Corrían los últimos días de noviembre de 2019. Acababa de concluir la 44ª Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO, por sus siglas en inglés), celebrada en Vitoria-Gasteiz (España) con una muy buena asistencia de participantes; y para la primera semana de diciembre estaba previsto el desplazamiento de muchos miembros de […]
Corrían los últimos días de noviembre de 2019. Acababa de concluir la 44ª Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO, por sus siglas en inglés), celebrada en Vitoria-Gasteiz (España) con una muy buena asistencia de participantes; y para la primera semana de diciembre estaba previsto el desplazamiento de muchos miembros de familias españolas a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, para visitar a los niños y niñas que generosa y solidariamente acogen en sus casas, en España, durante los meses de verano, gracias al programa ‘Vacaciones en Paz’, gestionado desde hace muchos años por CEAS-Sáhara, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara Occidental. Y a finales de ese mismo mes de diciembre iba a tener lugar el XV Congreso del Frente Polisario en la localidad saharaui de Tifariti, en la parte del Sáhara Occidental controlada por el Frente.
Así pues, eran tres acontecimientos de suma relevancia para el pueblo saharaui, la sociedad civil española y el Movimiento solidario internacional. Nada extraño que se intentara silenciarlos, ocultarlos, boicotearlos y, en la medida de lo posible, impedirlos, conforme a los mezquinos intereses del ocupante colonialista marroquí.
Y ahí, en ese preciso momento, en esas precisas circunstancias -¡qué casualidad!-, el ministro español de Exteriores, primero, y la ministra de Defensa, después, daban una extraña alarma que era propalada a continuación, en portada, por todos los medios de comunicación (prensa, radio y televisión), como exige el guión: El Gobierno español dice tener información creíble, proveniente de fuentes extranjeras ‘fiables’, de que en las próximas fechas se van a producir atentados terroristas y secuestro de españoles en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, por lo que se exhortaba a los ciudadanos españoles a no viajar a dichos campamentos y, a los que allí estuvieren, a abandonarlos a la mayor brevedad posible; e incluso, se sembraba la duda de si se iba a proceder a repatriar al centenar de cooperantes que habitualmente trabajan allí (y de cuya existencia hasta ahora nunca nos habían informado…).
En un primer momento, esa alarma y el ‘inusitado interés’ aparente del Gobierno español por la situación de la seguridad en los campamentos de refugiados saharauis sorprendió sobremanera a la ciudadanía, dado el pertinaz silencio y la habitual sequía informativa mantenida oficialmente sobre todo lo relativo al Sáhara Occidental desde aquella consigna de ‘encapsular’ ese tema que lanzara en 2008 el expresidente Felipe González («…Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final…»). E inmediatamente, la alarma propalada por el Gobierno español indignó al Gobierno saharaui, al Frente Polisario y al amplio Movimiento de solidaridad con la causa saharaui, pues ni se había informado a las autoridades saharauis de tal presunto peligro «inminente», ni tampoco a los Gobiernos de los países vecinos, en particular Argelia y Mauritania. En cambio, y sospechosamente, antes de advertir a la población española del presunto ataque terrorista «inminente», el ministro Josep Borrell había mantenido una entrevista con su homólogo marroquí, Nasser Burita, que había acudido la tarde anterior al Ministerio español de Exteriores. E incluso, según rumores no contrastados (El Confidencial Saharaui), la noche anterior, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, habría asistido a una cena con el ministro marroquí de Exteriores, en la cual se habría preparado, en connivencia, el sospechoso operativo alarmista.
Como era de esperar, la prensa marroquí se apresuró a difundir inmediatamente la noticia en base a la alarma dada por el Gobierno español (no por las autoridades argelinas, las del Frente Polisario o la MINURSO…). Y de forma muy oscura, se quiso implicar también a Argelia y a la MINURSO, que desmintieron tajantemente la existencia de cualquier alarma. «Argelia niega haber advertido a la MINURSO del riesgo de ataques en el Sahara», contrainformaba diariolibre.com: «El ministerio argelino de Asuntos Exteriores negó hoy que haya informado a la Misión de Naciones Unidas [para el Referéndum] en el Sáhara Occidental (MINURSO) de que exista un alto riesgo de ataques yihadistas y secuestro de extranjeros en los campos de refugiados saharauis y en particular en las áreas próximas al muro de separación con [el territorio saharaui ocupado por] Marruecos».
La agencia de prensa argelina APS, informaba así: «El portavoz del Ministerio argelino de Exteriores (MAE), Abdelaziz Benali-Chérif, desmintió la información sobre la supuesta ‘advertencia emitida por el Gobierno de Argelia’
Por su parte, el Frente Polisario, a través de su Secretariado Nacional, deploró los «sospechosos» intentos de perjudicar la lucha y la reputación del pueblo saharaui y el movimiento de solidaridad con su justa causa, especialmente la última advertencia emitida por el Ministerio español de Exteriores, después de reunirse con su homólogo marroquí, lo que plantea ciertos interrogantes (…). Tales intentos -continuaba la Secretaría Nacional- también buscan interrumpir la celebración del XV Congreso del Frente Polisario. (Europa Press, «El Polisario carga contra España por alertar de atentados en Tinduf y lo vincula con la visita del ministro marroquí«)
La credibilidad del Gobierno y el ‘regalo’ del exministro Borrell a Marruecos
Cuando las autoridades de un país alertan de un posible ataque terrorista «inminente» en base a «fuentes fiables», en principio no tendría por qué haber motivo para que los ciudadanos desconfiásemos de esa advertencia, hasta el punto de no seguir las instrucciones que, ‘por razones de seguridad’, se nos den al respecto. Sin embargo, pareció muy extraña y altamente sospechosa la inusual sobreactuación del Gobierno español (ministro de Exteriores y ministra de Defensa, ambos ‘en funciones’). Con los ingredientes arriba señalados y otros muchos antecedentes constatados, el Gobierno español ha perdido la poca credibilidad que pudiera quedarle en lo relativo a la cuestión del Sáhara Occidental, dada su sistemática deriva hacia operaciones de despiste, sus clamorosos silencios , las medias tintas y el servilismo mostrado hacia el monarca alauita.
