Gobiernos y entidades financieras multilaterales que otrora asistieron a los regímenes autoritarios de Túnez y Egipto empiezan a ofrecer asistencia para acelerar la recuperación económica y la transición a la democracia en esos países. Los revolucionarios árabes tienen motivos para ser cautos. «Se brindaron muy pocos detalles sobre la forma que tomará esta ayuda», advirtió […]
Gobiernos y entidades financieras multilaterales que otrora asistieron a los regímenes autoritarios de Túnez y Egipto empiezan a ofrecer asistencia para acelerar la recuperación económica y la transición a la democracia en esos países. Los revolucionarios árabes tienen motivos para ser cautos.
«Se brindaron muy pocos detalles sobre la forma que tomará esta ayuda», advirtió Amr Hassanein, presidente de Meris, socia regional de la calificadora de riesgo Moody’s.
«Pero como los paquetes parecen ser generosos, podemos estar seguros de que están sujetos a condiciones», señaló.
El Grupo de los Ocho (G-8: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia), los países más poderosos, señaló la semana pasada en su cumbre de la localidad francesa de Deauville que en los tres próximos años los bancos internacionales de desarrollo podrían aportar hasta 20.000 millones de dólares a Egipto y Túnez.
El financiamiento institucional, cuyo objetivo es apoyar la transición a la democracia, es el más reciente de una serie de paquetes de asistencia económica ofrecidos a las dos naciones árabes, cuyas economías se vieron golpeadas por los levantamientos populares que a comienzos de este año derrocaron a sus dictadores.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial se comprometieron a aportar 4.500 millones de dólares en préstamos blandos a Egipto en los próximos 24 meses. También ofrecieron 1.500 millones de dólares a Túnez, que tiene alrededor de la octava parte de la población de Egipto y un quinto de su producto interno bruto (PIB).
Mientras, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió a Egipto 1.000 millones de dólares en garantías de préstamos y un canje de deuda por 1.000 millones de dólares. Otros países -entre ellos Arabia Saudí, Qatar y Francia- han ofrecido sus propios paquetes de ayuda.
La disposición de la comunidad internacional a brindar ayuda económica parece estar motivada por el deseo filantrópico de nutrir a las noveles democracias árabes. Pero los economistas advierten de que Egipto y Túnez deberían leer con cuidado la letra pequeña antes de firmar.
Los gobiernos y las instituciones que proveen financiamiento, ya sea bajo la forma de préstamos, concesiones o canjes de deuda, invariablemente buscan maximizar sus beneficios, dijo Hassanein.
Aunque en principio no hay ningún daño implícito siempre y cuando ambas partes comprendan y acepten los términos y las consecuencias del trato, la asistencia condicionada que ahora se ofrece puede requerir que Egipto y Túnez impongan políticas y legislación que contravenga los reclamos de quienes lideran sus levantamientos.
«Aceptar asistencia extranjera sujeta a condiciones sería traicionar a los mártires cuya sangre se derramó en la revolución», dijo el activista egipcio Mohammad Mansour.
«Gracias Obama, pero nos las arreglaremos solos», agregó.
Muchos árabes culpan a los gobiernos de Occidente y a las instituciones de préstamo por décadas de represión política y condiciones económicas intolerables que motivaron sus revueltas. Ellos observaron, por ejemplo, que Washington desembolsó 2.000 millones de dólares al año en ayuda militar y económica al régimen del ex presidente egipcio Hosni Mubarak, y que donantes europeos apuntalaron el temido aparato de seguridad del ex líder tunecino Zine El-Abidine Ben Ali.
Sus críticas al Banco Mundial y el FMI van más allá de la percepción de que estas agencias usan su influencia en materia de préstamos para promover proyectos y políticas que canalizan la riqueza hacia los acreedores y a las grandes corporaciones.
Algunos los acusan de complicidad con regímenes autoritarios por promover políticas que amplían la brecha de ingresos en beneficio de unos pocos.
Un ejemplo son los opresivos programas de ajuste estructural del FMI, que según los críticos obligan a gobiernos pobres a privatizar bienes públicos y a recortar el gasto social para pagar sus deudas.
En el caso de Egipto, un programa de reforma económica respaldado por el FMI e iniciado en 1991 mejoró las políticas monetarias y el manejo fiscal del país, pero sus medidas de austeridad condujeron a un elevado desempleo, ampliando la pobreza y el estancamiento salarial.
El controvertido programa de privatizaciones fue en buena medida responsable de las desigualdades económicas y del malestar de los trabajadores que precipitaron la caída del régimen.
La fuga de capitales y la inestabilidad económica que siguieron al derrocamiento de Ben Ali y Mubarak dejaron claro que las revoluciones tienen un alto precio.
En Egipto, la revolución costó 3.500 millones de dólares, principalmente como resultado de pérdidas en su sector turístico. El ministro de Finanzas Samir Radwan proyectó un déficit presupuestario de 31.000 millones de dólares (alrededor de 11 por ciento del PIB) para el año fiscal que se iniciará en julio, y solicitó asistencia por 12.000 millones de dólares para cubrirlo.
El gobierno interino de Túnez necesitará 25.000 millones de dólares en los próximos cinco años. Quiere usar el dinero para abordar el desempleo, que se estimaba en 30 por ciento antes de que un joven desesperado se autoinmolara, disparando el levantamiento popular que terminó derrocando a Ben Ali.
Pese a las economías golpeadas, algunas organizaciones locales urgen a sus gobiernos a rechazar todos los ofrecimientos de asistencia extranjera. Temen que los prestamistas internacionales estén intentando encerrar a Egipto y Túnez en estrategias económicas y alianzas políticas de largo plazo antes de tener gobiernos consolidados.
«En Egipto hubo protestas porque nuestro gobierno interino no está atado a ningún acuerdo de préstamo. El parlamento debería ponerse de acuerdo sobre cualquier decisión para instituir préstamos, y todavía no tenemos un parlamento», dijo Hassanein.
El consejo militar que gobierna Egipto programó las elecciones legislativas para septiembre y las presidenciales para dos meses después. Túnez fijó sus comicios parlamentarios para julio, pero es posible que los postergue hasta octubre para tener más tiempo para prepararse.
Alia El-Mahdi, decana de la Facultad de Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de El Cairo, dijo que ninguno de los dos países pueden darse el lujo de esperar hasta después de las elecciones para apoyar sus economías.
Fuentes de ingresos claves, como el turismo, han decaído mucho y las inversiones prácticamente han desaparecido. Las reservas de divisas también se reducen rápidamente.
Pero en vez de buscar prestamistas extranjeros que les aporten soluciones, El-Mahdi recomienda prestar más atención a los presupuestos.
Egipto y Túnez «necesitan inyecciones de liquidez con urgencia, y la solución más fácil es conseguir un préstamo», explicó El- Mahdi.
«Pero harían mucho mejor en movilizar sus propios recursos y restructurar el presupuesto. Ambos países necesitan ser más cuidadosos en el manejo de sus gastos, dado que éste no es momento para despilfarrar dinero», sostuvo.
Fuente: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=98306
rCR