Traducción por S. Seguí para Rebelión
La muerte de un preso palestino en circunstancias sospechosas en una prisión israelí ha relanzado una antigua controversia sobre la presunta complicidad de los médicos en la tortura, a la vez que ha vuelto a disparar la renovada ira palestina por los aproximadamente 4.600 prisioneros en poder de Israel.
La Asociación Médica Israelí (IMA) negó que profesionales médicos estuvieran implicados en torturas o malos tratos, y afirmó que, por lo que sabía, la tortura no estaba autorizada ni era practicada por las fuerzas de seguridad israelíes o en las prisiones del país. Sin embargo, activistas de derechos humanos mantienen que los prisioneros palestinos son víctimas desde hace mucho tiempo de palizas, privación del sueño, uso prolongado y doloroso de esposas, humillaciones y falta de atención médica, todo lo cual se considera tortura con arreglo a las normas internacionales.
Arafat Jaradat, un auxiliar de gasolinera de 30 años de edad, con dos hijos, fue detenido el 18 de febrero bajo sospecha de haber lanzado piedras y cócteles molotov durante una manifestación en Cisjordania celebrada en noviembre pasado contra los ataques militares israelíes en la Franja de Gaza. Los palestinos afirman que su detención, meses después de la manifestación, y su interrogatorio forman parte de una vieja política de Israel de obligar a los presos a convertirse en informantes después de su liberación.
Los líderes palestinos informan que unos 800.000 palestinos han sido detenidos por las fuerzas israelíes desde 1967, y Jaradat ha sido el prisionero número 203 que ha encontrado la muerte en prisión. Su muerte se produjo después de varios días de interrogatorios a cargo del servicio de seguridad interior israelí Shin Bet el 23 de Febrero en la prisión de Megiddo, en Israel. La autopsia se realizó al día siguiente en el Instituto de Israel de Medicina Legal en presencia de Aloul Saber, patólogo jefe de la Autoridad Palestina, quien señaló que las contusiones que mostraba el cuerpo eran pruebas de tortura.
El Ministerio de Salud de Israel manifestó, el 28 de febrero tras examinar las nuevas conclusiones de la autopsia, que no había pruebas de Jaradat hubiera sido objeto de abusos físicos o envenenado, y que no era posible determinar la causa de su muerte.
Las autoridades israelíes habían atribuido inicialmente su muerte a un ataque al corazón, y afirmaron que las costillas rotas y las contusiones eran «consecuencias típicas de una reanimación, que el equipo médico del Servicio de Prisiones de Israel y el Magen David Adom aplicaron durante 50 minutos en un esfuerzo por salvar su vida.»
Algunas muestras adicionales tomadas del cuerpo siguen en fase de análisis, y los resultados microscópicos y toxicológicos no estarán disponibles en varias semanas. «Las señales que aparecieron durante la autopsia muestran claramente que fue sometido a graves torturas, que produjeron inmediatamente su muerte», afirmó Issa Qaraka, ministro palestino de Asuntos de Prisioneros en una conferencia de prensa en Ramallah después de haber recibido el informe del patólogo palestino que asistió a la autopsia.
Kamil Sabbagh, el abogado de Jaradat, manifestó ante un juez militar israelí un par de días antes de la muerte de su cliente que éste era obligado a mantenerse sentado durante largos períodos durante los interrogatorios, y se había quejado de dolores en la espalda, y que parecía aterrado ante la posibilidad de su regreso al centro de detención del Shin Bet donde estaba detenido. El juez ordenó un examen por un médico de la prisión. Jaradat murió en la prisión de Megiddo y no se sabe cuando se le trasladó allí.
Derek Summerfield, catedrático honorario del Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres y activista contra lo que califica de violaciones de los derechos humanos por parte de médicos israelíes, afirma que le interesa saber cuál ha sido el papel desempeñado por los médicos en las circunstancias de la muerte de Jaradat. «Según admite el propio Israel, Jaradat fue visitado por médicos israelíes dos días antes y lo encontraron en buen estado de salud. La cuestión ética médica clave es saber por qué estos médicos lo examinaron, si no para evaluar si podría soportar la tortura», manifestó a The Lancet. «Esta es precisamente la razón del lanzamiento, en 2009, de la campaña relativa a la complicidad médica en la tortura en Israel, campaña que sigue su curso.»
La citada Asociación Médica Israelí (IMA), manifestó en un comunicado: «La IMA se opone con toda firmeza a la afirmación de que profesionales médicos estén implicados en torturas o malos tratos, y seguiremos haciendo todo lo posible, con las herramientas de que disponemos, para informar a los médicos sobre su obligación de reportar y de tener una conducta apropiada.»
La IMA y las organizaciones de derechos humanos han pedido que la salud de los presos deje de ser responsabilidad Servicio de Prisiones de Israel (IPS) y recaiga en un organismo externo, como las sociedades de seguro médico o el Ministerio de Sanidad, que hace un año estableció un comité permanente para que los médicos puedan denunciar casos sospechosos de tortura. «Es cierto que cada médico se halla en un conflicto de intereses entre el paciente y el sistema de las sociedades de seguro médico, y también en el ejército», manifestó Avinoam Reches, que dirige la Junta de Ética de la IMA, al diario Ha’aretz. «Pero en el caso del Servicio de Prisiones de Israel, el problema es grave porque el tratamiento se administra a personas que no tienen ningún tipo de libertad de elección.»
Los palestinos y los grupos de derechos humanos exigieron una investigación independiente sobre la muerte de Jaradat.
Fuente original: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2960612-1/fulltext