Traducción de Loles Oliván Hijós
Introducción
En los últimos meses Israel se ha empecinado en poner en marcha una serie de iniciativas para anexionar los asentamientos que limitan con Jerusalén. La más ambiciosa es el Proyecto de ley del Gran Jerusalén, que pretendía anexionar Ma’ale Adumim, Givat Zeev, Beitar Illit y el bloque Etzion, un grupo de asentamientos entre Jerusalén y Hebrón, cuya aprobación programó el Comité Ministerial Israelí de Legislación a finales de octubre de 2017. [1] Su objetivo final: «judaizar» Jerusalén a través de la manipulación demográfica y la expansión territorial.
Aunque Netanyahu tuvo que retrasarlo indefinidamente por la presión de un Estados Unidos inquietado porque el proyecto de ley obstaculizase las iniciativas para resucitar conversaciones de paz, la determinación israelí ha seguido invariable a través de otras medidas. Desde que Donald Trump reconociera Jerusalén como la capital de Israel en diciembre de 2017, Israel ha intensificado los movimientos para anexionar territorios y modificar la composición demográfica de Jerusalén.
El actual gobierno de Benjamin Netanyahu no ha tenido escrúpulos en presentar otros planes, resoluciones y proyectos de ley que reforzarían el control de Israel sobre Jerusalén. Alentados por la luz verde de Trump, políticos, gestores y planificadores israelíes han aprobado asimismo miles de unidades de viviendas que se construirán en asentamientos tanto en Jerusalén y en sus alrededores como en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), a pesar de que la creación de asentamientos en los TPO constituye una violación del Artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra. Asegurar una mayoría demográfica y expandir los asentamientos forma parte de un vasto proyecto israelí para anexar Cisjordania.
Este artículo explora las implicaciones de la anexión para el área de Jerusalén, específicamente el impacto de la anexión del asentamiento de la ciudad de Ma’ale Adumim y la extensión de territorio conocida como E1 que la conecta con Jerusalén. Demuestra cómo la anexión de estas zonas impediría un futuro Estado palestino al separar entre sí el norte y el sur de Cisjordania. Asimismo explica los métodos de colonización de Israel en todos los TPO: confiscación de tierras, anexión progresiva, manipulación demográfica y traslado forzoso de población. El informe concluye con recomendaciones sobre lo que la comunidad internacional, la Autoridad Palestina (AP) y los propios palestinos pueden hacer para impedir este proyecto de consecuencias desastrosas.
Anexión desde el principio de la ocupación
El 27 de junio de 1967, 20 días después de que el ejército israelí ocupara las zonas más orientales de Jerusalén, Israel anexó casi 71 kilómetros cuadrados de tierra a los límites ampliados del municipio israelí de Jerusalén. Con ello consiguió conectar en una sola zona metropolitana la Ciudad Vieja, la parte occidental de la ciudad bajo control israelí, la ciudad anteriormente administrada por Jordania, y 28 aldeas palestinas (y sus pastos), todo ello en una iniciativa orientada a crear una capital judía unificada y «eterna». La anexión incluyó aproximadamente 69.000 palestinos que vivían en esos territorios.
Desde 1967 Israel ha limitado el poder, la propiedad y la vivienda palestinas en el área de Jerusalén incrementando a la vez la presencia y el control judío-israelí. Aunque Jerusalén sigue siendo el único territorio palestino oficialmente anexionado desde 1967, la derecha nacionalista israelí siempre ha abogado por la anexión total de los TPO.
Durante años se han presentado propuestas legislativas similares a la del Gran Jerusalén. El propio proyecto de ley no es sino la actualización de un plan similar de la década de 1990 que en 2007 presentó de manera similar el parlamentario del Knesset Yisrael Katz. Ambos fueron archivados por la previsible reacción internacional y palestina.
Al igual que las iniciativas anteriores, el proyecto de ley del Gran Jerusalén tiene que ver con la demografía. Estipulaba que los 150.000 colonos residentes en las ciudades y localidades afectadas pasasen a ser residentes de Jerusalén, lo que les permitiría votar en las elecciones municipales e influir en sus resultados electorales. Simultáneamente, el Knesset agregó una enmienda a la Ley Básica de 1980: Jerusalén, capital de Israel, que permite al gobierno separar las áreas de la ciudad del municipio de Jerusalén y exigir que esas nuevas administraciones permanezcan bajo soberanía israelí. Con ello, obviamente, se pretendía excluir a los 100.000 palestinos que viven en los barrios de Kufr Aqab, el campo de refugiados de Shuafat, y Anata, que se ubican al otro lado del Muro de separación, re-clasificándolas como sub-municipios y extrayéndolas del censo.
