Traducción para Rebelión de Loles Oliván
Cuando un proyecto combina las confortables palabras de puestos de trabajo, desarrollo económico y cooperación entre israelíes y palestinos, ¿quién puede quejarse? Eso es parte de lo que la comunidad internacional ha prometido dar mediante la creación de zonas industriales de libre comercio en los territorios ocupados palestinos. El modelo de zona de libre comercio lo han venido promoviendo a nivel local e internacional poderosos terceros países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Turquía y Japón desde hace dos décadas, pero ninguno ha obtenido muchos resultados de los enormes esfuerzos y de las cantidades de dinero invertidas para dar vida a tales zonas. Sin embargo, los defensores del proyecto esperan que las zonas constituyan la base económica de un futuro Estado palestino. Tienen la esperanza de que, fortaleciendo la economía palestina, las zonas harán que los palestinos sean menos susceptibles a la agitación social, menos insistentes con respecto a sus derechos nacionales y más dóciles al statu quo. La idea es que producirán un acuerdo de paz con Israel.
Siendo poco probable que tal expectativa se cumpla -al menos no en la forma en que anticipan los defensores del proyecto- estos mega-proyectos de empleo constituyen un serio desafío para quienes luchan por construir una base económica independiente y viable para un futuro Estado palestino. Debido a que el funcionamiento de las zonas dependerá de la cooperación israelí, y debido a que existirán dentro de un sistema económico de diseño israelí que garantice la dependencia palestina de Israel, no pueden constituir la base de una economía soberana. Subordinarse a ellas perpetuará el statu quo de la dependencia.
Precedentes
Las zonas industriales que actualmente se están construyendo en Cisjordania son: la Zona de Al-Yalama, en el norte, cerca de Yenín, dirigida por Alemania con apoyo de Turquía; la Zona de Belén, dirigida por Francia, y el Parque Agrario Jericó (el llamado Valle de la Paz) en el valle del Jordán, dirigido por Japón; el Polígono Industrial Tarqumiya, en el sur, cerca de Hebrón, dirigido por el Banco Mundial y Turquía. En Gaza, Israel abandonó la Zona Industrial de Erez, en la frontera entre Gaza e Israel, y ha dejado de funcionar. El Polígono Industrial de Gaza (que Israel llama la Zona Industrial de Karni), una zona palestina desarrollada en el sureste de Ciudad de Gaza, se estancó en 2007, cuando Israel restringió muy severamente los accesos de entrada y salida de Gaza. Corea del Sur y la India están evaluando la idea de patrocinar un tecno-parque [1] que pueda albergar más empresas de alta tecnología, aunque esta opción es la menos desarrollada de todas.
La zona fronteriza de mayor explotación es la Zona Industrial de Erez, situada en el extremo norte de la Franja de Gaza. El Ministerio israelí de Asuntos Exteriores calculó que emplearía 20.000 palestinos pero la contratación nunca se aproximó ni a un cuarto de esa cifra y en 2004 el ministro israelí de Defensa tomó la decisión de retirar las empresas israelíes ubicadas en la zona por razones de seguridad. El área se convirtió en tierra de nadie. The Jerusalem Post informaba el 2 de enero de 2006 de que el ministro de Asuntos Exteriores turco, Abdulah Gül, visitó Israel para firmar acuerdos con Israel y la Autoridad Palestina (AP) que regularían el papel de Turquía en la reactivación de la Zona Industrial de Erez. Un funcionario israelí describió el proyecto como «el bebé» del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdoan. Pero cuando Hamás se hizo con el poder en Gaza en 2007, Turquía congeló el proyecto y la zona sigue estando vacía.
También hay una Zona Industrial antigua en Cisjordania llamada Atarot, al norte de Jerusalén, en la carretera principal de Ramala que, hoy en día, está partida en dos por el muro de separación de Israel. El Área Industrial de Atarot opera bajo funcionamiento total de Israel y alberga mayoritariamente empresas israelíes. Atarot está situada en el lado occidental del muro de separación, lo que hace que su acceso sólo sea posible a palestinos de Cisjordania mediante un permiso del ejército israelí.
