1.-El problema de la vivienda. La irracionalidad del capitalismo aparece en cada aspecto que afecta a la vida de las clases trabajadoras. En muchos pueblos de Extremadura, la vivienda es un recurso escaso que afecta en buena medida al proletariado más humilde. La descripción de lo que está ocurriendo en la localidad de Villafranca de los Barros viene a ser un caso más de la lentitud de estos procesos, que por unos motivos u otros con seguridad acontecen en muchas obras públicas que se realizan en pueblos de Extremadura y del estado español. En esta localidad, hace unos 9 o 10 años, se programaron por la Junta de Extremadura unas 31 viviendas públicas para las clases sociales más humildes. Los pisos comenzaron a levantarse sufriendo interrupciones en su construcción de muchos meses por la falta de entendimiento económico entre el constructor y la Junta, por fin se concluyeron en el año 2023. Ahora, nos encontramos que las adjudicaciones a las personas que tienen acceso a ellas deben esperar, puesto que han aparecido problemas de construcción que requieren reparaciones que alargarán el proceso de entrega hasta mediados del 2026, según se argumenta por la propia Consejería.
Las familias adjudicatarias son económicamente muy débiles, teniendo muchas de ellas problemas habitacionales importantes, viven pagando elevados alquileres o compartiendo viviendas con progenitores o descendientes. Con el transcurso del tiempo, el estado de incertidumbre y nerviosismo comienza a tocar su salud. El abandono y lentitud del proceder por parte de las administraciones públicas en todo el proceso ha sido de tal magnitud que viene a probar lo poco que le importa a la clase política las necesidades de los grupos sociales más humildes, a pesar del discurso oficial pleno de una diarrea publicitaria y electoral. En materia de vivienda, importa mucho más satisfacer el interés de las constructoras cuyo funcionamiento sigue el criterio de la rentabilidad económica que acabar con las penalidades habitacionales de la población trabajadora.
Hay que aclarar que no hay un plan general de construcciones de viviendas públicas en Extremadura, las que se realizan se hacen a cuenta gotas, la Junta presupuesta anualmente la construcción de varias viviendas en algunos de los pueblos, verdaderas migajas para justificar ante la opinión pública regional que se atiende a esta problemática, un problema que se agranda silenciosamente a toda velocidad como una mancha de aceite.
2.- La necesidad de organización para la lucha por la vivienda. Ante la falta de interés de las administraciones públicas locales y regionales en estos años, el cabreo de las familias les ha motivado para organizar un movimiento de lucha cuyo núcleo de su acción es este problema concreto, sin olvidar que hay más de 260 familias locales y muchas más en todo el territorio extremeño que han quedado excluidas de un derecho y de una verdadera necesidad. En estas semanas han organizado concentraciones delante del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros y delante de la Consejería de la Vivienda en Mérida, y aseguran que “por pocas que seamos las que nos mantenemos activas, las que seamos, no vamos a parar”. Así, ayer, viernes, día 4 de julio, las familias adjudicatarias de las 31 viviendas se reunieron en la Casa de la Cultura. En la mencionada reunión, se informó de lo acontecido en la Asamblea de Extremadura durante la celebración de la Comisión Plenaria. En ella, el máximo responsable institucional no respondió a lo que tenía que responder, a la pregunta realizada por la diputada Irene de Miguel sobre las 31 viviendas de Villafranca de los Barros, su retraso, la auditoría, y la rapidez en las obras de reparación para su inmediata adjudicación. Las familias adjudicatarias han organizado algunas actividades al objeto de no perder la dinámica de lucha que se había conseguido. Uno de los objetivos que con mayor insistencia fue reiterado es el de lograr la unidad y la organización con todas las familias que han quedado excluidas, extender la lucha a otros pueblos puesto que son conscientes que, en la comunidad extremeña hay un importante número de casos familiares que, también, tienen verdadera necesidad de vivienda.
3.- El recorrido por las Instituciones para que los políticos tomen conciencia de la problemática de la vivienda. Los acuerdos que han tomado es la de llegar a las instituciones, y denunciar políticamente la situación de la vivienda en la Comunidad a la que parecen ajenos los políticos en el gobierno regional y en las corporaciones locales. En este orden de cosas quieren recorrer las administraciones locales y regionales para que los representantes institucionales conozcan esta problemática y tomen conciencia de lo que están sufriendo con esta deshumanización que es la falta o el costo económico de un techo para amplios grupos sociales.