Estas medidas garantizarían, con una simple re-definición de los límites de la ciudad, que la población palestina -actualmente casi el 40% de la población de Jerusalén- se redujese al 32%. El parlamentario Kish expuso esta pretensión demográfica abiertamente: «Jerusalén sumará una población que preservará el equilibrio demográfico». Igualmente, el diputado Katz insistió en que el proyecto de ley «garantizaría una mayoría judía en la ciudad unificada» por la que Jerusalén quedaría establecida como capital de Israel.
La planificación para anexionar Cisjordania ya está en marcha como demuestra una resolución no vinculante aprobada por unanimidad el 1 de enero de 2018 por el Comité Central del Likud. La resolución exige que Netanyahu, los dirigentes del partido y los políticos «apliquen las leyes de Israel y su soberanía a todas las áreas liberadas donde haya asentamientos judíos en Judea y Samaria» -el nombre que los nacionalistas religiosos dan a Cisjordania. Como el ex ministro de Educación y rival de Netanyahu, Gideon Sa’ar, proclamó: «[La anexión] tendrá lugar en pocos años. Que gobierne el Likud… El objetivo de nuestra generación es eliminar toda duda que se cierna sobre el futuro de los asentamientos».
Aunque Netanyahu rechazó un proyecto de ley basado en esta resolución a mediados de febrero de 2018 en respuesta a la desaprobación de Estados Unidos, su espíritu sigue vigente en una serie de proyectos de ley más sutiles pero igualmente perniciosos presentados por los legisladores israelíes. A mediados de febrero, por ejemplo, el Knesset aprobó un proyecto de ley que amplía la jurisdicción del Estado a Cisjordania al poner a los institutos y universidades de los asentamientos bajo la autoridad del Consejo Israelí de Educación Superior. Aunque su impacto directo es limitado, los partidarios del proyecto de ley han creado tal arenga legislativa que la aplicación de la legislación israelí en los asentamientos ha dejado de ser polémica, un paso hacia el objetivo final de anexionar partes de Cisjordania.
Lo más relevante es que el ministro de Justicia Ayelet Shaked (de Hogar judío) presentó un proyecto de ley respaldado por el gobierno a principios de marzo que propone suprimir la jurisdicción del Tribunal Supremo israelí en los litigios dentro del territorio de Cisjordania. De aprobarse, el proyecto de ley garantizaría que fuese el Juzgado de Distrito de Jerusalén y no el Tribunal Supremo de Israel quien conociese los casos relativos a recursos legales palestinos en conflictos territoriales con los colonos. Se trata de un paso que sentaría precedentes y que impondría la legislación israelí sobre Cisjordania ocupada.
La intención de este proyecto de ley es doble: en primer lugar, al otorgar a un tribunal interno israelí la jurisdicción sobre palestinos que no son ciudadanos israelíes porque viven más allá de la Línea Verde, Shaked pretende extender (aún más) la legislación nacional y las estructuras legales de Israel a Cisjordania. En segundo lugar, los colonos gozarían en los tribunales de una posición más ventajosa aún frente a los demandantes palestinos. Según un responsable del Ministerio de Justicia, Shaked considera que el Tribunal Supremo israelí está «demasiado preocupado por el derecho internacional y por proteger los derechos de la población ‘ocupada’ en Judea y Samaria».
Estas posiciones se están trasladando a plataformas internacionales. En un evento paralelo a la conferencia de AIPAC en Washington en marzo de 2018, Oded Ravivi, presidente del consejo del asentamiento de Efrat, instó a los legisladores estadounidenses a que apoyen la anexión de Cisjordania y el aumento de la construcción de asentamientos. Su argumento: «No es un secreto que en el Kneset se han realizado diferentes intentos de anexión o adopción de la legislación israelí en Judea y Samaria… Creo que ha llegado el momento de aplicar la legislación israelí en Judea y Samaria».
Así que aunque la construcción (o la expansión) de asentamientos ilegales y las iniciativas para su anexión se han ejecutado implacablemente desde 1967, está claro que Palestina afronta una coyuntura decisiva. Si se aplicase el proyecto de ley del Gran Jerusalén o cualquiera de sus variantes tendría consecuencias trascendentales: separaría a los palestinos de su capital, Jerusalén, judaizaría la ciudad demográfica y espacialmente, y colonizaría el punto más estrecho de Cisjordania, haciendo inviable la contigüidad de un Estado palestino.