En el mejor de los casos, la mayoría de estas zonas industriales prometen empleos intensivos de ínfima categoría a los palestinos que dependen extremadamente de fondos de los donantes para mantener sus medios de subsistencia. El proyecto de Zona Industrial constituye un cambio desde el actual sistema de bienestar financiado internacionalmente -caracterizado por un sector público inflado y cuantiosas limosnas de subsistencia- a un sistema que se basa igualmente en la financiación extranjera, pero que exige a los palestinos que vendan su mano de obra en beneficio de entidades comerciales establecidas en las zonas industriales, lo que dependerá, para su éxito, de la voluntad israelí. Resulta revelador mirar más detalladamente cómo se están desarrollando las zonas, qué se espera sacar en provecho de ellas y cómo están conectadas a la economía global.
Desarrollo para la Paz
Francia está detrás de la creación del Parque Industrial Multidisciplinar de Belén, para el que la Autoridad Palestina emitió títulos de 500 mil metros cuadrados (500m dunums) de propiedad pública. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha designado a Valerie Hoffenberg, directora en París del Comité Judío Estadounidense (American Jewish Committee, un grupo que aboga por Israel), para ser su «enviada especial a Oriente Próximo» a tal propósito. Su labor ha sido supervisar la implantación del proyecto.
En un informe publicado en el diario israelí Ha’aretz el 27 de mayo de 2010, en el que se entrevistaba a Hoffenberg extensamente, contaba ésta la historia de cómo el proyecto de zona industrial de libre comercio nació en una cena a la que asistió con Sarkozy y el presidente israelí, Shimon Peres en 2008. Según Hoffenberg, el proyecto se fundó desde la creencia, compartida por Peres y Sarkozy, de que una economía palestina viable estimularía el proceso de paz. Hoffenberg, que trabaja fuera del edificio del Ministerio de Exteriores francés, describe su labor como «una nueva forma de diplomacia». Antes de la inauguración del parque industrial, Hoffenberg organizó una reunión entre empresarios franceses e israelíes, en un intento de vincularlos al proyecto. «Recluté 36 empresas, incluyendo Directores generales de las compañías más importantes como France Telecom, Schneider Electric, Publicis, Renault, Sephora, JC Decaux; a todo ‘el Equipo A'», se jactaba Hoffenberg.
Otra empresa naciente es la Zona Industrial alemano-turca de al-Yalama, a las afueras de la ciudad palestina de Yenín, un área tradicionalmente agrícola. El proyecto está a cargo de la AP, de Israel y de la Compañía Shamal. Bisan para la Investigación y el Desarrollo, una organización no gubernamental palestina, que ha prevenido intensamente sobre el fenómeno de las zonas industriales, señala que los agricultores del Valle de Yezril, una de las zonas más fértiles de Yenín, se han opuesto al proyecto y que, en consecuencia, podría venirse abajo. Los agricultores se han negado a vender sus tierras, en parte porque no está claro qué tipo de fábricas se construirán y en parte porque Israel ya les ha confiscado tierras agrícolas para la construcción de su muro de separación.
El proyecto Al-Yalama ha recibido escasa atención en los medios de comunicación pero, sin embargo, es el único, junto con el proyecto de Belén, que está avanzando más rápido. El proceso de planificación para la zona comenzó mucho antes de la Intifada iniciada en otoño de 2000. El banco de desarrollo líder en Alemania, KfW Entwicklungsbank (KfW), fue el encargado de llevar a cabo un carísimo estudio de viabilidad y, como resultado, Alemania comprometió 10 millones de euros para financiar la infraestructura de la zona. Pero cuando Israel lanzó un importante despliegue militar en todas las ciudades palestinas en 2000, el proyecto quedó en suspenso y la infraestructura de Yenín se destruyó. Cuando el proyecto fue revisado en 2005, el KfW fue el encargado de actualizar el estudio de viabilidad y Turquía fue reclutada para participar en el proyecto. Supuestamente, la parte turca adquirirá una participación del 75% de la empresa y la parte palestina un 25%. No está claro, sin embargo, si y cómo la crisis diplomática entre Israel y Turquía a consecuencia del asalto de Israel contra el buque de ayuda Mavi Mármara afectará al proyecto.
Estados Unidos se ha movilizado para apoyar todas estas iniciativas a través de diversos medios, entre los que destaca el apoyo a las reformas de la AP en Ramala. Este apoyo es más evidente en el programa para el segundo año del decimotercer gobierno de la AP, a cargo del primer ministro palestino, Salam Fayad, que se titula: «Recta final hacia la libertad: Palestina. Fin de la ocupación, establecimiento del Estado». El programa, que incluye medidas para la reforma de diversos aspectos del gobierno y de la economía, pide, entre otras cosas, el desarrollo de la infraestructura industrial completando las obras de infraestructura de los parques industriales de Yenín, Belén y Jericó, y el establecimiento de tres polígonos industriales especializados, que incluyan tecnología de la información, metales preciosos, energías renovables y la industria del cuero. Este programa ha recibido excelentes críticas por parte del gobierno estadounidense y sirve de marco para la inyección constante de fondos de los donantes.
