaje firme de que con independencia de la definición israelí, la comunidad internacional considera Jerusalén un territorio ocupado y la transferencia de sus residentes civiles un delito criminal.
En contra de estos antecedentes, varias organizaciones de derechos humanos palestinas de Jerusalén Oriental y de otras partes de Cisjordania (Al-Quds University’s Community Action Center, St. Yves, Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC), Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem, Badil, Al-Haq y Al-Quds Human Rights Clinic han emprendido recientemente una campaña contra las nuevas políticas de transferencia contra los jerosolimitanos. La campaña empezó llevando este problema al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para plantearla ante diplomáticos y profesionales de los derechos humanos internacionales).
La campaña se ha centrado en acabar con las revocaciones punitivas de residencia porque todavía no han sido aprobadas por el Tribunal Supremo, lo que hace más fácil impugnarlas. No obstante, si el Supremo decide que esta política es legal, se consagrará en el sistema legal israelí y es muy probable que expulse a muchas más personas palestinas de Jerusalén.
Tanto las instituciones oficiales palestinas como la sociedad civil palestina debería trabajar en contra de las sistemáticas políticas israelíes de desplazamiento forzado. Aunque las y los palestinos en general consideran que el derecho internacional no ha servido bien a la causa palestina, esto no debería ser una excusa para abandonar la lucha legal. El objetivo de esta lucha no deberían ser solo las instituciones legales israelíes y sus políticas discriminatorias, sino que también debería tener lugar en el ámbito internacional. Puede que el propio Tribunal Supremo israelí reconsidere su apoyo a las políticas discriminatorias si percibe que está siendo minuciosamente observado.
Habrá que ver si la presión de la campaña palestina local acaba con la política de revocaciones punitivas de residencia. Sin embargo, lo que está claro es que es necesario prestar mucha más atención a los derechos de las personas palestinas en Jerusalén y que hay que situar en la agenda el problema de las revocaciones de residencia. Los juristas, las organizaciones de derechos humanos y las y los funcionarios palestinos deberían aprovechar el impulso que ofrece la adhesión de Palestina a varios acuerdos de derechos humanos para aumenta su presión a la comunidad internacional. Ya es hora de que la comunidad internacional cumpla con su obligación de adoptar todas las medidas posibles para acabar con el crimen de los desplazamientos forzados, de que haga asumir sus responsabilidades a quienes son autores de dichas políticas y revierta los efectos que producen proporcionando indemnizaciones a sus víctimas, incluido el derecho a retornar a sus hogares. Las campañas que se centran en una sola cuestión relacionada con los derechos pueden ser más eficaces desde el punto de vista su defensa que las campañas generales que tienen por objetivo concienciar acerca de múltiples injusticias.
El asesor político de al-Shabaka Munir Nuseibah es abogado de derechos humanos y profesor de la Universidad Al-Quds de Jerusalén, Palestina. Es profesor asistente en la Facultad de Derecho de la Universidad Al-Quds, director (y cofundador) de la Clínica de Derechos Humanos Al-Quds, el primer programa de educación clínica legal acreditado en el mundo árabe, y director del Community Action Center en Jerusalén. Tiene además un máster en Estudios Legales Internacionales de la Facultad de Derecho de la American University de Washington DC y es doctor por la Universidad de Westminster en Londres, Reino Unido, con una tesis sobre el desplazamiento forzado en el conflicto israelo-palestino, el derecho internacional y la justicia de transicional.
Fuente: https://al-shabaka.org/commentaries/israels-dangerous-new-transfer-tactic-in-jerusalem/
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.