Lo cierto es que, hoy, ningún país es inmune a un posible ataque terrorista. Esa amenaza puede materializarse en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Como prueba de ello, precisamente en esas fechas, la verdadera amenaza terrorista se materializó en Londres, Gran Bretaña, (29 de noviembre, dos muertos y tres heridos acuchillados); en Moscú, Rusia, en la propia sede de la antigua KGB (19 de diciembre, un muerto y cinco heridos de bala); en Nueva York, EE UU (cinco heridos acuchillados, el 28 de diciembre); en Mogadiscio, Somalia (29 de diciembre, coche bomba, al menos 76 muertos y más de 100 heridos); en Ostrava, República Checa (10 de diciembre, 6 muertos y tres heridos por disparos); en White Settlement, Texas, EE UU (30 de diciembre, 2 muertos y un herido por disparos); en París, Francia (3 de enero, un muerto y dos heridos por arma blanca); en Lamu, Kenia (5 de enero, 3 estadounidenses muertos y otros dos heridos),…
Sin embargo, ¡qué casualidad!, no hubo atentado terrorista alguno en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Y en esos lugares arriba mencionados, en los que sí se produjeron atentados terroristas, no se dio alarma previa alguna de posibles atentados, ni se conminó a la ciudadanía a no viajar a esos sitios o a salir de ellos a la mayor brevedad posible… Porque, ciertamente, podían haber sucedido en cualquier otro lugar: Madrid, Cambrils, Berlín, Barcelona, Bruselas, Finlandia… y no por ello se aconseja a la población dejar de viajar a esos lugares ni abandonarlos, como sí lo aconsejaron -en el caso de los campamentos saharauis de Tinduf- los ministerios de Exteriores y Defensa, por boca de sus mismísimos titulares, en prensa, radio y televisión; además de la extraña anormalidad, en el terreno de la cooperación antiterrorista, de que no se advirtiera del presunto peligro a los Gobiernos y autoridades saharauis, argelinas y mauritanas, y en cambio se alarmara reiterativamente a la población española (y, por extensión, a todo el mundo, como se apresuró a propalar, a discreción, la bien engrasada maquinaria marroquí de intoxicación y propaganda y sus adláteres).
Pues bien, a pesar de esa alarma sospechosa e interesadamente propalada, puede decirse que hoy los campamentos saharauis, establecidos bajo la vigilancia y control de las propias autoridades saharauis, están entre los más seguros del mundo. Y así lo atestiguan la experiencia de los Organismos Internacionales y ONG que operan en dichos campamentos, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) o los propios informes del Secretario General de la ONU al Consejo de Seguridad. Por todo ello y por la inusitada maniobra alarmista del Gobierno español, el Gobierno saharaui y el Frente Polisario contestaron inmediatamente con un comunicado de indignación, tratando de desenmascarar esa -en opinión de muchos- poco creíble operación de intoxicación, ya practicada anteriormente en más de una ocasión.
La entonces delegada y representante del Frente Polisario en España, Jira Bulahi -a la que tampoco se había informado oficialmente y que se enteró de esa alarma por los medios de comunicación (¡!)-, hubo de acudir por propia iniciativa al Ministerio español de Exteriores a pedir información sobre las razones de tan extraña alarma. ¡Bonita manera de ningunear a la representante oficial del pueblo saharaui en España! Y buena muestra, también, de la falta de tacto y de deferencia diplomática por parte del Ministerio español de Exteriores, siempre sospechoso de connivencia con el Gobierno marroquí.
Por su parte, las Asociaciones de Solidaridad con la causa saharaui respondieron afeando al Gobierno su sospechosa actuación de connivencia con Marruecos y manifestando su intención de mantener sus viajes y visitas a los campamentos de Tinduf. Solo se tienen noticias de que, como consecuencia de ese dudosa alarma, algunos grupos de jóvenes, que iban a viajar en el ‘puente’ de diciembre a los campamentos saharauis, postergaron el viaje hasta las vacaciones de Semana Santa, por el lógico temor de sus familiares, que es lo que buscaban quienes diseñaron la presunta falsa alarma.
No obstante, a pesar de tanto alarmismo, parece que la actuación del hoy ya exministro Borrell consiguió, precisamente, lo contrario de lo que pretendía, pues finalmente más de 500 personas viajaron a los campamentos de Tinduf en el ‘puente’ de la Constitución (primeros días del mes de diciembre), y todas ellas regresaron «sanas y salvas», como señaló Jira Bulahi. El Movimiento solidario español dejó así patente su incondicionalidad con la causa saharaui, siempre por encima y a pesar de las maniobras de quienes «son cómplices de la ocupación ilegal del territorio del Sáhara Occidental», como subrayó el Secretariado Nacional del Frente Polisario.
