El drama era, por desgracia, previsible en las fronteras españolas de Ceuta y Melilla. Todo hace pensar que sólo estamos al comienzo del pulso que opone a los solicitantes de asilo, verdaderos o falsos, poco importa, y a las autoridades de los países ricos de Europa. La frontera mediterránea se parece cada vez más a […]
El drama era, por desgracia, previsible en las fronteras españolas de Ceuta y Melilla. Todo hace pensar que sólo estamos al comienzo del pulso que opone a los solicitantes de asilo, verdaderos o falsos, poco importa, y a las autoridades de los países ricos de Europa. La frontera mediterránea se parece cada vez más a la de Estados Unidos con México: está cada vez más sembrada de víctimas. La opinión pública descubre de forma brutal la realidad: unos seres humanos prefieren morir en vez de seguir viviendo en la miseria y en la humillación. El Gobierno español es puesto a prueba; no vemos cómo puede encontrar una solución que satisfaga a todo el mundo. La Unión Europea tiene sus exigencias; la geografía convierte a España en el puesto más avanzado de la prosperidad. Las fronteras han desaparecido en el interior de Europa, pero se transforman en campamentos fuera de ella. Así, la metáfora de la fortaleza asediada es más cierta que nunca. Europa ha decidido instalar campamentos en sus fronteras, y empieza a ver lo que cuesta en vidas humanas.
Las últimas avanzadas de esta política de los campamentos se han hecho en África, en especial entre el Mediterráneo y el Sáhara. Así, Marruecos sufre una fuerte presión por parte de la UE para que refuerce el control de sus fronteras, disuada y contenga a los emigrantes subsaharianos y, al mismo tiempo, les detenga en su recorrido migratorio hacia Europa. En definitiva, para que desempeñe el papel de «gendarme» de Europa. La política de readmisión realizada estos últimos años por la UE se inscribe totalmente dentro de esta lógica. En la actualidad, se está negociando un acuerdo de readmisión con Marruecos, que le obligaría a organizar la readmisión no sólo de sus súbditos en situación irregular, sino también de las personas que hayan transitado por su territorio. El desbloqueo de 250 millones de euros dentro de los programas de asistencia técnica y financiera para el control de las fronteras (AENEAS) debería pesar en la balanza…
Podría analizar esta situación desde un punto de vista jurídico pero, en realidad, no sirve de gran cosa ya que es perfectamente conocida por quienes toman decisiones en este ámbito y, por lo general, no tienen que rendir cuentas a nadie.
Veamos más bien la situación sobre el terreno. Es alarmante en los campamentos informales instalados en los bosques de Ben Younes y Gurugú, próximos a Ceuta y Melilla, respectivamente. Un reciente informe de una organización benéfica francesa realiza una descripción de las condiciones de vida de estos emigrantes y solicitantes de asilo de origen subsahariano. Al final de un largo recorrido de unos dos años (travesía del desierto, paso por Libia, etcétera), estas personas se encuentran atrapadas en esos bosques. Los que acaban en los campamentos precarios hechos de cabañas de madera son a menudo los más pobres: no tienen medios para pagar su paso a Europa (papeles falsos, intermediarios, pateras, etcétera). En realidad, una vez que han entrado en Marruecos por Oujda (ciudad del norte fronteriza con Argelia) y principal punto de paso, se produce una «selección» entre los emigrantes: los que tienen los medios para pagar se van a las ciudades para tratar de realizar una travesía en patera (sobre todo hacia las islas Canarias porque el SIVE -Sistema Integral de Vigilancia Exterior- hace que el trayecto sea muy difícil en las costas de Cádiz, Málaga y Algeciras); a los demás sólo les queda la opción de dirigirse al bosque.
De por sí expuestos a las agresiones de «vagabundos y bandidos» cuando se desplazan a pie hasta los campamentos en los bosques, a continuación quedan abandonados a su suerte, totalmente aislados, esforzándose por alimentarse y sobrevivir en este entorno hostil. Aunque estos «guetos» se parecen a «campamentos de refugiados» en la medida en que están «organizados» (los emigrantes han organizado espacios de vida en los campamentos), las condiciones no dejan de ser miserables y las sanitarias son espantosas. Por no hablar del acceso a los cuidados médicos, que resulta imposible por la reclusión y la clandestinidad en que viven. Y ello debido sobre todo a que las autoridades marroquíes disuaden, tanto a las asociaciones como a la población, de que ofrezcan ayuda a estos emigrantes, que permanecen de media siete meses en estos campamentos.
