Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.
Israel desató una violencia sin precedentes contra la Franja de Gaza en el verano de 2014. Aunque era el tercer ataque a gran escala que se producía desde 2008, la decimocuarta ofensiva militar desde el «desenganche» unilateral de Israel en 2005 y la vigésima segunda desde que el ex primer ministro Ariel Sharon anunció los planes para tal desenganche en abril de 2004, la Operación Marco Protector fue, de lejos, mucho más violenta y despiadada que ninguna de sus predecesoras. Ese cambio reflejaba en gran parte las radicales innovaciones de Israel respecto a las leyes de guerra a fin de ampliar su derecho al uso de la fuerza y reducir las protecciones de los civiles palestinos. Esas innovaciones -que desafían y se desvían del consenso internacional acerca de los derechos jurídicos de los Estados- reflejan un procedimiento que Israel puso en marcha al principio de la segunda intifada, en 2000, y que aceleró tras su retirada unilateral de Gaza en 2005. El uso de la fuerza contra Gaza en 2014 refleja la nueva norma que Israel, junto con EEUU, trata de establecer en el contexto de las operaciones contraterroristas. Esta «nueva normalidad» significa que los futuros enfrentamientos entre Israel y los combatientes palestinos así como, si vamos al caso, con Hizbolá, probablemente conllevarán demostraciones similares de fuerza devastadora.
El alcance de muerte y destrucción en Gaza en el verano de 2014 fue el resultado inevitable de esa «nueva normalidad». Tengamos en cuenta que el asedio integral de Israel, en colusión con el régimen egipcio sellando el cruce de Rafah, significó que los palestinos no tenían adónde huir durante las hostilidades. Consideremos asimismo que la Franja de Gaza, 365 kilómetros cuadrados y hogar de 1,8 millones de palestinos, es uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Durante el ataque de 2014, Israel amplió en un 44% la zona-tampón de las tierras fronterizas situadas al norte y al este, comprimiendo aún más a la población palestina. Sin lugar donde huir y concentrados en el centro de la Franja, cualquier ataque aéreo contra la misma suponía un ataque contra la población entera. Estas circunstancias aseguraron la monstruosa devastación de la población de Gaza.
Desde que comenzó la segunda intifada en septiembre de 2000, Israel ha insistido en que está involucrado en un «conflicto armado, poco menos que una guerra», con los palestinos en Cisjordania y Gaza. Tras el desenganche unilateral de Israel de la Franja de Gaza en 2005, el gobierno declaró taimadamente el cese de la ocupación militar allí, a pesar de mantener el control efectivo del territorio y de calificar a Gaza como «entidad hostil» para señalar su falta de soberanía.
Las autoridades israelíes han desplegado esta ambigüedad legal para argumentar que la situación en Gaza es sui generis y, por tanto, no está regulada por las leyes tradicionales del conflicto armado. En cambio, Israel ha reclamado el derecho a emprender la guerra contra su población mientras simultáneamente niega el estatuto de combatientes a los luchadores palestinos. La negación de ese estatuto le ha permitido a Israel criminalizar cualquier utilización de la fuerza por parte de los palestinos, incluyendo las operaciones defensivas y las emprendidas contra soldados y objetos militares israelíes. Por otra parte, Israel clasificó a todos los luchadores en Gaza como civiles que participan directamente en las hostilidades, en vez de como combatientes que tienen derecho a matar para conseguir ventajas militares. Por definición, Israel negó a los combatientes palestinos capturados la designación de prisioneros de guerra, o POWs (por sus siglas en inglés). Al mismo tiempo, Israel se concedió a sí mismo el «derecho» a emprender operaciones de asesinato bajo la cobertura de la guerra.
Hasta septiembre de 2001, el gobierno de EEUU rechazó públicamente los intentos de Israel de reinterpretar las leyes de la guerra. Sin embargo, tras los ataques de Al-Qaida contra el World Trade Center y el Pentágono, la administración Bush emuló el nuevo enfoque de Israel e integró parecidos argumentos y tácticas en el léxico de la «guerra global contra el terror» de EEUU. La administración Obama ha seguido reforzando esos enfoques con su guerra de aviones no tripulados y políticas de asesinatos selectivos. Estos antecedentes ayudan a explicar la ausencia de condena a las normas de actuación, ilegales y sin precedentes, de Israel en 2014.
