Más de 130 fallecidos, centenares de desaparecidos, 15.000 viviendas afectadas y más de 26.000 hectáreas arrasadas. Son algunas de las cifras del incendio en la región de Valparaíso. Entre las causas: el monocultivo forestal —que es política de Estado desde hace décadas—, los negociados inmobiliarios y la complicidad política y del Poder Judicial.
«Las forestales están quemando a Chile», es el título del comunicado de una decena de organizaciones sociales y ambientales que apunta a las causas de la grave situación del país, con 130 fallecidos, centenares de desaparecidos y 26.000 hectáreas arrasadas. Firmada por la Red por la Superación del Modelo Forestal, Chile Sin Ecocidio, ONG We Kimün, Entramas por el Bio-Bio, Fundación Tanti y el Colectivo Viento Sur, entre otras, apuntaron a los intereses económicos detrás de los incendios, y la complicidad política y del Poder Judicial.
Transcripción de parte del comunicado de las organizaciones.
«¿Quién se beneficia de los incendios? ¿Quién aprovecha el cambio de uso de suelo?»
A un año de las tormentas de fuego que devastaron amplias zonas entre las regiones de Maule y Araucanía, volvemos a vivir el drama de ver a miles de familias perderlo todo, a personas perecer entre las llamas, y a ecosistemas completos ser destruidos por el fuego.
Cada vez más frecuentes, las tormentas de fuego o incendios forestales extremos han arrasado más de un millón de hectáreas de territorio chileno rural y urbano. La evidencia disponible y la experiencia de las comunidades afectadas indican que estos incendios forestales no son accidentales sino producto del modelo forestal imperante en Chile desde el nefasto Decreto 701, facilitados además por el aumento de la superficie de monocultivo forestal, el cambio climático, la negligencia y complicidad del Estado, y las conductas criminales de individuos y de intereses empresariales.
Hace un año una oleada de solidaridad social se movilizó en apoyo de las víctimas del incendio, y durante todo el año articulaciones como la Red por la Superación del Modelo Forestal impulsaron iniciativas para analizar las causas e impactos de los incendios y elaborar propuestas para superar el extractivismo como el Decreto de Restauración Forestal Ecológica. Hoy junto a miles de personas y organizaciones de cordillera a mar nos ponemos una vez más a disposición para solidarizarnos con los territorios y comunidades afectadas por la catástrofe.
Y, con todo, la solidaridad no basta.
Al recorrer los territorios donde impera el estado forestal de los grandes grupos económicos, observamos cómo las nuevas plantas de pino y eucalipto (especies que se benefician del fuego) han sido plantadas en los mismos lugares que antes, sin cambios sustantivos en la forma de monocultivo, sin respeto alguno por quienes ya han sufrido el fuego.
Mientras las grandes empresas forestales lavan su imagen de industria peligrosa con certificaciones verdes, publicidad, regalos a comunidades necesitadas y lobby político, la zona Centro-Sur de Chile, punto crítico mundial de biodiversidad, es incendiada. Es el fracaso del Estado.
El actual modelo forestal es una industria peligrosa que por décadas se ha beneficiado del subsidio estatal, prácticamente sin regulación ambiental y planificación territorial alguna. Hay que detener esta práctica ecocida y homicida, antes que el daño socioambiental sea irreversible.
Solo gracias a la denuncia social y la visibilización de la catástrofe causada por los incendios, la clase política le ha asignado algo más de atención a la prevención y combate de este flagelo. Luego de años de espera se está discutiendo una ley que considere una mínima regulación para la interfaz urbano-rural. Valoramos ese paso, pero llega tarde, y es insuficiente para prevenir la repetición de las catástrofes y reparar los daños causados.
No se puede tapar el sol con un dedo. Hace dos semanas el Tribunal Local por los Derechos de la Naturaleza sesionando en la Región del Biobío reconoció que el Estado y las grandes empresas forestales eran corresponsables de los incendios forestales recientes, y que estos constituían un verdadero ecocidio que afectaba las bases de la existencia de comunidades humanas y ecosistemas.
