El 9 de junio no se celebró el partido de fútbol, previo al Mundial de Rusia, entre las selecciones de Israel y Argentina; previsto inicialmente en la ciudad de Haifa, el encuentro deportivo fue trasladado a Jerusalén por voluntad del Gobierno de Netanyahu. La sección argentina de la Campaña Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) a […]
El 9 de junio no se celebró el partido de fútbol, previo al Mundial de Rusia, entre las selecciones de Israel y Argentina; previsto inicialmente en la ciudad de Haifa, el encuentro deportivo fue trasladado a Jerusalén por voluntad del Gobierno de Netanyahu. La sección argentina de la Campaña Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) a Israel, que convocó una manifestación en el Obelisco de Buenos Aires y la iniciativa «Roja al Apartheid Israelí. #ARGENTINANOVAYAS», celebró la victoria por la suspensión.
El partido «amistoso» coincidía con las celebraciones por el 70 aniversario de la fundación del Estado de Israel, y siguió tanto a la inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén como a la «Gran Marcha del Retorno», que desde el 30 de marzo suma 135 palestinos muertos y 14.700 heridos por la represión israelí en la Franja de Gaza y Cisjordania, según el Ministerio de Sanidad palestino. Además, el estadio Teddy Kollek de Jerusalén, donde iba a desarrollarse el choque deportivo, está construido sobre una antigua aldea palestina -Malha-, destruida por el ejército de Israel en 1948; una carta suscrita por 70 niños palestinos recordó al astro argentino Leo Messi este hecho. Otro frente de protestas tuvo lugar en el entrenamiento de la selección argentina en Barcelona, donde activistas del BDS mostraron banderas palestinas y camisetas «albicelestes» con pintura roja.
El BDS ha celebrado recientemente otra victoria. Una decena de artistas y cineastas de España, Brasil, Francia y Pakistán rechazaron su participación en el Festival Internacional de Cine LGTB de Tel Aviv (TLVFest) entre el 31 de mayo y el 9 de junio. La iniciativa de boicot partió del colectivo LGTBIQ+ palestino «Pinkwatching Israel», que denuncia las estrategias de «lavado rosa» promovidas por el Estado de Israel. De hecho, la programación del TLVFest tiene como fin, según su publicidad, «potenciar la tolerancia y el pluralismo en la sociedad israelí». Impulsado por activistas queer árabes en 2010, el colectivo «Pinkwatching Israel» también ha llamado al boicot del «Tel Aviv PrideWeek» («Semana del Orgullo de Tel Aviv»), que se celebra anualmente e incluye -desde hace dos décadas- un gran desfile en el que participaron el ocho de junio 250.000 personas (30.000 turistas en la edición de 2017); las crónicas definen la marcha del Orgullo Gay de Tel Aviv como «la mayor de Oriente Medio». Sin embargo, «bajo el arcoíris Israel esconde más de 20 años de ocupación, colonialismo y apartheid; el turismo gay una de las estrategias de la ‘marca’ Israel», denuncian los activistas del BDS.
Pero ésta es sólo una de las formas de propaganda y blanqueo. A mediados de mayo, el presidente Netanyahu difundió un vídeo por las redes sociales en el que aparecía bailando «la gallina» junto a la vencedora del Festival de Eurovisión-2018, la cantante israelí Netta Barzilai; la artista, que sufrió «bullying» en la infancia y ganó el certamen con una canción («Toy») contra la violencia sexual hacia las mujeres, afirmó: «Gracias por celebrar la diversidad. Amo a mi país. La próxima vez en Jerusalén» (por la sede de la edición del festival en 2019); en su cuenta de Twitter Netanyahu felicitó de este modo a la joven: «Netta, has traído mucho respeto al Estado de Israel. ¡El próximo año en Jerusalén!». Dos días después del triunfo, el fuego israelí contra las protestas palestinas en la frontera de Gaza se saldó con 60 palestinos muertos y 2.700 heridos.
En el Encuentro de Defensoras de Derechos organizado en Valencia por la ONG Alianza por la Solidaridad ha participado la activista del BDS-Catalunya Alys Samson Estapé. Recuerda que los orígenes del movimiento BDS se sitúan en el verano de 2005, cuando 170 organizaciones de la sociedad civil palestina convocaron a un «amplio boicot» internacional y la aplicación de «medidas punitivas no violentas» contra la ocupación. «Israel es el Estado que más vulnera las resoluciones de Naciones Unidas», subraya la socióloga. A finales de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) emitió en Ginebra cinco resoluciones contra Israel, entre otras, la que pide terminar con la venta de armas a «usuarios finales» que violen el derecho humanitario, el fin de la vulneración de los derechos del pueblo palestino y de los «asentamientos» en los territorios ocupados. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Emmanuel Nahshon, calificó al CDHNU de «farsa», y la embajadora de Estados Unidos ante la ONU amenazó con abandonar el Consejo.
«Frente al apartheid israelí, es importante compartir pequeñas victorias», subraya la activista del BDS. Por ejemplo, el 25 de mayo el Ayuntamiento de Barcelona apoyó, en una declaración institucional, el embargo «integral» de la venta de armas a Israel (En noviembre de 2016 el Estado de Israel acordó la compra a Estados Unidos de 50 cazas de combate F-35 de quinta generación que, según mandos militares, ya ha utilizado en combate; la «ayuda» militar norteamericana al Estado hebreo acordada en 2016 por Obama y Netanyahu se fijó en la cifra récord de 38.000 millones de dólares para la próxima década).
