«7 consideraciones sobre la crisis catalana», que no es sólo catalana desde luego, es el título de una carta abierta de Pablo Iglesias [PI] a las inscritas e inscritos de Podemos. Yo no estoy inscrita pero mi compañera sí lo está. Ha sido muy podemita. Me ha pasado la carta y me ha retado: ¿a […]
«7 consideraciones sobre la crisis catalana», que no es sólo catalana desde luego, es el título de una carta abierta de Pablo Iglesias [PI] a las inscritas e inscritos de Podemos. Yo no estoy inscrita pero mi compañera sí lo está. Ha sido muy podemita. Me ha pasado la carta y me ha retado: ¿a ver qué opinas camarada? ¡Ahí te quiero ver salada mía! Pues esto es lo que opino.
La primera consideración de la carta se titula «Del 135 al 155 o la contrarrevolución por arriba del bloque monárquico». España, sostiene PI, «vive una crisis de régimen que tiene al menos tres dimensiones: la social (el empobrecimiento continuo de las clases populares, así como el deterioro del nivel de vida y las expectativas de los sectores medios); la institucional (la corrupción y el patrimonialismo de Estado del Partido Popular no es la excepción sino su regla de gobierno); y la territorial, sobre la que tratan estas consideraciones». Tratan, pues, de este último asunto, pero de entrada sorprende lo señalado: ¿sólo existe corrupción en el PP? ¿PI no conoce las dimensiones inconmensurables de la corrupción y el latrocinio en las filas de CiU? ¿No recuerda el 3% ni el robo permanente, envuelto en banderas y en episodios no tan pacíficos, del clan Pujol-Ferrusola? Para patrimonialismos del Estado y alrededores (y pesebres) los convergentes o pedecatos y aliados se las pintan mejor que nadie.
Señala a continuación PI que «la crisis de régimen que vive nuestra patria» -supongo que se refiere a España, término que creo no usa en todo el documento: ¿cómo puede ser eso posible hablando de lo que habla?-, la reconocen «incluso las élites (políticas, económicas, mediáticas) que dirigieron el régimen del 78 y que mantienen una parte de su poder». La figura política más importante de nuestra historia política reciente, Felipe González en opinión de PI (una no está de acuerdo en absoluto: FG me parece un caradura descomunal que, con el tiempo, se desvanecerá en el aire como todo lo que no es sólido), «lo reconocía sin ambages en la recepción real del 12 de Octubre: «Soy un orgulloso representante del régimen del 78″». Aquella recepción, sostiene el secretario general de Podemos, «fue la imagen de una conjura monárquica para superar, mediante una restauración conservadora y centralista, la crisis española». Pero, en su opinión, lo que se mostró en aquella fiesta real («que no tuvieron a bien suspender tras la muerte de un trabajador de las Fuerzas Armadas que participó en el desfile», señala con razón y humanismo) «no fue un grupo cohesionado, coherente y capaz de diseñar una política de Estado exitosa». En síntesis: «aunque en la foto del 12 de Octubre había mucho poder (político, militar, económico, etcétera), no había -ni de lejos- tanto como el que atesoraban las élites hace cuarenta años y, desde luego, allí había mucho menos talento de Estado». Pues será así seguramente aunque una no ve por qué hay que hacer apología de aquellos supuestos viejos talentosos. ¿Lo fueron tanto realmente? Si pienso en algunos, en muchos, me da que no tanto.
Tras el discurso que pronunció Felipe VI, «el bloque cohesionado de partidos, medios de comunicación y grandes empresas tiene enormes dificultades para llevar a cabo sus objetivos». El mismo hecho de que se les vea y se les perciba como «bloque» les debilita» opina PI. Un proyecto de régimen que se precie «necesita un Gobierno, pero también una oposición creíble como tal. Pero la oposición no fue a Palacio». La oposición refiere a Unidos Podemos y acaso a las fuerzas nacionalistas-secesionistas. Por lo demás, a una le parece mejor que bien que la oposición no vaya nunca a Palacio. ¿Qué hace una oposición que se precie en palacios y con élites?