La propuesta de anexionar la ciudad-asentamiento de Ma’ale Adumim y la franja de tierra que lo conecta con Jerusalén conocida como el corredor E1 es definitoria de ambas consecuencias. Demográficamente, la inclusión de Ma’ale Adumim en Jerusalén aumentaría drásticamente el número de residentes judíos israelíes en la ciudad y, desde el punto de vista espacial, la anexión del corredor E1 sería el punto final para la solución de dos Estados.
Ma’ale Adumim: la joya de la corona de la colonización
Ma’ale Adumim se encuentra junto a Jericó en los TPO y funciona como un barrio periférico judío de Jerusalén, con una población de 40.000 habitantes. La «fundación» exacta de Ma’ale Adumim es incierta. Comenzó como un puesto avanzado de 15 colonos ideológicos en 1975 y recibió el estatuto de ciudad en 1991, el primero que lo obtuvo en Cisjordania.
Fue el primer gobierno de Menachem Begin (1977-1981) el que planeó y diseñó la ciudad. Sus límites, establecidos en 1979, alcanzaban alrededor de 3.500 hectáreas con 2.600 unidades de vivienda. Contrariamente a la afirmación popular de que las tierras entre Jericó y Jerusalén fueron «heredadas» de los jordanos y, por lo tanto, eran «tierras del Estado», Ma’ale Adumim se construyó en tierras pertenecientes a palestinos de Abu Dis, Anata, Azariya, At Tur y Isawiya. Además, Yahalin, la tribu beduina que había habitado anteriormente las colinas de Ma’ale Adumim, fue reubicada por la fuerza en un vertedero de basura adyacente tras la demolición de sus campamentos. El asentamiento se expandió por otras 1.300 hectáreas que Israel declaró «tierra del Estado» durante los años ochenta y noventa. Lo que derivó en otra expulsión forzada de los Yahalin en 1997 y 1998 y en el desalojo de más de 100 familias.
Dos eran los objetivos esenciales que se pretendía conseguir con Ma’ale Adumim: penetrar estratégicamente en los TPO y consolidar el control de Israel sobre Jerusalén. Para lo primero se eligió ex proceso la ubicación de Ma’ale Adumim: el arquitecto y principal planificador del asentamiento, Thomas Leitersdorf, declaró que su ubicación en el centro de Cisjordania era «sin duda, política, [y elegida] con mucha precisión: el lugar más lejano de Israel que se pudiera concebir».
En un esfuerzo por crear «hechos sobre el terreno», Ma’ale Adumim recibió todos los recursos necesarios y se desarrolló muy rápidamente. En tres años, los planificadores israelíes construyeron una ciudad formada por miles de bloques de apartamentos idénticos. Con una planificación rígida en la que cada casa es copia de la siguiente, es, en palabras de Dana Eraket «el epítome del colonialismo de asentamiento. La hegemonía colonial», lo más opuesto al desarrollo natural del paisaje palestino que le rodea.
El gobierno israelí se esmeró en aumentar el número de judíos israelíes dentro y alrededor de la ciudad subsidiando incluso el asentamiento e incentivando a sus ciudadanos para que se mudaran allí. El objetivo principal era apoyar la emigración de parejas jóvenes de clase media ofreciéndoles viviendas de mejor calidad cerca de Jerusalén a un precio bastante menor. Se trata de colonos no ideológicos a los que mueve el deseo de mejorar su calidad de vida. En la actualidad, la división demográfica del asentamiento es un 75% secular y un 25% religiosa. [2]
Desde 1975 Ma’ale Adumim se ha convertido en una metrópoli con biblioteca, teatro, parque industrial, centros comerciales, 15 escuelas y 78 guarderías. Alrededor del 70% de los residentes se desplazan a Jerusalén por trabajo sin percibir apenas su tránsito por territorio ocupado.
Ma’ale Adumim y los asentamientos vecinos que han surgido a su alrededor forman una amplia área urbanizada que se interpone el paisaje palestino y aísla a los palestinos entre sí y de su capital. Es la joya de la corona del proyecto de colonización de Israel.