Esa alarma ha sido calificada por algunos como «el último regalo de Borrell a Marruecos antes de dejar su cargo como ministro de Exteriores». A partir de ahora, el Sr. Borrell podrá continuar con esas maniobras en su nuevo cargo en la Unión Europea, como ya hiciera antaño en el propio Parlamento comunitario y más recientemente en el Congreso de los Diputados de España. El digital Canarias-Semanal lo contaba así de claro: «El Gobierno español sigue persiguiendo a los saharauis 44 años después de la expulsión de sus casas», en referencia a los ilegales Acuerdos de Madrid de 1975, la invasión militar, a sangre y fuego, del Sáhara Occidental por Marruecos y la masacre de los saharauis en su pavorosa huida del ocupante invasor.
Marruecos y Francia, tras la alarma terrorista
Expertos en la materia, como Carlos Ruiz Miguel o Ignacio Cembrero, hace ya tiempo que señalaron el contexto geopolítico y los intereses que subyacen a la utilización de la presunta amenaza terrorista en relación con los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, el Frente Polisario o la legítima lucha del pueblo saharaui por su libertad e independencia.
Así, Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional, director del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental (CESO) de la Universidad de Santiago de Compostela, coautor del ‘Prontuario jurídico’ sobre el Sáhara Occidental y autor de numerosos trabajos sobre la causa saharaui y las pretensiones anexionistas de Marruecos (ver «La ‘Constitución’
Y en cuanto a la ‘estrategia marroquí’ en este terreno, Ruiz Miguel señala dos aspectos que Marruecos viene propiciando con ahínco: 1) introducir la variable del terrorismo en el conflicto del Sáhara Occidental y 2) cuestionar la idea de que el territorio de la RASD-Polisario es seguro. Respecto al primer aspecto, «desde hace tiempo, Marruecos pretende que en los informes del Secretario General de Naciones Unidas sobre el conflicto del Sáhara Occidental se aluda al «terrorismo». Marruecos ha ideado mil y una «operaciones» para introducir esa variable en el conflicto… llegando incluso a «descubrir» un supuesto «arsenal» de un supuesto grupo «terrorista» en Amgala» (¡en la zona del Sáhara Occidental ocupada por Marruecos!)…
Respecto al segundo aspecto -la pretendida inseguridad del territorio controlado por la RASD-, Ruiz Miguel lo explica así: «Esta idea ya se lanzó cuando se produjo el secuestro de los llamados «cooperantes» españoles secuestrados en Mauritania [2009] al mismo tiempo que Marruecos tenía un grave problema con la deportación de Aminatu Haidar.» «En aquella ocasión, se llegó a decir que el secuestrador condujo a los secuestrados cruzando el territorio liberado de la República Saharaui, dando a entender que ésta no garantizaba bien su territorio. Aquello se demostró falso.»
Y en referencia al secuestro, por el AQMI (Al Qaeda del Magreb Islámico), de dos cooperantes españoles y una italiana en los campamentos saharauis, en octubre de 2011, señala: «Esta nueva operación pretende incidir en la misma idea: hacer creer que la República Saharaui/Frente Polisario no garantizan suficientemente el territorio y es «mejor» que esté en manos de Marruecos.» («¿Un secuestro con contexto geopolítico?«, Periodista digital, 24/10/2011; «AQMI: Cuando el Estado es cómplice del terrorismo«, p. 247 ss). Como puede apreciarse, pura intoxicación del régimen marroquí.
Por su parte, Ignacio Cembrero, reputado profesional de la información y experto en asuntos del Magreb, complementa el análisis del profesor Ruiz Miguel (introducir la variable del terrorismo en el conflicto del Sáhara Occidental): «Desde hace ya tres o cuatro años -afirmaba Cembrero en 2011-, la prensa oficialista marroquí y algunos expertos y centros de investigación afines a Rabat insisten en que el Frente Polisario tiene connivencias con la rama magrebí de Al Qaeda [¡!]. El golpe de la organización terrorista AQMI en sus campamentos de refugiados de Tinduf, en el suroeste argelino, desmiente por completo esas aseveraciones.»
«Desde hace años, el movimiento independentista replica a esas acusaciones [afirmando] que el área del Sáhara bajo su control… es la zona más segura del desierto. Recalca además que los saharauis son inmunes al extremismo islamista. La Embajada de EE UU en Argel avalaba estas afirmaciones en los cables enviados a Washington y desvelados por Wikileaks.» (…) «Ha quedado demostrado que el Polisario no solo no coquetea con los terroristas, sino que puede ser su víctima». «El triple secuestro es ante todo un mazazo para los independentistas y un motivo de satisfacción para las autoridades de Marruecos. Mientras los responsables del Polisario estaban, en privado, apesadumbrados, las webs marroquíes afines al poder destilaban su deleite.» Una de ellas, por ejemplo, ‘informaba‘ así: «El Frente Polisario no está ya en condiciones de garantizar la seguridad de los saharauis que viven en sus campamentos y habría sido infiltrado por AQMI (…), la opción de un micro Estado administrado por el Polisario constituye una amenaza para la seguridad de la región…»
Por supuesto, la calificación de ‘micro Estado’ no deja de ser otro invento de la intoxicación marroquí, ya que la extensión del Sáhara Occidental es mayor que la de Reino Unido, Guinea o Rumanía, por ejemplo, prácticamente como la mitad de España y bastante mayor que otros muchos países y territorios. Y con abundantes recursos naturales como para convertirse en uno de los países más prósperos de África. Lo que, en cambio, no es ninguna invención es que la mayor parte de los atentados terroristas, en España y en Europa, han sido perpetrados por ciudadanos marroquíes. De hecho, el Secretariado Nacional del Frente Polisario evocaba la estrecha relación de Marruecos con el apoyo y fomento del terrorismo, especialmente en la región del Sahel, e incluso el uso directo del terrorismo para atacar al pueblo saharaui (véase Ruiz Miguel, «¿Qué relación tiene Marruecos con el terrorismo en el Sahel?»; Ignacio Cembrero, «Duro golpe para los independentistas saharauis y para su anfitriona Argelia», El País, 24/10/2011).