Para PI, el acuerdo entre el PSOE y el PP que conllevó la reforma del artículo 135 de la Constitución española, «representó la ruptura del pacto social en nuestro país». Nadie lo discute, es lugar común en la izquierda. Hoy, el nuevo acuerdo entre el PP, el PSOE y la nueva extrema derecha que representa Ciudadanos (que no es tal extrema derecha por el momento, es un abuso evidente de lenguaje que no ayuda a nada… mejor dicho, ayuda a la cultura secesionista una vez más), «implica de facto la ruptura del pacto territorial. El espíritu del 155 como política de vulneración de derechos y libertades democráticas no tiene por qué quedarse en Catalunya». De hecho, argumenta PI, «dirigentes del PP ya han amenazado con aplicar algo parecido en Euskadi y en Castilla-La Mancha (en esta región el PSOE gobierna con nosotros)». Tiene razón pero algunas voces peperas les han llamado al orden. Ciertamente son brutos y muy burros pero una no cree que sean tan estúpidos. Por el momento, las cosas no parecen ir por ahí. Aunque nunca se sabe. Airear esos aires suena a propaganda, a agit-prop.
El bloque afín a la monarquía, opinión de PI que no discuto, «apenas maneja un errático proyecto de restauración que se sustenta en los siguientes pilares: a) Mantener al PP al frente del Gobierno todo el tiempo que sea necesario. b) Suspender el autogobierno en Catalunya, al tomar el control de todos los resortes institucionales catalanes -incluidos los medios de comunicación públicos (¡por cierto, es una ahora quien habla, ¡menudos medios de intoxicación públicos! Ya sé que no sólo en .Cat)- para convocar después elecciones en Catalunya (y probablemente volver a perderlas). c) Mantener a Unidos Podemos y a las confluencias lejos del Gobierno del Estado, aun a costa de sacrificar la posibilidad de que el PSOE vuelva a encabezar un gobierno en España». Este bloque monárquico tiene a su disposición «todos los recursos coactivos para desarrollar su proyecto, pero carece -a diferencia de lo que ocurrió hace cuarenta años- de la capacidad política integradora imprescindible para que España sea viable como realidad política y territorial a medio y largo plazo».
Por el momento, habría que añadir. En todo caso, vale la pena remarcar lo apuntado: una España afable, justa y respetuosa debe ser, debemos conseguir que sea, viable como realidad política y territorial a medio y largo plazo. Vale la pena insistir: es el proyecto tradicional de la izquierda.
«Por qué estamos en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución» es la observación siguiente de la carta. La suspensión del autogobierno de Catalunya (¿por qué escribe PI siempre Catalunya si está escribiendo en castellano? ¿Escribe France para hablar de Francia o Deutschland para hablar de Alemania?) «no solo hará saltar por los aires uno de los pactos cruciales de la Transición (la reinstauración de una institución republicana como la Generalitat, reconocida por la Constitución de 1978, fue la base del amplio apoyo social al texto constitucional en Catalunya), sino que es un ataque a los fundamentos mismos de la democracia española». El diálogo sin condiciones que, en su opinión, «reclama la mayoría de la sociedad catalana y de la sociedad española (como señalan varias encuestas) es incompatible con una situación de administración colonial de Catalunya». ¿Administración colonial? ¿Es lenguaje preciso? ¿Colonial, como Angola, como Argelia, como Filipinas en sus tiempos? ¿Diálogo sin condiciones? ¿Sin ninguna condición? Los nacionalistas deben estar más felices que una espectadora viendo por enésima vez «Una noche en la ópera» al leer a PI.
Que Rajoy y sus ministros se vayan a convertir de facto en president y Govern de la Generalitat (cuando el PP no alcanzó el 8,5% de los votos en las últimas elecciones celebradas en Catalunya) «es simplemente un despropósito y una enorme torpeza política». No estoy segura de que sea así pero, si lo fuera, tiene razón PI. No veo en todo caso qué tiene que ver que el PP obtuviera el 8,5% o el 35% de los votos con el asunto discutido. El nuevo Govern, con Rajoy, Zoido y Montoro a la cabeza, prosigue, «estará controlado solamente por el Senado, el cual está dominado por el PP con mayoría absoluta, gracias a una ley electoral antidemocrática y absurda». Tiene razón: tan antidemocrática y absurda como la ley que rige las elecciones autonómicas en Cataluña. En opinión de PI, «el virrey Rajoy querrá administrar Catalunya y se encontrará resistencias que solo podrá afrontar con represión y más encarcelamientos». Tarde o temprano tendrá que convocar elecciones y «todo parece indicar que los partidos que apoyan el virreinato no mejorarán significativamente sus últimos resultados electorales». Nunca se sabe, tal vez sí. En todo caso, ¿no puede el president Puigdement convocar elecciones?