Han solicitado ser recibidos por la Presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, con la que quieren tratar de la creación en los presupuestos de un FONDO DE GARANTÍA destinado a las ayudas públicas para las familias con dificultades económica. A la presidenta de la Junta quieren hacerle ver la urgencia de la construcción de viviendas públicas para los sectores sociales más humildes. Las 3.000 viviendas que ha prometido el gobierno regional por las informaciones que se conocen de su precio y otras características financieras están destinadas a sectores con cierta capacidad económica, fuera del alcance de estos grupos de familias a las que nos referimos. Esperan ser recibidos por el Consejero de la Vivienda, con el que quieren convenir una serie de demandas que este ya conoce sobradamente, pues de un modo repetitivo ha escuchado en la Asamblea y por nuestra concentración ante la mencionada Consejería. Consideran que los altos representantes de la Consejería de la Vivienda debe atenderlas después de las muchas llamadas realizadas de manera directa e indirecta para contactar, y se han negado ni siquiera a escuchar. Les solicitan que se arbitren medidas para que tengan una participación inmediata y clara en los asuntos públicos que afectan a los interesados, por lo que quieren una representación directa de las familias en la reunión que a finales de Julio mantendrá la COMISIÓN REGIONAL DE LA VIVIENDA. No se entiende que en el grupo de personas que forman esta comisión, siendo los que van a aprobar la concesión de estas viviendas, no haya ninguna representación de los vecinos solicitantes. La Comisión Regional de la Vivienda está formada por representantes de la alta dirección de la Consejería, de los grupos políticos presentes en la Asamblea y en los ayuntamientos afectados por la adjudicación, sindicatos y organizaciones empresariales más representativos, y de la Federación de Entidades Locales Menores y Municipios de Extremadura. También visitarán a la Presidenta de la Diputación para que se interese por este problema y arbitre en los presupuestos futuros de la entidad alguna partida económica para ayudas a las familias, tanto adjudicatarias como las que han quedado excluidas, para obras en sus viviendas o ayudas que les faciliten el pago del alquiler. La buena disposición de la Concejala Municipal de la Vivienda nos hace concebir muchas esperanzas a la hora de sacar adelante otras cuestiones de carácter social a las que queremos acogernos.
3.- Reclamar la aplicación flexible de las ayudas sociales en esta materia. En cuanto a otras cuestiones materiales a las que quieren acceder, contando con el apoyo municipal político y técnico que se nos ha ofrecido en la localidad, quieren recomendar a todas las familias que soliciten las AYUDAS DE CONTINGENCIAS y de MÍNIMOS VITALES que la Junta de Extremadura pone a disposición de los Ayuntamientos. Teniendo en cuenta que el acceso a las AYUDAS DE ALQUILER impone la superación de una serie de trámites burocráticos que un buen número de las familias económicamente muy débiles no pueden cumplir, solicitaran medidas especialmente flexibles para la concesión de las ayudas para alquiler de las viviendas. La Junta de Extremadura ha arbitrado en sus presupuestos unos 5.000.000 de euros para cada uno de los conceptos señalados, cantidad que nos parece insuficientes dadas las necesidades habitacionales en Extremadura. También, consideramos que las enormes necesidades de viviendas que tenemos en la localidad obligan a una intervención profunda del Ayuntamiento, de su Alcalde, promoviendo la concesión urgente de terrenos a la Junta de Extremadura para la construcción de viviendas públicas. Además, expresan que en ningún lugar de Extremadura debe suceder lo que está ocurriendo en Villafranca de los Barros a la hora de programar la ejecución de las viviendas de promoción pública, en donde todo va con retraso y mal. El DECRETO 115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece que las viviendas debieran ser adjudicadas, preferentemente, durante su construcción (Artículo 3. Procesos de selección), y de este modo se podrían evitar todos estos retrasos innecesarios.
4.-La auditoría para conocer la responsabilidad de porqué se retrasan las construcciones de viviendas públicas. Explican en sus declaraciones que en las viviendas públicas que se edifiquen en el territorio extremeño no debería darse ningún caso más de los fallos que vienen acompañando a la construcción pública; uno más de los varios que hemos señalado han acompañado a la edificación de estos pisos, como las deficiencias en la edificación de los pisos, de los que nadie se responsabiliza al menos por ahora, apareciendo como en este caso concreto transcurridos unos meses una vez que la obra se entrega definitivamente. Esto implicará retrasos y derroche de fondos públicos sin necesidad alguna, pues se entiende que las administraciones públicas tienen departamentos técnicos para la vigilancia del desarrollo y finalización de las obras. Ante estos hechos demandan la realización de una auditoría. La cuestión que se preguntan los afectados es porqué la Junta de Extremadura aceptó la entrega de estas obras con total normalidad y presuntamente no exigió que todo estuviera correcto. Los retrasos por los defectos detectados no tienen justificación, puesto que, como hemos señalado la Junta de Extremadura dispone de un elenco de técnicos y de un protocolo para la aceptación de las obras, para vigilar su desarrollo y dar el visto bueno a la hora de su finalización y entrega. De aquí que sea necesario una investigación para evaluar, a la hora de responsabilizar y hacer recaer las reparaciones sobre la empresa que ejecutó la obra o la institución que la encomendó.
Por último, seguiremos planteando ante las instituciones la necesidad de medidas que resuelvan los problemas habitacionales que tienen muchas familias en la localidad y en la Comunidad Extremeña. Por lo que hacemos un llamamiento a la organización, participación y a la lucha por la vivienda de todas las familias extremeñas que se encuentren con estas necesidades básicas para una vida digna, que las instituciones públicas ni mucho menos satisfacen ni tienen la voluntad política real para resolverlas.
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