Dice estar sufriendo acoso policial. Se ha embarcado en su propia investigación y anuncia que ha reunido pruebas suficientes para llevarlas de nuevo a la Fiscalía
Hasta ahora había guardado prudencia, pero no ha podido aguantar más. Eduardo Raya ha roto cuatro años de silencio público para contar por primera vez a un medio de comunicación su historia con pelos y señales. Fue el primero en España en desenterrar el cadáver de la que hasta entonces creía su hija recién nacida, en realizar pruebas de ADN que dieron negativas y en denunciar, consecuentemente, el posible robo de su bebé. Tras él, llegaron otras 1.500 denuncias repartidas por todo el país. Pero su caso ha sido archivado por un Juzgado de Granada al considerar inválidas esas pruebas. Por ello, Eduardo se ha embarcado en su propia investigación, a pesar del acoso policial que dice estar sufriendo, y anuncia que ha reunido evidencias suficientes como para remitirlas de nuevo a la Fiscalía. No duda en denunciar que las supuestas tramas mafiosas de compraventa de niños seguirían actuando hoy día para encubrir esos posibles delitos. Un ginecólogo al que implica ya fue condenado por una adopción irregular en 1993. «Los que robaron a mi niña en 1990 están vivos y libres», asegura.
Eduardo Raya, granadino, abogado, de 48 años, va camino de convertirse en el padre coraje del caso de los bebés robados. Antes de que el juez Garzón desvelase en su famoso auto sobre el franquismo la sustracción de unos 20.000 niños a sus familias por motivos políticos durante los años cuarenta y cincuenta; antes de que los medios de comunicación comenzaran también a reflejar casos de los años sesenta y setenta con un móvil económico; antes de que los afectados se organizaran en asociaciones y estimaran que pudieran haberse producido decenas de miles de robos de bebés en nuestro país, incluyendo también la época de la transición y el inicio de la democracia; antes de todo eso, Eduardo y su mujer, Nuria, ya habían comenzado su solitaria batalla judicial. Aún hoy día continúa su lucha, sabedor de que su caso, al referirse a hechos bastante recientes y contar con pruebas materiales, es uno de los que más posibilidades tiene de acabar en imputación de delitos a personas concretas, algo que sólo ha sucedido hasta ahora con una monja de Madrid.
Su truculento relato comienza en 1990, época en la que aún no ejercía como abogado, sino como electricista. El 6 de junio de ese año, pasada la medianoche, Eduardo y Nuria acudían al Hospital Clínico San Cecilio de Granada por unas «leves molestias» y pérdida de líquido, tras un proceso de gestación de 38 semanas «absolutamente normal», según consta en su denuncia en el Juzgado. Sin embargo, en dicho documento la madre relata cómo una enfermera «me rompió la bolsa diciendo que esto ya está» y le dijeron que existía «sufrimiento fetal». Sin embargo no le practicaron inmediatamente la cesárea. Cuando Eduardo preguntó el motivo se tal retraso se le comunicó que estaban esperando a que llegara el ginecólogo de iniciales A.F.M.P.
Este mismo médico fue condenado en 1993 por la Audiencia de Granada a un año de prisión, suspensión de empleo y multa de 100.000 pesetas por los delitos de falsedad en documento público y suposición de parto en una adopción irregularidad en la que intervino en 1989, según detalla la sentencia a la que ha tenido acceso Periodismo Humano. Se trataba de una menor de Murcia que había quedado embarazada como consecuencia de los abusos sexuales a los la había sometido su padre. El ginecólogo, enterado de ello, convenció a la joven de que no abortara, sino que tuviera el hijo y lo entregara a un matrimonio de Alicante, también condenados en esta causa. Ellos se hicieron cargo de «los gastos del embarazo y parto», pero al nacer el niño los tres acusados decidieron inscribirlo en el Registro Civil como hijo propio, y no como adoptado, ocultando así su procedencia. En este caso no hubo sin embargo sustracción del niño mediante engaño ni pago por su adopción, más allá de esos «gastos de embarazo». Por derivación de esta causa, la Fiscalía de Granada había abierto en 1992 diligencias previas por posible compraventa de recién nacidos entre las provincias de Granada, Barcelona y Alicante, en al menos cuatro casos, pero las investigaciones no prosperaron.
Eduardo y Nuria creen que ellos sí que fueron víctimas de esa supuesta red de tráfico de niños. Al nacer su hija, los facultativos les comunicaron que el bebé corría peligro. Cuando Eduardo la vio por primera vez, su aspecto le pareció normal. Sin embargo, en la segunda ocasión la niña tenía tres puntos de sutura de un corte en la cara, que se le habría producido durante la cesárea. Ahí fue cuando Eduardo cree que les dieron el «cambiazo», sustituyendo a un bebé por otro. «He hablado con el cirujano que atendió a mi mujer, lo he grabado, y me asegura que jamás en su vida ha cogido puntos de sutura a un recién nacido tras cortarle durante la cesárea, y está dispuesto a declararlo ante el juez», anuncia.
A los pocos días les comunicaron que su hija había fallecido por hepatitis, lo que también les extrañó enormemente, puesto que Nuria había tenido ese mismo tipo de hepatitis de niña y debía haberle transmitido los anticuerpos a su hija. En ese momento, en julio de 1990, pensaron que se había tratado de una negligencia médica, que habían practicado una cesárea extemporánea y que algo había salido mal con el bebé en el paritorio, «un golpe o algo parecido». Sin embargo, Nuria no quiso denunciar. «La niña ha muerto y nada nos la van a devolver», recuerda Eduardo que le dijo su mujer.
