Tras la segunda guerra mundial, el modelo de capitalismo occidental tenía como lógica predominante el pensamiento económico keynesiano. El keynesianismo se consagraba como filosofía social de la intervención del Estado en la economía. Una intervención basada, entre otros elementos, en la regulación de los usos mercantiles del trabajo y la generación propia de empleo a […]
Tras la segunda guerra mundial, el modelo de capitalismo occidental tenía como lógica predominante el pensamiento económico keynesiano. El keynesianismo se consagraba como filosofía social de la intervención del Estado en la economía. Una intervención basada, entre otros elementos, en la regulación de los usos mercantiles del trabajo y la generación propia de empleo a través de un potente sector público que controlaba los sectores económicos denominados «estratégicos» (defensa, energía, transportes, etc.). El desempleo era considerado un problema colectivo y, como tal, el Estado era en gran medida considerado responsable de su existencia.
En esa época, altos niveles de empleo significaban altos niveles de crecimiento y generación de riqueza. El empleo era considerado un factor de desarrollo económico y no se encontraba al final del proceso de crecimiento, como presuponía la Teoría del Equilibrio General neoclásica, sino al principio.
Por otro lado, se asienta una norma de empleo caracterizaba por unos salarios dignos, gran estabilidad y derechos sociales asociados a la actividad laboral. El derecho laboral asume como principio la defensa de la parte más vulnerable en la relación empleador/empleado. Todas estas circunstancias hacen que, por primera vez en la historia del capitalismo, tener un trabajo era sinónimo de no ser pobre. Atrás quedaron las épocas del miserabilismo del siglo XIX, donde los obreros eran utilizados como meras mercancías en los campos y fábricas.
En conjunto, se asiste a un pacto entre el capital y el trabajo que genera grandes tasas de crecimiento (aumento beneficios y riqueza) y una aceptable redistribución de la riqueza social creada. El Estado intervencionista era un elemento funcional para la acumulación mercantil y el crecimiento económico, a la vez que aseguraba una cierta redistribución de la riqueza.
Aunque allá por 1981, el keynesianismo había caído en desgracia, los objetivos y principios económicos en los que se basaba el primer Estatuto de Autonomía de Andalucía estaban muy impregnados de este pensamiento y teorías. En este sentido, los objetivos económicos básicos se podían resumir en la consecución del pleno empleo y la puesta en práctica de unas reformas económicas sectoriales (agraria e industrial) que permitiera el equilibrio territorial interno (entre los distintos ámbitos territoriales andaluces) y externo (con el resto del Estado). Desde lo público había que intervenir en el desarrollo armónico de Andalucía y en la consecución del pleno empleo como garantía de una mejor redistribución de la riqueza generada.
Las reformas económicas sectoriales se basaban, en primer lugar, en la necesidad de propiciar «el desarrollo industrial como fundamento del crecimiento armónico de Andalucía». El logro de este objetivo ha quedado muy lejos. Si la participación de la producción industrial andaluza en la española era el 10% a finales de la década de los setenta del siglo XX, a principios del siglo XXI la industria localizada en Andalucía supone entre un 8 y un 9% de la española.
Por otro lado, «la Reforma Agraria» debería haber sido un instrumento de crecimiento y pleno empleo, así como de corrección de los desequilibrios territoriales. Sin embargo, la Reforma Agraria realizada ha provocado que la transformación de la agricultura andaluza haya dado lugar al incremento de la desigual distribución de la riqueza -tanto personal como territorial- generada por la actividad agraria. La secular fuerte concentración de la producción agraria en un número restringido de propietarios se ha acrecentado en las últimas décadas. Se pueden dar varias cifras que demuestran la anterior afirmación, entre las cuales resaltamos la siguiente: mientras en 1982 el número de explotaciones de más de 1.000 hectáreas era de 852, en 1999 el número había ascendido a 952; y esas explotaciones absorben el 32% de la superficie agraria andaluza, superando el casi 30% que suponían en 1982. Por otro lado, la política agraria comunitaria ha sido un instrumento muy útil para acrecentar la concentración de la riqueza. En este sentido, seis familias andaluzas o con propiedades en Andalucía reciben en 2005 una cantidad cercana a los 12 millones de euros. En el otro extremo de la escala se encuentran las más de 10 mil pequeñas explotaciones que perciben la misma cantidad que la otorgada a los anteriores terratenientes. La situación de desequilibrio en el reparto de las ayudas queda también reflejada por la siguiente cifra: menos de 3.000 de los 318.000 agricultores que tuvieron derecho a ayudas agrícolas de la UE en 2005 se llevaron una quinta parte de todo el presupuesto.
