Lo que se le debe exigir a esta nueva ley esque el derecho a una vivienda digna se equipare al de disponer de una sanidad y una enseñanza pública de calidad.
¿Va a conseguir el actual gobierno de coalición de izquierda superar la tan insuficiente tradición de políticas de vivienda en nuestro país? En el contexto europeo, el Estado español destaca, lamentablemente, por la falta de continuidad de unas políticas que han sido siempre coyunturales, compensatorias de ciclos económicos, pensadas como políticas para favorecer los intereses inmobiliarios, de la banca y, hoy, de los fondos de inversión, y no para afrontar realmente el problema endémico de la vivienda, creando un parque público estable, que hoy sigue estando por debajo de un vergonzoso 2%.
Lo que se le debe exigir a esta nueva ley es que proponga y consiga gestionar un necesario y total cambio estructural. Y dicho cambio ha de consistir en utilizar todos los medios para aumentar el porcentaje de vivienda asequible en nuestro país. Ello se conseguirá con una política intensa de financiación, construyendo nuevas viviendas y rehabilitando, para incorporar viviendas antiguas al parque público de alquiler. El objetivo debería ser que el derecho a una vivienda digna se equipare al de disponer de una sanidad y una enseñanza pública de calidad.
Tal como ha sucedido en la Europa del sur, aquí no se ha consolidado la tradición socialdemócrata, iniciada en el periodo de entreguerras y que solo se intentó durante la época de la Segunda República. Además, la vivienda protegida que se creó durante la dictadura de Franco y la que se ha creado en estas décadas de democracia, aunque fuera inicialmente de alquiler, a partir de la Ley de propiedad horizontal ha ido descalificándose, privatizándose y entrando en el mercado libre. Por lo tanto, es vital, como premisa, que se prohíba vender el parque público residencial; que la vivienda hecha en suelo público y con financiación pública, no pueda descalificarse.
Y, más allá de que lo esencial son medidas para incrementar y consolidar el parque público de alquiler, ahora es prioritario afrontar la emergencia habitacional, algo que pasa, primero, por autorizar que las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en vivienda, puedan regular temporalmente el precio de los alquileres en las zonas urbanas tensionadas, como urgente medida rápida y de choque.
A esta se han de añadir medidas para fomentar las ayudas a los colectivos vulnerables y en riego de exclusión. Es urgente que la ley garantice que las personas afectadas de desahucio por parte de grandes tenedores reciban de estos una alternativa habitacional; y que la ley aporte medidas para otorgar vivienda a las unidades de convivencia en las listas de espera de las mesas de emergencia. Y también todas aquellas medidas legales que protejan los derechos de los inquilinos, como la duración de los alquileres para permitir desarrollar proyectos de vida, la persecución del acoso inmobiliario y de la exclusión por racismo, y otras malas prácticas, para así poder dignificar el modo de vida de alquiler. Ello incluye la penalización de los pisos vacíos, que han de pasar a cumplir su función social, tal como establece la Constitución, y no ser un medio de especulación. Al mismo tiempo, hacen falta medidas diversificadas que fomenten y primen a los propietarios que ofrezcan alquilares asequibles.
Esta nueva ley no se podrá aplicar sin la aceptación de una parte del sector inmobiliario, aquella que pueda entender que a los valores comerciales y de mercado es positivo sumar los valores sociales y de sostenibilidad. El operador metropolitano barcelonés público-privado, Habitatge Metrópolis Barcelona (HNB), es un buen antecedente de esta colaboración entre las administraciones y el sector inmobiliario.
Otra de las medidas que se propone, y que en cierta manera ya se aplica en Barcelona, es la reserva obligatoria del 30% a vivienda protegida en toda promoción, y que de ese 30% el 15% tenga que ir a alquiler social, de modo que pueda ir aumentando el parque público de vivienda, en consonancia con los países europeos
Y otra previsión ha de ser aquella que favorezca todo tipo de alternativas al dualismo dominante de compra o alquiler, como las cooperativas de vivienda en cesión de uso o el fomento de la “solidaridad urbana”, que ya estaba establecido en la Ley por el Derecho a la Vivienda en Catalunya del 2007, aún no aplicada en su totalidad.
En definitiva, la situación es de gran complejidad, pero disponemos de muchos referentes para aprender de los errores y de los aciertos. Para no hacer como aquellos países que, presionados por el neoliberalismo, –como Inglaterra, Dinamarca o Suecia- han privatizado, vendido o cedido parte de su parque residencial público. Y para aprender de aquellos ejemplos –como el de Viena, de Uruguay o Finlandia-, que han tenido continuidad en sus versátiles políticas de vivienda. Y la primera lección que se aprende al comparar políticas de vivienda es que no existe ningún mercado sin regulación, porque el mercado sólo nunca ha funcionado; y que hay una exigencia ética, social y política de controlar la especulación inmobiliaria.
Es imprescindible que este proyecto de Ley de Vivienda se apruebe y se aplique inmediatamente, especialmente para esta época en que, no sólo arrastra la falta de políticas en el pasado, sino que sufre las crisis que se han ido sumando: la económica, hipotecaria y del incremento de los alquileres; la sanitaria; la climática; y la energética. Un cambio vital, basado en una constelación de alternativas y propuestas, que es la única solución para que los problemas actuales no continúen agravándose, cuando hay tal retraso y cuando las crisis están perjudicando, no sólo a los sectores más vulnerables, sino a la mayor parte de la ciudadanía.
Josep Maria Montaner es arquitecto, catedrático de la ETSAB-UPC y exconcejal de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/tribuna/urgencia-ley-vivienda-espana