La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya acapara las noticias de actualidad política, como lo hizo hace unos meses la del Estatuto Vasco. A lo largo del último año se están produciendo movimientos de reforma de los estatutos de autonomía. Parece como si el proyecto de reforma del estatuto de autonomía vasco, […]
La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya acapara las noticias de actualidad política, como lo hizo hace unos meses la del Estatuto Vasco. A lo largo del último año se están produciendo movimientos de reforma de los estatutos de autonomía. Parece como si el proyecto de reforma del estatuto de autonomía vasco, el conocido como «plan Ibarretxe», hubiese sido la señal de salida para modificar una situación generada como uno de los productos de la «Transición».
Además de la Comunidad Autónoma Vasca, Catalunya, Valencia, Andalucía…se han lanzado a esta carrera para reivindicar más autonomía.
El nacionalismo español se desgañita estos días anunciando el Apocalipsis y «la disgregación de la patria». No sólo Rajoy, sino el Rey, los mandos militares, y algunos dirigentes del PSOE como Bono, Ibarra, Chaves…anuncian todo tipo de peligros y males derivados de los derechos de los pueblos minoritarios que forman parte del Estado español. La escenificación tiene bastantes similitudes con las actitudes de la derecha frente a la laicidad de la enseñanza, al matrimonio de los homosexuales, el derecho al aborto, la inmigración, o cualquier otra cosa que les sirva como arma arrojadiza contra cualquier idea progresista. Y como casi siempre, agitan la Constitución de 1978 como parapeto contra el que deben estrellarse todos los anatemas.
La irrupción con tanta fuerza de este debate es una demostración clara de que la Constitución del 78, respondiendo al carácter general de la política seguida en la Transición, no dio respuesta a los problemas de fondo. El «consenso», que aceptó los planteamientos de la derecha con la constitucionalización de la economía de mercado, la bandera, la monarquía… dejó fuera un derecho tan importante como era el reconocimiento de la posibilidad de autodeterminación de las nacionalidades, la izquierda renunció así a la que había sido una de sus señas de identidad, dejando esa reivindicación en manos nacionalistas, que la han podido utilizar demagógicamente.
Tragedia y farsa
Es curioso el paralelo que se está estableciendo con el proceso autonómico en la Transición. La obsesión entonces, como ahora, era limitar las posibilidades de plena autonomía del País Vasco y Catalunya, especialmente el ejercicio por parte del pueblo vasco del derecho de autodeterminación. Se llegó a amenazar a los representantes vascos con la intervención del ejército, para forzarles a aceptar una constitución y un estatuto de autonomía que aplazaba muchos problemas y eliminaba el derecho de autodeterminación. La izquierda renunció a sus programas y aceptó una constitución centralista y rígida.
Luego se utilizó a la burguesía catalana para, aceptando el Estatuto de Sau, y con el reaccionario Tarradellas al frente, presentarla como «el nacionalismo civilizado», en contraste con el nacionalismo vasco. Y, por fin, se utilizó la política de «café para todos», extendiendo las autonomías a todas partes para, en una parodia de federalismo, aguar las reivindicaciones de autodeterminación o de autonomía plena que habían sido uno de los factores decisivos en la caída del franquismo.
Hoy la historia se repite como una farsa. El centralismo españolista congénito a nuestra clase dominante y reflejado en la Constitución vuelve a constituirse en un muro para impedir el único camino lógico, el de la organización federal del Estado español. Claro que muchos reaccionarios establecen una vinculación entre federalismo y República, y políticas reivindicativas de la clase obrera, y les pone los pelos de punta.
Lo más preocupante de este proceso es que la izquierda acepte las reglas del juego que marca la derecha: discutir autonomía a autonomía, escenificando un enfrentamiento de unas contra otras, en lugar de coger el toro por los cuernos y plantear una alternativa global: la reforma de la constitución, el reconocimiento del derecho de autodeterminación, la constitución de una república federal y la defensa de una economía socialista.
