La Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) ha permitido sanear la situación financiera de muchas empresas en las Islas y ha propiciado el desarrollo de la construcción y las infraestructuras públicas, a través de la adquisición de deuda pública, entre otras cosas, pero su efecto sobre la creación de empleo en el Archipiélago ha dejado […]
La Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) ha permitido sanear la situación financiera de muchas empresas en las Islas y ha propiciado el desarrollo de la construcción y las infraestructuras públicas, a través de la adquisición de deuda pública, entre otras cosas, pero su efecto sobre la creación de empleo en el Archipiélago ha dejado mucho que desear, así como la escasa dedicación de sus fondos (16.000 millones de euros en los últimos doce años) para la protección del medio ambiente o potenciar la inversión en investigación y desarrollo (I+D). Este instrumento inversor de primera magnitud, de utilización exclusiva en Canarias, está en fase de renovación de cara al periodo plurianual 2007-2013.
La Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) es el más poderoso de los instrumentos con los que cuentan los empresarios del Archipiélago para la generación de riqueza, con un volumen de recursos financieros que en cifras redondas girará en torno a los 16.000 millones de euros en los últimos doce años, o lo que es lo mismo, más de 2,6 billones de las antiguas pesetas. Estamos hablando de una cantidad similar a la suma de los tres últimos ejercicios presupuestarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
¿Y qué se ha hecho con todo ese dinero? En principio esos recursos se han ido inyectando poco a poco y por diferentes vías en el tejido productivo de las Islas, pero la verdad es que no existen datos exactos sobre dónde han ido a parar esos fondos, ni siquiera por parte de la Agencia Tributaria o de la Hacienda canaria.
Todavía más. Ante al proceso de renovación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias en el marco de la Unión Europea -para el periodo 2007-2013-, la RIC (regulada en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de modificación de los aspectos económicos del REF) es objeto de controversia en determinados ámbitos políticos y económicos con respecto al alcance de su beneficio efecto sobre las Islas, en especial en lo que se refiere a la tasa de desempleo existente en el Archipiélago, la tercera más alta del país, con el 11,4%.
En cualquier caso, la RIC se trata de un beneficio fiscal destinado a incentivar la inversión empresarial y las infraestructuras públicas en las Islas. La utilización de esos recursos es posible porque el REF permite a las empresas que tienen establecimiento permanente en las Islas una cuantiosa exención al tributar por los beneficios obtenidos en el IRPF (80%) y en el Impuesto de Sociedades (del 90%).
La cuestión es que el empresario puede elegir entre pagar los impuestos que le corresponderían en circunstancias normales o destinar la parte estimada a los fondos de la RIC. Esos recursos liberados de tributar no lo son graciosamente, sino que deben ser invertidos -materializados- en una serie de actividades fijadas reglamentariamente en un plazo máximo de tres años (en la práctica el plazo efectivo es de hasta cinco años: el año de obtención del ingreso, el de dotación contable de la reserva y los tres siguientes a este último).
La cuantía de los fondos acumulados en la RIC y que todavía no se han materializado podría rondar los 5.000 millones de euros (incluidos los algo más de 2.000 millones que se habrán destinado a la Reserva durante el año 2005), según las estimaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Los años de funcionamiento de la RIC han demostrado que la reinversión de sus fondos se ha circunscrito a muy pocos apartados entre los permitidos, al tiempo que los empresarios han pedido a los poderes públicos -fundamentalmente al Ministerio de Hacienda y a la Comisión Europea- ampliar las posibilidades de materialización a otros sectores. Divergencias en ocasiones en la interpretación de la normativa RIC entre la Hacienda estatal y los empresarios también han lastrado su óptima aplicación.
De cualquier forma, la autofinanciación empresarial, con el propósito de capitalizar la misma con la compra de diferentes activos fijos, ha sido la vía más utilizada por los provisores de la RIC para reinvertir esos fondos. De hecho, desde la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno regional se reconoce que, fruto de ese proceso, las empresas isleñas -la inmensa mayoría son pymes- han mejorado su salud en este tiempo y reducido su nivel de endeudamiento.
Síntoma de las pocas alternativas que los empresarios han encontrado para la dotación de la RIC -o tal vez el poco riesgo que el empresariado de las Islas es capaz de asumir, o por los dos motivos a la vez-, es que la Reserva se ha destinado también en buena medida a las emisiones de deuda pública realizadas con carácter periódico por la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria. Financiar infraestructuras públicas ha sido el objeto del grueso de estas emisiones de deuda.
Otras iniciativas incluidas entre los supuestos para la materialización de la RIC y que han tenido muy poco eco entre el empresariado canario ha sido la asignación de fondos para inversiones en I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), con aportaciones en conjunto apenas significativas. El impulso de las tecnologías y las comunicaciones o la mejora y protección del medio ambiente en el Archipiélago han sido otras posibilidades de reinversión hasta ahora desatendidas por los fondos de la Reserva.
Mientras tanto, y aduciendo esas supuestas limitaciones para recolocar los fondos de la Reserva, algunos colectivos empresariales retoman con cierta periodicidad su demanda para que las administraciones competentes permitan materializar la RIC en el continente africano. En todas las ocasiones, hasta ahora, la reclamación ha sido rechazada al considerarse que vulnera los principios básicos de la Reserva, donde se subraya que ésta debe materializarse en el Archipiélago para promover su crecimiento económico.
Así las cosas, las expectativas sobre el rendimiento alcanzado en este tiempo por la Reserva de Inversiones no se han cumplido, al menos desde la óptica de ligar el empleo y la RIC.
El Gobierno de Canarias defiende ahora que la nueva RIC vincule la materialización de sus fondos a la creación de empleo, fórmula que los agentes empresariales esperan que salga adelante pero con la suficiente flexibilidad.
Las disposiciones de la Reserva de Inversiones de Canarias que podrían ser novedad a partir del año 2007 (y hasta 2013), tal y como han sido planteadas a las autoridades comunitarias con vistas a su aprobación, contemplan, además de una atención especial a la creación de puestos de trabajo, que los fondos de la RIC puedan materializarse en entidades de la Zona Especial Canaria (ZEC) -que cuentan ya con una fiscalidad específica, más reducida que la general-, así como la limitación a la inversión en suelo de manera que se permita sólo para viviendas protegidas, suelo industrial y zonas turísticas en declive.
En el capítulo concreto de la creación de empleo y la Reserva, se escuchan voces que sostienen que se debería priorizar, con un mecanismo de la importancia de la RIC, en la constitución de puestos de trabajo de calidad, empleos vinculados a la sociedad del conocimiento y la tecnología, de carácter estable y relacionados con actividades de alto valor añadido. De ser así, la Reserva de Inversiones de Canarias sería todo un revulsivo en el panorama laboral de las Islas, caracterizado por los empleos en precario.