El desahucio de dos familias de las fincas que cultivaban en los terrenos del Pazo motivó entre 1933 y 1936 una poderosa rebelión contra la oligarquía, la Iglesia Católica y el poder de la derecha protagonizada por las mujeres del pueblo.
El Pazo de Meirás –mejor las Torres de Lorbé, como las bautizó su promotora, la escritora Emilia Pardo Bazán– ya nos pertenece a todos. Pero va a resultar muy difícil que nadie llegue a identificar a la pequeña aldea de Sada (A Coruña) donde se ubican con otra cosa que no sean las sombras más aterradoras del franquismo, y con la debilidad de una democracia que ha tardado 45 años en desmontar uno de los últimos símbolos del poder que aún detentan en Galicia y en España los herederos físicos e ideológicos del tirano.
Quizá algún día el paso del tiempo y una acertada estrategia sobre los usos futuros de las Torres acaben devolviendo a Meirás la imagen verdadera de lo que un día fue: un activo centro de la lucha antifascista durante la República, y del empoderamiento de un puñado de mujeres que lo perdieron todo por defender valores tan esenciales como la justicia, la solidaridad y la fraternidad.
Durante los tres años que precedieron al golpe de Estado de Franco en julio de 1936, Meirás vivió una permanente rebelión campesina en la que aquellas mujeres tuvieron un papel preeminente, y que se originó por el desahucio de dos familias campesinas que cultivaban tierras adscritas, precisamente, a las Torres. Aquellas mujeres no dirigían el movimiento, no se sentaban en las directivas de lo sindicatos y sus nombres no aparecían nunca la prensa. Pero fueron las que se enfrentaron a los caciques, a los terratenientes y a los jueces, las que burlaron a los agentes de la Guardia Civil y a la tropa con alzacuellos de la Iglesia Católica que ejercía de cómplice necesaria de la violencia, la injusticia, el expolio y la represión.
Lo cuenta el historiador Manuel Pérez Lorenzo en su estudio Meirás Rebelde: un conflicto agrario en la Galicia de la Segunda República. Pérez Lorenzo también es, junto a Carlos Babío, la alma mater de las investigaciones que han sustentado el acervo jurídico y probatorio que ha permitido recuperar las Torres para el patrimonio público.
Desde principios de siglo, Sada se había revelado como uno de los centros políticos y sindicales más activos de la provincia de A Coruña, nutrido intelectualmente de los cientos de vecinos que emigraron a Nueva York y que contactaron allí con los movimientos anarcosindicalistas. «En Sada había 8.000 habitantes, y poco antes del 36 alrededor de mil estaban afiliados a la Confederación Nacional del Trababajo (CNT)«, cuenta Pérez Lorenzo. El machismo en aquellos tiempos lo empapaba todo, también a las organizaciones políticas y sindicales de izquierda. Pero probablemente era en el anarquismo y en la CNT donde el feminismo y la igualdad se desarrollaban de manera más incipiente.
En ese contexto de activismo político, de conciencia de clase y de empoderamiento femenino, se produce en Meirás un suceso que hará estallar la rebelión. Uno de los herederos de la aristócrata ilustrada que construyó las Torres, Jaime Quiroga Pardo Bazán, decide vender 22 ferrados –alrededor de una hectárea– de tierras que cuidaban y cultivaban en arriendo desde hacía setenta años dos familias campesinas de la aldea, y para las que esas fincas constituían su único modo de vida. El comprador, José Gayoso Barral, un emigrante retornado enriquecido en Argentina, decide doblarles la renta que pagaban, y, ante su negativa, inicia el procedimiento para desahuciarlas. El oligarca, acompañado de un juez y de la Guardia Civil, entra en las fincas, y entre todos destrozan los aperos de labranza y expulsan a los campesinos de sus casas.
Pocos días después, el 23 de abril de 1933, los vecinos de Meirás, organizados en torno al sindicato local, se levantan para defender a las familias desahuciadas y ocupan de nuevo las tierras, enfrentándose a la Guardia Civil. Hay 49 detenidos, y de ellos veintiséis son mujeres. Incluso se llega a procesar a una niña de once años. El suceso llega a la prensa local y nacional conservadora, incluido el ABC, que se posiciona con Gayoso. También llega a los boletines de partido y a los periódicos de izquierda.
Pocas semanas después, varios contingentes de campesinos de la comarca se desplazan a Meirás para ayudar en la vigilancia y protección de las fincas, lo que provoca constantes enfrentamientos con la Guardia Civil. Durante uno de ellos, son las mujeres las que evitan la detención de los colonos. Y de nuevo son ellas las que ocupan las tierras para sembrarlas, de noche, burlando los turnos de los agentes destacados permanentemente en la zona. Cuando meses después el oligarca Gayoso decide cosechar para sí el maíz que las campesinas habían sembrado, lo queman, incluyendo una partida que había acaparado el cura de la parroquia, Benigno Mayo, quien también había adquirido tierras de las Torres de Meirás para explotar a las familias que las cultivaban.
