Reformas racistas aplicadas a lo largo de los últimos meses bajo el mandato del primer ministro derechista Netanyahu, empujan a la minoría árabe de Israel a salir a la calle a protestar. La huelga general convocada para el próximo 1 de octubre renueva la constancia de la lucha por la defensa de su identidad palestina. […]
Reformas racistas aplicadas a lo largo de los últimos meses bajo el mandato del primer ministro derechista Netanyahu, empujan a la minoría árabe de Israel a salir a la calle a protestar. La huelga general convocada para el próximo 1 de octubre renueva la constancia de la lucha por la defensa de su identidad palestina.
La progresiva judaización del estado mediante las últimas reformas racistas propuestas por el gobierno ha dado la señal de alarma. Con el objetivo de canalizar la respuesta palestina al gobierno de Netanyahu, la huelga del 1 de octubre trata, ahora, de retomar la iniciativa y explicitar en público la convergencia política y de movilización generada durante los últimos meses. La concentración tendrá lugar en Arabai, pueblo del que era originario Aseel Assly, uno de los 13 manifestantes árabes asesinados a tiros por la policía israelí durante otra huelga general, en 2000, al comienzo de la segunda Intifada. Si bien la manifestación tendrá un carácter conmemorativo, hace tiempo que las familias de las victimas perdieron la esperanza de que se haga justicia.
La huelga está convocada por el Comité de Seguimiento de los Árabes Ciudadanos de Israel (High Follow-Up Committee for Arab Citizens of Israel). Esta plataforma extra parlamentaria está formada por Ittijah, portavoz de la sociedad civil palestina en Israel, partidos políticos árabes con representación parlamentaria y otros excluidos del proceso político, alcaldes de ciudades árabes y sindicatos de estudiantes árabes. Asimismo, la plataforma está dividida en subcomités tales como el Comité por la Protección de la Libertad Política de los Palestinos, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y el Comité contra el Servicio militar.
La presión económica y política ejercida por el gobierno israelí sobre los huelguistas para disolver la protesta anunciada con antelación a las autoridades es considerable. A pesar de las amenazas del gobierno sobre los profesores y funcionarios de los municipios para impedirles su participación en la huelga, se espera que todos los colegios gubernamentales y privados árabes cierren. Del mismo modo, los funcionarios de todos los municipios y numerosos trabajadores del sector privado no se presentarán al trabajo.
Pese a la complejidad de sus leyes y su apariencia formal democrática, cada vez más voces señalan los mecanismos institucionales israelíes como los de un régimen de apartheid para quienes no fueron expulsados durante la creación del estado. La pasada primavera se aprobó un proyecto de ley para proscribir la conmemoración de la Nakba, término que usan los Palestinos para referirse a la limpieza étnica de Palestina en 1948. A raíz de protestas generalizadas, ésta y otra propuesta de ley obligando a sus ciudadanos de jurar lealtad al estado de Israel como estado judío, sionista y democrático fueron retiradas.
A finales de agosto, el Ministro de Educación, Gideon Saar, presentó una serie de reformas educativas para marcar el inicio del nuevo curso escolar. Confirmó planes para retirar la palabra «Nakba» de los libros de texto en árabe y anunció su intención de iniciar clases sobre el patrimonio judío y el sionismo. También indicó que vincularía los futuros presupuestos de las escuelas a su éxito en persuadir a los alumnos a realizar el servicio militar.
Desde su creación en 1948, Israel ha adoptado reiteradas leyes y resoluciones apuntando directamente a la minoría palestina, una quinta parte de su población.
Discriminación legal
La constitución israelí no reconoce los mismos derechos a todos sus ciudadanos, permitiendo la aplicación de prácticas segregacionistas hacia la comunidad palestina en total legalidad. La Ley de Partidos Políticos (1992) impide la presentación en las elecciones del parlamento israelí, la Knesset, de candidatos cuyos partidos sugieran «la negación de la existencia del estado de Israel como el estado de los Judíos». Aspirar a una elección en la Knesset, por ende, requiere por esencia que los Palestinos nieguen su nacionalidad palestina y su reivindicación de igualdad de derechos civiles.
