Los residentes de este enclave de Las Palmas de Gran Canaria llevan décadas batallando en los tribunales contra los planes urbanísticos del Consistorio; este verano reactivaron las protestas ante el inicio de nuevas obras. Geógrafos y urbanistas describen lo ocurrido en el lugar como un posible caso de gentrificación.
María Magdalena camina por la rotonda de la plaza de América, en el barrio de Guanarteme (Las Palmas de Gran Canaria) mientras señala las edificaciones mastodónticas que sobresalen por encima del resto de viviendas de la zona, caracterizadas por ser unifamiliares, terreras, como es habitual encontrar en la mayoría de los pueblos tradicionales de Canarias. Ella continúa con la cabeza levantada y, aunque la luz solar encandila, el sombrero de copa ovalado le permite enfocar la mirada. Dice, entre risas, que algunas construcciones han recibido sobrenombre por parte de los vecinos. A uno de once plantas lo llaman “El Mojón”, de hecho. Pero el resto de las etiquetas resultan difíciles de escuchar. El tráfico provoca un estruendo tan alto que sus palabras comienzan a perderse entre las vibraciones del sonido, como si la tierra estuviera agitándose cada vez que circulan coches de cerca.
A Magdalena eso le preocupa. Confiesa que, en casa, cerca de donde está ahora, siente los temblores motivados por el ruido; que si parece que el domicilio en el que reside empieza a moverse por ello; que si hay demasiados vehículos en la carretera. Y eso es tema de conversación (e intranquilidad). Pero todavía lo es más, resalta, la nueva oleada de renovación urbanística que está produciéndose en Guanarteme, el distrito capitalino a pocos metros de la playa de Las Canteras en el que habita desde hace décadas, con planes de intervención que pretenden modernizar el lugar a través de más pisos y nuevos bloques pero que, al mismo tiempo, podrían enterrar la historia material del vecindario y terminar de expulsar a la población local. Un proceso que residentes, expertos e incluso miembros de la anterior Corporación municipal reconocen que lleva años sucediéndose.
Las protestas al respecto regresaron hace unos meses tras el inicio de las obras del proyecto Residencial Las Américas, impulsado por importantes empresas de las Islas como Dinosol o Satocan, que busca cimentar en una plaza de suelo de 80.000 metros cuadrados un inmueble de diez plantas con 468 viviendas. El “futuro mamotreto”, como así lo califican algunos habitantes de la zona entrevistados por Canarias Ahora, estará prácticamente en el centro de la misma, al final de la Avenida Mesa y López, una de las vías más transitadas de Gran Canaria. En tres áreas anexas a esa operación, además, el Plan General de Ordenación (PGO) de la ciudad proyecta dos edificaciones de 16 plantas, una de 11 y una última de nueve, que ya está ejecutada.
Todas las actuaciones acarrearán expropiaciones, serán desarrolladas por manos privadas y están detrás de la prolongación prometida de la avenida mencionada, la de Mesa y López. Para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se trata de una intervención “indispensable para el desarrollo ordenado” del municipio, puesto que busca que la mayor parte de los vehículos utilicen esa vía para entrar al barrio de Guanarteme y así descargar el volumen de tránsito de las calles propias del distrito, estrechas y tensionadas, y que previsiblemente formarán para de una zona de bajas emisiones.
Pero ese plan lleva aparejado una “importante” ampliación de la superficie de espacio libre a lo largo del recorrido de la avenida. De ahí que el Consistorio, a través del PGO, haya optado por la concentración en altura para “esponjar el tejido urbano”, esto es, condensar a la población en edificios altos y así ganar terreno disponible, aunque eso sea a costa de que el paisaje de casas terreras típicas del lugar vea “acelerado su proceso de sustitución”, como indica el propio PGO.
“De algún modo, hay un consenso sobre cómo queremos que sean nuestras ciudades (compactas, con un gran índice de espacio libre y construidas en altura). Por otra parte, también [está] el consenso que tiene que ver con el decrecimiento urbano, justo lo contrario a lo que estamos haciendo. (…) El acento debería estar puesto en la comunidad y en transformaciones ecofeministas, aspirar a ciudades participadas”, reflexiona Noemí Tejera, profesora de Arquitectura en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
En Guanarteme, la incorporación de cientos de domicilios al mercado inmobiliario debería verse con buenos ojos. De acuerdo con el portal Idealista, en estos momentos tan solo hay 47 pisos en alquiler en la región, aunque ninguno por debajo de los 700 euros. La duda, sin embargo, radica en cómo van a ser esas nuevas casas. Quiénes van a poder acceder a ellas. A qué precio. Un documento de modificaciones menores sobre el proyecto Residencial Las Américas revela que los promotores estiman ingresar por la venta de los 468 pisos cerca de 74 millones de euros, una media de 158.000 euros por cada uno. Pero un pequeño vistazo de las imágenes difundidas de la futura construcción hace pensar que, como poco, serán residencias más que lujosas. Este periódico intentó ponerse en contacto con el arquitecto de la obra, Javier Haddad; hasta el momento de la publicación de este reportaje, no ha sido posible.