El Estatuto de Autonomía de Carmona se planteaba también el logro de «la superación de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre las distintas áreas de Andalucía, fomentando su recíproca solidaridad». Sin embargo, la agricultura andaluza ha sido uno de los principales mecanismos generadores de desequilibrios territoriales. En poco más del 3% de la superficie agraria útil se localiza casi la mitad de la producción final agraria. Y todo ello bajo un modelo de «fabricación» de productos hortofrutícolas hiperintensivos en el uso de energía, capital y trabajo, organizado en función de intereses que, desde lo global, gobiernan la dinámica de los sistemas productivos locales. Además de la agricultura, sectores como el turismo o la construcción han ayudado a la profundización de las desigualdades territoriales en el interior de Andalucía. Los resultados del Censo de 2001 muestran como, por un lado, avanza la concentración de la población en algo menos de la quinta parte del territorio andaluz, básicamente la franja litoral y las capitales de provincia, donde se localiza ya más de la tercera parte de los habitantes de Andalucía. Mientras, por otro lado, más de la mitad del territorio andaluz continúa perdiendo población en los últimos veinte años. Los 418 municipios que, a pesar de su ya dilatada trayectoria como áreas de expulsión de población, continúan despoblándose, pasan de albergar un 27,2% de la población andaluza en 1981 al 20,5% en 2001. Todos estos fríos números representan el declive del medio rural, la imposibilidad de gran número de andaluzas y andaluces de vivir donde quieren, de vivir en su patria (en el lugar de sus padres).
El Estatuto de 1981 también enfatizaba en la necesidad de una mayor igualdad en las relaciones entre Andalucía y el resto de los pueblos del Estado, reivindicando «la constante promoción de una política de superación de los desequilibrios existentes entre los diversos territorios del Estado, en efectivo cumplimiento del principio constitucional de solidaridad». En este sentido, la adversa situación de la economía andaluza se venía asociando a dos cuestiones. Una primera, su capacidad para generar rentas era muy escasa, como ponía de relieve la persistencia de una débil participación en la economía española -en torno a un 13% del valor de la producción con un 18% de la población-. Las cifras a principios del siglo XXI son las mismas. También aquí seguimos donde estábamos. La segunda cuestión se asociaba a las razones de esta escasa capacidad de la economía andaluza para generar valores monetarios. Estos motivos había que relacionarlos la división territorial del trabajo consolidada dentro del Estado español. Así, en este «campo de juego», a Andalucía le correspondía un papel de rango inferior, subordinado y dependiente. Veinticinco años después, todos los datos coinciden de manera contundente en subrayar que Andalucía ha profundizado su dedicación a las tareas de menor rango. Se acentúa su perfil de economía extractiva, con una especialización que se estrecha en torno a la agricultura: abastecedores de hortofrutícolas a los mercados europeos.