El PSOE carece de una política coherente. En parte apoya el nacionalismo español, como se vio en Euskadi, y como proclama su martillo de herejes Ibarra, pero su tradición le hace tener una sensibilidad mayor que la del PP con los derechos democráticos, y en algunos casos, como Catalunya, aparece alineado con el nacionalismo periférico, lo que le crea graves contradicciones.
Izquierda Unida tendría aquí una gran oportunidad para aglutinar a la izquierda, para resaltar su perfil diferenciado, y atraer a una buena parte de los sectores de la izquierda, presentando la alternativa que, en teoría, defiende de un Estado plurinacional, federal, republicano y socialista, con el reconocimiento expreso del derecho de autodeterminación. Pero su crisis interna, y el acomodamiento de la actual dirección a la política del gobierno de Zapatero, así como la adaptación nacionalista de los dirigentes de Euskadi y Catalunya, están convirtiendo el programa transformador de IU en pólvora mojada.
No hay mucho que inventar, simplemente reivindicar la alternativa federal y socialista de IU. En lugar de eso se está practicando una política que se aleja de lo que defendemos en teoría.
Ante la reforma del estatuto vasco, en Euskadi nos alineamos con la burguesía vasca y en Madrid con la burguesía española, renunciando a un planteamiento democrático y de clase que nos hubiese hecho aparecer con una posición común en el conjunto del Estado español: el derecho de autodeterminación y la alternativa federal y socialista.
En el estatuto catalán, parece que nos alineamos con el nacionalismo catalán, ya que tanto el tripartito, como en concreto el PSC tienen esa postura, lo que nos permite también apoyarlo en el Parlamento español. Resulta muy difícil entender por qué apoyamos la tramitación del estatuto catalán y nos opusimos al vasco. ¿Miedo a desmarcarse demasiado del PSOE? ¿Miedo a la soledad?
Si en algún momento es necesario defender el programa de IU es ahora. Frente a la necesidad de superar la Constitución del 78, se empeñan en recortar la autonomía. Quieren cortar los dedos de los pies en lugar de cambiar de zapatos.
No podemos caer en este juego absurdo de plantear las exigencias de cada nacionalidad o región por separado, estamos contribuyendo a limitar el desarrollo de los derechos democráticos y de la lucha por la transformación de la sociedad. IU tiene la obligación de plantear una lucha unificada en Euskadi, Catalunya, Andalucía, Aragón… y no esa chapuza que se está haciendo perdiendo una gran oportunidad de reivindicar nuestro programa.
Del Estado burgués, monárquico, insolidario, a un Estado federal, republicano y socialista
Si primero «adaptamos» todos los estatutos a la Constitución ¿qué reforma constitucional vamos a explicar después? ¡Es ahora cuando la Constitución muestra sus limitaciones! Es el momento de levantar una alternativa que pueda aglutinar la fuerza transformadora que late en la sociedad y debemos ser capaces de encauzar.
El planteamiento más lógico, desde el punto de vista de la izquierda, sería exigir los cambios necesarios en la estructura política y económica para dar paso a un Estado federal, y en ese marco se debatirían los estatutos de autonomía, sin ninguna limitación ni cortapisa.
Desde nuestro punto de vista, y sin ánimo de agotar el tema, la alternativa de IU tendría que basarse en siete puntos, que ya defendimos un colectivo de compañeros en la Conferencia Federal de IU sobre el Modelo de Estado en 1998 y que nos parecen plenamente vigentes. Sabemos, que respecto a lo que planteamos a continuación, no todo lo vamos a conseguir al mismo tiempo, algunas cosas costarán más que otras, o incluso no se alcanzarán más que a largo plazo, pero nosotros no debemos renunciar de antemano a explicar la sociedad que queremos alcanzar y por la cual luchamos. Es tarea de todos diseñar los puntos transicionales que nos pueden ir acercando a transformar la sociedad en beneficio de la mayoría. La burguesía ya se encarga cada día de explicar las excelencias del statu quo, expliquemos nosotros cómo deberían ser las cosas en base a nuestros propios criterios:
1 La base de la solidaridad es que la unidad sea voluntaria y en pie de igualdad. La voluntad de los pueblos por unirse dependerá de que se les ofrezca un futuro esperanzador, tanto en los derechos democráticos como en los económicos y culturales. Esto no es contradictorio con que la izquierda defienda unos derechos sociales comunes y proponga la posibilidad de un acuerdo fiscal.