A pesar del entusiasmo internacional en lo que aparentemente es una nueva solución para el conflicto israelo-palestino, la idea de que llevar el desarrollo económico a los palestinos promoverá la paz tiene sus raíces en la política israelí desde el comienzo de la ocupación. Después de que Israel tomara el control de Cisjordania y Gaza a Jordania y Egipto en 1967, el nivel de vida en los territorios ocupados se elevó. Si bien este crecimiento se debió principalmente a las remesas de los trabajadores palestinos en el Golfo, y a lo largo de la Línea Verde que divide a Israel de Cisjordania y Gaza, Israel invirtió en formación profesional y en desarrollo agrícola a una escala no vista bajo soberanía jordana y egipcia [2]. A pesar de ello, debido al continuo gobierno militar israelí y a la represión de las aspiraciones nacionales palestinas, se extendió por todo los territorios ocupados en 1987 un levantamiento popular que continuó hasta la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993. Por lo tanto, era una solución política, y no de carácter económico, la que en última instancia traía la paz.
La idea de que los vínculos empresariales fomentarán la paz porque los beneficios económicos de la cooperación serán mayores que los beneficios de la resistencia, sólo puede mantenerse si ambas partes se benefician por igual de la colaboración. Los palestinos esperan un beneficio económico. Los israelíes, que el proyecto desactive al adversario, pero si se falla en el intento, es poco probable que suponga una pesada carga económica para Israel. Si las zonas industriales van a ser la base de la economía palestina, los palestinos, por el contrario, sentirán que la presión económica les doblega ante la voluntad de Israel. El proyecto, por tanto, asume que los palestinos son los saboteadores del proceso de paz, y que si se les puede persuadir para que cooperen, se estará cerca de un acuerdo. No se deja espacio a la posibilidad de que el statu quo -la separación- sea realmente una opción viable para Israel. Así, en lugar de promover una solución definitiva, se corre el riesgo de que el proyecto de las zonas industriales arraigue aún más la ocupación de Israel.
Estatuto legal
Bajo la dirección del difunto presidente Yaser Arafat, la AP aprobó la Ley 10, de 1998, relativa a polígonos industriales y zonas industriales francas. Esta ley estableció una Autoridad palestina de Polígonos Industriales y Zonas Francas (PIEFZA, en sus siglas en inglés) que iba a ser el «único interlocutor para los inversores». La junta directiva está integrada por once miembros: siete ministros de la AP, dos representantes de promotores comerciales y dos representantes de las cámaras de comercio e industria y de las federaciones industriales. La ley de polígonos industriales establece que PIEFZA será responsable de aplicar las políticas pertinentes para el establecimiento y el desarrollo de polígonos industriales y zonas francas en Palestina y de la expedición de certificados a los inversores. El artículo 39 establece que: «los productos locales y los productos suministrados a la zona industrial franca procedentes de cualquiera de los territorios palestinos no estarán sujetos a los procedimientos, impuestos o derechos establecidos». Esta exclusión se ha convertido en una preocupación importante para la comunidad local, dado el rumor de que la Ley laboral palestina no se aplicará a los trabajadores empleados en estas zonas. Asimismo, el artículo 40 de la Ley establece: «Todos los bienes y productos manufacturados en las zonas industriales francas y exportados al exterior no estarán sujetos a las normas y procedimientos legales establecidos para la exportación, impuestos a la exportación y otros impuestos».
Una búsqueda detallada en la página web de PIEFZA no revela ninguna información con respecto a las políticas para el establecimiento y desarrollo de zonas. Una solicitud por escrito dirigida al director general de PIEFZA para obtener más información, ha quedado sin respuesta. Además, y extrañamente, la solicitud de los inversores que figura en la web de PIEFZA dirige a los solicitantes a enviar por fax los formularios a una oficina de Gaza, que ahora, presumiblemente, debe estar al cargo de alguien del gobierno de Hamas. Que el proceso sea tan falto de transparencia es un pobre reflejo del progreso de las reformas institucionales palestinas. ¿De qué sirve invertir en la creación de instituciones públicas si estos mega-centros de empleo están excluidos de los sistemas que se están estableciendo?
