El Ministro de Trabajo no debería mentir a los trabajadores. Sabe de buena tinta que, desde el punto de vista del capitalismo, el fuerte aumento del paro experimentado en los últimos meses no es ningún problema, sino una solución perfectamente calculada a la crisis sistémica que azota a la economía mundial y muy especialmente a la […]
El Ministro de Trabajo no debería mentir a los trabajadores. Sabe de buena tinta que, desde el punto de vista del capitalismo, el fuerte aumento del paro experimentado en los últimos meses no es ningún problema, sino una solución perfectamente calculada a la crisis sistémica que azota a la economía mundial y muy especialmente a la española. El paro puede ser una tragedia para los millones de trabajadores que no encuentran trabajo, pero constituye un poderoso instrumento para imponer la política económica que se ajusta a los intereses inmediatos de la clase dominante. Y otro tanto sucede con la precariedad y la temporalidad en el empleo, que se han convertido en una herramienta indispensable para elevar la tasa de beneficio del capital. En realidad, el paro y la precariedad laboral son dos fenómenos estrechamente unidos que, como trataremos de demostrar a continuación, forman parte de la solución final diseñada para superar la crisis económica a costa de los trabajadores.
La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre del año muestra que la tasa de paro se ha incrementado en 3,45 puntos, hasta alcanzar el 17,36% de la población activa. De este modo, el número de parados se sitúa en 4.010.700, la cifra más alta de la historia, y se incrementa en 802.800 personas en el período que va de enero a marzo de 2009. Se trata de un proceso fulminante y agresivo en el que, por cierto, la burguesía catalana se ha mostrado especialmente activa, llevando a Cataluña al primer puesto del Estado en destrucción de puestos de trabajo (166.900 parados más que en el trimestre anterior)1.
Como puede observarse, la reacción inmediata de los empresarios ante las dificultades económicas consiste en despedir masivamente a los trabajadores como estrategia de reducción de costes para obtener resultados. Desde su punto de vista, el recurso a la extinción contractual está muy lejos de ser un problema, convirtiéndose en el mecanismo idóneo para contrarrestar la caída de la demanda en el mercado. Pero, sobre todo, la situación de paro generalizado engendra un amplio «ejército de reserva», vasta bolsa de trabajadores sin empleo que permite al capital adaptarse a las fluctuaciones del mercado y presiona a la baja las condiciones de la clase obrera. Marx observó este fenómeno característico del capitalismo, señalando que el exceso de trabajadores en activo limita y reduce su acción reivindicativa, forzando a los obreros que trabajan a trabajar todavía más y a someterse a las imposiciones del capital: «la existencia de un sector de la clase obrera condenado a ociosidad forzosa por el exceso de trabajo impuesto a la otra parte, se convierte en fuente de riqueza del capitalista individual y acelera al mismo tiempo la formación del ejército industrial de reserva, en una escala proporcionada a los progresos de la acumulación social»2.
Por otra parte, la precariedad laboral constituye una lacra social extendida y arraigada en nuestro mercado de trabajo, que tiene efectos devastadores sobre determinados colectivos de trabajadores (mujeres y jóvenes, fundamentalmente). Poblaciones laborales completas, que otrora gozaron de cierta estabilidad y fuerza contractual, han sido abocadas a condiciones de empleo cada vez más precarias. Pero ello tampoco supone mucho problema desde el punto de vista del capitalismo. Al contrario, la precariedad creciente del trabajo confiere al empresario un poder omnímodo en la relación laboral, fomentando todo tipo de presiones informales enderezadas a neutralizar huelgas, impedir la sindicación o degradar las condiciones de trabajo. La proliferación del empleo precario es un instrumento decisivo para controlar a los trabajadores, alumbrando una fuerza de trabajo dócil, barata y poco exigente. Como ha mostrado el profesor RECIO, la inestabilidad laboral «juega el doble papel de permitir el desarrollo de actividades que requieren un rápido ajuste cuantitativo y favorecer una relación laboral personalizada en la que las empresas tienen un enorme poder»3.
En definitiva, paro y precariedad cumplen la misma función social y permiten a los empresarios rentabilizar al máximo el uso de la fuerza de trabajo. Durante la época de bonanza económica, los trabajadores precarios o informales constituyeron una versión moderna y actualizada del viejo ejército de reserva, presionando a la baja las conquistas de los sindicatos y dificultando la organización de los trabajadores. Cuando sobrevino la crisis económica, muchos de estos trabajadores fueron despedidos y pasaron a engrosar las filas de desocupados. En cierto modo, los trabajadores en precario y los desempleados son «intercambiables», en el sentido de que cualquier permutación de componentes produce el mismo efecto sobre el poder contractual de los trabajadores. Este dato resulta decisivo para comprender el escenario que se dibuja en el horizonte de la clase obrera: según la EPA, los asalariados con contrato temporal ascienden a 4.025.700, por lo que sumados a los trabajadores en paro totalizan más de ocho millones de personas atrapadas por el desempleo y el mercado laboral basura que les brinda el capitalismo. No parece necesario insistir en el impacto que este colectivo puede tener sobre la fuerza contractual y política del movimiento obrero, posibilitando una salida de signo reaccionario a la crisis económica que vive el país.
Por eso causa repulsión que la nueva Ministra de Economía, Elena Salgado, afirme que los datos de la EPA son «malos y peores de lo esperado»4, o que Mariano Rajoy considere «verdaderamente dramático»5 que en España haya más de cuatro millones de personas sin trabajo. Ambos saben que esas cifras esconden la nueva solución final para imponer una reestructuración de las relaciones entre capital y trabajo, empeorando gravemente las condiciones de la población trabajadora. La presión a favor de una reforma de la legislación laboral es muy intensa y, como siempre, viene acompañada de una ofensiva ideológica para conseguir su imposición política. La «flexibilidad» es necesaria para la competitividad de las empresas y se justifica en aras de los «intereses nacionales». Los trabajadores deben hacer «sacrificios» para combatir el paro. Así, cuando las clases fundamentales luchan por sus intereses antagónicos, cuando los capitalistas tratan de obtener más plusvalía por todos los medios, quieren persuadir a los obreros para que lo acepten. Los trabajadores y sus organizaciones representativas deberían reflexionar sobre esto e iniciar un proceso que refuerce la influencia de la clase obrera. Son los únicos que pueden detener esta locura.
Notas.[1] Los datos pueden consultarse en http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0109.pdf.
[2] Vid. MARX, K., op. cit., Libro I, pp. 538 y ss.
[3] RECIO, A. La segmentación del mercado laboral en España. En: AA. VV. (Dir.: MIGUÉLEZ, F. y PRIETO, C.) Las relaciones de empleo en España. Madrid: Siglo XXI, 1999; p. 137.
[4] http://www.elpais.com/articulo/economia/paro/supera/millones/personas/primera/vez/historia/elpepueco
[5] http://www.elpais.com/articulo/economia/Rajoy/propone/bajar/impuestos/atajar/desempleo/elpepueco/2
Héctor Illueca Ballester es Inspector de Trabajo y Seguridad Social