2 En los techos competenciales, hay que tener en cuenta que el derecho a ser independiente incluye determinar libremente en caso de optar por la unidad el tipo de unidad que se quiere mantener. Lo esencial es mantener un órgano político común: tanto Gobierno como Parlamento, y Tribunal federal. Además la defensa y las relaciones exteriores. En el terreno administrativo y fiscal la CAV y Navarra ofrecen un buen ejemplo de lo que podría ser ya un punto de partida, obviamente con mayores competencias en terrenos como el de Justicia y policía. No se puede pretender, como hace el documento presentado, que la base de partida de un Estado federal ponga un techo por debajo del ya existente. ¿Responderíamos que no a una comunidad autónoma que reclamase esos derechos, o que pidiese el sistema de Concierto económico? No todos los estatutos adoptados tienen que ser iguales, no se trata de «café para todos», sino que tienen que responder a las necesidades de cada territorio y a sus aspiraciones de identidad, que tampoco son iguales. Sin embargo, el Concierto económico y el Sistema de Cupo es aplicable a todas las Comunidades que lo deseen, en las competencias que se atribuya voluntariamente, reforzando el «fondo de solidaridad interterritorial», al cual se aportaría en función de la riqueza relativa de cada territorio. Nuestra consigna debe ser la lucha por acercarnos a que cada vez más cada Comunidad aporte según sus posibilidades y reciba según sus necesidades. En los impuestos no nos debe importar quién recauda sino cómo los recauda, sobre quién recaen, a qué gastos se asignan y quién los controla.
Hablar del peligro de «insolidaridad» por parte del PP, es una falacia porque el techo competencial de la CAM es menor que el del Estatut y, sin embargo, con el PP se está destruyendola Educación y la Sanidad públicas a marchas forzadas. Las normas son un marco, pero lo decisivo es la política que lleva a cabo el mandatario de turno.
3 Los derechos sociales básicos, deben garantizarse en el conjunto del Estado federal. Supone la exigencia, no de una falsa igualdad estadística, sino de unas conquistas sociales comunes a toda la federación en lo que se refiere a seguros sociales, jornada laboral, SMI, Sanidad y Educación públicas… así como la ausencia de fronteras interiores. (Estos puntos se desarrollarán de acuerdo a la plataforma reivindicativa).
4 El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), de cada comunidad debe ser el órgano máximo de justicia en cada territorio autónomo, tanto en el orden penal como civil, desapareciendo cualquier tipo de Tribunal especial como la actual Audiencia Nacional. Sólo se recurrirá al Tribunal Federal (TSFJ), en asuntos que afecten a varios territorios o supongan una reclamación sobre protección de los derechos constitucionales comunes. Todos estos TSJ serán elegidos por sufragio directo, y el TSFJ por indirecto.
5 En cultura, el tema esencial es la atención a la lengua propia de cada territorio, consiguiendo su recuperación y, al mismo tiempo, evitando las discriminaciones laborales en uno u otro sentido. Todas las lenguas del territorio serán oficiales en todos los organismos públicos comunes al Estado federal. Se facilitará el derecho a usar el idioma propio, pudiendo dirigirse a la administración en cualquiera de las lenguas reconocidas, lo que de hecho supone la eliminación de la obligatoriedad de una lengua sobre las demás.
