En mis rápidos recorridos por los sitios web que abordan temas relacionados con Cuba, encuentro, en la Joven Cuba, el texto «Universidad revolucionaria: Debate sobre la constitución«, firmado por el bloguero Osmany Sánchez. El post de Osmany, quien junto a Harold Cárdenas es uno de los editores del mencionado blog, dialoga con el artículo que […]
En mis rápidos recorridos por los sitios web que abordan temas relacionados con Cuba, encuentro, en la Joven Cuba, el texto «Universidad revolucionaria: Debate sobre la constitución«, firmado por el bloguero Osmany Sánchez.
El post de Osmany, quien junto a Harold Cárdenas es uno de los editores del mencionado blog, dialoga con el artículo que el profesor René Fidel García tituló «La lealtad constitucional no es elección, es deber». René Fidel se preocupa ante la frase publicada por un recién egresado de la carrera de Derecho, quien se declara más revolucionario que jurista. Hecho que parece paradójico a primera vista, pero que hace parte de la normalidad en la isla socialista.
Advierto que aunque no soy graduado de Derecho creo que el artículo de René Fidel García es perfectamente entendible por la media de los lectores. El jurista santiaguero aborda dos cuestiones importantes: la falta de cultura jurídica entre cuadros políticos y administrativos del Estado cubano, cuyo rasgo más distintivo es el poco dominio de los contenidos de la Constitución, y la impunidad con que sujetos poderosos la vulneran con decisiones basadas en la discrecionalidad y el autoritarismo.
Estas violaciones de la Constitución de la República por parte de quienes deben velar por su cumplimiento, junto a lo que la calle (lo cotidiano) nos muestra cada día, hacen difícil defender la existencia de un Estado de derecho en Cuba. No pretendo denostar al gobierno cubano, ya que el propio Raúl Castro reconoció -al inicio de su primer mandado- el irrespeto a las leyes del país, tanto de la población como de los propios funcionarios del Estado.
René Fidel rememora que la expulsión de la Universidad Central de Las Villas de Karla Pérez, estudiante de Periodismo, es un ejemplo de la vulneración de los derechos ciudadanos. Pérez fue separada de su centro de estudio por militar en la organización oposicionista Somos +.
Osmany Sánchez se distancia del entendimiento de René Fidel y defiende la legitimidad de la medida, haciendo propios los argumentos que, esgrimidos por los compañeros de clase de Karla, invalidaron su derecho a estudiar en una universidad cubana. Se pueden alegar uno o mil motivos políticos o acudir a la manida frase de que «la universidad es para los revolucionarios», pero la expulsión de la estudiante en términos jurídicos no se sostiene.
Tampoco sirven las analogías para minimizar el autoritarismo insular. Osmany Sánchez expone algunas hipótesis que justificarían la decisión e incluso menciona el caso de un joven comunista alemán que en virtud de una ley de 1970, no pudo estudiar ni trabajar en instituciones públicas de Alemania. Sin embargo, no explica con claridad cómo la presencia de Karla Pérez en las aulas de la UCLV amenazaba la seguridad nacional y/o la de sus colegas.
Que personas como Silvio (y no solo él) hayan manifestado su desacuerdo con esa medida dice muchas cosas. Claro que la estima que la mayoría de los isleños siente por el trovador, visibilidad internacional y su independencia económica (no es un asalariado del Estado cubano) le permiten un margen de libertad de expresión sin consecuencias (serias) que Osmany y yo no tenemos.
En la confrontación entre medios no estatales y los gerentes del modelo estatal de prensa, muchos de los primeros ya reafirmaron que seguirán trabajando y defendiendo su autonomía. Otros más cautos, se empeñan en reafirmar con textos y hechos su lealtad a los arbitrios de los líderes supremos.
Hay que reconocer que cada palabra que se diga en un blog o cualquier publicación gestionada desde Cuba está a merced de numerosas mediaciones y, sus autores, insertados en un régimen de censura que algunos consiguen burlar con éxito y otros le hacen la media. Una de cal y otra de arena ha sido para muchos en Cuba un mecanismo de supervivencia.
No es fácil defender la autonomía de pensamiento. En cualquier lugar de este convulso mundo los poderosos intentarán acallar las voces disidentes con los métodos más convenientes a cada contexto. Pueden variar los métodos y la intensidad de la violencia, pero el objetivo es idéntico. Hay muchas formas de matar. Unos optan por eliminar el cuerpo; otros, por marchitar el alma.
En México o Colombia asesinan a periodistas, líderes sindicales, estudiantiles e indígenas. En Cuba se expulsan profesionales valiosos de universidades, centros de estudio y hospitales. A los más osados, casi siempre comunicadores que trabajan al margen de los medios legalmente reconocidos, se les detiene, se les confiscan sus equipos de trabajo, al tiempo que sufren frecuentes campañas de difamación desde blogs y sitios webs oficiales y oficiosos.