Derecho a la tierra
Más de 80% de la tierra palestina ha sido expropiada desde 1948. En 2009, 93% de la tierra en Israel está controlada por el estado israelí, la mayoría reservada exclusivamente a los Judíos. Mediante la Ley de Propiedad de los Ausentes, las autoridades israelíes se apoderan de las tierras y propiedades de quienes ahora son refugiados o desplazados internos y las entrega a colonos, empresas e inmigrantes judíos. Los que se quedan en sus tierras, a pesar de poseer un carné de identidad israelí, son clasificados como «presente-ausentes», sin posibilidad de reclamar sus tierras. Se convirtien en personas desplazadas internas; representan el 25% de los Palestinos que viven en Israel. La Ordenanza de Bienes y las Regulaciones de Emergencia facilitan la expropiación de tierras privadas respectivamente por razones de interés público y por motivos de seguridad, prohibiendo su explotación por parte de los dueños y su acceso a sus residentes.
Pueblos No Reconocidos
10% de los Palestinos ciudadanos de Israel viven en pueblos no reconocidos en el norte de país y del Negev. Se resisten a ser trasladados a «ciudades concentradas» establecidas por el gobierno, negándose a la confiscación de sus tierras. 50 pueblos no reconocidos que existían antes de la creación del estado están clasificados como tierra no residencial. 42.000 edificios están sujetos a su demolición «legal». Al mismo tiempo, se establecen continuamente nuevos asentamientos judíos en estas mismas «tierras no residenciales». El crecimiento de estos asentamientos nunca ha sido congelado. Un Palestino podría ver su casa demolida por una simple reparación del tejado. Aquellas localidades se ven excluidas de todos los planes de desarrollo del gobierno. Se les niega cualquier servicio básico que Israel tiene la obligación de proporcionar a sus ciudadanos: carreteras, electricidad, agua, infraestructuras sanitarias y educativas.
Discriminación en la atribución de ayudas económicas
Israel designa ciertas zonas como áreas de desarrollo nacional, lo que las convierte en adecuadas para recibir distintos beneficios, incluyendo exenciones fiscales especiales para la industria, programas educacionales, e iniciativas a favor de la vivienda. Estas parcelas se determinan siguiendo supuestos criterios socioeconómicos aunque las zonas han sido trazadas en realidad para contener un número desproporcionadamente mayor de localidades judías que arabo-palestinas. La discrepancia de las condiciones económicas y sociales entre Palestinos y Judíos es abismal.
Servicio Militar
Por regla general la inmensa mayoría de los Árabes de Israel no son llamados al servicio militar, por lo que quedan excluidos de numerosos privilegios. El servicio militar, reservado a los Judíos, es un instrumento más de segregación. Su cumplimiento es imprescindible para acceder a numerosos beneficios como la obtención de hipotecas ventajosas, exenciones fiscales y trato de favor para conseguir empleo o vivienda.
Los Palestinos de Israel llevan decenios reivindicando, en definitiva, lo que no es más que una campaña de derechos civiles contra la segregación étnica implícita en muchas de las leyes israelíes. La comunidad árabe israelí afronta estos desafíos con firmeza y determinación. ONGs, partidos políticos y municipalidades dentro del sector árabe trabajan en conjunto para proveer a la comunidad de los servicios que el gobierno les deniega, y abogar por los derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales fundamentales a los que los Palestinos han sido tanto tiempo privados.
El Comité de Seguimiento de los Árabes Ciudadanos de Israel invita a las organizaciones internacionales a mostrar su apoyo con la causa de los Palestinos en Israel, a sabiendas de la agenda prioritaria con respecto a la comunidad palestina.
Está fuera de duda que las personas palestinas sometidas al bloqueo de Gaza, a la Palestina ocupada y los refugiados representan la prioridad tanto a nivel internacional como para la minoría palestina en Israel. Para los Palestinos, esta huelga va más allá de la cuestión de su ciudadanía israelí y de la discriminación que sufren.
A través de esta marcha, llaman a la unidad de la comunidad palestina en un momento clave en el cual ya no se trata de entender sino de luchar. El movimiento de los palestinos en Israel es un ejemplo de pluralismo, que busca unidad más allá de las diferentes opciones políticas y personales, para una lucha efectiva. Parte de la agresión israelí consiste en dividir a los Palestinos, ilegitimar su movimiento de resistencia y incriminarlo mediante la ley. El Comité de Seguimiento de los Árabes Ciudadanos de Israel tiene un papel esencial en la unificación de los Palestinos de 48, y el movimiento de solidaridad internacional con la causa palestina forma parte integral de esta lucha.
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