Los efectos devastadores de la anexión de E1
Cualquier anexión de Ma’ale Adumim y otras partes de Cisjordania dependería de la adquisición de una parcela de tierra decisiva estratégicamente conocida como E1. El corredor E1 mide aproximadamente 12 kilómetros cuadrados y está ubicado dentro del Área C , bajo control de Israel, entre Jerusalén y Ma’ale Adumim. El objetivo principal israelí para hacerse con E1 es asegurar la contigüidad territorial de Ma’ale Adumim con Israel mediante la creación de un bloque urbano judío entre esa ciudad-asentamiento y Jerusalén. Ello reforzaría el control israelí de Jerusalén Oriental, disminuiría sus distritos palestinos con vecindarios judíos, y convertiría en menos viable todavía el modelo de dos Estados.
El parlamentario derechista de Hogar judío y ministro de Educación, Naftali Bennett, ya se pronunció sobre la anexión de Ma’ale Adumim y del E1. En 2017 mientras se preparaba la presentación de un proyecto de ley de anexión declaró que «claramente es hora de un cambio cualitativo […] El enfoque progresivo no ha funcionado. Tenemos que entender que se trata de una nueva realidad. Tenemos que ir a por todas, ser atrevidos y rápidos». Esta «nueva realidad» es un primer paso hacia la anexión total de Cisjordania.
El E1 no es un mero corredor terrestre sino que está destinado a ser colonizado. El primer ministro Yitzhak Rabin (1992-1995) amplió los límites de Ma’ale Adumim para poner al E1 bajo su jurisdicción -que abarca unas 4.800 hectáreas- y cada primer ministro israelí desde Rabin ha intentado construir bloques urbanos en el área. En 1999 se aprobó el Plan Maestro E1 (Plan No. 420/4) que se divide en planes separados detallados que afectan a unas 1.200 hectáreas de territorio, la mayoría de las cuales han sido declaradas por Israel como «terrenos del Estado». Hasta la fecha, se han presentado para su revisión y construcción pública un depósito de agua, una zona industrial y una comisaría de policía. Además, ya se ha instalado buena parte de la infraestructura complementaria, incluidas carreteras pavimentadas, muros de soporte, rotondas de tráfico y alumbrado público, por valor de más de 5.5 millones de dólares.
Dicha infraestructura está dirigida a un nuevo asentamiento israelí llamado Mevaseret Adumim que incluiría 3.500 unidades de vivienda en su área residencial. Destinado obviamente a aliviar la escasez de viviendas de Ma’ale Adumim y a ofrecer servicios regionales e instalaciones comerciales y turísticas, finalmente aumentará la población judía del área de Jerusalén. Mevaseret Adumim se ha convertido en un reclamo de la derecha en Israel. Netanyahu ha reiterado en varias ocasiones su compromiso en construirlo bajo la presión de los otros dos grupos de la derecha y del veterano alcalde de Ma’ale Adumim, Benny Kasriel.
El efecto de la anexión y/o del establecimiento de asentamientos del corredor E1 sería devastador. En primer lugar, crearía un «saliente» a medio camino entre el punto más estrecho de Cisjordania (28 kilómetros de este a oeste) que cortaría la ruta entre Ramala y Belén, interrumpiría la contigüidad territorial entre el norte y el sur de Cisjordania, y finalmente impediría el modelo de dos Estados.
En segundo lugar, aislaría aún más a los palestinos jerusalemíes y separaría a los palestinos de Cisjordania de Jerusalén, que representa para ellos su centro económico y cultural. La construcción del Muro de Separación a través de Cisjordania y alrededor del anillo de asentamientos existentes ya impide el acceso de los palestinos a Jerusalén. Los palestinos con identificación de Cisjordania ya no pueden hacer negocios, estudiar, recibir atención médica ni visitar a sus amigos y familiares sin el permiso del aparato de seguridad israelí.
Además, la importancia religiosa de tal anexión no debe pasarse por alto. Jerusalén alberga muchos de los lugares religiosos más sagrados de los palestinos, musulmanes y cristianos, incluido el Santuario de la mezquita Al Aqsa y la iglesia del Santo Sepulcro. La anexión solo exacerbaría las restricciones religiosas impuestas a los palestinos, a quienes ya se les niega el derecho a rendir culto libremente en los lugares sagrados.
Además, el E1 está salpicado de enclaves de aproximadamente 77.5 hectáreas de tierra palestina de propiedad privada. Como Israel no ha podido declararlos «terrenos del Estado» no están oficialmente incluidos en los planes de anexión o de asentamientos. Cualquier construcción de asentamientos en E1 invariablemente los rodearía de áreas judeo-israelíes urbanizadas, lo que limitaría el acceso y el cultivo de sus tierras a los propietarios palestinos.