“Entendemos que Guanarteme tiene que crecer, pero ¿crecer en qué? ¿En dotaciones? Firmo mañana. Pero ¿en vivienda? ¿Qué necesidad? Tenemos 386.000 ciudadanos en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Hacen falta domicilios para todos ellos? Que hagan viviendas sociales”, demanda exaltado Miguel Veraz, vecino. “Muchos de esos pisos serán vacacionales o para nómadas digitales…Personas que pueden acceder a un alquiler y nosotros no. Tiene que haber un control”, agrega Lidia, también vecina.
La mala noticia es que, si algo no ha habido en Guanarteme, por lo menos en el desarrollo urbanístico de los últimos años, es precisamente eso, control. La localidad nació hace más de un siglo gracias a las necesidades laborales y empresariales que requería el Puerto de Las Palmas en sus inicios, lo que provocó una numerosa llegada de emigrantes procedentes de zonas rurales de la provincia canaria oriental y también de Alemania y Reino Unido.
A mediados de los años 50 del siglo pasado, podría decirse que era el distrito “más cosmopolita” de la capital, donde la población vivía en edificios unifamiliares de baja altura junto con algunas construcciones de mayor tamaño (almacenes portuarios y fábricas) y dejaba solares vacíos, según una investigación liderada por geógrafos canarios y publicada en 2020.
Esos años, el número de residentes en Guanarteme aumentaba. Pasó de 45.000 en la década de los cincuenta a 60.000 en la de los ochenta, al tiempo que crecían también la cifra de extranjeros y los negocios. Pero en los noventa hubo una “pérdida del dinamismo económico” y su consiguiente “degradación inmobiliaria” animó a las instituciones a poner en marcha planes de intervención dirigidos a “recuperar el espacio público”. Esas iniciativas fueron el Auditorio Alfredo Kraus, inaugurado en 1997, la reforma del paseo marítimo de la Playa de Las Canteras, también ese mismo curso, el Museo Elder de Ciencia y Tecnología en el Parque Santa Catalina (1999), el Centro Comercial (CC) Las Arenas (1993) y el CC El Muelle (2002).
La recalificación del espacio público y la creación de grandes infraestructuras públicas y privadas, razonan los autores del estudio citado, sentaron las bases para “el inicio de un proceso de revalorización inmobiliaria (…) que, una vez más, desencadenó la renovación de edificios con el fin de crear nuevas viviendas para la demanda local y extranjera”, en especial esta última. La especulación urbanística en esta zona capitalina fue de tal magnitud que, entre 2008 y 2017, en plena crisis financiera, el precio de los bienes inmuebles apenas cayó un 8,8%, mientras que la media nacional era de un 35%, según datos de Tecnicasa, una compañía de tasación homologada por el Banco de España.
“¿Qué hacemos? No tenemos mecanismos públicos para impedir [la especulación en este sentido]. Pero sí estaría bien una ley de protección especial para este tipo de barrios”, argumenta Javier Doreste, exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
“Lo que se está produciendo en Guanarteme es un descontrol favorecido, con sus políticas urbanísticas, desde el Ayuntamiento y otras administraciones públicas que se siguen plegando a los intereses de constructoras y promotoras privadas. [Hay un] vacío social, porque expulsa a familias y vecinos que no se pueden permitir vivir en un barrio más caro. Vacío medioambiental, por la pérdida de un extenso huerto urbano. Y vacío patrimonial, por la destrucción del diverso patrimonio de casas terreras en el barrio”, profundiza el canario Álvaro Santana Acuña, doctor en Sociología por la Universidad de Harvard y profesor titular en el Whitman College.
La situación provocó que vecinos del barrio denunciaran en los tribunales algunas de las actuaciones urbanísticas planteadas en el PGO de por aquel entonces, como la reiterada ampliación de la Avenida de Mesa y López (y la prevista expropiación), que el Consistorio, gobernado por el Partido Popular (PP), intentó justificar alegando que los inmuebles afectados eran “antiguos”, “de pequeñas dimensiones” e “incompatibles” con una zona residencial; tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) como el Tribunal Supremo (TS) no le dieron la razón. O la construcción de un edificio con una altura de 13 plantas y 400 viviendas, lo que era el famoso Gran Guanarteme (también impulsado por el PP mediante un convenio con la empresa ya desaparecida Martín-Fadesa)y ahora es la iniciativa Residencial Las Américas, que la Justicia también rechazó dado el interés “exclusivamente privado” de la propuesta.
