Traducido del inglés para Rebelión por J. M.
Manifestantes en Tel Aviv protestaron el mes pasado contra un vídeo que acusó a los activistas de derechos humanos de «agentes extranjeros». (Foto de Baz Ratner / Reuters)
En marzo de 1968 mi padre era miembro del comité de estudiantes de la Universidad de Varsovia que ayudó a dirigir las enormes protestas para exigir la reforma del Gobierno polaco comunista. El Gobierno respondió con una campaña de desprestigio para tratar de deslegitimar a los líderes de las protestas, alegando que estaban actuando en interés de las potencias occidentales o -en provecho de los sentimientos antisemitas generalizados- en un complot judío-sionista contra la República Popular de Polonia.
En otras palabras, el Gobierno calificó a mi padre y sus amigos de agentes extranjeros. Traidores.
Mi padre fue detenido por tres meses y expulsado de la universidad. Después de su liberación se fue con su familia a Israel, donde nací. A diferencia de mi padre yo crecí en un ambiente que dio la bienvenida a la discusión política libre y permitió a las personas como yo convertirse en activistas de derechos humanos y críticos de nuestro Gobierno. Cuando reclamé hace unos años -después de otro ataque de la derecha a las organizaciones de derechos humanos israelíes- que habíamos llegado «al fondo de la fosa,» mi padre me regaló una sonrisa de complicidad. «El pozo es mucho más profundo de lo que piensas», dijo.
Mi padre tenía razón. Durante el mes pasado, he empezado a ver su verdadera profundidad.
El 15 de diciembre un grupo ultranacionalista israelí lanzó un video que retrata a cuatro defensores de derechos humanos israelíes como agentes plantados por estados extranjeros para ayudar a los terroristas. El video de 68 segundos, que hizo rápidamente su camino a través de las redes sociales de Israel, muestra cuatro disparos de fotos policiales y afirma que «mientras nosotros luchamos contra el terror, ellos luchan contra nosotros».
El video es calumnia pura y simple y una incitación indignante. También es la evolución natural de un proceso liderado por el Gobierno de Israel. La ministra de Justicia Ayelet Shaked merece ser la dueña de los derechos de autor por endilgar a las organizaciones de derechos humanos el papel de «agentes de gobiernos extranjeros». Durante años ha liderado una campaña para convencer a la opinión pública israelí de que tales organizaciones son el largo brazo de las potencias extranjeras.
El mes pasado, en su papel de ministra, Shaked introdujo un proyecto de ley que obligaría a los miembros de los grupos de derechos humanos a indicar en cada comunicado y publicación que están «financiados por entidades extranjeras». El proyecto de ley también requeriría que los trabajadores de derechos humanos llevasen insignias identificativas cuando se reúnan con funcionarios del Gobierno israelí. La semana pasada el proyecto de ley pasó su primer obstáculo legislativo y recibió el apoyo de la coalición gobernante. La Knesset votará en las próximas semanas y probablemente pasará.
El primer ministro, Benjamin Netanyahu, no ha condenado el video. Esto está en línea con la incitación continua de su Gobierno contra los defensores de derechos humanos israelíes que se oponen a casi cinco décadas de ocupación israelí de los territorios palestinos, su política de asentamientos y el abuso sistemático de los derechos de los palestinos. La represión del Gobierno, además de ser peligrosa para la sociedad israelí es, en última instancia, un medio para que el Gobierno de Netanyahu pueda continuar profundizando la ocupación y la opresión de millones de palestinos. Despojados de los derechos civiles y con poca influencia sobre su futuro, ellos sólo pueden soñar con los derechos y el espacio político que los israelíes -incluso los activistas de derechos humanos israelíes- todavía disfrutan.
Con una sincronización que parecía coordinada con el lanzamiento del video, los ministros de Defensa y Educación anunciaron que desde ahora se prohíbe a la organización Rompiendo el silencio -un grupo de militares veteranos israelíes que se oponen a la ocupación- hablar con unidades militares y en las escuelas. Ambos ministros han calumniado a la organización tildándola de antiisraelí.
La incitación contra los defensores de los derechos humanos es parte de una mayor embestida del Gobierno a las libertades democráticas. Proyectos de ley y leyes apoyadas por varias coaliciones de Gobierno lideradas por Netanyahu desde 2009 hasta hoy siguen acotando los límites del discurso y el activismo en Israel. Incluyen sanciones a cualquier persona que llama al boicot de los asentamientos israelíes y tienen poder para cortar la financiación de las instituciones que conmemoran el «Nakba» (la palabra árabe para «catástrofe» que se utiliza para describir la expulsión de los palestinos de sus hogares cuando se creó el Estado de Israel en 1948). Y ahora hay un aumento de los esfuerzos para restringir legalmente el trabajo de las organizaciones de derechos humanos.
Israel se está convirtiendo en una «democracia técnica», un país que utiliza al unísono los martillos de la legislación y la incitación a la huelga por disidencia. Este entorno ha permitido que florezca la incitación al odio contra los defensores de derechos humanos israelíes hasta el punto de poner en riesgo su seguridad.
La complicidad del Gobierno es especialmente peligrosa debido a las limitaciones de las leyes sobre incitación en Israel. La ley israelí no tipifica como delito la incitación al odio político, a diferencia de las expresiones de odio dirigidas a los grupos raciales, étnicos y religiosos. La Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del año 1999 obliga a los Estados a tomar medidas proactivas contra la estigmatización de los defensores de los derechos. Esto incluye la condena a la agresión y la incitación en su contra.
Israel está fracasando en este sentido. El Gobierno de Netanyahu se está poniendo en el mismo lado que los países que no sólo no protegen a los defensores de derechos humanos, sino que fomentan su acoso, como Rusia, China y Egipto y la Polonia comunista de la juventud de mi padre.
Pero incluso mientras el Gobierno israelí emplea la incitación al estilo soviético para silenciar a los defensores de derechos humanos Israel sigue siendo una sociedad abierta. Y esto obliga a todos los israelíes preocupados por los derechos humanos a mantener elevadas nuestras voces contra la injusticia. Como dijo una vez el teólogo y filósofo judío Abraham Joshua Heschel: «En una sociedad libre algunos son culpables, pero todos son responsables». Como una segunda generación de «topos», sé que no vamos a ser disuadidos por la incitación o por la persecución legislativa.
Michael Sfard es abogado de derechos humanos israelí y trabaja como asesor legal en organizaciones israelíes como Rompiendo el Silencio, Yesh Din y a la Fundación de Defensores de Derechos Humanos.
Esta traducción puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.