La necesidad de contar con normas legales para el tratamiento de la violencia de género es un tema que no se reduce solo a la competencia jurídica, pues interesa también a organizaciones, activistas y especialistas de diversas disciplinas implicados en su atención. «Visibilizar en una ley que existe el delito de violencia de género, provocado […]
La necesidad de contar con normas legales para el tratamiento de la violencia de género es un tema que no se reduce solo a la competencia jurídica, pues interesa también a organizaciones, activistas y especialistas de diversas disciplinas implicados en su atención.
«Visibilizar en una ley que existe el delito de violencia de género, provocado por la prácticas del patriarcado, permitiría actuar de un modo más efectivo contra quienes cometen esos actos y también sobre las causas que los provocan», asegura a SEMlac la psicóloga Mareelén Díaz Tenorio.
En opinión de esta experta, no se trata solo de «crear la norma para sancionar lo que no se puede permitir», sino también de que «la subjetividad social identifique esos actos como algo negativo, los rechace, y ayudar así a que no se reproduzca el problema».
La especialista del Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR) aclara que no se refiere únicamente a la violencia de género hacia las mujeres, sino a todas sus expresiones posibles, aunque las mujeres son la mayoría de las víctimas.
En el Código Penal actual, precisa, no es posible encontrar un delito que tenga que ver con violencia de género, cuando existe una ciencia criminológica que no debiera dejar fuera este tipo de actos, «cometidos por una causa estructural, que es el patriarcado, aunque cada caso tenga un responsable particular», precisa Díaz Tenorio.
La psicóloga estima que, de la pasada década de los noventa al día de hoy, muchas más personas se pronuncian a favor de contar con una ley específica sobre el tema. A la vez, identifica como un elemento negativo la demora de esta toma de conciencia dentro del propio sector jurídico.
Defensora de la postura de que esa ley «es imprescindible», en su inventario personal de lo que no debiera faltarle reitera, en primer lugar, «visibilizar el delito de violencia de género» y particularizar en la violencia psicológica.
«Se dice que la violencia psicológica es muy difícil de identificar, que no deja huellas. Pero eso solo revela falta de formación para reconocerla; hay que entrenarse, ponerse los espejuelos necesarios para verla», asegura.
Más allá de la amenaza que genera un fundado temor, descrita en el actual Código Penal, hay otros elementos para tener en cuenta, agrega. «Hay profesionales que estudian la psiquis, como psicólogos y psiquiatras, y pueden profundizar mucho como expertos sobre el estado mental de una persona que está bajo determinados niveles de violencia psicológica», abunda.
Otro tema que corresponde al Derecho es la protección a las víctimas, continúa. «Es una necesidad, por ejemplo, cuando hay circunstancias en que peligra la vida de la víctima», dice pensando en casas o refugios de atención y acompañamiento a mujeres en situación de violencia, una variante que en Cuba no existe, pero Díaz Tenorio pudo conocer de cerca en República Dominicana.
«Allí el refugio está adscrito a la Fiscalía General de la República. Posiblemente no cubra todas las necesidad de las mujeres en esa situación, pero es una experiencia válida, una alternativa para tener en cuenta», comenta.
Consciente de que esas opciones necesitan de inversiones y recursos para sostenerse, Díaz Tenorio reitera una propuesta que hace años hizo en un encuentro sobre prostitución y trata, convocado por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex): convertir los centros que atienden a mujeres prostitutas en centros de atención a víctimas de violencia.
Otro sustento imprescindible, en su opinión, es que leyes, acciones y programas para el tratamiento de la violencia de género cuenten con un presupuesto del Estado que les garantice sostenibilidad. «Este no puede ser un trabajo de profesionales y colaboradores que dependa solo de la solidaridad, el voluntariado y el compromiso de esas personas», acota.
Por otro lado, una legislación sobre violencia de género debiera incluir también la atención a los agresores o victimarios, agrega.
«Si se juzga y sanciona a una persona por actos que tienen como causa el patriarcado, es necesario contribuir a un cambio de sus creencias; de lo contrario, conserva la cultura y la subjetividad que sostienen la violencia de género y puede seguirla ejerciendo».
A juicio de la psicóloga, el Derecho no podrá estar ajeno, tampoco, a la interseccionalidad y articulación del género con otras dimensiones de las inequidades sociales, como pueden ser por edad, color de la piel, condiciones físicas, económicas y otras, para poder identificar las discriminaciones múltiples que puede sufrir la víctima y agravan el problema.
Además, deberán quedar establecidos, igualmente, los protocoles de actuación para la entrada de las víctimas al sistema de prevención, atención, acompañamiento y justicia. Todo un mecanismo que contemple vínculos entre operadores de justicia, policías, médicos, asistentes sociales y otros actores, incluida su formación y entrenamiento, amplía la experta.
«Es muy importante la función preventiva de la ley», remarca, no solo en lo que se haga para mejorar la cultura jurídica de la población; también en elevar las competencias y la especialización de profesionales implicados, garantizar la eficiencia de los procesos, visibilizar los lugares y espacios de atención, entre otras acciones.
Díaz Tenorio coincide con el criterio de expertos que recomiendan no mezclar la violencia de género con los procesos de mediación, «sobre todo cuando la violencia constituye delito y hay una asimetría de poder entre víctimas y victimarios que impide a las primeras defenderse».
Sin embargo, defiende los servicios y consejerías dirigidos a parejas y personas en general, que ofrecen orientación, ayuda para solucionar conflictos y que promueven acciones educativas no solo para informar sobre los derechos, sino también para prevenir situaciones que, de no atenderse, podrían terminar en actos violentos. «La idea no es tener las cárceles llenas, sino evitar que exista el problema», apunta.
La especialista de OAR considera un paso favorable que la nueva Constitución de la República, aprobada a finales de 2019 por la Asamblea Nacional del Poder Popular, incluyera explícitamente que el Estado protege a las mujeres de «la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios, y crea los mecanismos institucionales y legales para ello».
«Es muy importante que aparezca con claridad en la ley de leyes, como un primer paso en Derecho que permite luego hacer un análisis de la problemática a largo plazo», reconoce.
«Solo que lo que realmente se va a hacer está por venir», dice y alerta acerca de no dejar dormir ese proceso. «Hay urgencia, ya nos sentimos atrasados jurídicamente. Ojalá nos sirva para apretar el paso, porque la legislación de hoy está muy lejos de nuestra realidad».