Por lo demás, dicho lo ya dicho sobre el 155, ¿no habría que haber hablado de lo ocurrido en el Parlamento de Cataluña los días 6 y 7 de septiembre? Parece que no. Ni una sola palabra, ni una sola referencia. ¿Los del PP son tan idiotas y carcas que lo aplican sin más, porque les sale de su moño postizo y de su corto entender? ¿No hay algo a tener muy en cuenta que sucedió esos días en el Parlamento catalán presidido por la activista separarista Carme Forcadell? ¿No tiene importancia lo sucedido en opinión de PI?
El punto siguiente de la carta se titula: «Por qué estamos en contra de una declaración de independencia». El problema de una declaración de independencia no es tanto su ilegalidad (o su unilateralidad) como su ilegitimidad, sostiene PI. Ambas probablemente. ¿O no es el caso? Las fuerzas políticas partidarias de la independencia obtuvieron el 47,8% de los votos (es decir, algo más de un tercio del censo electoral) en las elecciones del 27S de 2015. Ese resultado, sostiene PI, «muy superior al del bloque monárquico (C’s-PSC-PP) y al nuestro, les da todo el derecho a gobernar Catalunya, pero no a declarar la independencia». Este cómputo, esta forma de contar es una novedad, una dolorosa novedad, porque PI suma aquí como cuentan los secesionistas, empezando por el presidente Puigdemont. No así el ex líder de la CUP que afirmó la noche electoral que el secesionismo había perdido la apuesta. Cuenta muy mal PI al no querer sumar los votos de CSQES a los de las fuerzas no secesionistas. Puro sectarismo y más cosas. No es un asunto cualquiera, es asunto de decisiva importancia. La coincidencia, una vez más, con el secesionismo es total, sin fisuras.
La movilización política del pasado 1 de octubre por parte de los partidarios del derecho a decidir, prosigue PI, sabiendo que no se trata del inexistente derecho a decidir sino de una movilización secesionista a la que su partido contribuyó con todas sus fuerzas (que son pocas aquí, en .Cat, digan lo que digan en momentos de euforia y basándose en resultados anteriores) «fue imponente y épica, dadas las condiciones en las que se desarrolló. Es un hecho destacado que más de dos millones de ciudadanos catalanes expresaran su voluntad política». Vuelvo a insistir: lenguaje secesionista en estado impuro. ¿Interesado tal vez?
Pero, prosigue, sin que una entienda muy bien este pero, «aun aceptando los datos ofrecidos por la Generalitat, es evidente que aquella movilización no reunió las condiciones y garantías de un referéndum que permita determinar la relación jurídica de Catalunya con el resto del Estado». Vale, vale. ¡Menos mal, menos mal! Sea como fuere, ¿por qué ese «aun aceptando esos datos» que ninguna persona informada puede creer ni cree? Aquí sí, aquí hay una línea de demarcación importante con las tesis separatistas que afirman que el resultado del 1-O ampara su DUI.
Prosigue de nuevo con lo dicho. El 1 de octubre no se produjo solo una exhibición del poder de movilización del soberanismo, en opinión de PI, «sino también la expresión de una voluntad mayoritaria de la sociedad catalana de decidir su futuro en las urnas y un ejemplo de movilización pacífica frente a la represión ordenada por el Gobierno. Ningún responsable político puede ignorar esto». De nuevo, el lenguaje PI es lenguaje SE (cesionista) y lo de la voluntad mayoritaria es una afirmación que está lejos de estar fundamentada en datos y realidades. En todo caso, por si fuera necesario, lo sucedido el día 1-O es lamentable (lo ha reconocido incluso Enric Millo, el delegado de gobierno), aunque -hay que insistir- las fuerzas secesionistas, con todo su diseño y planificación, y sin propósito de enmienda, lanzaron a la gente a un acto ilegal que sabían que comportaría intervenciones policiales (ninguno de sus próximos, según parece, fue herido). Buscaron la foto y la obtuvieron. Eso sí, PI opina que «del mismo modo, no puede tampoco aceptarse que esa gran movilización social justifique la independencia de Catalunya». Por supuesto. Volvemos a tomar nota. De ningún modo es aceptable.
Eso sí, hablando de movilizaciones, ¿no ha habido ninguna otra movilización importante este mes en Barcelona? ¿Tampoco existió el 8-O? ¿Fue una manifestación de fachosos españolistas y a otra cosa? ¿Resuelto el tema y otra cosa?
