En un vídeo publicado el fin de semana (6 de febrero), Benjamin Netanyahu ha tildado los crímenes en cuestión de “falsos crímenes de guerra” y ha acusado a la Corte Penal Internacional (CPI) de atacar específicamente a Israel. Netanyahu ha prometido a la población israelí que como primer ministro combatirá “esta perversión de la justicia con todas nuestras fuerzas”, mientras agitaba el puño delante de la cámara.
La decisión de la CPI del viernes [5 de febrero], por la que confirma su jurisdicción sobre los crímenes de guerra cometidos en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), ha caído como un rayo estos días en Israel, Palestina y el mundo, y los líderes israelíes se afanan sin descanso en desacreditar al tribunal y rechazar la resolución. El anuncio del viernes es consecuencia de la petición de la Fiscalía ante la CPI, de enero de 2020, de confirmar el alcance del mandato del tribunal en Palestina y la jurisdicción territorial del tribunal “en los territorios ocupados por Israel desde 1967, a saber, Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este”.
La Corte ha llevado a cabo investigaciones preliminares sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Israel en los TPO desde 2014 y, en diciembre de 2019, el Fiscal Jefe ante la CPI, Fatou Bensouda, concluyó que había una base para investigar a Israel y a las autoridades palestinas por actos criminales cometidos en Cisjordania y Gaza. Bensouda dijo entonces que “hay razones para creer que se han cometido crímenes de guerra”, refiriéndose a la ofensiva israelí de 2014 en Gaza, la construcción de asentamientos en Cisjordania y la muerte por arma de fuego de manifestantes palestinos en la frontera de Gaza durante las manifestaciones de la Gran Marcha del Retorno de 2018. La jurisdicción de la corte también incluirá posibles crímenes cometidos por facciones palestinas armadas en Gaza. La CPI ha recalcado que la decisión del viernes, que abre la puerta a una investigación formal sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, no implicaba nada sobre las fronteras y la naturaleza estatal de Palestina.
La respuesta palestina
Pese a que una investigación criminal a fondo puede tener también implicaciones para funcionarios palestinos, la dirección palestina, tanto en Cisjordania como en Gaza, ha celebrado el anuncio. El primer ministro palestino, Mohammed Shtayyeh, ha encomiado la resolución “como una victoria para la justicia, la humanidad y la libertad” y “un mensaje a los perpetradores de crímenes de que estos no estarán sujetos a un estatuto de limitaciones y de que no quedarán impunes”. El ministro palestino de Asuntos Exteriores, Riyad al-Malki, ha expresado la disposición de la Autoridad Palestina (AP) a cooperar con el tribunal –cosa que sus homólogos israelíes han afirmado que no harán– y elogiado la decisión de abrir la puerta “a la determinación de responsabilidades por los crímenes más horrendos… que se han cometido y siguen cometiéndose contra el pueblo palestino”.
El movimiento Hamás, que podría verse directamente implicado en posibles crímenes cometidos contra ciudadanos israelíes, ha celebrado la decisión como “un paso importante” para lograr que se haga “justicia para las víctimas de la ocupación sionista [israelí]”. “Es hora de que los perpetradores israelíes y palestinos de los abusos más graves –crímenes de guerra cometidos durante las hostilidades o la expansión de asentamientos ilegales– respondan ante la justicia”, ha declarado Balkees Jarrah, director internacional adjunto de justicia de Human Rights Watch (HRW). HRW ha añadido que el hecho de que ni las autoridades israelíes ni las palestinas hayan investigado y juzgado los supuestos graves crímenes entre sus propias fuerzas no hace más que reforzar el importante papel que podría desempeñar la CPI a la hora de llevar ante la justicia a los perpetradores de dichos crímenes.
La respuesta israelí
Si bien puede tardar años hasta que los líderes israelíes o los responsables militares y de seguridad (antiguos y actuales) sean acusados y juzgados por sus crímenes ante los tribunales, las autoridades israelíes han mostrado un desprecio total por la decisión de la Corte. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reiterado sus críticas anteriores a la Corte y su decisión de emprender investigaciones sobre los crímenes de guerra israelíes, tachándola de “puro antisemitismo”. En un vídeo publicado este fin de semana, Netanyahu ha calificado tales crímenes israelíes de “falsos crímenes de guerra” y acusado a la Corte de atacar específicamente a Israel. Netanyahu ha prometido a la población israelí que como primer ministro combatirá “esta perversión de la justicia con todas nuestras fuerzas”, mientras agitaba el puño delante de la cámara.
El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gabi Ashkenazi, ha dicho que esta decisión “distorsiona el derecho internacional y convierte esta institución en un instrumento político de propaganda antiisraelí”. El domingo, el gabinete de seguridad israelí ha redoblado las acusaciones de Netanyahu, calificando la resolución de “ofensiva” que “muestra la Corte como un órgano político, alineado con organizaciones internacionales que se guían por principios antisemitas”. Según ha informado el diario Haaretz, el gabinete alega que la CPI “carece de autoridad” para declarar su jurisdicción territorial en los TPO, debido al hecho de que Israel no es Estado miembro y Palestina no está reconocida internacionalmente como Estado soberano.
A pesar de la negativa a reconocer la autoridad de la Corte, las autoridades israelíes todavía parecen bastante trastornadas por la decisión del viernes. Haaretz ha informado el domingo de que “se supone que cientos de altos funcionarios de seguridad israelíes, antiguos y actuales, serán citados a declarar y temen ser detenidos en el extranjero”. Haaretz agrega que es posible que los responsables de seguridad pidan a algunas personas, cuyos nombres aparecen en una lista confidencial de funcionarios potencialmente buscados por la Corte por crímenes de guerra, que se abstengan de viajar al extranjero para evitar ser arrestadas o juzgadas.
Mientras, se dice que Israel se afana en prevenir futuras investigaciones por parte de la CPI con la ayuda de Estados miembros del Estatuto de Roma que son aliados suyos, presionando a la Corte para que no emprenda investigaciones criminales contra funcionarios israelíes. De acuerdo con Haaretz, algunos Estados miembros de la CPI ya se han comprometido a avisar a Israel de antemano de “cualquier intento de detener a israelíes a su llegada a sus respectivos países o si se solicita una orden de detención contra ellos”.
La esperanza de Israel de evitar una investigación por la CPI parece haber cobrado aliento después de que EE UU objetara la decisión de la Corte, cuando el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que “seguiremos cumpliendo el sólido compromiso del presidente Biden con Israel y su seguridad, incluso oponiéndonos a acciones dirigidas injustamente contra Israel”. La respuesta del gobierno de Biden a la resolución de la CPI, junto al hecho de que todavía no ha cancelado las sanciones de la era Trump sobre la Corte, parece haber dado algún respiro temporal a Israel.
“La CPI está llamada a desempeñar un papel crucial como tribunal de último recurso en situaciones como la de Palestina, donde el acceso a la justicia nacional está bloqueado”, ha dicho Jarrah, de Human Rights Watch. “Los Estados miembros de la Corte deberían disponerse a proteger con firmeza la independencia de la CPI frente a las presiones que recibe y la hostilidad declarada a la investigación de las conductas de Israel y Palestina”.
Traducción: viento sur