Pero el principal objetivo económico del Estatuto de Carmona era la consecución del pleno empleo. Aparece como «la consecución del pleno empleo en todos los sectores de la producción y la especial garantía de puestos de trabajos para las jóvenes generaciones de andaluces». Sin embargo, Andalucía ha aparecido en todas las ocasiones entre las regiones españolas y europeas con tasas de paro más altas. Además, la disminución de los registros de paro de los últimos años se debe al cambio de «norma de empleo» existente. Hace veinte años, a nadie se le hubiera ocurrido llamar empleo a la actividad de reponer durante dos horas diarias las estanterías de un superpermercado. Hoy sí, y la persona que lo desempeña deja de ser un parado. De este modo, la nueva norma de empleo precaria mejora las tasas de desempleo y, mediante estos cambios, el pleno empleo se convierte en un objetivo alcanzable. No obstante, ese tipo de pleno empleo precario no significará que el ciudadano deje de ser pobre, pueda acceder a una vivienda o tenga que abandonar su pueblo. Nada importante para aquellos que se dedican cada cierto tiempo a comentar las cifras estadísticas elaboradas por ellos mismos, o sus técnicos a sueldo.
El aumento de la precariedad laboral provoca que la disminución de las tasas de paro no sirvan para erradicar dos problemas invisibilizados en nuestra sociedad: la emigración andaluza en el exterior y la gran cantidad de andaluces que se encuentran en estado de pobreza. Hoy día, según los datos del Padrón de 2004 y del Censo de residentes en el extranjero, Andalucía tiene ocho millones y medio de habitantes, de los que aproximadamente un 20% del total viven fuera de Andalucía. A esos datos hay que añadir la emigración temporal: jornaleros y trabajadores del sector turístico, especialmente. Por tanto, no sólo es un problema la inmigración -en caso de que lo sea-, sino que la emigración forzosa, la inexistencia del derecho a vivir donde se desee es una realidad acuciante para muchos andaluces.
Por otro lado, en la UE son considerados pobres todas aquellas familias y personas que se sitúan económicamente por debajo del umbral del 50% de la renta media disponible neta (RDN) en el conjunto de un Estado. En España esta situación afecta a más de 8.000.000 de personas, el 22% de la población. Según un informe Instituto de Estudios Sociales de Andalucía sobre la pobreza y exclusión social, en Andalucía hay un 26,3% de hogares con rentas inferiores al 50% de la renta media (menos de 480,16 euros/mes) y un 2,6% con rentas inferiores al 25% (menos de 240,22 euros/mes).
El capitalismo a principios del siglo XX: «pasa la gloria y llega la soberbia»
Con la crisis de los setenta, el keynesianismo pasa a formar parte del desván de pensamientos arcaicos. Poco a poco, proponer alguna medida en ese sentido pasa a resultar casi subversiva, propia de pensadores o políticos anquilosados, o, peor aún, rojos retrógrados que quieren imponer un régimen opuesto a la «modernización» y el «progreso».
La caída de los beneficios empresariales provoca que los empleadores y propietarios rompan el pacto existente tras la segunda guerra mundial.. Los consensos pasan a realizarse desde la soberbia de unos y el servilismo y la inferioridad de otros. La fuerza de negociación se desequilibra de tal modo que el avance de la precariedad social y laboral no provoca apenas luchas sino todo lo contrario. Poco a poco, las alianzas trabajador-empresario son más frecuentes que las alianzas entre los propios trabajadores. Las clases populares entienden más razonable apoyarse en los empresarios que en sus propios compañeros, cada vez más desiguales como consecuencia de los procesos de descentralización y segmentación laboral.
El pensamiento económico que sustenta estos nuevos cambios se basan en la idea esencial de que para crear empleo debe haber inversión privada y crecimiento económico. Por tanto, para crear empleo es necesario mejorar las condiciones de negocio de los empresarios. El pleno empleo ya no es condición de crecimiento económico sino que, por contra, depende de éste último; se le da la vuelta al razonamiento keynesiano. En definitiva, la creación de empleo se hace dependiente de la salud de los negocios privados o rentabilidad empresarial por lo que se acaba por asumir aquello que «más vale un empleo malo que ninguno».