Y otra pretensión no declarada del reaccionario régimen marroquí, al tratar de impedir la presencia de cooperantes y la visita de ciudadanos españoles y de otros países, es intentar cortar la tan necesaria ayuda humanitaria y la cooperación con los refugiados saharauis, como también dejan entrever los dos autores antes citados. Todo lo que sea perjudicar a la justa causa saharaui es ‘razón de Estado’ para el Majzén marroquí. Y decimos «justa» causa porque está plenamente avalada por el Derecho Internacional (Carta de la ONU y más de un centenar de resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, Tribunal Internacional de Justicia, Unión Africana, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal Supremo de Sudáfrica, Audiencia Nacional del Reino de España: razón de Justicia versus ‘razón de Estado’), como puede verificarse en el excelente ‘Prontuario jurídico’ sobre el Sáhara Occidental.
Impunidad marroquí y silencio del Gobierno español
Casi al mismo tiempo que el Gobierno español daba esa extraña alarma -desmentida por Argelia, la MINURSO y el Frente Polisario-, Marruecos expulsaba de El Aaiún (capital del Sáhara Occidental ocupado, la antigua ‘Provincia 53’ de España) a cuatro diputados autonómicos vascos y una jurista. Días más tarde, el 10 de diciembre, también era expulsada una ciudadana portuguesa. La expulsión de esos parlamentarios (y de otras muchas personas anteriormente) demuestra, una vez más, que «Marruecos actúa con total impunidad, para seguir ocultando las atrocidades y violaciones de derechos humanos que sufre diariamente el pueblo saharaui en los territorios ocupados».
Desde enero a noviembre de 2019 el régimen marroquí impidió entrar en el Sáhara Occidental ocupado, al menos, a 19 personas de nacionalidad española: once abogados, dos periodistas y seis integrantes de organizaciones solidarias. Con la expulsión de los parlamentarios vascos el 1 de diciembre -no viajó ninguno del Partido Socialista– y una jurista, la lista de españoles expulsados en ese lapso de tiempo asciende a 24.
Según informó la web Contramutis, el Frente Polisario pidió al Gobierno de España que se interesara por la expulsión de sus ciudadanos con la misma preocupación con que había intentado alarmar a los cooperantes y personas solidarias que visitan los campamentos de refugiados saharauis , y que no utilice la doble vara de medir como hace siempre cuando hay que llamar la atención a Marruecos: que pida explicaciones «ante este lamentable capítulo» que engrosa la lista de las delegaciones españolas expulsadas del Sáhara Occidental ocupado, que chocan «contra este muro infranqueable impuesto por Marruecos».
El coordinador de los diputados expulsados el 1 de diciembre, Carmelo Barrio (PP), informó desde el mismo avión en el que viajaron, que el aparato aterrizó en El Aaiún procedente de Las Palmas, pero nada más tomar tierra un representante del Gobierno marroquí les comunicó verbalmente que no podrían bajar y debían regresar en el mismo avión a Canarias. Viajaban junto a Barrio los diputados Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos), Eva Juez (PNV) y Josu Estarrona (EH Bildu), todos ellos pertenecientes al Intergrupo Parlamentario de Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui.
Carmelo Barrio dijo que la intención de los parlamentarios era «tomar contacto con los representantes del pueblo saharaui» y hablar con las organizaciones pro derechos humanos, sin excluir una reunión con las autoridades marroquíes «si ellos nos lo piden», pues no habían contactado previamente con ellas.
El diario ABC subrayaba lo obvio: que «no es la primera vez que un grupo de políticos españoles se ve obligado a dar media vuelta sin pisar siquiera el territorio saharaui; de hecho, lo más habitual es que esto suceda casi sistemáticamente».
Apenas unos días después, el 10 de diciembre de 2019, las autoridades marroquíes expulsaron del territorio del Sáhara Occidental ocupado a la periodista portuguesa y miembro de la Fundación Sáhara Occidental, Isabel Lourenço, quien fue detenida al llegar a El Aaiún por policías no identificados que la encerraron en un hotel e incomunicaron a la espera de su deportación. Lourenço, reportera del medio online ‘Tornado‘, afirmó que en ningún momento escondió cuál era el propósito de su viaje: visitar a los familiares de distintos presos saharauis condenados por tribunales marroquíes, y añadió que eso no puede constituir «una amenaza al orden público», de lo que supuestamente la acusaron al expulsarla.