“En un barrio conformado por edificaciones de cinco plantas y viviendas unifamiliares, se facultó la edificación de tres plantas más de las previstas y una cuarta (…) sin que haya ningún dato que revele las razones de interés para la ciudad”, sentenció el TSJC.
A pesar de ello, el Ayuntamiento capitalino encontró las fórmulas para proseguir con las iniciativas, ya sea rebajando el número de plantas de los edificios o catalogando las intervenciones como actuaciones de dotación, que en teoría promoverán la creación de espacios libres y verdes. El PGO, sin ir más lejos, especifica que Guanarteme “ha experimentado notables transformaciones orgánicas y funcionales (…) y, el proceso, lejos de haber finalizado, se halla en pleno desarrollo, provocando la desestructuración del paisaje urbano preexistente”. De acuerdo con el mismo documento, aprobado en 2012, el montante en inversión urbanística proyectada en Guanarteme, tanto por parte de las administraciones públicas como de los entes privados, asciende a 179,3 millones de euros, aunque es previsible que ese dato sea mucho más elevado en caso de recalcularse.
No todo ese dinero ha sido desembolsado. Pero después de años de renovación, sí puede afirmarse que la realidad actual del lugar en cuestión es heterogénea: aún con casas tradicionales, pero también grandes edificios que pueden vislumbrarse desde casi cualquier punto. Es “la futura mina de oro” de la ciudad, según Doreste, y las nuevas formas de hacer turismo, basadas, principalmente, en la promoción de pisos turísticos y la economía digital, se adaptan a las peculiaridades de la zona. Las estadísticas oficiales muestran que, mientras que tres de cada cuatro desahucios en Las Palmas de Gran Canaria durante la Gran Recesión (de 2009 a 2017) tenían lugar en el distrito Guanarteme-Isleta-Puerto, el número de camas turísticas y viviendas vacacionales no hacía más que aumentar. Los expertos estudian ahora si esto puede definirse como un proceso de gentrificación.
“Guanarteme es un laboratorio magnífico para estudiar [algo así]. Empezó a crecer por la presión de la zona comercial, la vinculación con el frente marítimo y la puesta en valor de la Playa de Las Canteras. Pasó de ser una zona industrial obsoleta a una preciada residencialmente hablando en un periodo más o menos pequeño, de entre 30 y 35 años”, explica Carmen Ginés, doctora en Geografía por la ULPGC y que está analizando el caso de este barrio desde una perspectiva socioeconómica. “Creemos que no solamente están cambiando las actividades económicas visibles, sino otras que también dinamizan la zona, tipo despachos, médicos, clínicas…”.
La experta puede fijarse en el caso del pueblo de El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife, donde también hubo “desposesión de la vivienda vía turistificación”, según un estudio publicado en el Boletín de la Asociación Española de Geografía (BAGE). Alejandro Armas, uno de los geógrafos que estudió ese proceso, cree que el mismo presenta similitudes con Guanarteme, especialmente por la proyección de torres de mucha altura. “Es una medida para esponjar la densidad edificatoria. Pero siempre hay que pensar que el capital manda en muchas de estas intervenciones, [ya que] normalmente se liberaliza el suelo para otros fines”, advierte.
Ambos geógrafos alertan que actuaciones por el estilo “afectan a la población local, porque se ven de alguna forma expulsadas y no pueden seguir el ritmo de vida en ese nuevo barrio.” Ginés sostiene, además, que comienza a crearse un entorno que “no les sirve para nada” a los residentes, generando nuevas necesidades. “Esa gente termina diciendo: ¿Qué hago yo con un macro supermercado? Quiero mi típica tienda para comprar el pescado, de proximidad”, continúa.
La arquitecta María Tomé, por su parte, ahonda en el tema: “Me gustaría escuchar que esas intervenciones en Guanarteme son expropiaciones forzosas para mejorar de verdad la vida de la gente. Pero no quitar suelo para dárselo a terceros y que especulen con él. Eso es un error inmenso y tenemos que hacer una reflexión súper profunda en Canarias”.
Los expertos consultados, desde sus diferentes ramas, coinciden en que la transformación de ciudades y barrios debe ser previamente participada y que es necesario escuchar a la vecindad en la toma de decisiones. “Es fundamental la participación efectiva en todos los procesos de transformación y eso no significa contarle a la ciudadanía a posteriori lo que se ha hecho, sino debatir cuál es la ciudad que queremos. Al final, son los principales afectados de estos cambios”, concluyen.