El Estado deja paso al mercado y son las empresas las encargadas de proporcionar empleo. Se producen los procesos de liberalización, privatización y desregulación o neo-regulación, sobre todo del mercado de trabajo. Esto último provoca el surgimiento de la norma de empleo precaria. Del derecho público al trabajo se pasa a la empleabilidad; de la responsabilidad pública o colectiva del problema social del paro, se pasa a la responsabilidad individual de la persona que no tiene suficiente nivel de formación o motivación.
La palabra mágica es la competitividad. En este marco, el pleno empleo -de calidad- no es funcional para la competitividad, para el crecimiento económico, pues refuerza la capacidad de negociación del trabajo, lo cual significa subidas de los salarios y los precios. Por lo tanto, todos deben aportar su granito de arena en el «objetivo común» de ser competitivos y asumir menores salarios, mayor inestabilidad, más intensificación en las tareas realizadas y menores derechos sociales. En definitiva, todos deben entender que un empleo precario es mejor que las altas tasas de desempleo. El modelo social europeo es historia. Los europeos se vuelven andaluces; los obreros industriales se parecen cada vez más a los jornaleros agrícolas. Las ETT’s realizan las funciones de los capataces de los cortijos; sus oficinas son las plazas de los pueblos del siglo XXI donde se va a mendigar trabajo.
Los resultados son bien visibles. En la actualidad, el empresario (también denominado emprendedor o autoempleado) es el héroe social. Además, toda actuación realizada para mejorar las condiciones de negocio de estos héroes son indiscutibles. Cualquier concejal de desarrollo, sea del partido político que sea, no duda en ayudar a las personas que «quieran invertir en el pueblo». Para ello, no se duda en realizar acciones u omisiones como, por ejemplo, realizar recalificaciones urbanísticas o mirar para otro lado cuando se dan condiciones ilegales de empleo o ilegalidades en la aplicación de la regulación medioambiental. Cualquier alcalde o concejal debe ser «responsable» y saber que si los empresarios tienen que cumplir la ley, éstos se pueden ver obligados a dejar a muchas «criaturas» en paro. La competitividad no permite en muchas ocasiones ser legales. Y además, «todos sabemos que la ley es demasiado estricta».
En esta dinámica aparece la filosofía del «liberalismo social» y su «tercera vía». Toni Blair lo deja claro: «trabajo para el que puede, seguridad para el que no puede». Bueno, lo dice en inglés, que para los «responsables» económicos y sociales españoles queda como más serio o científico. Pedro Solbes, Rodrigo Rato, Magdalena Álvarez o Juan Antonio Griñán, por decir algunos responsables de la política económica que se ha desarrollado en el Estado o en la Comunidad autónoma andaluza en los últimos años, se guían a grandes rasgos por esta nueva doctrina.
Para el liberalismo social, las políticas laborales se fundamentan grandes rasgos en el concepto de empleabilidad. Se tratan de políticas laborales de corte competitivo personal guiadas por el nuevo compromiso de «preparar» a las personas en su máxima adaptabilidad a las exigencias del mercado de trabajo o «empleabilidad». Se exigen unas acciones estatales de gran rectitud financiera, escasos subsidios sociales, obligatoriedad de la búsqueda de empleo, incentivación del autoempleo o cualquier otra forma de «desafiliación» de la relación laboral estable.
Por otro lado, la políticas sociales tienen como eje central el asistencialismo («seguridad para el que no puede»). La políticas redistributivas dejan de tener protagonismo y se asiste a políticas sociales mínimas, localizadas y destinadas a grupos marginales. Los salarios sociales, ayudas no contributivas, las rentas mínimas de inserción o la ley de la Dependencia son ejemplos de unos instrumentos que tienen como principales objetivos el aumento de la oferta de mano de obra y la contención de los segmentos de población más marginada e imposibilitada para ser utilizada como tal.
