El comercio de emisiones establece en cada sector la cuota de gases que éste puede emitir. Los planes establecidos por el Gobierno han sido insuficientes para los objetivos marcados. Uno de los mecanismos más controvertidos que establece el Protocolo de Kioto, y que entró en pleno funcionamiento en el año 2008, es el comercio de […]
El comercio de emisiones establece en cada sector la cuota de gases que éste puede emitir. Los planes establecidos por el Gobierno han sido insuficientes para los objetivos marcados.
Uno de los mecanismos más controvertidos que establece el Protocolo de Kioto, y que entró en pleno funcionamiento en el año 2008, es el comercio de emisiones, que establece una forma de compra-venta de emisiones de gases de efecto invernadero entre países industrializados (pertenecientes al Anexo I del Protocolo), estableciéndose unos derechos de emisión para cada país. Así, aquellos países que reduzcan en mayor medida sus emisiones, podrán vender el excedente de derechos de emisión otorgados a aquellos países que no hayan conseguido alcanzar los objetivos de reducción, y, de esta manera, teóricamente, se incentivaría el ahorro en emisiones.
Sin embargo, y tal y como se recoge en el especial de Greenpeace ¿Qué es el Protocolo de Kioto?, «el comercio de derechos de emisión no reduce por sí mismo las emisiones, sino que puede suponer una redistribución de las emisiones entre los países industrializados».
Para implantar dicho mecanismo en la Unión Europea, se redactó una directiva en 2003 que establece un Sistema Europeo de Comercio de Emisiones de gases de efecto invernadero (SECE) en el que se especifica que a cada país se le asignan una cantidad de emisiones que debe de distribuir en diferentes sectores, especificados en un Plan Nacional de Asignación (PNA). Este plan incluye la generación de electricidad con combustibles fósiles, refinerías, coquerías e instalaciones de combustión de más de 20 megavatios (mw) térmicos y el sector del cemento, la cerámica (que dejará de formar parte en 2013) y el vidrio, la siderurgia y el sector del papel. Recientemente, la Comisión Europea ha incluido al sector de las aerolíneas en el SECE.
En el Estado español, hasta la fecha, se han redactado dos PNA, no faltos de polémica. Así, el primero, para el ciclo 2005-2007, fue corregido por la Comisión Europea, pues el Ejecutivo olvidó incluir una serie de instalaciones de potencia térmica nominal superior a 20 mw. Además, según Ecologistas en Acción, España repartía demasiadas toneladas de emisiones para el periodo 2005-2007, siendo el país de la Unión Europea más alejado de su objetivo de Kioto, y se dejaba para el 2008-2012 casi toda la reducción a la que estaba obligado.
«A partir de 2008 tendremos que disminuir nuestras emisiones del orden de un 2% anual para cumplir el plan del Gobierno, un desafío muy duro», declara la organización ecologista. No obstante, según este grupo, el Plan fomentaba la creación de nuevas cementeras, gracias a una asignación de derechos elevada para este sector, así como una inadecuada asignación al sector eléctrico, que no fomentaba la generación de alternativas tecnológicas a la generación con combustibles fósiles. Este Plan convirtió al Estado español en uno de los pocos países europeos cuyas emisiones reales superaron las repartidas por el Gobierno para ciertas industrias, situación provocada por un gran aumento de las emisiones del sector eléctrico.
Segundo plan de asignación
En noviembre de 2006 se aprobaba el segundo PNA, con un nuevo dictamen negativo de la Comisión Europea. En esta ocasión, la Comisión criticaba el exceso de asignación a las centrales eléctricas de carbón, en consonancia con las alegaciones presentadas por diversas organizaciones ecologistas.
Además, la Comisión alegaba que, para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, España depende en gran medida de sectores que no participan en el comercio de emisiones (como el sector transportes y el sector residencial). Sin embargo, la Comisión consideraba que estaban insuficientemente detalladas las medidas que se tomarían en estos sectores.
Pero la principal crítica al Plan se deriva de la posibilidad de compensar emisiones de las industrias, especialmente las eléctricas, con la compra de derechos de emisión fuera de la Unión Europea, donde Sudamérica se ha convertido en objetivo preferente.
Esta medida, aparte de frenar el cambio tecnológico necesario en nuestro país, tal y como expresan desde Ecologistas en Acción, desencadena en un desplazamiento de las industrias hacia países donde producir es más barato. «El resultado final podría ser incluso ambientalmente dañino si la tecnología que se emplea en la región barata es menos eficiente que la de la cara: se emitirán más gases de efecto invernadero por unidad de producto», publicaba en un reciente artículo publicado en Soitu.es, el profesor de la Escuela de Ingenieros de la Universidad Pontificia de Comillas, Julián Barquín.
http://www.diagonalperiodico.net/Los-planes-de-asignacion-espanoles.html
Artículos relacionados:
Opacos mecanismos de desarrollo limpio
Entrevista a Joanna Cabello, de Carbon Watch, sobre las expectativas en torno a la cumbre «Si se firma un tratado puede suponer un retroceso»
[Análisis: A la búsqueda de brotes entre el asfalto], por R. Lago e I. Barcena, profesores e investigadores de la Univ. del País Vasco y activistas de Ekologistak Martxan