Bajo el titular ‘activista y periodista portuguesa expulsada del Sáhara’, Jesús Cabaleiro Larrán informaba en el digital Periodistas-es.com de que el Bloco de Esquerda había condenado lo ocurrido como «un acto grave e inamistoso que merece nuestra más firme reprobación» y ya había presentado en el Parlamento portugués una pregunta al Gobierno del Partido Socialista sobre lo ocurrido, al que demanda una condena al respecto. Hay que recordar -continuaba el mencionado periodista- que el pasado mes de agosto un total de veinticuatro organizaciones portuguesas instaban al Gobierno y a Naciones Unidas para que se tomen medidas «ante la oleada de represión en las zonas ocupadas del Sahara Occidental y se garantice al pueblo saharaui ejercer su libre derecho a la autodeterminación». Entre las organizaciones firmantes citaba, entre otras, al Consejo Portugués de Paz y Cooperación (CPPC), la Confederación General de Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) y la Asociación de Amistad Portugal Sahara Occidental (AAPSO). No hay que olvidar que el actual secretario general de Naciones Unidas y responsable de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (Minurso) es el portugués António Guterres.
Marruecos -denunciaba Cabaleiro Larrán– expulsa casi sistemáticamente del territorio saharaui a los periodistas que no son favorables al ‘Sahara marroquí‘ (¡!), justificándolo siempre con el mismo argumento, «una agenda política hostil a Marruecos». En muchos casos, la policía no permite ni siquiera bajar del avión a las personas acusadas y les obliga a tomar la misma aeronave de vuelta, como aconteció recientemente con los cuatro parlamentarios autonómicos vascos del Intergrupo ‘Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui’ pertenecientes al Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco, Podemos y EH Bildu.
Con Isabel Lourenço, son ya 43 los extranjeros expulsados del territorio saharaui por las autoridades marroquíes en 2019. Según el diario El País (1/12/2019), «en el año 2016, último del que se disponen de cifras oficiales«, las autoridades marroquíes expulsaron a 93 personas en total cuando trataban de entrar al Sáhara [Occidental ocupado] o cuando ya habían entrado. En ningún caso el Ministerio español de Asuntos Exteriores -hasta hace muy poco dirigido por Josep Borrell- dijo nada ni presentó queja alguna ante Marruecos, ni pidió explicaciones al régimen marroquí. Según la agencia saharaui de prensa SPS, desde enero de 2014, Marruecos ha prohibido la entrada en los territorios ocupados a 274 personas de 20 nacionalidades (personalidades políticas, observadores independientes, periodistas, juristas etc.).
La Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO)
No es casualidad que la prensa ‘establecida’ haya silenciado -es decir, hurtado a la ciudadanía- el conocimiento de la celebración, en Vitoria-Gasteiz (22-23 de noviembre), de la 44ª edición de la Conferencia Internacional de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO), que se viene realizando de forma continuada desde 1975, cada año en una ciudad europea distinta. 1975 es el año del inicio del ‘conflicto’ del Sáhara Occidental, esto es, el inicio de la invasión marroquí, la firma de los ilegales Acuerdos de Madrid y la entrega del territorio saharaui y su población a Marruecos (y Mauritania) por el último Gobierno de la dictadura franquista (¡Memoria histórica!).
Aunque se siguen utilizando las siglas de Conferencia ‘Europea’ (EU), las sucesivas ediciones de la EUCOCO tienen, ya desde hace años, una dimensión internacional, al participar en ellas organizaciones y personas de los cinco continentes, si bien con una mayor presencia de participantes europeos. Representantes de Gobiernos que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), diputados, eurodiputados y otros cargos electos, gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos del Estado español, organizaciones políticas y sindicales, asociaciones de amistad con el Pueblo Saharaui y ONG en general, participan cada año en esta cita obligada de solidaridad. También lo hace, al máximo nivel, el Pueblo Saharaui, representado por autoridades de su Gobierno, así como embajadores/as y delegados/as de numerosos países. Las EUCOCO son sin duda la cita anual más importante del Movimiento de Solidaridad Internacional con el Pueblo Saharaui. El lema este año era: «1975-2019, 44 años de lucha por la Independencia, la descolonización del Sáhara Occidental, garantía para la Paz y la Estabilidad en la Región». 44 años son más de lo que los españoles tuvimos que soportar los tiempos grises y amargos de la dictadura franquista. Eso, a quienes, a pesar de todo, pudimos mantener la vida en aquellos tiempos angustiosos, nos puede dar una idea, salvando las distancias, de lo que están soportando y padeciendo los saharauis (antaño, ciudadanos españoles), solo que en circunstancias y condiciones muchísimo peores que las nuestras, sin punto de comparación.
La 44ª EUCOCO reunió a más 400 representantes de diferentes países y volvió a señalar a España y Francia como actores clave en la búsqueda de una solución justa y definitiva al proceso de descolonización del Sáhara Occidental, mediante la celebración del referéndum de autodeterminación y el estricto cumplimento de la resoluciones de la ONU y la Unión Africana (Mundiario, 24/11/2019).
En la declaración final, la EUCOCO reclama a España la denuncia de los Acuerdos de Madrid de 14 de noviembre de 1975 (por los que Marruecos pretende justificar su ocupación del Sáhara Occidental, a pesar, no obstante, de haberlos incumplido, al ocupar también la ‘parte mauritana’) y la concesión de estatus diplomático al Frente Polisario como único y legítimo representante del pueblo saharaui, y «proporcionarle la asistencia política y humanitaria necesaria para defender los derechos e intereses saharauis.»