Por último, decir que las políticas de desarrollo se basan en el nuevo enfoque del desarrollo económico local. La base es subvencionar al nuevo héroe social: el emprendedor. Se ayuda al ciudadano que es empresario, mientras que el que no lo es pasa a ser considerado, con cada vez mayor frecuencia, «un sujeto pasivo que no quiere trabajar y no tiene ni aspiraciones ni ideales». El Estado de Bienestar se reconvierte en un estado promotor o empresarializador cuya misión es propiciar las condiciones para que los emprendedores puedan obtener beneficios y, por ende, crear empleo y riqueza (individual y privada).
El liberalismo social, por tanto, no es más que agudizar los cambios que se iniciaron en todos los países occidentales a principios de los ochenta. Todo ello endulzado por los «buenos talantes» y «posturas progres» que basan la idea de ser de izquierda en todo aquello que no afecte a las cuestiones económicas. Las políticas económicas, las cuestiones de clase o los factores económicos de la desigualdad social son ensombrecidas y ocultadas con supuestas leyes que amplían derechos cívicos pero que, en ningún momento, contribuyen a mejorar la distribución de la riqueza generada por todos.
El liberalismo social y su plasmación en el nuevo Estatuto
En este sentido, el nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía es una norma que subordina al crecimiento económico o aumento de los beneficios el mantenimiento y enriquecimiento de la vida de los andaluces. Por tanto, es una norma imbuida de todos los elementos analizados previamente.
Respecto a la «Hacienda de la Comunidad Autónoma» en el nuevo Estatuto, hay que comenzar diciendo que la administración andaluza no se dota de una suficiencia financiera que le permita una intervención en la economía alejada de los principios del liberalismo social. No se busca y, por tanto, no se va a lograr el control de la gestión de los recursos de los andaluces por los andaluces.
A grandes rasgos, la financiación va a depender de los Presupuestos Generales del Estado español que, anualidad a anualidad, serán los que concreten lo propuesto en el Estatuto y validado por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. En ultima instancia, todo seguirá dependiendo -como hasta ahora- de qué configuración y necesidades políticas tenga la mayoría parlamentaria del momento en el Parlamento estatal.
Por último, respecto a temas de hacienda, hay que decir que la Deuda Histórica tal como se entendió en el Estatuto de Carmona pasa a la historia. En aquel tiempo, la deuda histórica hacía referencia a las asignaciones complementarias que tenía que recibir del Estado central Andalucía mientras sus niveles de renta, infraestructuras y desarrollo no fueran los mismos que los del resto de territorios y naciones del Estado. Sin embargo, lo pactado es un pago único no cuantificado y, además, definitivo.
Respecto a la intervención sectorial de la Administración Pública en el nuevo Estatuto, reflejar que desaparece el objetivo de una Andalucía industrialmente desarrollada. Por otro lado, respecto a la reforma agraria, el art. 10, en su apartado 13, aclara que la «reforma agraria» deseable para Andalucía se inserta en el marco de la política agraria comunitaria. Así pues, no queda más que esperar una mayor concentración de la propiedad de la tierra, el agua, la semilla, así como de la comercialización de los productos agrarios. Más de lo mismo, concentración de la riqueza en pocas manos con problemas para la subsistencia del medio rural andaluz.
En relación al sector público, sin fuerza fiscal y con las competencias que asume, no le queda más que realizar labores de fomento, en el sentido que se entiende en el Art. 45, que no es más que la forma de actuación subsidiaria de la empresa privada y bajo el predominio absoluto del libre mercado. Respecto a transportes y comunicaciones, energía y minas, sistema financiero o urbanismo y vivienda, la característica es la no autonomía o dependencia de las políticas de Madrid. Por tanto, hablar de Estatuto de Autonomía en estos ámbitos es lo mismo que llamar flexibilidad a la precariedad. El derecho a la vivienda, Art. 25, se convierte en el derecho a entrar en lista para que te toque una Vivienda de Protección Oficial. El suelo es una mercancía, no un derecho. Por tanto, el suelo seguirá siendo considerado factor productivo propicio para generar beneficios, crecimiento y, por tanto, empleo. Y, en este sentido, las estrategias razonables de los albañiles continuarán dirigidas a proteger los intereses de los constructores y a impulsar todo tipo de explotaciones de canteras. El medio ambiente se supedita a la necesidad de una renta, ésta a un empleo, y éste a la existencia de condiciones de inversión y beneficio empresarial.
