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Sobre la trama UBT

Las tesis de un magistrado del Tribunal Supremo

Fuentes: Rebelión

En la monarquía, el todo, el pueblo, se halla subsumido bajo una de las formas en que existe: la Constitución; en la democracia la constitución misma se presenta solamente como una determinación y, más precisamente, la autodeterminación del pueblo. En la monarquía tenemos al pueblo de la Constitución; en la democracia, a la Constitución del […]

En la monarquía, el todo, el pueblo, se halla subsumido bajo una de las formas en que existe: la Constitución; en la democracia la constitución misma se presenta solamente como una determinación y, más precisamente, la autodeterminación del pueblo. En la monarquía tenemos al pueblo de la Constitución; en la democracia, a la Constitución del pueblo.

K. Marx, Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, 1843

 

«Si lo dijera yo, se podría tachar,/ mas lo dice un filósofo, no se me ha de culpar». Así escribía Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, en su «Aristóteles dijo y es cosa verdadera».

No lo digo yo tampoco en este caso sino todo un magistrado.

Efectivamente, José Ramón Soriano es un magistrado del Tribunal Supremo, encargado actualmente del caso Campeón -en el que está implicado al ex ministro y portavoz socialista José Blanco-, un juez nada sospechoso de izquierdismo ni de abonar apasionadamente la causa republicana.

En unas declaraciones al diario La Nueva España [1], Soriano, después de recordar el reguero de escándalos de corrupción que asolan la geografía española (Gürtel, Matas, Brugal,…) señala razonablemente que la ciudadanía espera que «la justicia sea objetiva, imparcial y rigurosa». Añade, y no es poco, que si «hay que meter a Urdangarin en la cárcel, pues se le mete», apoyándose en sus reflexiones en las palabras del Rey, del suegro del yernísimo, en Nochebuena: «la justicia es igual para todos».

Es obvio que no se trata de «meter» a nadie -ni a Urdangarin ni a Camps ni a nadie- en la cárcel y que escasísimo apoyo puede darnos las palabras de alguien, la primera autoridad del estado, que está constitucionalmente por encima de las leyes. Pero no deja de ser de interés, todo un síntoma de los profundos nudos del entramado, la aproximación de este magistrado al caso de la trama Urdangarin-Borbón-Torres.

Y no sólo es eso. El magistrado del TS señala que habría que citar a la infanta Cristina, que no se entiende que no lo haga el responsable de la instrucción. Con sus propias palabras: «Si fuera responsable de la instrucción, claro que lo haría. Si formaba parte de una de las sociedades [salvo error por mi parte, Cristina de Borbón siguen siendo copropietaria de Aizoon a fecha de hoy], algo sabe. Parece que la mayor responsabilidad es la del marido, pero él arrastró a la compañera, que no parece una persona tonta. Citarla contribuiría a que el ciudadano creyera en la Justicia».

No está claro quien arrastró a quien o, incluso, si alguien fue arrastrado. Es posible que el comentario tenga un tufillo un pelín machista. No es evidente que con la citación de la de Infanta borbónica bastara para que la ciudadanía creyera en la Justicia española. Pero, salvados estos obstáculos, aunque nos esforcemos hasta el agotamiento, ¿tenemos mucho que apuntar críticamente a lo que sostiene este magistrado del Tribunal Supremo?

PS: Vale la pena seguir recordando que Iñaki Urdangarin deberá declarar como imputado en el caso «Palma Arena», el caso Matas, en el que se investiga un supuesto uso irregular de fondos públicos por parte del Instituto Nóos, cuando él era su presidente, el próximo 25 de febrero, dos días después del 23-F.

Nota:

[1] Público, 6 de febrero de 2012, p. 21.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.