En referencia a Francia y su papel en el conflicto, la plataforma internacional de apoyo al pueblo saharaui señala directamente al gobierno galo como «el principal obstáculo para cualquier solución de conformidad con el Derecho internacional, tanto en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como en la Unión Europea». Por ello pide al Gobierno francés un nuevo posicionamiento que pueda «contribuir a la solución de este conflicto y contribuir así a la construcción de un Magreb unido entre socios libres e iguales».
En el ámbito de las instituciones europeas, «el Movimiento de Solidaridad con el Pueblo Saharaui recuerda a la Comisión Europea y a su nuevo Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, su obligación de respetar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y de reconocer al Frente Polisario como único representante del pueblo saharaui, legitimado para negociar acuerdos de cooperación.
A pesar de expresar satisfacción por los avances realizados en el ámbito de la Unión Africana (UA) «con el objetivo de poner fin a la ocupación colonial del Sáhara Occidental por parte de Marruecos», la EUCOCO reconoce la delicada situación en la ex provincia 53 de España y hace un llamamiento al Secretario General de la de las Naciones Unidas, António Guterres, y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, para que se adopten las medidas pertinentes a fin de que MINURSO cumpla con sus promesas y amplíe su funciones a la supervisión del respeto de los derechos humanos de la población saharaui.
En esta 44ª Conferencia, además de representantes de las instituciones vascas, participaron delegaciones de Argelia, Brasil, Bélgica, España, Francia, Panamá, Polonia, Portugal, Sudáfrica, Suecia y Suiza. En la delegación saharaui, encabezada por el entonces Primer Ministro de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Elouali Akeik, tomaron parte varios ministros, parlamentarios, integrantes de organizaciones sociales y activistas procedentes de las zonas ocupadas.
Como ya se ha dicho, lo que comenzó hace 44 años como una Conferencia Europea, hace ya tiempo que adquirió carácter internacional, habiéndose convertido en una cita imprescindible para evaluar el trabajo de apoyo, proyectar planes de acción en diversos ámbitos (político, jurídico, institucional), visibilizar la situación en las zonas ocupadas y ampliar la solidaridad internacional con la lucha del pueblo saharaui.
El XV Congreso del Frente Polisario
Celebrado en la localidad saharaui liberada de Tifariti, entre el 19 y el 25 de diciembre de 2019, el XV Congreso del Frente Polisario sesionó en memoria del diplomático saharaui y ex representante del Frente Polisario ante la ONU, Bujari Ahmed Barical-la, bajo el lema: «Lucha, perseverancia y sacrificio por la íntegra soberanía del Estado Saharaui«.
Si los primeros congresos se habían centrado en los objetivos de la guerra de liberación y la consolidación del Frente Polisario, y los posteriores, en la consolidación del Estado saharaui y su asentamiento en el continente africano, este XV Congreso ha sido especialmente relevante por las nuevas decisiones para el futuro de la causa saharaui, fusionando diplomacia y beligerancia y aportando nuevas energías en el replanteamiento del proceso de paz. Y ello porque las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las decisiones y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) apenas han sido efectivamente aplicadas hasta la fecha y la comunidad internacional parece indiferente ante la parálisis del proceso de descolonización. Se trataba, pues, de dar un nuevo impulso y una dimensión más beligerante a la negociación tutelada por la ONU, que permanece enquistada. Por eso, el objetivo principal del Congreso era la búsqueda de vías para salir del impasse.
Los participantes en este XV Congreso, más de 2.400 delegados, analizaron las mejores opciones para proseguir la lucha de liberación del pueblo saharaui, reafirmando su apego al ejercicio del derecho a la libre determinación y a la independencia, rechazando categóricamente cualquier ataque a esos derechos legítimos, como recogía la declaración final.
Participaron en los trabajos delegaciones extranjeras (más de 400 participantes) de África, Europa, América y Japón, que enviaron con su presencia un claro mensaje al mundo entero de que la causa saharaui interpela a todas las instituciones y organizaciones internacionales para defender el derecho del pueblo saharaui a la libertad e independencia y para continuar la lucha hasta lograrlas.
El Congreso expresó su pleno apoyo a la decisión tomada por el Frente Polisario -tras la Resolución S/RES/2494 (2019) del Consejo de Seguridad, de 30 de octubre de 2019- relativa a la revisión de su participación en el proceso de paz auspiciado por la ONU. «El pueblo saharaui no tolerará la situación actual de bloqueo ni la transformación de la MINURSO en protectora (y en instrumento) de legalización de la colonización», advirtieron los delegados, insistiendo en la plena soberanía del pueblo saharaui sobre todo el territorio de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), de conformidad con las resoluciones internacionales, incluidas las del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya y los Tribunales europeos, además de las resoluciones de las Naciones Unidas y la Unión Africana.
Los países africanos reiteraron su llamamiento a la necesaria descolonización de la última colonia en África y su firme apoyo al pueblo saharaui en su lucha. Las delegaciones de los países europeos, por su parte -en particular, las de Francia, España, Alemania e Italia-, enviaron un mensaje claro a sus respectivos gobiernos para que cesen su apoyo al ocupante marroquí, «principal responsable del deterioro de la seguridad en la región», y subrayaron la necesidad de intensificar la solidaridad con la causa saharaui para poner fin a las violaciones perpetradas desde hace más de 40 años contra el pueblo del Sáhara Occidental y al saqueo de sus recursos naturales.
