El pasado mes de noviembre, el gobierno de Rodríguez Zapatero firmó con la monarquía marroquí un macro contrato valorado en más de 200 millones de euros, por el que España se compromete a suministrar a ese país vecino 1.200 blindados, 800 camiones militares y 10 patrulleras. Según Armando Quiñones, autor de este trabajo, la decisión […]
El pasado mes de noviembre, el gobierno de Rodríguez Zapatero firmó con la monarquía marroquí un macro contrato valorado en más de 200 millones de euros, por el que España se compromete a suministrar a ese país vecino 1.200 blindados, 800 camiones militares y 10 patrulleras. Según Armando Quiñones, autor de este trabajo, la decisión del gobierno Zapatero de rearmar a la monarquía alauita no solo introduce elementos gravísimos de inestabilidad que afectan al Archipiélago Canario, sino que rompe también las posibilidades de una solución pacifica del conflicto en el Sahara. Quiñones desmonta el mito de la política «pacificadora» de las relaciones exteriores del ejecutivo español, aportando datos y argumentos generalmente ignorados por los grandes medios de comunicación.
Muy pocas decisiones han proporcionado tanta rentabilidad política al ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero como la retirada de las tropas españolas de Irak. Salir del atolladero irakí, al que la miopía aznarista había arrastrado a la política exterior española, no fue solamente una medida acertada. Además, sintonizó con el deseo mayoritario de la sociedad, que había expresado tajantemente su rechazo a los criminales compromisos contraídos por el anterior gabinete derechista. A este gesto inicial se agregaría, meses después, una incierta propuesta de «Alianza de Civilizaciones», de cuyo contenido y objetivos nadie ha sabido dar razón. Aún así, tanto la retirada de las tropas como la propuesta «civilizatoria» posterior han proporcionado a la política exterior de Rodríguez Zapatero una aureola pacifista que, sin embargo, es absolutamente inmerecida.
En la senda de la OTAN
Con una música muy distinta a la que marcan los acordes de los discursos oficiales, el Gobierno de Zapatero no ha hecho otra cosa más que continuar la senda militarista que ya había emprendido el Partido Popular. En el año 2006, España se convirtió en el segundo país de la OCDE que más aumentó el presupuesto destinado a la investigación militar. Solo la belicosa administración norteamericana del presidente Bush superó a la española en este rubro. Aunque a algunos ingenuos exegetas de la política exterior «pacifista» del PSOE pueda sorprenderles, lo cierto es que los 23.000 millones de euros de gastos militares previstos para 2007 constituyen la mayor cifra registrada en los últimos años. Traducido al Román paladino: casi el 15% del presupuesto del Estado español se dedica a gastos militares. Unos 58,10 millones de euros diarios. O expresado de manera más elocuente: el equivalente a la suma total de los gastos de los ministerios de Trabajo, Asuntos Sociales, Educación y Cultura, Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente.
Las misiones «humanitarias»
Durante el 2006 se multiplicaron también -hasta alcanzar la decena – el número de países en los que intervienen las tropas españolas. En la actualidad, España participa en diez de las llamadas «misiones humanitarias», cuyo supuesto carácter neutral es más que discutible. La mayoría de ellas, aunque lleven el sello de las Naciones Unidas, coinciden al milímetro con los intereses de la política exterior norteamericana. Y no podía ser de otra manera. Los Estados Unidos dominan el foro en el que se decide el lugar donde, «humanitariamente», hay que enviar tropas y cañones.
La beatífica imagen de la labor que realizan las tropas españolas que se ha logrado transmitir a la sociedad es, sin duda, un éxito mediático, pero también una rotunda ficción. Lo es en Afganistán donde, al igual que en Irak, los norteamericanos han impuesto un gobierno títere a su servicio. Continúa siéndolo en la isla caribeña de Haití, donde la misión humanitaria en la que participa el gobierno español fue precedida por la descarada intervención de las tropas norteamericanas; lo fue en Somalia, en Yugoslavia etc. Para lograr el éxito de tales operaciones se juega, pues, con dos componentes: el mediático y el militar. En las etapas previas a la operación los mass medias se encargan de fabricar la imagen del conflicto que se ha producido o se va a producir. Los «buenos» y los «malos» son presentados de acuerdo con el papel que les corresponde, en función de los intereses de quienes, posteriormente, van a dejar sentir su «humanitaria» intervención. A veces no es precisa siquiera esa maniquea división. Un «todos son malos» puede justificar también la intervención de las tropas salvadoras. En realidad, no se trata de una técnica nueva. El imperialismo francés y británico la utilizó a lo largo de todo el siglo XIX y principios del XX. Gracias a ella construyeron su imperio e impusieron su influencia en el mundo. La que sí es nueva es la coartada con la que se encubre la auténtica finalidad de este tipo de operaciones. Las invasiones «a secas» están hoy mal vistas y su justificación no resulta tan sencilla. La época en la que las cañoneras cercaban Japón o imponían a los chinos el tráfico de opio ha quedado atrás, aunque en «casos acuciantes» o con enemigos especialmente rebeldes pueda ser necesario dar marcha atrás a la rueda de la historia. Irak fue la última muestra de ello.
