Ningún parado sin cobertura, Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la renta básica a nivel estatal, eliminación de las trabas burocráticas para la obtención de ayudas, ningún desahucio de la primera vivienda, derecho universal al suministro de luz, agua y gas; y derecho a la renta básica de inserción. Son estas las principales reivindicaciones de los […]
Ningún parado sin cobertura, Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la renta básica a nivel estatal, eliminación de las trabas burocráticas para la obtención de ayudas, ningún desahucio de la primera vivienda, derecho universal al suministro de luz, agua y gas; y derecho a la renta básica de inserción. Son estas las principales reivindicaciones de los activistas de Campamentos Dignidad de Extremadura que desde el 26 de diciembre permanecen «encerrados» en la parroquia san Juan Bautista de Badajoz, donde se desplazaron tras un «encierro» anterior, desde el día 23, en la catedral de esta ciudad.
Los Campamentos Dignidad de Extremadura nacieron el 20 de febrero de 2013 en la puerta de las oficinas de empleo del Sepe (antiguo Inem) en Mérida, donde se plantaron las primeras tiendas de campaña y se organizaron asambleas con un centenar de personas. El movimiento fue extendiéndose poco a poco a otras poblaciones extremeñas, en primer lugar a Plasencia. «El poder nos veía como un eco del 15-M, que ya se agotará», valoran fuentes del movimiento. A las acampadas de Mérida y Plasencia (desalojado ésta por la policía a las dos de la madrugada), se agregaron después las de Almendralejo y Badajoz. Uno de los primeros hitos de los Campamentos fue canalizar la presión popular para que el 9 de mayo de 2013 el parlamento extremeño aprobara la Ley de Renta Básica Extremeña de Inserción.
Casi dos años después («muy intensos y de lucha», valora uno de los activistas), se producen los «encierros» navideños en Badajoz. Hoy se encuentran en la iglesia de san Juan Bautista, donde el párroco les negó en un primer momento el espacio de culto, pero después accedió y les permitió quedarse en una oficina de unos 15 m2. Les aseguró, además, que no avisaría a la policía. Desde el día 26 de diciembre mantienen la protesta unas 12 personas en este pequeño espacio sin servicios (se trasladan a un parquing público muy cercano), sin agua corriente ni disponibilidad para cocinar. La previsión es que el «encierro» continúe hasta el 4 de enero, fecha en que los Campamentos Dignidad levantarán la protesta para realizar un reparto de juguetes en el barrio Suerte de Saavedra, de Badajoz, donde una parte de la población vive en riesgo de exclusión social.
«Nos echamos a la calle por la miseria que está sufriendo el pueblo extremeño», afirma Jesús Oliva, de 37 años, quien en su día fue autónomo con empresa propia, pero desde 2012 está en el paro y ha sido objeto de un desahucio. Ha dejado a una hija de cuatro años con sus padres para participar en el «encierro». Destaca que en 2014 el gobierno autonómico ha desahuciado a 32 familias que residían en viviendas sociales de la Junta de Extremadura. El ejecutivo de Monago ha impulsado 111 desahucios en tres años y mantiene abiertos 1.300 expedientes de desalojo sobre viviendas de titularidad autonómica, pese a que el 26 de julio de 2012 y el 25 de abril de 2013 la Asamblea de Extremadura instó a la Junta a paralizar los desahucios en las viviendas del parque público. «Son más desahuciadores que los bancos», remata el activista. En cuanto a la renta básica de inserción, fuentes de los Campamentos Dignidad aseguran que de las 23.000 familias extremeñas que han solicitado la renta básica, la junta ha reconocido el derecho a 6.000 y ha abonado esta renta a menos de 3.000.
Óscar Lorenzo, otro de los «encerrados», lleva casi cinco años en el desempleo y es miembro de los Campamentos en Mérida. Pone el énfasis en «la gente muy normal que pasa por la iglesia, quiere informarse y te comenta…». Por ejemplo una joven, que volvía de fiesta, vio las pancartas y entró a documentarse sobre la renta básica, o un profesor de Badajoz que nos trajo víveres para la cena, además de interesarse por el movimiento y pedirnos los contactos. En la puerta de la iglesia se celebró estos días un concierto «alternativo» al de Woody Allen en el Palacio de Congresos de Badajoz, que tuvo un coste de 135.000 euros (una parte sufragada por la Junta de Extremadura). Plataformas ciudadanas se concentraron en protesta por el coste del evento, que calificaron de «despilfarro», y lo compararon con los impagos de la renta básica. Del concierto «alternativo» se hicieron cargo dos jóvenes de los Campamentos Dignidad avezados en tocar el clarinete. Además, el sábado 27, compañeros llegados de Córdoba cocinaron unas «migas solidarias», e invitaron a quienes pasaban por la puerta de la parroquia.