Las cinco afirmaciones más preocupantes de Israel son:
1) No hay combatientes palestinos
Israel ha insistido en que ningún palestino tiene el estatuto de «combatiente», lo que conllevaría el derecho a luchar. En cambio, todos los palestinos involucrados en combates son considerados participantes directos en hostilidades (DPH, por sus siglas en inglés). En tanto que el Artículo 51(3) del Convenio de Ginebra de 1949 estipula que un DPH renuncia a su inmunidad como civil «durante el tiempo» en que toma las armas, Israel insiste en que los combatientes palestinos tienen una función de combate continua. Esto significa que pueden ser atacados en cualquier momento y lugar, incluso cuando están durmiendo en un complejo residencial lleno de civiles. Israel también afirma que ser miembro de Hamas es razón suficiente para negar la inmunidad de civiles a los palestinos. Esto contraviene el principio de distinción, que busca proteger a los civiles y afirma que sólo los combatientes, así como los DPH, pueden ser legítimamente atacados durante el tiempo de su compromiso militar. A pesar del hecho de que Hamas es una organización política con un ala militar, Israel considera a todos los miembros de Hamas, dirigentes políticos y de hecho a cualquiera de los suyos, como objetivos militares legítimos.
En 2008, Israel defendió explícitamente su ataque contra una clase de 800 cadetes de policía razonando que durante un conflicto armado, esas fuerzas civiles se unirían a las fuerzas militares de Hamas. Esto supone una lectura radical del derecho humanitario internacional. El equivalente sería considerar a casi todos los israelíes de 18 o más años como objetivos legítimos por el hecho de que pueden ser reclutados para el ejército o llamados a filas al formar parte de sus tropas reservistas. Por otra parte, significaría que Hamas podría atacar por la noche los hogares donde los pilotos del ejército israelí estuvieran durmiendo fuera del campo de batalla.
2) No hay infraestructura civil
Del mismo modo, Israel considera que toda la infraestructura que tenga alguna relación con Hamas, ya sea educativa, gubernamental o sanitaria, es un blanco legítimo. La División Jurídica del ejército de Israel explicó que había autorizada el ataque contra los edificios relacionados con Hamas porque:
«… la forma en que Hamas actúa es utilizando toda su infraestructura gubernamental en aras de los objetivos terroristas de la organización, por lo que las distinciones son un poco diferentes. Ajustamos los objetivos a la situación de un régimen terrorista.»
El derecho humanitario internacional exige que un beligerante evalúe, en primer lugar, si el propósito de la infraestructura es ante todo de naturaleza civil o militar; en segundo lugar, si la destrucción de esa infraestructura supone una ventaja militar definitiva; y, tercero, si esa ventaja pesa más que el daño civil que podría resultar del ataque. En cambio, la evaluación de Israel fue radical. Atacó los ministerios del gobierno, las escuelas, las redes eléctricas y las plantas desalinizadoras. En otros casos, prescindió de cualquier evaluación de proporcionalidad atacando un complejo de apartamentos entero si sospechaba que en una única habitación del mismo se almacenaban armas. En varios casos, esto implicó atacar una infraestructura a partir de meras especulaciones de actividad combatiente. Un ejemplo especialmente infame fue el ataque contra siete colegios de la UNRWA en los que se cobijaban miles de civiles palestinos y donde no había arma ni combatiente alguno.
3) Considerar el aviso de ataque inminente como carta blanca
A causa del lanzamiento de advertencias de ataques inminentes, las fuerzas israelíes actuaron como si estuvieran eximidas de responsabilidad alguna por las víctimas civiles. Esas advertencias se llevaban a cabo arrojando folletos o «golpeando en los techos» a punto de ser bombardeados con un misil más pequeño. Son, por lo tanto, métodos muy polémicos porque fomentan el miedo y el pánico entre la población civil. En virtud de la ley, si la advertencia es ineficaz y la población no puede huir ni refugiarse, el Estado atacante tiene el deber de distinguir entre civiles y combatientes. Esto es necesario para equilibrar el daño previsto con la ventaja militar prevista. En cambio, Israel consideró que los que no escapaban tras una advertencia eran involuntarios escudos humanos, a quienes consideraban víctimas del «terrorismo» de Hamas. Sin embargo, Israel no ha aclarado si esos escudos humanos involuntarios constituyen daños civiles a considerar en su evaluación de proporcionalidad. Sus decisiones militares reflejan un desprecio absoluto: al menos 142 familias perdieron a tres o más de sus miembros en los ataques contra edificios residenciales que produjeron al menos 742 víctimas. A partir de su investigación, la FIDH concluyó que «en vez de reducir la pérdida de vidas civiles, la política de advertencias de Israel fomentó los desplazamientos forzosos masivos y extendió la confusión y el miedo entre la población».