«La lucha entablada por los trabajadores de Meirás contra el ricacho Gayoso, gracias al apoyo decidido de la inmensa mayoría de los trabajadores de la comarca, se ha convertido en la lucha contra todos los explotadores de los labriegos; contra todos los que roban el producto de nuestro trabajo», cuenta una nota del Comité de Labriegos de la CNT local.
«Los jueces y sus leyes; los gobernadores y sus alcaldes; la Guardia civil y sus fusiles; los curas y sus sermones, todos están interesados en someter a los pobres en beneficio de los ricos. Si nosotros dejamos de pagar rentas y ofrendas; si dejamos de pagar consumos, contribuciones y cédulas; si nos unimos todos los pobres contra todos los ricos y sus adulones, ¿cómo van a engordar esos ladrones, que no trabajan?», continuaba el artículo. «¡Mujeres trabajadoras, en guardia; el cura pretende quemar la iglesia para después arranca ros pesetas con que hacerla de nuevo! Nada de quemar iglesias; quemad a los curas ladrones. Colonos del cura de Meirás: ese cerdo con sotana os da el cielo a cambio de lo que os roba; uníos a nosotros, y no paguéis ni un céntimo a ese ladrón».
Entre 1933 y 1936, y especialmente bajo el Gobierno de la derecha, que promulgó una ley ad hoc sobre arrendamientos rústicos para reforzar el poder de los terratenientes, se suceden continuamente enfrentamientos y acciones violentas que sólo terminan con el golpe de Estado del 18 de julio del 36. La revuelta y la politización de Sada crecen casi hasta el último minuto: en junio se constituye la agrupación local del Partido Comunista, y poco después las campesinas asaltan la casa rectoral, expulsan al cura del pueblo y reparten entre los vecinos la cosecha de maíz que acaparaba. La reacción fascista tras el golpe también se inicia desde el minuto uno, mediante lo que Pérez Lorenzo califica como «un aparato represivo insólito», que toma venganza contra las familias de quienes participaron en la revuelta con desmedida crueldad.
Meirás rebelde: un conflito agrario na Galicia da Segunda República. Manuel Pérez Lorenzo. by Público.es on Scribd
Hubo decenas de asesinatos, de desapariciones, de suicidios provocados, de torturas y paseados, de humillaciones y vejaciones públicas. «Las vidas de muchas de esas familias cambiaron para siempre. Y eso era lo que perseguía el nuevo régimen: inhibir la disidencia y la iniciativa, anular toda forma de acción colectiva al margen de las estructuras de la dictadura. Era la reacción de los que vieron peligrar sus privilegios durante la Segunda República», narra Pérez Lorenzo. Su bisabuelo era José Monzo, secretario local de la CNT y destacado militante de la Federación Anarquista Ibérica. Pasó sus últimos días escondido y aislado en un islote rocoso y desarbolado en medio de la ría de Sada.
Entre las historias más lacerantes figura también la de una mujer, Josefa Portela, abuela de Carlos Babío, activista destacada del movimiento campesino y en cuya casa se habían celebrado algunas de las asambleas de la rebelión. Tras el golpe, su marido sería detenido y torturado, y moriría poco después de que lo devolvieran a casa malherido. El cura de Meirás no dejó que lo enterraran en sagrado, y poco después de que Franco se hiciera con las Torres, la Guardia Civil echó a Josefa y a sus hijos de su casa y añadió la vivienda y sus leiras, de un plumazo y con la colaboración del banquero Pedro Barrié de la Maza, a las posesiones del dictador en Meirás. «Mi abuela nunca volvió a ser la misma. Murió cuando yo tenía seis años, y sólo la recuerdo callada y mustia. Acabaron con su vida. Acabaron con ella como persona», cuenta el historiador.
Después de décadas de investigar y probar el expolio de Meirás, con cargo a su bolsillo y sin que el Estado español les haya ofrecido el más mínimo gesto institucional de reconocimiento, ni Pérez Lorenzo ni Babío han postulado el reconocimiento individual de la memoria de sus familiares, y ni siquiera han reclamado la propiedad de la vivienda de Josefa para sus herederos. Cuando se le pregunta por qué, Babío lo deja claro. «Primero, porque sólo serviría para que la familia Franco dijera que hacemos esto por dinero. Y segundo, porque para lo que tiene que servir esa casa es para recuperar la memoria de quienes combatieron al fascismo y pagaron con sus vidas por ello».