A quien guste de comparaciones le cuento que en la universidad pública brasileña en la que hago vida coexisten personas de diferentes clases sociales, credos religiosos, orientaciones e identidades sexuales y afiliaciones políticas. Nada extraño, ya que las universidades son el foco de la lucha contra el gobierno de Michel Temer, contra el neoliberalismo que amenaza con barrer las conquistas alcanzadas tras décadas de lucha.
No es que me abrace con los chicos de la extrema derecha, o comulgue con los fundamentalismos religiosos, o los fanatismos de izquierda, pero siempre hay un margen para polemizar y reafirmar la legitimidad del disenso y aprender a vivir con él. Si aún me odian por negro, cubano y por defensor de un socialismo realmente democrático, al menos no amenazan con golpearme, con promover mi expulsión de la universidad ni me difaman en redes sociales.
De hecho, las universidades son también el espacio donde colectivos anticapitalistas que promueven sus ideas para un cambio de régimen en Brasil. Aquí los ves vistiendo camisetas con lemas anarquistas, exigiendo que los estudiantes no paguen el transporte público, protestando por los precios del comedor universitario.
No recuerdo que alguien haya sido expulsado de una universidad brasileña por motivos políticos. Las únicas expulsiones de las que tengo noticias han sido por hechos relacionados con crímenes de odio (racismo, xenofobia) y conductas típicamente delictivas.
Cada país padece o se inventa sus peligros externos e internos. En la Unión Soviética, nación que se hizo de armas nucleares y se extendió por Europa Oriental para disuadir cualquier agresión militar desde Occidente, el PCUS se empeñó en reprimir y silenciar el disenso. Tal vez no fue el acoso externo lo determinante y sí las concepciones leninistas y las prácticas estalinistas en relación al papel de la prensa, el disenso, la libertad y el pluralismo político.
La oligarquía brasilera acudió a la amenaza de la expansión del comunismo y la respuesta fue una dictadura cívico-militar que duró 20 años y de la que aún el país se recupera. No es que no haya recelos reales. País rico en recursos minerales, hídricos, tierras e hidrocarburos, Brasil siempre ha estado en la mira de Estados Unidos y las demás potencias, China incluida. Más recientemente, fue comprobada la injerencia de la NSA en la Petrobras y la intervención del teléfono de la presidenta Dilma Roussef; no se descarta el apoyo de círculos de poder norteamericanos en el golpe parlamentario que la destituyó en 2016.
Por si fuera poco, el tráfico de armas, drogas, la desigualdad, la injusticia social y el odio de clase son el motor de una violencia mucho más palpable que las amenazas Donald Trump. Si hay un consenso en Brasil es que todos estos males pueden ser superados profundizando la democracia, llevándola a su máxima extensión. La opción de un régimen que en nombre de la seguridad nacional, el desarrollo o la redención de la humanidad promueva una visión de mundo y reprima otras está fuera de la agenda.
En 1987, José Paulo Netto, uno de los más prominentes marxistas brasileros expresó que la Unión Soviética, considerada el ejemplo más logrado del socialismo que «el ordenamiento social soviético contempla conquistas indiscutiblemente democráticas y de avanzadísimas proporciones».
Son componentes de la democracia, afirma Netto, el rea l derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la cultura, a la seguridad social. (…) Sin embargo, si es un equívoco limitar la democracia a las dimensiones puramente políticas (democracia liberal), no menos equivocado resulta limitarlas a las conquistas económico-sociales».
Ya en 2014, durante el Ciclo de Debates Octubre Rojo: las experiencias de construcción del socialismo y los desafíos actuales Netto afirmó: «la experiencia [la construcción socialista en la URSS] se perdió por su déficit de libertad política», y que cuando la transición socialista no encuentra los presupuestos [democráticos] en Marx tiene que crearlos y avanzar sobre ellos. Tal vez ha sido este el principal problema del socialismo real: su incapacidad de otorgar pan y libertad en la misma proporción.
¿Se puede entonces hablar de «democracia socialista» cuando el actuar en nombre de la Revolución es patente de corso para la limitación de derechos civiles y políticos, interpretar o ignorar la Constitución (ya de por sí limitada) a conveniencia, perpetuar las prácticas políticas verticalistas, la falta de control popular sobre la actividad de los agentes públicos, falta de transparencia y el secretismo? ¿Qué tienen de revolucionarias o socialistas las campañas de difamación contra críticos y disidentes?
La tesis de plaza sitiada (asedio imperialista) no justifica la violación de las leyes. El verdadero mal de fondo es aquí y acullá, la carencia de una cultura democrática, que haga entender que el disenso y la libertad para expresarlo no son concesiones sino derechos inherentes al ser humano. Es una lección que todos los cubanos debemos aprender.
Alexei Padilla Herrera. Comunicador social e investigador. Cursos estudios doctorales en la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil.
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