Traducción para Rebelión de Loles Oliván Hijós.
Jared Kushner cree que la primera etapa hacia la paz es invertir capital en Gaza y Cisjordania. Pero, ¿hasta dónde puede llegar esa inversión si Israel sigue decidido a mantener el pleno control de la economía palestina y a explotar todas sus facetas?
El presidente Donald Trump está interviniendo directamente para someter definitivamente a los palestinos a una rendición política y su arma preferida es el dinero. En total coordinación con el gobierno israelí, supervisa una campaña internacional para asegurarse de que se acaben los fondos de asistencia a los palestinos. Todo, desde los hospitales palestinos de Jerusalén Oriental hasta la atención de la salud y la educación de los refugiados, está en el punto de mira de los recortes. En la diana de este ataque está el gobierno palestino.
Así que cuando la CNN informó el domingo pasado de que la administración Trump iba a organizar un «taller económico» en Bahrein para fomentar la inversión de capital en Cisjordania, Gaza y en la región -la primera parte del llamado «acuerdo del siglo»- sonó a más de lo mismo.
Se dice que el plan aborda cuatro componentes principales: 1) infraestructura, 2) industria, 3) empoderamiento e inversión en las personas, y 4) reformas de gobernanza «para hacer que la zona atraiga inversores». Aunque sobre el papel todo esto pueda sonar bien puede que sea el inicio del fin del plan de paz de Trump.
El aspecto positivo -e imprevisto- es que Estados Unidos ha perdido toda la influencia que tenía entre la sociedad palestina. Cuando el proceso de paz monopolizado por Estados Unidos llegó al colapso total, las anteriores administraciones estadounidenses comprendieron que mantener los fondos de USAID operando en Cisjordania y la Franja de Gaza otorgaba a Estados Unidos algún tipo de influencia financiera tras haber perdido toda apariencia de credibilidad política. Ahora que Trump ha cerrado la misión de USAID en Tel Aviv, que antes servía en Cisjordania, los palestinos son libres de pensar sin la soga al cuello de la financiación estadounidense.
La administración de Trump no cede. Lo que pretende la Casa Blanca con su anunciado taller es ofrecer un incentivo de miles de millones de dólares a cambio de que los palestinos acepten su plan.
En su intervención la semana pasada en el Instituto Washington sobre el próximo plan de paz de la administración para Oriente Próximo, el yerno del presidente Trump y su principal asesor, Jared Kushner, dijo: «Creo que hemos desarrollado un buen plan de negocios». Dedicándome a desarrollar planes de negocios reales para ganarme la vida, sé que si se trabaja con supuestos erróneos, hasta el mejor de los planes de negocios fracasará.
Kushner parece no entenderlo del todo: Israel es adicto a la economía palestina, y sin superar su adicción, no hay posibilidad alguna de que ningún gran «plan de negocios» llegue a buen puerto. Además, su «detallado documento operativo», al que define como «realista, ejecutable… y que conducirá a que ambas partes se encuentren mucho mejor», roza el delirio al descartar la necesidad de establecer un Estado palestino.
La determinación de Israel de mantener el pleno control de la economía palestina durante más de cinco décadas se ha convertido en un obstáculo importante para que asuma que la ocupación debe llegar a su fin. Y como en la recuperación de otras adicciones, ésta requerirá apoyo externo. Un apoyo que tiene que basarse en que los terceros Estados obliguen a Israel a rendir cuentas para que pueda salvarse de sí mismo, y no en elaborar un «plan de negocios» que lo que pretende es pintar la vida bajo la bota de la ocupación militar israelí como algo hermoso.
De lo que aquí se trata, además de los derechos humanos, es de los derechos económicos: de nuestros derechos sobre nuestros activos económicos -la tierra, el agua, los pozos de gas natural, las costas del Mar Muerto y el Mar Mediterráneo, las fronteras, etc.- y de la capacidad de utilizarlos en el marco de un plan de desarrollo económico definido por los palestinos, libre de la agenda israelí o de la de los donantes. Verter más fondos humanitarios y de desarrollo en las arcas palestinas no resolverá el conflicto.
Dependencia estructural
Desde el comienzo de la ocupación militar de Cisjordania y la Franja de Gaza hace 51 años, Israel vinculó sistemáticamente la economía del territorio a la suya propia. Antes de los Acuerdos de Oslo, esta vinculación forzada se hizo evidente en la restricción impuesta por Israel a las empresas palestinas y en su control de la libertad de movimiento de la mano de obra palestina. Durante casi una década antes de Oslo, Israel expedía permisos de trabajo a decenas de miles de trabajadores palestinos para que pudieran entrar en Israel en busca de empleo. Había mano de obra palestina en la construcción, en la agricultura y en los hoteles y en sectores similares israelíes.
