La crónica rural de la Guerrilla española antifranquista por las sierras de nuestro país y su influencia sobre la sociedad en todos sus ámbitos, que es el motivo de estudio de las Jornadas anuales en torno a ‘los maquis’ con el pueblo conquense de Santa Cruz de Moya como epicentro, ha cedido protagonismo este año […]
La crónica rural de la Guerrilla española antifranquista por las sierras de nuestro país y su influencia sobre la sociedad en todos sus ámbitos, que es el motivo de estudio de las Jornadas anuales en torno a ‘los maquis’ con el pueblo conquense de Santa Cruz de Moya como epicentro, ha cedido protagonismo este año a otro asunto: el debate sobre el proyecto de ley remitido el 28 de julio a las Cortes Generales sobre lo que se conoce como Memoria Histórica.
Los numerosos guerrilleros que acudieron al acto del domingo 1 de octubre tomaron la palabra con una doble intención. Por un lado, reivindicar el papel histórico de la guerrilla en la lucha contra la dictadura; y, de otro parte, expresar su indignación por el contenido del proyecto de ley gubernamental. El mayor enfado proviene del olvido hacia este grupo de fieles al régimen constitucional de la II República y porque se iguala a las víctimas de uno y otro lado. «No se nos puede meter a todos en el mismo saco», fue la frase más repetida.
El manifiesto conjunto leído por la escritora Almudena Grandes, como cierre de estas VII Jornadas (29 de septiembre a 1 de octubre), realzaba precisamente este punto: la necesidad de reconocer el valor de la lucha guerrillera, la valentía de unas personas que pusieron en juego sus vidas -muchos de ellos cayeron en este empeño- por la democracia, por la justicia y por la libertad, principios aún vigentes. No es un compromiso con la memoria, no es un recuerdo literal, sino «devolverles la honorabilidad que perdieron», la obligatoriedad en la búsqueda de los restos de aquéllos que desaparecieron y la apertura de todos los archivos en los cuales figuran sus datos. Su historia ha de ser estudiada por los especialistas, ha de formar parte de los planes de estudio en colegios e institutos.
Además, el texto recalca la rehabilitación social y legal de todos los guerrilleros y la anulación de los juicios franquistas. Es aquí donde enlaza directamente con el «Proyecto de ley por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura», tal y como reza en el título del articulado elaborado por la Comisión Interministerial a lo largo de dos años, grupo presidido por la Vicepresidenta de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
José Navarro, de la Agrupación Guerrillera del País Valenciano, se felicitó por la consolidación de este día, gracias a la incansable labor de la Asociación La Gavilla Verde. «La deuda de este país con nosotros (los guerrilleros) no se ha saldado todavía. Esta democracia está en deuda con los honores que merece nuestra noble lucha», señaló Navarro. Y agregó a propósito de la Ley de Memoria Histórica: «Confío en que el Congreso de los Diputados mejore su contenido. Que no se nos puede confundir con las «otras víctimas», aquellas que estuvieron del lado de Franco, aquellos que secuestraron (las libertades de la II República)».
Con idéntica rabia pronunció Lluís Martí Bielsa, guerrillero en Francia y miembro de la AMICAL de Cataluña, su negativa a acabar con el olvido de los guerrilleros, tanto desde la perspectiva histórica como desde la legal. Palabras corroboradas por José Manuel Montorio, alias ‘Chaval’, apelando a la unidad: «Continuemos unidos todos, los de La Gavilla Verde y los del AGLA (Agrupación Guerrillera del Levante y Aragón)», porque «este proyecto de ley nos mete a todos en el mismo saco y eso no se lo consiento a nadie».
La aséptica redacción del proyecto de ley del Gobierno central tiene aún un largo recorrido. Los organizadores de las jornadas de Santa Cruz de Moya, críticos con la propuesta, pusieron sobre la mesa de debate varias de las cuestiones candentes: ¿Es necesaria una Ley de Memoria?, ¿Es necesaria esta ley de Memoria que se quiere aprobar?; ¿Es la ley de Punto Final?, ¿Debemos aceptar la producción de los tribunales franquistas?, ¿Cuál debe ser el papel del Estado en la reparación de las víctimas?, etc.
La discusión está abierta y será motivo de reflexión en jornadas a tener lugar durante este mes de octubre. Por un lado, el Congreso sobre los Brigadistas Internacionales, en Salamanca del 5 al 7 de octubre, y el encuentro internacional ‘La resistencia armada en la posguerra. España, 1939-1952’, del 25 al 27 de octubre en la Universidad Complutense de Madrid.