Sólo salen de su clandestinidad para, por la noche, tratar de superar con escalas de madera las verjas y alambres de espino que los separan de los enclaves españoles. Evidentemente, «el ataque a las verjas» es muy peligroso, ya que la frontera está estrechamente vigilada por ambos lados (sobre todo en el lado español, que dispone de un arsenal tecnológico considerable). Para los pocos afortunados que logran saltar las verjas, se inicia un verdadero juego del escondite con la Guardia Civil antes de poder acceder al «campo» (lugar de acogida de los emigrantes y solicitantes de asilo). Pocos son los que lo logran. Pero, sobre todo, cuando son interceptados por la Guardia Civil y devueltos a Marruecos, los emigrantes son en ocasiones víctimas de violencia física (palizas, pelotas de goma, etcétera) y humillaciones (insultados, desnudados). Por desgracia, no son actos aislados. Y algunos no dudan en afirmar que es una estrategia consciente y organizada de represión y disuasión. Esta violencia también existe en el lado marroquí (casos de palizas y torturas). Por otro lado, las autoridades marroquíes organizan verdaderas «cazas al hombre» en los bosques, en ocasiones con la complicidad de civiles marroquíes, para capturar y expulsar a los africanos o magrebíes que viven en ellos. Estas «batidas», encaminadas a disuadirles, les sumen en realidad en el terror y les obligan a desplazarse incesantemente o a dormir fuera de los bosques.
Reprimidos y acosados por todas partes, privados de cualquier derecho, a estos emigrantes sólo les queda al final la opción de «encerrarse» en estos campamentos, que sin embargo son «abiertos», ya que no pueden circular, no tienen otras posibilidades para vivir y tampoco pueden hacer valer sus derechos en materia de asilo. Porque la posibilidad de solicitar el asilo sigue siendo un espejismo pese a que Marruecos ha ratificado la Convención de Ginebra y la de la OUA (Organización para la Unidad Africana).
Los arrestos y expulsiones arbitrarias son legión. Además, la mayoría de los emigrantes ignora los trámites para solicitar asilo o no cree en ellos. Los medios humanos y materiales para garantizar este derecho son casi inexistentes. ¡Algunos emigrantes dicen incluso haber visto producirse arrestos delante de la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados! Sin embargo, muchos de estos emigrantes podrían beneficiarse legítimamente de la protección de laConvención de Ginebra o la Convención de la OUA de 1969 que rige los problemas de los refugiados en África. Porque, según varias fuentes, ONG y organizaciones caritativas, más de la mitad de estos refugiados han huido por motivos de persecución política, étnica o relacionados con una situación de guerra (guineanos, liberianos, congoleños, marfileños o senegaleses). Los demás están ahí por motivos económicos y para garantizar la supervivencia de su familia (nigerianos, malienses o cameruneses). Pero en la noche del bosque y la opacidad de los campamentos, ambas tragedias se entremezclan a menudo. Y resulta chocante comprobar que, al igual que en Lampedusa (Italia), estos emigrantes, en su mayoría hombres jóvenes y a menudo con un nivel de instrucción bastante alto, son padres de familia y ejercían una actividad profesional que tuvieron que abandonar.
¿Qué hacer? Están las medidas de fondo: ayuda al desarrollo, acción en las zonas de origen, prevención de los conflictos, etc… Pero hay que actuar ahora, y rápido. En primer lugar, es necesario que Europa deje de exigir a terceros países, como Marruecos, «resultados» en materia de expulsión; y sobre todo que no vincule la ayuda al desarrollo a la aceptación por los terceros países de este papel de gendarme. Porque esto siempre se produce en detrimento de los refugiados, sobre todo en los países donde los derechos humanos son poco respetados. Es mejor reinvertir en programas de reestablecimiento para los refugiados. En cuanto a las autoridades españolas, si bien hay que pensárselo dos veces antes de lanzarles la piedra, porque están obligadas a hacer respetar la ley, deben no obstante someterse a la Convención de Ginebra y garantizar el conjunto de la reglamentación. Deben asimismo realizar un gran esfuerzo en materia de formación de las fuerzas del orden, encargadas del primer contacto con los refugiados. Y castigar con severidad los actos ilegales de violencia cometidos por los agentes del Estado. Lo mejor es, de nuevo, aceptar la presencia permanente de observadores neutrales sobre el terreno, en especial representantes de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Y es necesario que el Alto Comisionado para los Refugiados pueda trabajar de forma concertada con el Estado marroquí, sobre todo para controlar la legalidad de los arrestos y de las expulsiones. Si bien no es posible detener estos movimientos de población, erradicar de la noche a la mañana la miseria y la desesperación que los produce, sí es en cambio posible, e indispensable, hacer que se respeten los derechos humanos. También los nuevos condenados de la tierra tienen derecho al Derecho.
Sami Näir es profesor invitado de la Universidad Carlos III. Traducción de News Clips.