Acrobacias legales a parte, la cuestión de quién importa materiales en estas zonas y quién recibe las exportaciones debe ser analizada con mucho más rigor. Seguir el rastro del dinero conducirá muy probablemente a los mismos palestinos que se han beneficiado económicamente del proceso de Oslo. Un claro indicio son las prisas de determinadas entidades económicas e individuos por comprar tierras en las proximidades de las zonas planificadas. Dado que la mayoría de las tierras palestinas no están registradas formalmente en la Autoridad de la Tierra Palestina, sería imposible entender quién ostenta realmente la propiedad de esas tierras.
¿Quién se beneficia?
La hipótesis de trabajo es que estas zonas estarán abiertas a los negocios de cualquier empresa palestina o internacional que desee establecer una fábrica en su interior. Aunque la definición sectorial de cada zona no está clara, si sirven de indicador las zonas ya existentes (como las maquiladoras de México o las de Jamaica) las zonas palestinas albergarán empresas «sucias» -las que son propensas a la contaminación y orientadas a la explotación. Las Zonas Industriales Cualificadas de Jordania (ZIC) proporcionan un ejemplo regional. Las ZIC jordanas se concibieron como piedra angular de la cooperación económica regional tras el Tratado de paz jordano-israelí de 1994. Con el fin de incentivar la cooperación, los productos elaborados en las ZIC se integran en el Acuerdo de Libre Comercio estadounidense-israelí, siempre y cuando cuenten con un 8% mínimo de contribución de Israel. Para las zonas palestinas se prevé una disposición similar, especialmente teniendo en cuenta el deseo de Estados Unidos de promover un Área de Libre Comercio en Oriente Próximo. Si bien las ZIC jordanas han generado 36 mil puestos de trabajo, el 75% han recaído en trabajadores extranjeros, principalmente asiáticos [3]. Dado que el objetivo de las zonas palestinas es la creación de empleo, es de esperar que esas zonas empleen realmente a trabajadores palestinos, pero su estatuto especial plantea interrogantes acerca de las condiciones de trabajo que puedan dominar en su interior. La ZIC jordanas, como muchas otras en todo el mundo, son conocidas por sus prácticas de explotación laboral.
Según dos consultoras para el gobierno de Israel, es de esperar que las zonas de Cisjordania empleen entre 150 mil y doscientos mil palestinos, casi la misma cantidad que solía desplazarse a diario a Israel para trabajar antes de la segunda Intifada [4]. Los estudios del Centro Peres para la Paz proyectan una cifra aún más alta, al estimar que quinientos mil trabajadores palestinos trabajarán en las zonas industriales conjuntas para el año 2025. Las expectativas israelíes no se detienen ahí. Los consultores también han predicho que el 30% de las empresas palestinas localizadas fuera de las zonas reorientarán sus negocios para servir a las empresas situadas dentro de las zonas.
En pocas palabras, puede verse que se continua con el esquema israelí para fraguar la economía palestina fuera de su base agrícola y turística hacia una economía que dependa de los servicios públicos de Israel y de su voluntad. Este proceso se ha venido desarrollando desde el inicio de la ocupación israelí en 1967. Cuando el ejército israelí tomó el control de Cisjordania y Gaza, alteró la agricultura palestina mediante el control de los tipos de cultivos que podían plantarse para evitar la competencia con los productos israelíes, se apoderó de la tierra para reducir el sector agrícola y gravó las exportaciones palestinas al mismo tiempo que permitía que los productos israelíes entrasen en los territorios ocupados libres de impuestos. El requisito de que todas las industrias obtuvieran una licencia de Israel limitó el desarrollo industrial, al igual que lo hicieron los impuestos a las industrias palestinas, más altos que a las de sus homólogas israelíes. Como resultado, las industrias que se desarrollaron tendían a ser aquellas que proporcionaban a la industria israelí mucha mano de obra y productos de bajo coste. La industria, la agricultura y el empleo palestinos se desarrollaron, por consiguiente, para satisfacer las necesidades de la economía de Israel [5]. Después de la segunda Intifada, cuando a los trabajadores palestinos se les prohibió viajar a Israel, muchos volvieron a trabajar al sector agrícola hasta entonces olvidado [6]. En la actualidad, esta iniciativa de reingeniería económica en Cisjordania puede entenderse como un intento de relocalizar la veintena de empresas de los asentamientos israelíes, que dependen de mano de obra barata palestina, a estas recién creadas zonas «palestinas» y, con ello, «legalizar», su existencia.