En su intervención ante el Congreso, Brahim Ghali, presidente de la República Saharaui y secretario general del Frente Polisario, dijo que el actual impasse es producto de la política de intransigencia y la obstrucción sistemática -por parte del Estado ocupante marroquí- a la implementación de la Carta de la ONU y las resoluciones de Naciones Unidas, y que, ante todo, está el derecho a la independencia del pueblo saharaui, como todos los pueblos y países coloniales. A pesar de que la Carta y las resoluciones de Naciones Unidas demandan la organización de un referéndum de autodeterminación, Marruecos ocupa ilegalmente el Sáhara Occidental desde 1975, obstaculizando el proceso de descolonización de la última colonia de África. El estancamiento del conflicto y el statu quo actual ponen en cuestión la legalidad internacional, promueven la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados y fomentan el saqueo de los recursos naturales del pueblo saharaui.
Son más de cuatro décadas de espera, de ellas 28 años en un teórico proceso de paz. Y se agota la paciencia. Brahim Ghali, lo expresó así: «Después de más de veintiocho años desde la firma de aquel acuerdo de alto el fuego entre el Frente Polisario y Marruecos, la ONU ha sido incapaz de lograr el objetivo principal de ese acuerdo, que es organizar un referéndum de autodeterminación donde el pueblo saharaui decida libremente sobre su futuro». (…) «Somos un pueblo pacífico que ha esperado 28 años para una solución pacífica del conflicto» , pero «las dilaciones marroquíes y el hecho de que el Consejo de Seguridad [de la ONU] no asume sus responsabilidades, nos ha obligado a reflexionar sobre diferentes medios para recuperar nuestros derechos» .
El presidente de la RASD afirmó también que el pueblo saharaui no aceptará más demoras en el proceso de paz y que rechaza la perpetuación de la ocupación marroquí, enfatizando que «el pueblo saharaui está librando una guerra que solo terminará con la liberación de nuestra Patria mediante el uso de todos los medios disponibles en el marco de la legalidad». Pidió a la comunidad internacional que asuma sus responsabilidades exigiendo la aplicación de la Carta y las resoluciones de Naciones Unidas y haciendo cumplir el derecho a la autodeterminación y la independencia, que son innegociables. Recordó que el Frente Polisario utilizará todos los medios permitidos por el Derecho Internacional para imponer los derechos del pueblo saharaui e instó al Secretario General de la ONU a nombrar urgentemente un nuevo Enviado para completar los esfuerzos de su predecesor -el expresidente alemán Horst Köhler- en el proceso de descolonización de la última colonia en África. Según diversos medios, no se descarta la reanudación de la lucha armada.
El Congreso elogió la posición inquebrantable de la Unión Africana (UA) respecto al derecho del pueblo saharaui e instó a esta Organización panafricana a garantizar la aplicación de sus Estatutos, en particular las cláusulas relativas a las fronteras heredadas de la colonización, a presionar al Reino de Marruecos a cumplir con los principios y objetivos de la Carta fundacional de la UA y a retirarse de los territorios saharauis ocupados desde 1975.
En relación con la Unión Europea (UE), el Congreso saludó las sucesivas decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el Sáhara Occidental (diciembre de 2016 y febrero y julio de 2018), apelando a los nuevos dirigentes elegidos por el Congreso a continuar la batalla ante el Tribunal Europeo en defensa de la soberanía del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales.
En su declaración final, el congreso recordó la responsabilidad histórica del gobierno español para con el pueblo saharaui y lamentó el apoyo al ocupante marroquí de ciertos países en el Consejo de Seguridad, Francia en particular, lo que viene retrasando el proceso hacia un referéndum de autodeterminación; y reiteró el apego del pueblo saharaui a su soberanía sobre todo su territorio nacional, a lo que jamás renunciará.
Brahim Ghali fue reelegido Secretario General del Frente Polisario para los próximos cuatro años, por mayoría absoluta, con más del 86% de los votos, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos del Frente Polisario. También fueron elegidos los 25 miembros (seis de ellos mujeres) del Secretariado Nacional. Todos ellos prestaron juramento al término del Congreso.
La declaración final constituye la hoja de ruta que marcará la orientación política del Frente para el próximo período. Los nuevos dirigentes electos deberán concretar ahora el procedimiento detallado para la ejecución y desarrollo de las recomendaciones de los delegados. Asimismo, deberán emprender las acciones pertinentes para relanzar e impulsar la misión principal para la cual fue creada la MINURSO, el referéndum de autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental; y lograr que sea dotada de todas las prerrogativas de las misiones internacionales de paz de la ONU. A lo largo de los trabajos del Congreso, se insistió reiteradamente en que la MINURSO debía comprometerse en la protección de los derechos humanos en los territorios saharauis ocupados y trabajar para detener el saqueo de los recursos naturales del pueblo saharaui.
El Frente Polisario reafirmó que «nunca será un actor» en una operación que no respete el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia, pidiendo una vez más que la comunidad internacional asuma sus responsabilidades exigiendo la aplicación de la Carta y las resoluciones pertinentes de la ONU «y evite las pretensiones expansionistas marroquíes y sus consecuencias para la estabilidad y la paz en la región«.