Por tanto, el empleo y los derechos sociales están supeditados al principio «fuerte» del Estatuto, establecido en su Art. 157.1: «la libertad de empresa y la economía social de mercado». Se afirma la supremacía sobre el propio Estatuto, no sólo de la Constitución española, sino también de los Tratados y Convenios internacionales ratificados por el Estado español (Art. 9 y Art. 13) lo que, como mínimo, incluyen el Acta Única y los Tratados de Maastricht, Ámsterdam y Niza con los que se ha ido afianzando la Europa neoliberal y en relación a los cuales Andalucía se compromete a aplicar y ejecutar sus desarrollos (Art. 218).
Por otro lado, en el mismo artículo 157.2 se hace referencia «al pleno empleo y la calidad en el trabajo». En este punto hay que ser serios y rotundos: ¿ante qué tribunal de Justicia podremos dirigirnos en caso de no tener un empleo de calidad?, ¿ante el mismo que se dirigen los empresarios cuándo ven peligrar su propiedad privada y derechos a la libertad de empresa? Sería conveniente que la Guardia Civil y los Antidisturbios nos ayudaran y protegieran nuestros derechos, tal y como hacen cuando en una huelga los patronos exigen poder ejercer su derecho a la «libertad de empresa».
En un contexto en el que el empleo depende de los beneficios empresariales, el derecho al trabajo, Art. 26, no es más que el derecho a apuntarte al Servicio Andaluz de Empleo. Y la referencia a la calidad del empleo no es más que «literatura» útil para la propaganda oficial. Cuestiones, además, exigidas e introducidas precisamente por sectores sociales que, mediante su participación en las reformas laborales de las últimas décadas, han contribuido de forma activa a la precarización del empleo. Es contradictorio hacer referencia a la calidad del empleo en un marco en el que el trabajador es considerado un simple factor productivo o input empresarial y que, como cualquier otra materia prima, cuanto más barato y flexible sea más contribuirá a la competitividad y crecimiento de la economía.
La misma filosofía siguen las políticas de empleo (art. 169). Múltiples referencias indican la introducción en la norma básica de Andalucía de las nuevas ideas de empleabilidad y desarrollo local. La promoción de la «capacidad emprendedora», «las iniciativas empresariales», «los emprendedores autónomos» forman parte de las denominadas políticas activas de empleo, intermediación, orientación y el fomento del autoempleo. Desde el poder se piensa que la gente respecto al empleo no está formada, no está orientada, o es demasiado pasiva. El parado es el culpable de su situación y desde la Administración pública se debe orientar («Andalucía Orienta»), formar, estimular los emprendimientos y, de este modo, promover el abandono de actitudes propias de «parásitos sociales apegados a los subsidios». En realidad, con estos principios no se establece otra cuestión que la inserción obligatoria en el mercado de trabajo basura como condición para poder aspirar a una ciudadanía y protección social basura.