No basta con gastar millones de dólares en aviones, maquinaria y personal de combate de incendios, si no se toman medidas para poner fin al extractivismo forestal y al abuso empresarial. Ahora quieren que normalicemos el riesgo y asumamos los costos de prevenir y mitigar. El pueblo pone los muertos, ¿pero quién se beneficia de los incendios, quien cobra los seguros y aprovecha el cambio de uso de suelo?
Invitamos a la sociedad civil y las organizaciones sociales a impulsar con más fuerza la solidaridad inmediata y la resolución de las causas de fondo de estas catástrofes. Llamamos a buscar de forma proactiva la justicia ambiental, a educar a la sociedad en las causas y consecuencias de los incendios, y a ejercer su poder soberano en el gobierno del territorio y la elaboración de políticas públicas y normativas que superen el modelo forestal extractivista.
En muchas zonas ya se organizan grupos de vecinos y vecinas por lograr justicia ambiental y reparación de los daños causados. Agrupaciones ambientalistas y familias promueven con más fuerza la recuperación con especies nativas y técnicas tradicionales y ecológicas. Comunidades mapuche luchan por recuperar su territorio y habitarlo en base a su cultura ancestral. Campesinas y campesinos fomentan cultivos agroecológicos y comercio justo. Vecinos y vecinas de zonas urbanas rodeadas por las forestales toman conciencia del riesgo en que viven.
Por nuestra parte, demandamos que de forma inmediata:
1. Que las grandes forestales aporten sus utilidades para cubrir los daños de los incendios forestales donde estén involucradas;
2. Imponer una moratoria suspendiendo todo nuevo monocultivo forestal;
3. Decreto de restauración forestal ecológica con incentivos a la restauración y rehabilitación de ecosistemas nativos;
4. Hacer cumplir las restricciones existentes y actualizar los planes reguladores incluyendo zonas urbanas y rurales de recuperación ambiental libres de monocultivo;
5. Someter la actividad forestal a estudios de impacto ambiental, impedir el saqueo del agua subterránea y condicionar su existencia al parecer de las comunidades aledañas;
6. Eliminar totalmente el DL 701 y que las grandes forestales hagan devolución de los subsidios públicos entregadas a ellas durante décadas;
7. Participación social vinculante en la elaboración de políticas de regeneración ambiental y la planificación territorial.
Por su parte, el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), un espacio de referencia en la lucha contra el extractivismo en Chile, emitió un comunicado que apuntó también a las causas de los incendios: «Entre las causas de fondo está el desenfreno inmobiliario, incentivado por la desidia del Congreso respecto de una legislación que ponga fin a los incendios y las insuficiencias conocidas en los instrumentos de planificación territorial, que desconocen criterios ecosistémicos. También las faenas de construcción de Torres de Alta tensión en función de una transición energética empresarial, están provocando serios daños a la biodiversidad y afectando la flora nativa».
El MAT remarcó que las empresas forestales siguen extendiendo sus plantaciones de pino y eucaliptus a lo largo del país, y recordó que el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (que sesionó en Chile emitida tras sesionar en BioBio) determinó que el modelo forestal ha provocado «un ecocidio y ha vulnerado los derechos de la Naturaleza».
Y apuntó a un actor que no suele aparecer y es un engranaje fundamental del extractivismo: «La Justicia no avanza al ritmo que se requiere para identificar la relación entre la falta de tareas preventivas de estas empresas y su incumplimiento de normas, que favorecen la extensión y propagación de nuevos incendios. La Justicia en cambio ha sido rápida para condenar sin pruebas a luchadores sociales mapuche a extensas penas de prisión, situación respondida con una huelga de hambre que mantiene en riesgo vital a los presos políticos mapuche a más de 80 días de iniciada esa protesta».