Esto afectaría la infraestructura local. Por ejemplo, los caminos que actualmente usan los palestinos se convertirían, al igual que otros asentamientos, en carreteras locales para el uso exclusivo de colonos y sin permiso de acceso a los palestinos. Un informe de la ONG israelí B’Tselem afirma que si no se construyen caminos alternativos la prohibición de acceso reduciría considerablemente la libertad de movimiento de los palestinos en una zona ya muy reducida.
Reconociendo las consecuencias espaciales, políticas y diplomáticas de la división de Cisjordania por la mitad, Israel está construyendo el «la carretera del Este» cerca de Jerusalén. Apodada la Carretera del Apartheid por el muro que separa en dos mitades a los automovilistas israelíes y a los palestinos, se supone que pretende facilitar los desplazamientos palestinos entre el norte y el sur de Cisjordania para garantizar la «contigüidad del transporte». En realidad está destinada a conectar mejor los asentamientos israelíes con Jerusalén y a impedir que los automovilistas palestinos accedan a la ciudad. Las implicaciones de la carretera son devastadoras para la libertad de movimiento de los palestinos.
En resumen, la polémica anexión del corredor E1 pretende formalmente la continuidad entre Ma’ale Adumim y Jerusalén, cortando el territorio diagonalmente y separando a los palestinos de Jerusalén, su capital. También desplazaría a las comunidades palestinas que han vivido allí durante generaciones.
Traslado forzoso de población
La ejecución de las propuestas de anexión/asentamiento para E1 requeriría, en violación del derecho internacional, la expulsión inmediata de los beduinos que viven en ese territorio. En los alrededores de Ma’ale Adumim hay en la actualidad unos 2.700 beduinos palestinos, la mitad de los cuales son menores. La mayoría de estas comunidades provienen de la tribu Yahalin.
A pesar de que los beduinos han vivido desde la década de 1950 en la zona -en un territorio que Israel les asignó tras expulsarles del área de Tel Arad (en el Negev)- la Administración Civil (que gestiona las actividades en los TPO) ha establecido que la construcción que Israel considera «legal» no se pueda recurrir. Las autoridades israelíes también privan deliberadamente a los Yahalin del acceso a los servicios básicos como agua y electricidad, para hacer su vida insoportable. No se les permite trabajar la tierra ni construir en ella. Además, el ejército israelí les impide acceder a las tierras asignadas para pastorear sus rebaños lo que les obliga a depender de la compra de forrajes muy caros para las ovejas. Los pastores se han visto forzados a ir vendiendo su ganado de manera que hoy en día solo el 30% de los residentes se gana la vida con la cría de ganado. Los restantes trabajan de jornaleros incluso en los asentamientos cercanos.
Los intentos externos para mejorar la situación de los beduinos se han visto frustrados. En marzo de 2017, Israel emitió 42 órdenes de demolición contra la empobrecida aldea de Jan al Ahmar, en E1, para sorpresa de la Unión Europea que había financiado muchos de los edificios del pueblo, incluida una escuela que atiende a más de 150 niños de entre seis y quince años (algunos de comunidades vecinas). [3] Desde septiembre de 2017, Jan al Ahmar [*] alberga 21 familias que suman 146 personas, incluidos 85 menores de edad.
Según los planes actuales para E1, los Yahalin serán expulsados y reubicados en tres municipios, lo que condena a los beduinos a un estilo de vida contrario a su tradición nómada. En el contexto de la ocupación militar, cualquier traslado de «personas protegidas», como lo son estas comunidades, así como la confiscación o destrucción de bienes por parte de la potencia ocupante, constituye una violación flagrante del derecho internacional. [4] Por extensión, cualquier plan militar destinado a reubicar permanentemente a personas bajo ocupación es un crimen de guerra. [5] Sin embargo, a pesar de la nitidez del marco legal internacional que condena estas prácticas, la determinación de Israel de reubicar a los beduinos sigue adelante utilizando la legislación israelí como herramienta para complicar las reclamaciones territoriales de beduinos y palestinos. [6]
Recomendaciones
La anexión de E1 y Ma’ale Adumim alteraría drásticamente las realidades geopolíticas en Palestina-Israel. No solo certificaría la judaización de Jerusalén por parte de Israel sino que acabaría con [la idea del] futuro Estado palestino promovido en los Acuerdos de Oslo. Estas tensiones se desarrollan continuamente en el Knesset, el Congreso de Estados Unidos, en Naciones Unidas, la Unión Europea, en los medios de comunicación y en el ámbito humanitario de forma más amplia. Las diferentes partes que operan para el plan de anexión Ma’ale Adumim lo convierten en una fuente perpetua de discusión, desacuerdo y resistencia.