Alys Samson llama la atención sobre las armas con las que Israel experimenta y después vende con el sello «probado en combate»; no hace falta buscar casos en el pasado remoto: «En las recientes protestas de la Gran Marcha por el Retorno se lanzaron gases lacrimógenos desde drones sobre la población palestina», apunta la activista. El informe «Defensa, seguridad y ocupación como negocio», publicado en 2014 por los investigadores Alejandro Pozo, Camino Simarro y Oriol Sabaté, destaca a los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Ertzaintza, diferentes policías locales, el Ministerio de Defensa y la Casa Real como clientes de empresas de seguridad israelíes que acreditan su experiencia como «probada en combate».
España también ha colaborado con Bélgica e Israel, entre otros países, en el proyecto de investigación Law-Train (2015-2018) sobre técnicas de interrogatorio policial, financiado por la UE con cinco millones de euros. En agosto de 2016 el Ministerio de Justicia portugués anunció su salida del proyecto; el BDS, que presionó al ejecutivo luso, destaca que 482 profesores, investigadores y cerca de 200 artistas belgas firmaron en 2017 una carta de rechazo a la iniciativa Law-Train; alguna de las razones pueden rastrearse en el último informe de Amnistía Internacional (2017-2018), que apunta los métodos de soldados, policías y agentes de la Agencia de Seguridad de Israel con los palestinos detenidos e interrogados: «palizas, bofetadas, aplicación dolorosa de grilletes, privación del sueño; no se abrió ninguna investigación criminal sobre las más de mil denuncias presentadas desde 2001».
Alys Samson ha destacado la «ola» institucional y ciudadana de solidaridad con Palestina en el estado español. El tripartito que gobierna en Valencia (Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú) aprobó el 31 de mayo, con el voto en contra del PP y Ciudadanos, una moción de apoyo al BDS y la campaña «Espacio Libre de Apartheid Israelí»; diez días antes, el Ayuntamiento de Pamplona emitió, con los votos favorables de EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi-Pampona en Común e Izquierda-Ezkerra (I-E), una declaración que respaldaba el «derecho al retorno» del pueblo palestino y la reciente movilización pacífica (Gran Marcha por el Retorno) reprimida «a sangre y fuego» por Israel. El 30 de mayo el Ayuntamiento de Madrid también condenó los últimos ataques en la frontera de Gaza y pidió el fin del cierre «ilegal» de la Franja.
Los casos se extienden por Europa y el resto de continentes. El Gobierno de Israel ha arremetido contra el alcalde de Dublín, Micheal Mac Donncha, después que asistiera el 11 de abril en Ramala a una conferencia Internacional de apoyo a Jerusalén, invitado por la Autoridad Nacional Palestina; el consistorio dublinés aprobó el mismo día una resolución de apoyo a la campaña BDS (fue la primera capital europea en hacerlo), y pidió al Gobierno de Irlanda la expulsión del embajador de Israel; asimismo el Ayuntamiento se comprometió a suspender los contratos con Hewlett-Packard, multinacional estadounidense «que proporciona gran parte de la infraestructura tecnológica que Israel usa en su sistema de apartheid». El 14 de mayo, en el contexto de la escalada represiva en Gaza, la República Sudafricana anunció la retirada de su embajador en Israel.
A primeros de año el Estado hebreo adoptó nuevas medidas contra las campañas pro-palestinas de boicot. Así, el Ministerio de Asuntos Estratégicos publicó una lista de 20 organizaciones con el fin de prohibir a sus activistas la entrada en Israel; en el listado figuran, entre otros colectivos, las secciones del BDS en Francia, Italia, Chile y Sudáfrica, así como la ONG judía estadounidense Jewish Voice for Peace; la medida parte de una ley aprobada en 2017 por la Knesset (parlamento). Además, las restricciones podrían extenderse a ciudadanos y grupos israelíes que apoyen al BDS, según informó en febrero el periódico Haaretz, a los que se vetaría el acceso a exenciones fiscales y licitaciones públicas. Alys Samson recuerda que en 2013 el Ministerio del Interior israelí ya calificó al BDS de «amenaza estratégica». En marzo de 2017 fue detenido y sometido a interrogatorios durante varios días Omar Barghouti, defensor de los derechos humanos, cofundador del BDS y Premio Gandhi de la Paz en 2017; un año antes Amnistía Internacional advirtió en un comunicado del «temor por la seguridad y libertad de Barghouti» (la nota informativa subrayaba que el ministro israelí de Transporte e Inteligencia, Yisrael Katz, había pedido «eliminaciones civiles selectivas» de líderes del BDS).
Alys Samson ha defendido un BDS «feminista» en la mesa redonda titulada «Activismo y participación de mujeres en la resistencia palestina». La socióloga ha cerrado su intervención con dos referencias al contexto de los territorios ocupados; la primera tiene como protagonista a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Michal Maayan, que el pasado 16 de mayo respondió a la pregunta de un periodista de la cadena irlandesa RTE News, sobre la última escabechina en Gaza: «Bueno, no podemos meter a tanta gente (por los manifestantes palestinos) en la cárcel». La segunda fotografía es la de una manifestación de ciudadanos israelíes -en abril de 2016- en el centro de Tel Aviv para apoyar al sargento y médico del ejército Elor Azaria, que ejecutó en Hebrón a un joven palestino cuando se hallaba herido en el suelo. La ONG israelí de derechos humanos B’Tselem difundió el vídeo de los hechos. En febrero de 2017 un tribunal militar condenó a Azaria a 18 meses de prisión por homicidio; pero, tras las reducciones de condena, el exsoldado salió de prisión tras pasar nueve meses en la cárcel.
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