‘Demasiados retrocesos’
Mientras tanto, y a pesar del silencio del Gobierno español, Marruecos ha continuado invadiendo de pateras con inmigrantes irregulares las costas españolas, en el Mediterráneo y en el Atlántico, con centenares de desembarcos y nuevas tragedias por naufragio. Incumpliendo así, una vez más, los presuntos acuerdos alcanzados con las autoridades españolas y comunitarias para controlar esos flujos migratorios a cambio de dinero de España y la Unión Europea, del silencio sepulcral del Gobierno español sobre las continuas violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental y del infame apoyo a la pretendida anexión ilegal e ilegítima del territorio saharaui por Marruecos
El Gobierno español permanece callado también cuando el Gobierno marroquí, aprovechando la compleja situación política en España -al igual que hizo Hassan II en el momento de la ‘marcha verde’- extiende unilateralmente su jurisdicción sobre las aguas territoriales de Canarias y trata de apropiarse también de las aguas adyacentes del Sáhara Occidental, en violación del Derecho Internacional. Y mientras los funcionarios españoles se baten el cobre en Bruselas para conseguir de la UE la transferencia a Marruecos de 400 millones de euros «para el control de la inmigración»… el Gobierno español permanece agazapado a la espera de que el Gobierno marroquí compre a España dos barcos militares por unos 260 millones de euros, operación ésta «solo pendiente de la firma del rey Mohamed VI«…
Hay que recordar que Marruecos dispone de medios suficientes y tecnología adecuada para controlar sus costas internacionalmente reconocidas; y que si no lo hace es para presionar y chantajear al Gobierno español y a la UE. No tiene otra explicación el que abra o cierre la salida de pateras cuando le conviene, para recordarnos «quién manda aquí», y, al mismo tiempo, mantenga una férrea vigilancia y un desorbitado gasto en el control del Muro militar minado de más de 2.700 Km que atraviesa y divide todo el Sáhara Occidental ilegalmente ocupado. Y «mientras los marroquíes emigran masivamente, Marruecos hace exhibición de lujo Real en el mar« (Ignacio Cembrero).
Es obvio que la tarea no es fácil, en absoluto, porque ha habido ya «demasiados retrocesos» -como tituló Santos Juliá su último libro- y demasiadas concesiones al monarca alauita. Pero puede que haya llegado el momento de plantearse una ‘Segunda Conferencia de Berlín‘, dado que los migrantes no solo provienen de Marruecos y el Magreb, sino también del África subsahariana. Y ahora que el Sr. Borrell dirige la Política Exterior de la UE, tal vez pudiera hacer un esfuerzo para cambiar el chip e ir asentando esa idea en sus colegas europeos de las potencias que se repartieron África en la Conferencia de 1884-1885. Si en ese entonces fueron ‘capaces’ de sentarse y acordar la división del Continente africano con escuadra, cartabón y tiralíneas, el expolio de sus recursos y el sometimiento de sus poblaciones, no debería haber problemas hoy para llegar a un gran acuerdo conjunto entre la Europa ‘civilizada’ y los países y territorios africanos antaño colonizados, al objeto de reparar en alguna medida los daños perpetrados y contribuir a generar riqueza, democracia, respeto de los derechos humanos y puestos de trabajo en esos países y territorios, de manera que fuera innecesario abandonar en patera el país de origen para morir en la travesía hacia el Continente europeo. Seguramente las reflexiones del profesor Sami Naïr («Refugiados«, «La humanidad inmigrante») podrían ser de gran ayuda para esbozar ese ambicioso proyecto pendiente.
También va siendo hora de que el nuevo Gobierno español deje de estar callado y sumiso, y empiece a exigir eficazmente el cumplimiento de la legalidad internacional a su tan cacareado «socio estratégico». Como señala el digital piensaChile, «la política expansionista de Marruecos es una consecuencia directa del incumplimiento por parte de España de su responsabilidad jurídica e histórica hacia el Sáhara Occidental«. Un Sáhara Occidental independiente , la RASD, amiga de una España que cumpla con sus responsabilidades internacionales, será la mejor garantía de seguridad y tranquilidad para Canarias y sus habitantes. «Hacer más concesiones por parte del gobierno de España solo alentará a Marruecos a persistir en el expansionismo de su aventura colonial» (Mohamad Jadad). Aunque no lo explicitaba el profesor Françesc de Carreras en su reciente artículo «Cataluña y el derecho a la autodeterminación«, hay que decirlo alto y claro, una vez más: Si alguien tiene hoy derecho a la autodeterminación, legal e internacionalmente reconocido -pero sin ejercer aún-, ese alguien es el pueblo saharaui. No es preciso irse tan lejos, Sr. De Carreras, y poner el ejemplo de la Kenia colonial británica, teniendo tan cerca, y tan nuestro, el Sáhara Occidental y el pueblo saharaui, sometidos ilegalmente a la brutal colonización marroquí.
Hace ya sesenta años que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó (el 14 de diciembre de 1960) la ‘Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales’ -Resolución 1514 (XV)-, proclamando que «La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales»; y reconociendo a esos pueblos el derecho a la libre determinación y a la independencia.
Sería deseable que académicos, historiadores, juristas y otros científicos sociales cumplieran su privilegiado papel con la sociedad, la Historia y la Justicia promoviendo y defendiendo la justa causa del pueblo saharaui.
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