4) Las vidas de los soldados israelíes tienen más valor que las vidas de los civiles palestinos
Desde 2005, los asesores jurídicos israelíes han fomentado la idea de que las vidas de sus soldados valen más que las vidas de los civiles enemigos. Esta radical proposición desplaza el riesgo de la guerra de los soldados a los civiles en su cálculo de las ventajas militares en relación con los daños colaterales. Dos de las doctrinas militares de Israel consagran este drástico punto de vista. La Doctrina Dahiya trata explícitamente de infligir una violencia devastadora sobre las poblaciones civiles -incluyendo el uso indiscriminado de la fuerza- en un esfuerzo por disuadir de futuras operaciones. La Doctrina Hannibal anima a los soldados a utilizar una fuerza indiscriminada cuando un soldado israelí es capturado, aunque esa actuación produzca la muerte del soldado capturado, para evitar las consecuencias de negociar su liberación y disuadir de la captura de soldados que pueda utilizarse como moneda de cambio. Esta doctrina guio a los soldados israelíes en la ciudad de Shujaiya, donde asesinaron a 66 palestinos en sesenta minutos, y en Rafah, donde sellaron un radio de 2,5 kilómetros y tuvieron atrapados a los palestinos durante dos días en una campaña de bombardeos aéreos que provocó 150 muertos.
5) La proporcionalidad con visión de futuro
Por último, el análisis de Israel de sus ventajas militares tiene visión de futuro. Israel considera su ventaja militar en incrementos de cinco años más que en términos de consecuencias inmediatas de los ataques. Esto amplía radicalmente los cálculos sobre el uso de la fuerza permisible. De forma similar, aunque Israel no podría atacar legalmente tierra agrícola en función de la evaluación tradicional de la proporcionalidad si no se hubieran lanzado ataques desde la misma, reivindica el «derecho» a atacar esas tierras si Hamas y otros grupos pudieran utilizarlas para lanzar ataques en los próximos cinco años. Esto explica cómo Israel justificó la destrucción de 419 empresas, 36 barcas de pesca, 42.000 acres de tierra agrícola, exacerbando la tasa de desempleo en Gaza, que era del 45% antes del comienzo de esta última ofensiva y del 70% entre los jóvenes de 20 a 24 años.
Por muy monstruosas que puedan parecer, estas políticas formuladas por Israel no son necesariamente ilegales. Esto se debe a que las leyes de la guerra se establecen tanto a través de los tratados como de la costumbre. La costumbre se compone de la práctica estatal y de la opinio juris, o de lo que los Estados estiman que es legal. Eso significa que lo que los Estados hacen en la práctica, aunque sea contrario a lo establecido por la ley basada en tratados, puede convertirse en derecho consuetudinario. En el curso de su práctica, Israel está proponiendo que estas modificaciones de las leyes vigentes de guerra son necesarias a fin afrontar los retos de la guerra moderna que se caracteriza por el combate irregular. Israel está intentando explícitamente cambiar las leyes de la guerra. Daniel Reisner, director de la División Jurídica del ejército de Israel hasta 2004, explica:
«El derecho internacional progresa a través de las violaciones. Inventamos la tesis del asesinato selectivo y tuvimos impulsarla. Al principio había protuberancias que hacían difícil insertarlo de forma fluida en los moldes legales. Ocho años después, está ya en el centro de los límites de la legitimidad.»
Si otros Estados no rechazan, tanto a nivel jurídico como político, las innovaciones que Israel ha puesto en marcha contra la asediada población de Gaza, estas podrían finalmente llegar a aceptarse como costumbre. La ONU inició dos investigaciones, la de la Comisión de Investigación sobre la Operación Marco Protector, a gran escala, y la de su Junta de Investigación, sobre los ataques de Israel contra siete colegios de la UNRWA. Ambos informes han planteado preguntas muy graves sobre las prácticas de Israel, pero se todo se quedará en agua de borrajas si gobiernos y abogados las ignoran. Para que los hallazgos de los informes puedan surtir algún efecto, es necesario actuar a nivel político, si así no se hace acabarán marginados y olvidados. En vista de las mínimas protestas presentadas a altos niveles diplomáticos, es probable que Israel, junto con las fuerzas del ejército estadounidense, continúe intentando reafirmar estas prácticas como la «nueva normalidad» de la guerra asimétrica. De hecho, en su recientemente publicado Manual de las Leyes de la Guerra, el Departamento de Estado de EEUU plantea de forma explícita algunas de esas proposiciones. Eso significa que cuanto presenciamos en Gaza en el verano de 2014 podría repetirse y quizá no fuera siquiera lo peor de lo que aún está por venir.
Noura Erakat es escritora y abogada especializada en temas de derechos humanos. Desde 2009 es profesora de derecho internacional de los derechos humanos en Oriente Medio en la Universidad de Georgetown, y coordinadora de defensa legal de la organización Badil. Noura es también co-editora de Jadaliyya.com.
Fuente: http://www.jadaliyya.com/pages/index/22093/permission-to-kill-in-gaza