La acción reivindicativa comenzó el pasado 23 de diciembre en la catedral de Badajoz, y la primera noche durmieron en el edificio religioso una veintena de personas. Pero durante los tres días que duró este primer «encierro», se acercó mucha más gente a apoyar la protesta, con alimentos, proporcionando soporte moral y nutriendo la caja de resistencia. «Contamos con la solidaridad de los ciudadanos de Badajoz», resume Jesús Oliva. El «encierro» en la catedral concluyó cuando «el vicario nos ordenó el desalojo y nos vino a decir que, o nos marchábamos, o llamaría a la policía», agrega el activista. En la puerta de la catedral se dieron cita entonces ciudadanos, movimientos sociales, ONG y algunos partidos, para dar calor a los activistas. ¿Cómo fueron esos días? «Tres días en una capilla del claustro con un mucho frío y muy seco», apunta Oliva. El día 24, recuerda, hubo una cena de fraternidad y solidaria a la que se sumó mucha gente. Dos días después, tras la advertencia del religioso, decidieron en asamblea abandonar la catedral, y trasladarse unos 200 metros a la iglesia de san Juan Bautista.
Uno de los puntos fuertes de los Campamentos Dignidad son las «comunidades de lucha», así las denominan, construidas durante los «encierros», pues en las acciones de estas características se convive muchas horas, se comparten reivindicaciones y traban lazos afectivos. Entre las prioridades del movimiento figura la renta básica como herramienta de lucha política (con otras organizaciones han impulsado una ILP estatal), pero también otras como la oposición a los desahucios y el derecho a la vivienda. De hecho, impulsaron en verano de 2013 la ocupación de 210 viviendas en la urbanización «Los Álamos», en la barriada del Prado (Mérida), que se encontraban en estado de semiconstrucción, y cuyas obras llevaban paradas 6 años. Los activistas procedieron a la habilitación de las casas. También los Campamentos Dignidad se han implicado en el reparto de alimentos y en octubre de 2013 participaron, con el SAT, el Frente Cívico y otras organizaciones, en la promoción de las Marchas del 22-M.
El historial reivindicativo del movimiento es extenso. El 11 de febrero de 2014 irrumpieron en el plató de Televisión Española (TVE) en Extremadura, donde se emitía en directo el informativo de las 14 horas. Dado que inmediatamente el realizador provocó la desconexión, no pudieron leer el manifiesto que llevaban preparado. Por esta acción, 19 parados de los Campamentos terminaron en el calabozo. Otros cinco activistas están procesados por la ocupación en enero de 2014 de un bloque de viviendas de la SAREB («La Corrala Solidaridad») en el centro de Almendralejo, donde actualmente viven 16 familias. En total, 58 personas multadas y procesadas.
Entre los juicios pendientes, dos por reivindicar la renta básica de inserción y cuatro por luchar contra los desahucios. Pero en ocasiones saltan las buenas noticias: la absolución hace dos meses de seis activistas por el escrache al portavoz del PP, Carlos Floriano. En los Campamentos denuncian una «gran saña» en la represión y, para ello, establecen una comparativa con el SAT, el sindicato más represaliado de Europa. En 30 años de lucha el SAT acumula multas por valor de casi un millón de euros, mientras que en sólo dos años los campamentos suman 183.000 euros. «Y todo por acciones de desobediencia civil no violenta», agregan las mismas fuentes.
A pesar de todo, el movimiento extremeño continúa en la lucha con enorme dinamismo, vitalidad y respetando la autonomía de cada uno de los municipios. Empezaron en Mérida, Almendralejo y Badajoz (en las puertas de la oficina de empleo) y en Plasencia (catedral), pero actualmente hay una veintena de núcleos por toda Extremadura, en Cáceres, Fuente de Cantos, Villafranca de los Barros u Olivenza, entre otros. Resumen su programa en tres lemas: Pan, trabajo y techo. Y cara a 2015, que venga cargado de justicia social, lucha, trabajo y renta básica…
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