Los médicos les pidieron que donaran el cuerpo del bebé «para la ciencia», a lo cual Eduardo accedió en un primer momento, pero Nuria se negó. Quería darle sepultura ella misma. «A partir de ahí, todo fueron voces, trifulca y malos modos», recuerda Eduardo, pero el empeño de su mujer consiguió que finalmente les entregaran el cadáver.
La vida fue pasando, ellos tuvieron su actual hija, pero transcurridos nueve años del suceso, algo removió la conciencia de Eduardo. Fue al enterarse por los medios de comunicación de que una mujer de Loja (Granada), Belén Moreno, había denunciado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) porque en el mismo Hospital Clínico le cambiaron a su recién nacido por uno muerto. No obstante, como Belén recurrió al Instituto Andaluz de la Mujer y la Guardia Civil, su bebé apareció, vivo, en cuanto los agentes y un abogado se personaron en el centro sanitario. Estos hechos fueron sistemáticamente negados por los responsables del hospital y el juez archivó la denuncia. Pero lo hizo provisionalmente, por la eventualidad de reabrir la causa si aparecían nueva pruebas fehacientes. Desde entonces, Eduardo no paró de darle vueltas al asunto, sospechando que con su hija pudo ocurrir lo mismo.
Más tarde descubrió la existencia de laboratorios de análisis de ADN que podían revelar la paternidad de un hijo. Pero quedaba por dar el paso más duro: pedir la exhumación del cadáver. Tras muchas cábalas, se decidieron a hacerlo en 2008, solicitándolo al Juzgado. Enviaron los restos del bebé al laboratorio TecnoGen, que realizaron pruebas de ADN mitocondrial. En diciembre de 2009 les dieron los resultados: el bebé enterrado no podía ser hijo de su esposa. El shock fue mayúsculo, pero decidieron pedir una segunda opinión, esta vez al laboratorio Genómica, con idéntica conclusión.
Así las cosas, en marzo de 210 interpusieron la denuncia, que fue asumida por la propia Fiscalía, por un supuesto delito de detención ilegal. Durante la investigación judicial, Eduardo dice haber recibido múltiples presiones para que desistiera de su demanda, incluso por parte de determinados agentes de Policía, que habrían estado interrogando informalmente a familiares y amigos. El caso ha sido archivado este mismo año porque el Instituto Nacional de Toxicología asegura que los restos del bebé no son aptos para realizar pruebas de ADN. Sin embargo, Eduardo asegura que la respuesta de Toxicología se produjo en junio de 2011, cuando el Juzgado nos les envió el material genético hasta julio. «¿Cómo podían pronunciarse sin haber examinado nada?», se pregunta tortuosamente Eduardo.
Ante tantas trabas y sospechas, él se ha lanzado en solitario a realizar su propia investigación. En el curso de la misma, ya ha denunciado ante la Fiscalía, el pasado 5 de marzo, la presunta destrucción de pruebas en el Hospital Clínico, a lo que éste responde que sólo se están informatizando los historiales médicos de los pacientes, guardándose copias exactas en soporte digital. No obstante, Eduardo objeta en su denuncia que la informatización de los historiales «no es incompatible con la conservación del expediente original en soporte físico», un «derecho que tiene todo titular de una historia clínica».
A pesar de las dificultades, Eduardo asegura haber reunido ya evidencias suficientes como para reabrir su caso, por lo que en breves fechas las ofrecerá de nuevo al Ministerio Fiscal y las desvelará a los medios de comunicación. Incluso dice haber seguido una pista que le ha llevado a identificar a una joven residente en Madrid posiblemente como su verdadera hija, aunque con este supuesto aún no quiere hacerse ilusiones. Nadie le puede quitar de la cabeza que puede cruzar a diario por la calle con quienes robaron a su hija. Como también está convencido de que la trama sigue actuando, si no en la sustracción de niños, sí encubriendo aquellos hechos y obstaculizando denodadamente su investigación.
Cuestión distinta es que su caso, como el de muchos otros, salga adelante. Si recurriera el archivo, tendrían que llegar al Constitucional antes de poder dar el salto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, destino final que algunos afectados dan ya por seguro. En esta batalla, la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que absolvía al juez Garzón del supuesto delito de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo, ha venido sin embargo a sembrar dudas sobre la prescripción del delito de detención ilegal.
En uno de sus fundamentos de derecho, esta sentencia afirma que el carácter permanente del delito de detención ilegal, sin dar razón del paradero, tiene sus excepciones, puesto que en ocasiones, como ha ocurrido con muchos crímenes del franquismo, transcurridas varias décadas, no es razonable pensar que ni las víctimas ni los verdugos puedan seguir vivos. Según el abogado Enrique Vila, experto en casos adopciones irregulares, ésta puede ser una peligrosa gatera para cerrar determinadas investigaciones.
De forma muy diferente piensa Marina Palomo, letrada de la Asociación de Bebés Robados de Andalucía (Aberoa), quien considera que el Supremo para nada entra en la prescripción o no de tales delitos en el caso de los bebés robados, ciñéndose solamente a las desapariciones forzadas de personas que acabaron en alguna fosa común durante la guerra civil y la posguerra. De la misma opinión es Eduardo Raya, quien en su denuncia de 2010 ya citaba varias sentencias del Tribunal Supremo en las que se insistía en la detención ilegal como paradigma de delito de carácter permanente en el caso de los menores, sin que pueda contar cualquier plazo de prescripción al menos hasta que se identifique a la persona desaparecida mediante fuerza o engaño. Y, en todo caso, el artículo 607 bis de nuestro Código Penal deja abierta la puerta a considerar delito de lesa humanidad la detención ilegal masiva de población civil. Por esas vías, el camino judicial aún continúa expedito.