El pasado martes activistas de varias ONG’s denunciaron frente a las puertas del Congreso el fracaso que supone el proyecto de ley sobre el comercio de armas, actualmente en trámite parlamentario. Para Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace el proyecto es insuficiente y debería incorporar mecanismos que permitieran al Parlamento controlar la acción del gobierno […]
El pasado martes activistas de varias ONG’s denunciaron frente a las puertas del Congreso el fracaso que supone el proyecto de ley sobre el comercio de armas, actualmente en trámite parlamentario. Para Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace el proyecto es insuficiente y debería incorporar mecanismos que permitieran al Parlamento controlar la acción del gobierno en estos temas.
En concreto, la nueva ley debería exigir al ejecutivo informaciones claras y detalladas sobre las exportaciones de armas que se efectúen y, también, sobre las pendientes de realizarse para poder intervenir, en el caso de que esto fuera necesario, y conseguir paralizarlas.
En este sentido el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, se defendió al afirmar que el sistema español de control del comercio de armas es «sumamente exigente y riguroso» y que el nuevo proyecto incrementará ese control, facilitando la información sobre el uso final del producto y la identidad del usuario.
Destacó que antes de autorizar una venta el gobierno verificará si el comprador es un país en conflicto, si viola los derechos humanos o si está sumido en la pobreza, en cuyos casos no se dará el visto bueno.
Sin embargo, y para corroborar la intenciones del ejecutivo de Zapatero, esta misma semana se conoció la venta a Marruecos de una importante partida de equipamiento militar a un régimen acusado de graves vulneraciones en materia de derechos humanos y que vendrá a incrementar la tensión en la zona y la amenaza de nuevos enfrentamientos contra el pueblo saharaui.
Esfuerzos bélicos con Marruecos, revés a la paz
En concreto, el gobierno dotará al ejército marroquí de 1.200 nuevos blindados con un equipamiento sofisticado (ametralladoras, misiles anticarros, lanzagranadas) y más de 800 vehículos militares que podrán ser usados como apoyo logístico en caso de guerra.
Ello supone un serio obstáculo a los esfuerzos del nuevo secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y su recién nombrado enviado especial para el Sahara, el británico Julian Harston, por cuanto este armamento dificultará la búsqueda de una paz justa y duradera en el Norte de África, al potenciar la maquinaria bélica de uno de los implicados.
Estos blindados, además, podrían encontrar finalmente su ubicación en el territorio del Sahara Occidental, ocupado por Marruecos desde 1975 y a sólo unas 80 millas de las Islas Canarias.
Esta nueva contribución española a la «paz» en el Magreb fue pactada en secreto en noviembre del pasado año, según aseguró Ignacio Cembrero del diario «El País». Los contratos firmados en esa fecha con la Administración de la Defensa Nacional de Marruecos (equivalente al Ministerio de Defensa) constituyen la operación más importante de este tipo con el país vecino en los últimos años, según fuentes del sector citados por el periódico.
Junto a los vehículos militares -cuyo coste, según los expertos, puede superar los 160 millones de euros-, también se acordó la venta de 10 patrulleras a Marruecos para la vigilancia de sus costas. En este caso el importe podría alcanzar los 35 millones.
Para tener una idea de la que suponen estos contratos baste recordar que el total de las exportaciones españolas de material bélico en 2005 (último año del que hay estadísticas oficiales) alcanzaron los 419,45 millones de euros.
Esta injustificada decisión se toma justo en el momento en que las Naciones Unidas se encuentran inmersas en la aprobación de un texto para la regulación de la venta de armas con serias restricciones a países en conflictos armados y/o en los que no se respetan los derechos humanos como es el caso del régimen marroquí, que fue nuevamente condenado la semana pasada en el último informe de Amnistía Internacional.
Para Bahia M.H. Awah, periodista y escritor saharaui, esta venta de armamento también es un gesto hostil hacia el estado argelino -valedor del derecho del pueblo saharaui-, país clave política y económicamente en el continente africano. Este malestar podría conducir a una revisión de los acuerdos con el Estado español, y ya fue advertido por el presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, a su homólogo español en la reciente reunión mantenida entre ambos.
Otras inversiones humanitarias
Sin contar aún con los datos de 2006, las últimas cifras oficiales indican que las ventas españolas de armas y material bélico alcanzaron los 420 millones de euros (544 millones de dólares) y tuvieron como destino a 48 países, entre ellos muchos en conflicto o en los que se violan los derechos básicos. Fue un resultado récord pues en 2004 las ventas ascendieron a 405 millones, 383 millones en 2003, 274 millones en 2002, 231 millones en 2001 y 138 millones de euros en 2000.
Entre los principales clientes se encuentran Colombia, Israel, Marruecos, China, Arabia Saudita, India, Sri Lanka, Indonesia, Filipinas y Sudán, entre otros. A los cuatro primeros, por ejemplo, se les vendió bombas, torpedos, cohetes y misiles.
Pero el negocio discrepa de la ética pacifista y en la actualidad las 180 empresas españolas dedicadas a la industria militar (según un informe de la Escuela de Cultura de Paz) centran su atención en el aumento de las ventas y, obviamente, de los beneficios.
Tampoco se pone reparo a la fabricación y venta de las llamadas «bombas de racimo». A finales de diciembre, Greenpeace emitió un comunicado en el que informaba que «España es uno de los países que posee y fabrica bombas de racimo», que disparan cientos de pequeños explosivos sin ninguna precisión y, por ello, debería estar prohibido su uso en áreas pobladas por civiles.
«Varias empresas de nuestro país las fabrican, aunque la falta de transparencia hace imposible saber a dónde las venden», añadía el texto.
Este tipo de armas preocupan especialmente a quien tenga algo de sensibilidad sobre los desastres de la guerra, pues son más peligrosas que las minas antipersona ya que buena parte de ellas no estallan y se mantienen latentes durante mucho tiempo. Un caso paradigmático es el de Laos, donde la gente sigue muriendo actualmente como consecuencia de las bombas de racimo utilizadas en una guerra que terminó hace 30 años.