La comunidad internacional, la AP y la sociedad civil palestina pueden tomar medidas para detener esta violación flagrante del derecho internacional:
– Dado que es evidente que la administración Trump no pondrá impedimentos a la coalición derechista en el Knesset, otros Estados Estados y organismos internacionales deben presionar al gobierno israelí de manera que cualquier proyecto de anexión le salga caro. En sus campañas actuales y futuras, la sociedad civil palestina y el movimiento de solidaridad con Palestina deben insistir en la necesidad de que los legisladores tomen conciencia de que el proyecto de asentamiento israelí es un punto sin retorno.
– La UE debería ir más allá de la mera condena cuando se confisca o destruye su asistencia humanitaria a las comunidades vulnerables. Debería responsabilizar a Israel mediante presión diplomática, por ejemplo reconociendo el Estado palestino. Al mismo tiempo, el movimiento de solidaridad con Palestina debe identificar formas de presionar a la UE, e instarle a acatar sus propios reglamentos y sus obligaciones en virtud del derecho internacional.
– La AP debería dejar en claro que la ejecución de cualquier proyecto de ley de anexión constituye una línea roja que, de cruzarse, pondrá fin a toda cooperación entre la AP e Israel. El movimiento popular organizado debe presionar a la AP.
– La AP debe crear su propia visión espacial del área entre Jerusalén y Ma’ale Adumim, basándose en hechos que subrayen la importancia de la zona para la viabilidad de un futuro Estado palestino. Esta visión alternativa debe ser elaborada por geógrafos palestinos, urbanistas y think tanks.
El reciente despliegue de proyectos de ley no es más que el último ejemplo del robo israelí de tierras palestinas y del proceso de colonización sionista que se viene produciendo desde antes del establecimiento del Estado de Israel. Si bien es poco probable que de llevarse a cabo estas recomendaciones prevengan a Israel en su misión ideológica de «judaizar» toda Palestina, al menos servirían para capitalizar el sentimiento pro-palestino que cobra impulso en Occidente y para condenar a Israel por su prácticas de ocupación y colonización.
* El 5 de junio de 2018, el Centro Palestino de Derechos Humanos ha hecho pública desde Gaza su condena por la decisión del Tribunal Supremo Israelí de demoler la comunidad beduina de Jan Al Ahmar, en una decisión de 28 de mayo (PCHR, «Israeli Supreme Court Issues Decision to Demolish Khan Al-Ahmar Bedouin Community, East of Jerusalem» Ref: 58/2018, 5, June 2018) [N. de la T.]
Notas
1. El proyecto de ley fue redactado por los parlamentarios del Knesset Yoav Kish (Likud) y Bezalel Smotrich (Hogar judío), y apoyado por el ministro de Transporte, Yisrael Katz (Likud) y el primer ministro, Benjamin Netanyahu (Likud).
2. A pesar de que en Cisjordania hay más asentamientos rurales (94) que urbanos (50), el número de colonos israelíes que vive en estos últimos es casi de 477.000, más de ocho veces el de los colonos israelíes que viven en asentamientos rurales (unos 60.000).
3. La UE instó a Israel a «acelerar la aprobación de planes parea los palestinos, detener las transferencias forzosas de población y las demoliciones de viviendas e infraestructura palestinas, simplificar los procedimientos administrativos para obtener permisos de construcción, garantizar el acceso al agua y atender las necesidades humanitarias».
4. El derecho internacional humanitario prohíbe el traslado forzoso a menos que sea por la seguridad de los residentes o por una necesidad militar urgente.
5. El Estatuto 6 e) de la Corte Penal Internacional establece que el traslado forzoso de población incluye «amenazas por la fuerza o coacción, como la causada por miedo a la violencia, coacción, detención, opresión psicológica o abuso de poder contra una persona o personas, o aprovechándose de un entorno coercitivo»
6. Esta táctica de traslado de población se refleja dentro de la Línea Verde. Los beduinos que viven en las llamadas «aldeas no reconocidas» en el desierto del Negev corren el riesgo de un «re-asentamiento». Recientemente, las autoridades israelíes han anunciado la expulsión de los residentes de la ciudad beduina de Umm Al Hiran para crear un pueblo judío llamado Hiran.