El proyecto encaja bien con la política israelí de separación -una política que permite a Israel cerrar el paso a los palestinos mientras mantiene el control de sus movimientos y la viabilidad económica. La separación se ha aplicado gradualmente desde los Acuerdos de Oslo de 1993, después de lo cual, Israel reforzó su frontera con Cisjordania y Gaza aunque siguió empleando palestinos para trabajos menores dentro de Israel. Los cierres fueron utilizados como una forma de castigo colectivo para impedir a los palestinos acceder a sus puestos de trabajo a través de la Línea Verde. Cuando estalló la segunda Intifada, Israel tensó aún más estrictamente sus fronteras con los territorios ocupados. Más tarde, Israel construyó el muro de separación física para dividir a la población palestina e israelí, pero las instituciones de gobierno, la industria y la libertad de movimiento sigue dependiendo de Israel, que controla las fronteras que rodean los territorios ocupados y recauda impuestos para la AP. Los trabajadores palestinos que anteriormente desempeñaban trabajos de baja categoría en Israel han sido substituidos por extranjeros. Los trabajadores extranjeros, sin embargo, no han demostrado ser una solución satisfactoria para Israel dada su prerrogativa apremiante de mantener el carácter judío del Estado, ya que esos trabajadores no judíos intentan en la actualidad establecerse de forma permanente [7]. El régimen de zonas industriales cualificadas reduciría la dependencia de Israel de trabajadores extranjeros al traer las fábricas a los trabajadores palestinos, ahora que a éstos se les prohíbe viajar a las fábricas.
Movimiento y Acceso
Mientras Israel controle el acceso y los recursos de Cisjordania, el funcionamiento de las zonas seguirá siendo precario, perpetuamente a merced de que haya relaciones positivas entre Israel y Palestina. Teniendo en cuenta la infraestructura existente en Cisjordania, el agua y la capacidad eléctrica de esas zonas estarán totalmente controladas por Israel. Y lo más importante, Israel mantendrá el control total de la circulación de mercancías y personas entre las zonas y el mundo exterior. Al incorporar la infraestructura de control israelí dentro de las plantas, estos proyectos sirven para normalizar una ocupación ilegal y para socavar las aspiraciones políticas palestinas.
Cuando la ex secretario de Estado, Condoleezza Rice, voló desde Washington a Tel Aviv en 2005 para llegar a un acuerdo con Israel sobre el movimiento y el acceso de los palestinos, estaba claro que Estados Unidos comprendió que sin libertad de movimiento, la economía palestina no tiene ninguna posibilidad, ni siquiera aunque el marco económico que se está promoviendo tenga nada que ver con la independencia económica palestina. A pesar de que firmaron el acuerdo, Israel se negó a aplicar sus términos, y el fallo de Estados Unidos al no hacer frente a Israel significa que las condiciones necesarias para la sostenibilidad de la economía palestina no se han cumplido.
El Banco Mundial reconoce lo mismo cuando afirma reiteradamente en sus informes que aunque el crecimiento económico sea del 8%, la «inversión crítica del sector privado para impulsar el crecimiento sostenible sigue obstaculizada por las restricciones al movimiento de personas y mercancías». Está claro que crecimiento económico no equivale necesariamente a desarrollo económico, especialmente en un medio políticamente sobrecargado y guiado por donantes, como es el caso de los territorios ocupados bajo el pseudo gobierno de la AP.
El privilegiado estatuto de las zonas también plantea preocupaciones éticas. Aunque se alivien las restricciones israelíes para garantizar un buen funcionamiento a los inversores extranjeros, las industrias locales seguirán haciendo frente a los mismos obstáculos que han dificultado a la industria palestina durante décadas. Por lo tanto, las empresas existentes estarán en una situación de desventaja comparativa.
¿Qué tiene que pasar?
Los fondos de los donantes y los esfuerzos palestinos se situarían mejor si tales inversiones se orientaran hacia las ventajas económicas naturales de Palestina, por ejemplo, el turismo y la agricultura, y no tratar de limitar sus actividades a zonas blindadas que, con el tiempo, vaciarán grandes extensiones de tierra de su capacidad productiva, por no hablar de la dependencia estructural que crearán respecto de la voluntad israelí a la hora de permitir que estas zonas de funcionen correctamente. En una tierra que alberga la Iglesia de la Natividad, la Iglesia del Santo Sepulcro, la Cúpula de la Roca y decenas de otros lugares de interés histórico, tiene sentido preservar y desarrollar esos activos existentes que tienen el potencial de servir de pilar para el futuro de una economía de Estado.
