Decenas de miles de bahreiníes, aunque la cifra podría llegar hasta los 400.000, tal y como aseguraron algunos activistas, salieron a las calles de Manama el 9 de marzo para pedir mayor democracia en el país y la caída de la familia Al Jalifa. La manifestación, que fue convocada por el clérigo chií Isa Qassim, […]
Decenas de miles de bahreiníes, aunque la cifra podría llegar hasta los 400.000, tal y como aseguraron algunos activistas, salieron a las calles de Manama el 9 de marzo para pedir mayor democracia en el país y la caída de la familia Al Jalifa. La manifestación, que fue convocada por el clérigo chií Isa Qassim, partió de las zonas de Diraz y Saar, al oeste de la capital, y transitó por la autovía de Budaiya, que quedó totalmente abarrotada.
En la declaración que se leyó tras la manifestación, los organizadores subrayaron que «el pueblo reitera su voluntad de hacer más sacrificios para alcanzar su demanda de democracia», y recalcaron que los ciudadanos «son la única fuente capaz de dar y retirar legitimidad a cualquier futuro gobierno». Asimismo, reiteraron que el Ejecutivo actual no tiene legitimidad y tildaron al régimen de «dictadura«.
Varios miles de manifestantes se separaron de la marcha e intentaron acceder a la plaza de la Perla, epicentro de las protestas en febrero y marzo de 2011 y cuyo monumento fue destruido, que fue cerrada a cal y canto por las autoridades para evitar que se repitiera una situación como la que se vivió en El Cairo en la plaza Tahrir durante la celebración del primer aniversario de las revueltas. Las fuerzas de seguridad respondieron con dureza y volvieron a evitar la entrada en la plaza con el lanzamiento de gases lacrimógenos y varias cargas policiales.
La protesta tuvo lugar en medio del hartazgo generalizado de la población, a causa del estancamiento de las reformas prometidas por el monarca y la continua represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad de las manifestaciones en el país. La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha indicado que ya han fallecido más de 60 personas desde el inicio del levantamiento popular, la mayoría de ellas por heridas en las vías respiratorias causadas por la inhalación de gases lacrimógenos, atropellos de vehículos policiales o palizas por parte de las fuerzas de seguridad durante el periodo de custodia.
Bahréin, importante aliado de Estados Unidos y de las monarquías del Golfo, ha aplastado violentamente las reformas prodemocráticas en el país y pidió la entrada de tropas saudíes y emiratíes para controlar las protestas y reprimir las manifestaciones. Estados Unidos expresó una tímida condena y detuvo la entrega de un cargamento de armas al país, pero el 14 de febrero autorizó el envío, lo que ha coincidido con un aumento de la violencia policial que provocó la muerte de al menos siete personas desde esa fecha.
Además, el Ejecutivo de Bahréin solicitó al investigador sobre Actos de Tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, que retrasara su viaje al emirato e impuso nuevas restricciones a la entrada de organizaciones no gubernamentales que quieran monitorizar el proceso de reformas y las acciones de las fuerzas de seguridad al país. Manama indicó a las ONGs que debían retrasar sus viajes al país hasta después del 22 de febrero, fecha que se impuso como tope para implementar las reformas prometidas y propuestas por la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin (BICI), a la que la oposición denunció de ser sesgada a favor del Ejecutivo.
En respuesta, Amnistía Internacional informó de que cancelaba el envío de una comisión al emirato al considerar que este nuevo retraso -no se permitirán visitas hasta julio- y la imposición de un máximo de cinco días en el país, «suponen un gran impedimento».
Pese a la represión en el país, las protestas prosiguen, y entre ellas destaca la del activista político Abdulhadi al Khawaja, ex presidente y cofundador del Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR), quien lleva un mes en huelga de hambre en protesta por la sentencia adoptada por un tribunal militar en su contra, en la que fue condenado a cadena perpetua por sus actividades políticas. Desde su arresto, organizaciones como el BCHR y el Centro de Derechos Humanos del Golfo (GCHR), así como el periodista y actual presidente del BCHR, Nabeel Rajab, han denunciado torturas y abusos sexuales contra Al Khawaja durante el periodo de arresto.
En este contexto, en el que la situación en Bahréin ha quedado sepultada por otros eventos en la región a causa de los intereses de las grandes potencias aliadas en ocultar la situación real en el país -las manifestaciones prodemocráticas y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad han sido vendidos por algunos medios como Al Jazeera como únicamente un conflicto sectario entre suníes y chiíes-, no parece que las manifestaciones y los actos de protesta, que son diarios, vayan a remitir.
Por ello, el Ejecutivo tendrá que acelerar y profundizar las reformas prometidas, claramente insuficientes y de mucho menor calado que las propuestas en otros países de la región, para calmar los ánimos. Sin embargo, la nula presión de la comunidad internacional, empezando por la Liga Árabe -copada por los países del Golfo con Qatar y Arabia Saudí a la cabeza- que no se ha pronunciado contra la represión, augura un periodo largo de protestas antes de lograr algún avance significativo en la situación de los derechos fundamentales de la población de Bahréin.
Fuente original: http://www.aish.es/index.php/component/content/article/194-clavesbarehin/2625-bahrein-1232012-masiva-manifestacion-entre-represion-y-dilaciones