En cualquier caso, aunque los nuevos tiempos requieran nuevas formas los objetivos finales de dominación no son tan diferentes. Felipe González lo expresó con claridad hace unos años – siendo ya ex presidente – en el club de prensa del rotativo «La Provincia» en Gran Canaria. «Si Europa quiere dejar sentir su peso en el mundo debe disponer de destacamentos militares capaces de desplazarse a cualquier parte del planeta a prestar ayuda allí donde sea necesario». Entre sus oyentes se encontraban dos futuros militantes de su partido en Canarias, que terminarían convirtiéndose en dirigentes del mismo: José Miguel Pérez y Arcadio Díaz Tejera. Ambos supieron coger recortes de la contundente admonición del patriarca. El primero, convirtiéndose en el teórico insular del «gran proyecto africano» que las multinacionales europeas y norteamericanas preparan para nuestro vecino continente. El segundo, a modo de precoz Adelantado, organizando viajes de políticos y empresarios, ávidos de negocios fáciles, al Sáhara ocupado.
Con estos antecedentes, pues, a nadie le debe sorprender que el pasado 30 de diciembre de 2006 el Ministerio de Defensa presentara al Consejo de Ministros una propuesta sobre la posibilidad de suprimir el actual límite de 3.000 militares para misiones en el exterior. La iniciativa ministerial trata de adecuar las posibilidades de actuación del Estado español a los nuevos «compromisos» internacionales adquiridos. Y es que, para un futuro muy cercano, está previsto que España participe en dos proyectos cruciales de las potencias hegemónicas del planeta: los destacamentos de la UE y la nueva Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN. Aunque el cometido agresivo de estas iniciativas militares parece obvio, no siempre ese carácter está claro para una buena parte de los ciudadanos.
España, undécima exportadora mundial de armamentos
Pero, además de prepararse militarmente para intervenir en aquellos lugares en los que puedan encontrarse en juego sus intereses y los de sus socios, España se ha convertido en el curso de los últimos años en la undécima potencia exportadora de armamento del planeta. Mientras no se escatiman datos ni espacios para publicitar las cifras que puedan poner de relieve los éxitos económicos, científicos o incluso deportivos del país, este lamentable ranking es sometido a sordina y se hurta al conocimiento publico.
En este capítulo, nuestros principales clientes no se encuentran, naturalmente, en el llamado «primer mundo» sino entre aquellos países a los que luego intentaremos rescatar con nuestras «misiones civilizatorias y humanitarias». España es hoy el primer proveedor de munición de los países del África subsahariana, donde las ventas de esta mortal mercancía alcanzan los 1,2 millones de euros, casi el doble de lo que vende a Francia y el triple de lo que vende a los EEUU.
La presunta política exterior «pacificadora» del gobierno del PSOE no ha puesto tampoco objeciones a la exportación de las denominadas «bombas de racimo». Estos artilugios de la muerte, condenados internacionalmente por las organizaciones humanitarias, proyectan su carga mortal en centenares de pequeños explosivos, convirtiendo a las poblaciones civiles en sus principales víctimas.
Las cifras de nuestras exportaciones de armas no han hecho más que crecer en los últimos años. Si en el año 2.000 exportábamos por valor de 138 millones de euros, en el 2005 – última anualidad de la que se disponen de datos- casi cuadruplicamos las cifras, alcanzando los 420 millones de euros. Una vez más, la paradoja se manifiesta cuando se analiza la política exterior del PSOE. Durante el gobierno derechista de Aznar las partidas de armamento que se exportaban eran considerablemente inferiores a las actuales. Y ello, a pesar de que el gobierno que preside José Luís Rodríguez Zapatero fue elegido, precisamente, gracias a la voluntad de paz de sus electores.
La ocupación marroquí del Sáhara: del apoyo político al militar
Pero si hasta ahora existían datos suficientes para calificar a la política exterior del PSOE como engañosa, las noticias que se agregan estos últimos días proporcionan motivos para considerarla también como peligrosa. Hoy, casi dos meses después, los medios de comunicación nos han puesto al corriente de que el pasado noviembre, con un sigilo propio de las operaciones inconfesables, el gobierno de Rodríguez Zapatero firmó con Marruecos un macro contrato por valor de más de doscientos millones de euros, por el cual España se compromete a transferir a este país norteafricano 1.200 blindados, 800 camiones militares y 10 patrulleras. La envergadura económica de esta operación carece de precedentes. Equivale, de manera aproximada, a la mitad de las exportaciones realizadas por España en el curso del último año. No forma parte, desde luego, de las transacciones normales que se realizan en este orden. Sus implicaciones no son sólo económicas sino también políticas. Con el acto de la firma de este macro contrato España ha asumido, implícitamente, la responsabilidad de rearmar al ejército de la monarquía alauita.
En la geopolítica del noroeste africano hay dos factores que no deberían obviarse en la política exterior española:
1º) El carácter claramente expansionista de una monarquía con evidentes características semifeudales. Es sabido que la monarquía alauita y algunas de las organizaciones políticas que le prestan apoyo, ha considerado históricamente como parte de su hinterland al Sahara que hoy ocupa ilegítimamente, a Mauritania y al Archipiélago Canario.
y 2º) El noroeste africano está sometido en la actualidad a un alto el fuego acordado en 1990, entre la potencia beneficiaria del macro contrato -Marruecos- y el Frente POLISARIO. España es uno de los países garantes del cumplimiento de los acuerdos de las Naciones Unidas, según los cuales se consagra el derecho del pueblo saharaui a ejercer su autodeterminación a través de un referéndum.
La decisión española de rearmar al ejército de la monarquía marroquí introduce elementos gravísimos de inestabilidad en la zona, que no solo comprometen el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo saharaui, sino que abren un abanico de peligrosísimas posibilidades para el futuro del Archipiélago canario. Posiblemente los planes que la UE y los EEUU tienen reservados para África no estén ausentes en la decisión del ejecutivo de Zapatero. Las implicaciones de esos planes y sus repercusiones sobre el Archipiélago canario serán tratadas en una segunda entrega de este trabajo.