6 Consejo Federal. El Senado fue concebido como una Cámara que pudiese vetar las disposiciones del Congreso si éste se escapaba al control de la burguesía. Sirve, como referencia, considerar la Unión Europea, a la que tantas referencias tendremos que hacer para crear una Europa de los pueblos y no de los mercaderes; en este sentido sería un absurdo proponer un sistema parlamentario bicameral para Europa. El Congreso jugará el papel legislativo en todo aquello que sea de ámbito federal, en las competencias exclusivas lo hará cada CCAA, y para coordinar y llegar a acuerdos sobre los asuntos comunes bastará un organismo que puede ser de elección directa o de elección indirecta, es decir, a través de los respectivos parlamentos autónomos, y cuyas propuestas deberán refrendar los parlamentos afectados.
7 Como puede verse esta no es una propuesta dirigida a convencer al PP, o a la Corona, ni tiene como objetivo un «Pacto de Estado», es un programa dirigido a los pueblos que componen el Estado español, que propone la lucha, la presión, para alcanzar sus objetivos, ya que somos conscientes de que esa es la única vía para conseguir transformar la situación actual en un Estado federal realmente solidario, para lo que es necesario ganar el apoyo suficiente, el respaldo que pueda llevar a conquistar la transformación social. Para ello se convierte en punto esencial la política económica, la disposición de recursos que hagan posible una planificación democrática de la economía.
Para poder introducir racionalidad en la economía y planificar los recursos es imprescindible que sectores decisivos estén en manos públicas, si no es así primará el lucro privado sobre las necesidades sociales. Por eso proponemos la nacionalización de la Banca, las grandes empresas, los monopolios, las compañías de seguros y los latifundios, bajo control democrático, indemnizando sólo a los pequeños propietarios, para poner todos los recursos de la economía a trabajar en beneficio de la gran mayoría de la sociedad.
El proyecto federal frente al centralismo y al independentismo
La posibilidad de planificar la economía aumenta los recursos sociales disponibles no en suma aritmética sino que multiplica su potencia dialécticamente, al igual que el trabajo en cadena no es la suma de los trabajos individuales, sino su aumento cualitativo. La independencia, en un mundo cada día más interdependiente es una quimera que mira al pasado, la vuelta atrás de la historia. Los problemas superan las fronteras, la economía, la ecología… carecen de fronteras, no entienden de pasaportes. Los pueblos necesitan de la unidad para defender sus derechos, la clase trabajadora necesita la unidad que se deriva de sus propias condiciones de existencia frente a un sistema que rebasa las fronteras, por eso la cooperación de todos los pueblos que componen el Estado español, redundaría en beneficio de ellos mismos. Pero para ello es necesario dar solución a las dos mayores resistencias a este proceso: el miedo de estos pueblos a que su identidad se vea aplastada, y el egoísmo de las burguesías que quieren defender sus propios privilegios. La diferencia clave de los sentimientos nacionales en las masas y en la burguesía, tanto en la nacionalidad dominante, como en la dominada, y también los regionalistas y los españolistas disfrazados como UPN o UA. A estos sólo puede dar respuesta una alternativa que conjugue la propuesta federal con el programa para la transformación socialista de la sociedad.
Nos oponemos al centralismo burgués, la descentralización acerca la posibilidad de controlar las decisiones del pueblo, que debe combinarse con la liberación tremenda del potencial económico racional que supondría la planificación democrática de la economía. Pero más allá de la descentralización administrativa, el federalismo es una respuesta al independentismo, que no se da en todos los territorios. No defendemos un Estado Federal para «salvar la unidad de España», sino para acomodar a nacionalidades que sin necesidad de sentirse españolas consideren más beneficioso mantenerse unidas a la federación.
La necesidad de combinar las reivindicaciones democráticas con las de clase se deriva de esto, por eso pedimos una Federación Socialista Ibérica, en el marco de la lucha por una Europa Socialista de los Pueblos.
* Alberto Arregui. Miembro de la Presidencia Federal de IU.