La expresión «Renta Básica» es utilizada en cierta medida para maquillar esta realidad. Y lo decimos así porque, en realidad, en el texto no se habla de la Renta Básica en sentido estricto, sino que se hace referencia a los actuales salarios sociales o rentas mínimas de inserción. No se reconoce el derecho a una Renta Básica universal, a una prestación por la que todas las personas que vivan en Andalucía, por el simple hecho de hacerlo, tengan asegurada una ayuda económica suficiente para vivir dignamente. Sin capacidad fiscal y apenas autonomía de gasto, hablar de la instauración de una Renta Básica de ciudadanía es una tomadura de pelo que los andaluces no nos merecemos. Y esto se hace a sabiendas pues es clara la diferencia entre la Renta Básica que propuso Izquierda Unida en el Parlamento español y lo especificado en el artículo 23.2 del Estatuto. Así, en el texto de la Proposición de Ley sobre Renta Básica del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde (15 abril 2005) se decía lo siguiente: «La presente Ley de creación de la Renta Básica tiene por objeto el establecimiento de una prestación económica, una Renta Básica de Ciudadanía, universal e incondicionada, que se hará efectiva a cada ciudadano de pleno derecho que pueda acreditar su residencia en el territorio del Estado, incluso en el caso que no quiera trabajar remuneradamente e independientemente de otras posibles fuentes de renta que pueda poseer, y sin importar con quien conviva». En el nuevo Estatuto andaluz, por contra, se dice lo siguiente: «Todos tienen derecho a un RB que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto a la ley». Queda claro cuando se dice «en caso de necesidad», que no se trata de una Renta Básica fuerte o en sentido estricto, precisamente tal y como proponía IU en las Cortes generales. La Renta Básica no presupone necesidad alguna sino que por el mero hecho de ser ciudadano, tienes derecho a ella.
Los derechos sociales, entendidos como prestaciones a las que se obliga la Junta de Andalucía no aparecen por ningún lado. No se va a poder exigir ante los tribunales ni ante ninguna institución el derecho a una renta básica, ni a una vivienda digna adecuada, ni a un trabajo, ni a un río limpio o una sierra sin canteras, etc. La gran mayoría de los derechos contemplados son meras normas programáticas y propagandísticas sin efectividad. Los antidisturbios seguirán protegiendo la propiedad privada, pero no el derecho a vivir dignamente de todas las personas que vivimos en Andalucía.
En definitiva…
Este Estatuto, en lo económico, no tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades de la gente, sino que atiende otro tipo de finalidades, la principal es ofrecer un contexto legal adecuado para la acumulación de beneficios empresariales. En todo lo referente a desarrollo económico y empleo está fuertemente impregnado del actual liberalismo social predominante. El parado o precarios se convierte en el culpable de su situación por no estar lo suficientemente preparado, por no insertarse, orientarse o adaptarse de forma adecuada al mercado de trabajo. Y el pueblo, ciudad o territorio que no se desarrolla es porque no es lo suficientemente competitivo, porque no explota adecuadamente sus oportunidades, sus recursos endógenos. En definitiva, personas y territorios son los culpables de su situación económica.
Algunos dirán que sin empresas («libertad de empresa») no se puede mantener y enriquecer la vida de los andaluces. Otros ni siquiera piensan en la satisfacción de las necesidades de la gente, sino las infinitas necesidades de ellos mismos. Y otros, dentro de los que se encuentran la gran mayoría de andaluces, oirán los medios de comunicación (con sus «neutrales» y «pedagógicas» campañas, programas y noticias), su líder político favorito y/o su amigo o familiar que «entiende» de política y, función de todo esto, se decantará (normalmente por el sí, claro).
Con este modo de tomar decisiones, la democracia avanza en Andalucía. Con emprendedores, nuestra tierra podrá alcanzar la modernización y el progreso será nuestro sino. Un progreso empobrecedor, promotor de emprendedores emigrantes que montan su negocio en Palma de Mallorca; una democracia donde el poder no está en el pueblo; y una modernización que significa desigualdad e injusticia, pobreza y emigración para demasiadas personas que han nacido en esta tierra.
En el fondo, estamos ante un modelo de desarrollo que culpabiliza a la víctima, sea individuo (empleabilidad) o territorio (desarrollo local). Como dice el maestro Galeano: «Hasta hace 20 o 30 años, la pobreza era fruto de injusticia (…) Ahora la pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece.»