«Por qué defendemos un referéndum pactado» es el punto siguiente de la carta PI. Un referéndum legal y pactado, además de ser una solución democrática, «es la única solución que puede asegurar que Catalunya siga formando parte de España», sostiene el secretario de Podemos. La incapacidad de dirección de Estado del bloque felipista, afirma, «se revela en su obcecación en no discutir la posibilidad de llevar a cabo un referéndum legal y con garantías». No es cualquier cosa lo que está en la mesa porque lo que deseen y quieren las fuerzas secesionistas, como sabe o debería saber PI, es un referéndum de autodeterminación para Cataluña, no cualquier otro referéndum. Y con pregunta binaria y en condiciones por ellos marcadas.
La clave del éxito de la Transición en relación con Cataluña (él escribe, como he dicho antes, Catalunya), «fue pactar el autogobierno que, de hecho, condicionó el conjunto del modelo territorial de España. Hoy, la vía del 155 en Catalunya (que bien podría transformarse en la vía del 116 si el Gobierno se encuentra con resistencias ciudadanas) puede condicionar también una ofensiva reaccionaria en el conjunto del Estado». Puede. Eso sí, servidora la ve improbable. Cuando el PP forzó, esa es la expresión más que discutible que usa PI; «que el Tribunal Constitucional (TC) hiciera saltar por los aires el Estatut (aprobado en el Parlament, en el Congreso de los Diputados y por el pueblo catalán en referéndum), también hizo saltar por los aires buena parte de las bases del pacto territorial que había hecho viable España como un Estado que integraba una territorialidad plurinacional compleja». De nuevo, el relato nacionalista punto por punto, coma por coma. ¿Se ha leído PI con detenimiento el fallo del Tribunal Constitucional de 2010? No lo sé. Una no está segura. ¿Conoce PI la historia previa del Estatut? ¿Conoce la «urgencia social» de esa reforma emprendida por el primer gobierno Maragall?
Las decisiones políticas tienen consecuencias, nos ilustra PI con una obviedad. «Puede afirmarse que si el PP hubiera respetado la voluntad popular de Catalunya, como hizo con la voluntad popular de Andalucía (algunos de los artículos del Estatut que el TC declaró inconstitucionales son idénticos a los artículos vigentes en otros Estatutos de Autonomía), hoy no sería necesario hacer un referéndum en Catalunya». Pues no lo sé. PI no tiene en cuenta nunca, porque quiere olvidarse, de los planes secesionistas de largo alcance y de larga historia. Entre esos planes, encubrir sus políticas antisociales y neoliberales en estado puro. Debería hablar con Santi Vila. Le explicaría la jugada maestra, su jaque mate pastor-. Y, del mismo modo señala sin que una entienda ese «mismo modo», como consecuencia de «la decisión del PP y sus magistrados afines en el TC, hoy debemos afirmar que la celebración de un referéndum en Catalunya es imprescindible». La cuestión, como decía antes, es: ¿qué tipo de referéndum? ¿El que quieren los secesionistas? ¿En sus condiciones, con sus cartas marcadas?
Numerosos constitucionalistas sostienen que realizar un referéndum es compatible con la Constitución y la ley, comenta PI, pero, si no fuera así, añade razonablemente, «debemos asumir que en democracia las leyes deben adaptarse a las necesidades democráticas». De acuerdo, si son, efectivamente, necesidades democráticas y no otra cosa muy distinta. En cualquier caso, el punto es muy importante, «el referéndum no debería limitarse a dos opciones. La opción más deseada en Catalunya (según las encuestas) sería un nuevo encaje constitucional que reconociera a Catalunya como nación y profundizara su autogobierno». Lo de nación ya está recogido de hecho con nacionalidad. Pero es igual, no es ahora el punto. El punto es este: «Pensamos que la ciudadanía catalana tiene derecho a elegir también esta opción, al margen de las otras dos opciones: la independentista y la continuista». Vale, es importante, aquí hemos llegado. Hic Rodhus, hic salta. Aquí si que hay un punto de ruptura con el lenguaje y las finalidades secesionistas.
El siguiente punto es «El proyecto del bloque monárquico: España antes rota que con Unidos Podemos en el Gobierno». Mi compañera me dice que ya está bien por ahora, que de nada en demasía y que conviene descansar.
Continúo en la próxima. Si sigo, se pone de los nervios y no me abraza ni me cuida. Ustedes me entienden.
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