Muza Jara, de 38 años, come en un albergue y duerme en los jardines del río Turia, en Valencia, con otros compañeros sin recursos. «La vida es muy dura y pasamos mucho sufrimiento», se lamenta esta persona migrante sin techo y sin trabajo. «La policía pasa poco por el río, pero por la calle nos […]
Muza Jara, de 38 años, come en un albergue y duerme en los jardines del río Turia, en Valencia, con otros compañeros sin recursos. «La vida es muy dura y pasamos mucho sufrimiento», se lamenta esta persona migrante sin techo y sin trabajo. «La policía pasa poco por el río, pero por la calle nos piden siempre la documentación». Este ciudadano senegalés participó el 18 de febrero en una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, a la que asistieron un centenar de personas, para rechazar las muertes por el frío y la aporofobia (odio al pobre) en esta ciudad. La concentración, organizada por la Mesa d’Entitats i Solidaritat amb els Immigrants, tenía como fin exigir la protección efectiva de las personas sin recursos que viven en la calle, y rechazar las situaciones de exclusión que se padecen en Valencia. En ese contexto, tres personas sin hogar fallecieron recientemente en la ciudad y otras dos han sido objeto de agresiones.
En el mes de enero perdió la vida un ciudadano sin hogar de nacionalidad polaca, Lukas R. El 4 de febrero murió de una neumonía en un cajero otro ciudadano, Santiago Luján, a causa del frío y la penuria. En la madrugada del día siguiente falleció en el barrio marinero del Cabanyal, en circunstancias parecidas, Julio Martínez Jiménez. Las personas concentradas guardaron un minuto de silencio por las víctimas, al que siguió la lectura de un manifiesto en el que se denunciaba la falta de programas sociales, la «especial desidia» ante las personas «esclavas» del trabajo agrícola, la falta de viviendas sociales «que convive con un parque de viviendas vacías como consecuencia de los desahucios y la especulación» y «el tratamiento indigno que las administraciones brindan a las personas pobres».
La portavoz de Valencia Acoge, Ana Fornés, ha insistido en la importancia de la categoría «sinhogarismo», que incluye no sólo a las personas sin techo (que viven en la calle o pernoctan en albergues), o sin vivienda, sino también a quienes permanecen en una vivienda insegura (temporalmente con familiares o amigos de manera involuntaria; con notificación legal de abandono de la vivienda o con la amenaza de violencia por la familia o pareja) y en una vivienda inadecuada. Un problema particularmente grave, ha destacado Ana Fornés, es el de los temporeros agrícolas que llegan de otras provincias, «a quienes no se atiende en unos albergues con plazas escasas, exigencias muy altas de consumo y horarios, y tiempos de estancia limitados».
La Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants, con el apoyo del Movimiento contra la Intolerancia, la Associació de Veïns i Amics de la Malva, la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar y la Plataforma Salvem el Cabanyal, remitieron el 4 de diciembre un escrito a la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia con cuatro peticiones: que no haya durante el invierno ninguna persona (incluidos los temporeros) que tengan que dormir en la calle por falta de plazas en los albergues; la puesta en marcha de la «operación frío», «pero no sobre el papel, sino de una manera real y efectiva»; la creación en la ciudad de un albergue «de baja exigencia» y otro para familias. El escrito, que en parecidos términos lleva seis años remitiéndose al ayuntamiento, todavía no ha recibido respuesta.
Otro de los puntos en que se pone énfasis son los «planes de emergencia» para los meses de invierno, que alivien la situación de los ciudadanos con carencias. Según la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, siete millones de personas (el 17% de los hogares) tienen problemas en el estado español para pagar la factura de la luz. Este grupo de población destina más del 10% (el doble de la media) de sus ingresos anuales al pago de la factura energética del hogar. En España la pobreza energética causó más de 7.000 muertes en 2012, al tiempo que 1,4 millones de familias fueron sometidas a cortes del suministro eléctrico, de los que 524.000 fueron realizados por Endesa (datos de la Alianza contra la Pobreza Energética de Cataluña).
A estas cifras las plataformas organizadoras agregan las barreras de acceso a la vivienda, además de fenómenos como la especulación y los desahucios. El último Censo de Población y Vivienda del INE (2011) señala que en el estado español existen 3.343.365 viviendas vacías, un 10,8% más que la cifra reflejada en el anterior censo (2001). Además, según el estudio «Radiografía del Mercado del Alquiler 2014», publicado por Alquiler Seguro, la ciudad de Barcelona dispone de 283.000 viviendas vacías; Madrid, 263.279 y Valencia, 214.022.
Otra consecuencia de la exclusión social es la aporofobia (odio al pobre), cuyo seguimiento y denuncia realizan entidades como el Movimiento contra la Intolerancia. «La aporofobia es una de las expresiones de la intolerancia y en Europa está reconocida como delito de odio», afirma Ángel Galán, delegado del Movimiento contra la Intolerancia en el País Valenciano. En la gran mayoría de los casos, las personas con carencias de recursos no denuncian las agresiones (en los delitos de odio que no afectan directamente a personas pobres, se denuncian en torno al 10% de los casos). «La exclusión y la marginación social generan la chispa del odio», concluye Galán.
El 5 de enero María Ángeles sufrió una brutal agresión cuando dormía en un cajero automático de Torrent (Valencia). Los jóvenes agresores (uno de ellos menor de edad) orinaron encima de la víctima después de insultarle y propinarle patadas. La policía procedió a su detención el mismo día de la vejación, tras el aviso de un vecino testigo de los hechos. «No sabemos si la paliza se produjo por motivos ideológicos», apunta Galán, «pero lo que la explica es que se trataba de una mujer pobre y sin techo». Actualmente hay un procedimiento judicial abierto por la golpiza.
José Jiménez permaneció ingresado en el Hospital General de Valencia (ya ha recibido el alta medica), después de sufrir en la madrugada del 9 de febrero quemaduras, contusiones y un traumatismo craneal que, según la policía, tuvo como origen la agresión con un ladrillo, explica Ángel Galán. «Los hechos están en proceso de aclaración, se desconoce si el ataque se produjo por tratarse de una persona sin hogar». No se han producido detenciones por la agresión a José Jiménez, un ciudadano «sin techo» que se encontraba en el Cabanyal y al día siguiente apareció en el municipio de Aldaya con traumatismos y lesiones, explica el portavoz del Movimiento contra la Intolerancia. La Mesa de Solidaritat amb els Immigrants ha pedido a las administraciones públicas que se dé «especial protección» a María Ángeles y a José Jiménez, «por la gravedad de su situación, el estrés sufrido y la exposición pública». «No pueden volver a estar en una situación de desprotección en la calle».
Un reciente estudio publicado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social señala que hasta un 27,3% de los ciudadanos españoles se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión. Además, el 6,2% de la población se halla en estado de privación material severa y con dificultades para alimentarse de una manera adecuada. Mientras, la Agencia Efe informaba el 15 de febrero que la fortuna de los ciudadanos más ricos en el estado español, cuyos patrimonios se gestionan en muchos casos a través de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), aumentó en 2014 un 18% y superó los 4.000 millones de euros. Apellidos como Koplovitz, Abelló, Del Pino, Palatchi o Bhavnani figuran en la nómina de afortunados.
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