La conversión de las industrias de la Zona Industrial de Atarot en algo más complementario a la histórica ciudad de Jerusalén, por ejemplo, podría servir para apuntalar el sector turístico palestino, así como para preservar la santidad de las inmediaciones de Jerusalén. En lugar de construir nuevas zonas industriales, se serviría mejor a los intereses palestinos si la Zona de Atarot se devolviera al control palestino. Junto al complejo Atarot se encuentra el inactivo aeropuerto de Qalandia. El aeropuerto, que operaba antes de la ocupación de Israel en 1967, sería un componente crucial en la iniciativa de construir el sector turístico palestino.
Del mismo modo, la confiscación de tierras agrícolas para dar paso a grandes proyectos industriales no sólo despoja a los agricultores de sus medios de subsistencia, sino que hace un ajuste estructural de un sector clave de la fuerza laboral que, con el tiempo, perderá sus habilidades. El desarrollo agrícola en Palestina no necesita una «zona», sino que requiere que Israel cumpla con el Derecho Internacional para liberar los recursos hídricos palestinos y eliminar la gran cantidad de restricciones de acceso y movimiento que no permiten a las personas ni a las mercancías viajar libremente dentro de Palestina ni al extranjero. Al pretender concentrar el crecimiento agrícola en un número limitado de «zonas», únicamente se abre la puerta a que los agricultores ajenos a ellas queden económicamente marginados de las políticas públicas, en vez de recibir un apoyo igualitario independientemente de su ubicación física.
Reiterar la cantinela de la creación masiva de empleos en las zonas industriales sin analizar todas sus consecuencias podría ser perjudicial para el futuro económico y político de Palestina. Ubicar dichas zonas de actividad económica más cerca de los centros de población existentes y rehabilitar las áreas industriales próximas a ciudades que ya existen, tiene más sentido hoy en día, dada la situación de inestabilidad política y la necesidad de modernizar las zonas que ya existen dentro y cerca de las ciudades, muchas de las cuales representan riesgos medioambientales y para la salud de las comunidades de los alrededores. La construcción de zonas de alta tecnología en las inmediaciones de los campus universitarios sería un punto de partida estratégico. Mejor aún, la concesión de tales inversiones a las propias universidades, que están en extrema necesidad de modernización y desarrollo sostenible, tendría un impacto más duradero y sería un elemento de disuasión de la agitación política.
Aunque puedan beneficiar a cierta elite, las zonas económicas previstas no pueden beneficiar los intereses estratégicos palestinos. La idea de que las diferencias políticas se pueden resolver a través de la creación de empleo está, en su esencia, viciada, y no cambiará la realidad: el 60% de los palestinos son desplazados internos o habitan en los campamentos de refugiados a solo unas horas de sus hogares y propiedades; 1,5 millones de palestinos en Gaza sobreviven bajo condiciones de asedio; cientos de miles han sido detenidos ilegalmente por Israel, y la economía está micro-dirigida por un ejército extranjero. Los proyectos de desarrollo propuestos por la comunidad internacional únicamente normalizan la ocupación ilegal operando en asociación con Israel para actualizar sus mecanismos de control.
Notas:
[1] Agencia de noticias Ma’an, 2 de febrero de 2010.
[2] Neve Gordon: Israel’s Occupation (Berkeley, CA: University of California Press, 2008), pp. 62-69.
[3] EconomyWatch.com, 19 de abril de 2010.
[4] Leila Farsakh: «Palestinian Labor Flows to the Israeli Economy: A Finished Story?» Journal of Palestine Studies, 32/1 (Otoño de 2002).
[5] Neve Gordon: Op. cit., pp.72-5
[6] Anne Meneley: «Time in a Bottle: The Uneasy Circulation of Palestinian Olive Oil», Middle East Report, 248 (Otoño de 2008).
[7] Ynet, 8 de noviembre de 2010.
*Sam Bahour, empresario palestino residente en Ramala, es consultor de gestión empresarial. Este ensayo ha visto la luz gracias al apoyo parcial de la Fundación Rosa Luxemburgo.
Fuente: http://www.merip.org/mero/