Lof Quemquemtreu, nueva represión como parte del despojo territorial mapuche

Lof (comunidad) Quemquemtreu procedió a recuperar las tierras que antiguamente le pertenecían a la familia mapuche de Lucinda Quitupuray el 18 de septiembre de 2021. La recuperación se argumentaba porque el lugar se encontraba «deshabitado hace mas de 50 años y a merced de intereses inmobiliarios, forestales e hídricos».

Lucinda Quitupuray fue encontrada muerta a balazos en su cama en 1999, y su hijo Victorino después. Así, se deshicieron de propietaria y heredero de un terreno de unas mil hectáreas. Así las cosas, éste fue asignado por el Servicio Forestal Andino a un emprendimiento maderero de Rolando Rocco. Esto supuso la tala del bosque nativo para reemplazarlo por pino. Rocco es conocido por las formas poco ortodoxas con las que se ha hecho con territorio en el que ha desplegado sus plantaciones de pino y es también un conocido extractivista que impulsa la actividad minera en las comunidades. Lucinda Quintupuray ya había sido objeto de presiones por el lobby forestal, que de parecida forma consiguió el desalojo de la abuela Odelina de la comunidad Pichún. Cabe resaltar que 19 años después, ambos asesinatos de Lucinda y Victorino no han sido esclarecidos.

El propio Rocco exigió el desalojo este 24 de septiembre. La fiscal Betiana Cendón hizo caso omiso, pese a que existía un acuerdo con otro fiscal, Arrien, de esperar y no usar la violencia. Cendón ordenó el desalojo, que se saldó con cuatro detenciones y con una violencia desmesurada que incluyó uso de balas de goma y plomo, y la agresión a un menor que fue tirado al suelo y sobre el que en su espalda agentes hincaron sus rodillas. También se llevaron pertenencias de la comunidad.

El operativo se mantuvo en la comunidad impidiendo la entrada a cualquiera. Se colocaron efectivos pertrechados con armas largas, policía montada y también permaneció un camión de bomberos. Dentro del operativo, la policía tomó también la Escuela Intercultural 211, bautizada con el nombre de la vecina asesinada, Lucinda Quintupuray, para utilizarla como centro de operaciones.

La comunidad además padeció dos ataques policiales más ese fin de semana. Como respuesta a este acto de represión a cargo de la Policía de río Negro y demandando explicaciones a la fiscalía sobre el desalojo, el 25 a la mañana activistas mapuches cortaron el tráfico en el cruce de ruta Nacional 40 y la Provincial 6. Se registraron choques entre los mapuches y miembros de la policía permanecieron en el lugar aislando a la comunidad.

Hoy 5 de actubre, se anunciaba la decisión de la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras, de enviar fuerzas federales para apoyar a la policía y a la fuerza especial COER.

Un activista que participó en la acampada en solidaridad con Lof Quemquemtreu explica a A Planeta que los asistentes tuvieron que “aguantar las heladas patagónicas a la intemperie”. Desde la acampada se comunican con las personas sitiadas de Lof Quemquemtreu intercambiando el afafán o grito mapuche, con lo que les confirman “que hay mucha gente acompañando con la presencia”.

En la acampada también tienen lugar itercambios de ideas, en las que queda muy claro la concepción de que “el pino es una herramienta del poder para la dominación y la destrucción de la Mapu (Tierra). Cada intervención coincidía una y otra vez en ese sentipensar”.

El 27 una comitiva integrada por la Coordinadora Parlamento Mapuche, el CODECI, el Consejo de Participación Indígena y la APDH entró hasta el territorio de la comunidad para conocer el estado de las personas que se encontraban aisladas. Se les denegó permiso para introducir alimentos y abrigo. También denegaron la propuesta de una mesa de diálogo. Entre la fiscal Betiana y el juez Calcagno se pasaron la pelota de a quién correspondía la responsabilidad de permitir la entrada en el territorio sin decidirlo.

Una amplia red de organizaciones políticas y sociales ha expresado su solidaridad con Lof Quemquemtrew. Como reflexionaron «una vez más, la respuesta del Estado ante un conflicto territorial con el pueblo mapuche es la represión». El Observatorio (OMCT-FIDH), el Grupo de Pueblos Indígenas y Tortura de la OMCT y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) denunciaron la violencia empleada en el desalojo por la policía. Estos exigieron también que se respete el artículo 75 de la Constitución Argentina, que en su inciso 17, vela por el respeto de la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas. Así como el respeto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que también reconocen los derechos de pueblos indígenas y tribales, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

También la U nión de Trabajadores de la Educación (UnTER) repudió la toma policial de la comunidad, así como de la escuela Intercultural 211 Lucinda Quintupuray que ha sido utilizada por las fuerzas represivas como base de operaciones.

El premio Nóbel de la Paz y presidente del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Adolfo Perez Esquivel, así como las coordinadoras del mismo, Ana Almada, Cecilia Valerga y Elizabeth Quintero, también denunciaron a la Gobernadora de Río Negro la emergencia humanitaria creada en Lof Quemtrew. Esquivel ya intercedió en 2008 en favor de la familia Quintupuray en el reclamo de las tierras de la asesinada Lucinda Quintupuray.