Tratados como mano de obra de segunda clase, los trabajadores palestinos estaban sometidos a condiciones que permitían a las empresas israelíes beneficiarse pagando salarios más bajos al no estar sujetas a la legislación laboral israelí. Muchos trabajadores palestinos se vieron a sí mismos construyendo incluso asentamientos ilegales israelíes que amenazaban la propia existencia de sus comunidades palestinas. Pero es que estando bajo ocupación israelí, que los palestinos puedan trabajar -en cualquier lugar- es una cuestión de supervivencia. Para muchos lo sigue siendo hoy día.
Las autoridades de ocupación israelíes también recaudaban impuestos de la población ocupada que utilizaban en parte para inundar los territorios palestinos con infraestructuras y bienes de fabricación israelí, creando con ello mayor dependencia palestina de la economía del ocupante.
A los Acuerdos de Oslo les siguió un acuerdo económico llamado Protocolo sobre Relaciones Económicas, firmado en París el 4 de mayo de 1994. Al igual que el propio acuerdo de Oslo mantuvo intacto el control israelí sobre todos los aspectos esenciales de la vida palestina, el Protocolo de París institucionalizó el rédito económico del ocupante como parte de lo que debía ser un marco para un acuerdo de paz.
Tras los acuerdos de Oslo, la función de los Estados donantes en la financiación del «desarrollo» palestino se convirtió en una garantía internacional de la ocupación israelí que redujo y a menudo eliminó los costes financieros de la propia ocupación militar. A sabiendas o no, la financiación de los donantes ha tenido un papel cómplice al permitir que la situación llegara al punto en que se encuentra hoy en día.
Aunque el dinero de los donantes nutrió la economía palestina, en ningún momento consideraron los donantes que el desarrollo del sector privado fuera prioritario para construir una sociedad palestina viable. Los donantes ayudaron a crear asociaciones comerciales sectoriales y proporcionaron cierto nivel de asistencia, pero nunca se materializó un enfoque estratégico para el sector privado que redujera la dependencia estructural palestina de Israel.
Muchos miembros de la comunidad internacional empezaron a denunciar el creciente número de trabajadores palestinos en el sector público, pero pocos, si es que hubo alguno, supieron ver que un sector privado palestino fuerte era la única manera de proporcionar una alternativa al empleo público. Los que se dieron cuenta lo obviaron porque significaba desafiar la ocupación israelí y las restricciones impuestas a la economía palestina que la acompañan.
Mientras tanto, Israel siguió adelante con su empresa unilateral de asentamientos que perjudicaba gravemente al sector privado palestino y que colocaba a la Autoridad Palestina en el juego de echar el guante para su propia supervivencia. Esto hizo que el sector privado palestino tuviera que arreglárselas por sí solo ante las restricciones israelíes a la sociedad palestina.
Después de haber estado vinculado estructuralmente al mercado israelí durante décadas, la decisión de Israel de separarse unilateralmente de los palestinos -o «desconectarse», como lo llamaron- dejó al sector privado con pocas opciones que no fueran seguir los planes israelíes. Inicialmente, Israel intentó eliminar la mano de obra palestina empleada en Israel, lo que incrementó la tasa de desempleo en Cisjordania y Gaza de un día para otro. Después de aplicar este choque al mercado, Israel decidió volver a contratar mano de obra palestina y hoy emite tantos permisos de trabajo como emitía en la década anterior a Oslo, quizás incluso más. Todo ello al servicio de la economía israelí, no de la de Palestina.
Además, la apropiación de los terrenos donde se construye el muro de separación ha separado a los agricultores palestinos de sus tierras sometiendo a la agricultura palestina a una gran presión. A ello se suman las constantes restricciones que Israel ha impuesto al uso de la tierra y del agua, cuyos resultados se dejan ver en el PIB de Palestina, en el que la agricultura ha caído del 12% anterior a los Acuerdos de Oslo a menos del 5% en la actualidad.
La base de un futuro Estado
La viabilidad de cualquier economía palestina futura debe inscribirse en el contexto de un sector privado sostenible que pueda crear oportunidades de empleo sostenibles y desarrollar productos y servicios competitivos para el mercado local, primero, y para la exportación, después. El sector privado palestino tiene que poder absorber a los graduados y graduadas universitarios palestinos en una economía del conocimiento, así como a las decenas de miles de trabajadores de la construcción que Israel utiliza al servicio de su economía. Asimismo una economía palestina viable debe ser capaz de nutrirse por sí misma, lo que exige que los recursos de la tierra y del agua queden fuera del control israelí.
La comunidad internacional tiene una responsabilidad histórica para con los palestinos, más aún después de haber pasado tantos años observando desde lejos la ocupación israelí y de haber pagado durante una década su factura mientras las violaciones israelíes no han dejado de producirse. El reto de hoy en día es eliminar la ocupación militar israelí y permitir que el sector privado palestino asuma su papel natural de convertirse en la base de un futuro Estado.
Sam Bahour, palestino-estadounidense, es consultor empresarial en Ramala y Al Bireh, en Cisjordania. Es Presidente de Americans for a Viable Palestinian Economy (AVPE), asesor político de Al Shabaka, y coeditor de Homeland: Oral Histories of Palestine and Palestinians (1994).