Democracia, republicanismo y socialismo en Cuba a diez años del inicio de la reforma.
Desde aproximadamente 2010 Cuba está inmersa en procesos de cambios profundos. No se emplea la palabra «reforma», pero lo es, y ocurre en múltiples dimensiones. Todas estas transformaciones poseen legitimidades y problemas de cara a las necesidades y condiciones de posibilidad de la sociedad y el Estado socialista.
La consulta popular y posterior aprobación en referéndum de una nueva Constitución de la República (2019) fue un punto de llegada respecto a cambios que ya estaban en proceso y que la nueva norma formalizó. A la vez, abrió un momento de profunda transformación legislativa que está implicando la creación o modificación de más de un centenar de leyes y decretos. La ciudadanía ha buscado intervenir el nuevo orden jurídico por distintas vías y con distintos grados de éxito.
En el plano económico, la reforma —más audible a nivel internacional— ha sido largamente planificada y publicitada a través de documentos oficiales. Una década después, sigue en curso, con nuevos contenidos. Al respecto, existieron grandes dilaciones y malas decisiones económicas, algunas de las cuales, más que corregir distorsiones, las han reproducido. Los cambios de ese orden exhibieron problemas para enfrentar temas cruciales, como el empobrecimiento y la desigualdad, persistentes y crecientes en el país desde los años 1990.
La reforma económica ha tenido que desarrollarse en un contexto de cambios en la relación con los Estados Unidos. Si bien el «deshielo» de 2017 dibujó una mejora del escenario, bajo el mandato de Donald Trump regresó el ambiente de hostilidad y el progresivo recrudecimiento de las sanciones que afirman el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. El hecho ha contribuido al agravamiento de la crisis económica nacional.
Por su parte, agendas, actores y dinámicas de la sociedad civil registran modificaciones; se amplían las esferas públicas y aumenta la capacidad ciudadana de interpelar, impugnar y negociar con la política institucional. Con toda claridad, esos procesos se conectan con agendas globales y regionales: feministas, antirracistas, animalistas, gremiales, religiosas, típicamente políticas, etc. Los registros ideológicos que encarnan son diversos y no necesariamente pertenecen al espectro de las izquierdas que, a su vez, es heterogéneo a su interior.
El conjunto afirma dos hechos. De una parte, desmiente cualquier tesis de «inmovilismo» dentro del país. De otra, cuestiona la excepcionalidad que se atribuye a la realidad cubana dentro de los análisis latinoamericanos. Por el contrario, son evidentes flujos y correlaciones con otros contextos. Su identificación permite auscultar mejor el ya largo proceso de transformaciones que, a inicios de 2021, se profundiza y arroja preguntas sobre el futuro de la nación y su ciudadanía.
Aquí miramos la reforma cubana a través de cuatro lentes: 1) la reorganización del sistema socioeconómico; 2) los cambios relacionados con la representación política, la cualidad del servicio público de los representantes y las (im)posibilidades de control ciudadano; 3) las transformaciones en el orden de la relación entre ley y derecho, el procesamiento democrático de los mismos y la búsqueda de garantías institucionales para ellos; 4) los conflictos de cara al ejercicio de la participación ciudadana y la sociedad civil.
Reforma del sistema socioeconómico: acceso a la propiedad y (des)control sobre las condiciones de existencia
La estructura de la propiedad, el aparato productivo y los mercados laborales han cambiado y ganado complejidad en Cuba. Cuatro documentos principales son sus bases: los Lineamientos para la Actualización de la Política Económica y Social (2011), la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista (2017), la Constitución de la República (2019) y los que especifican la Tarea de Ordenamiento (2021).
Un papel clave lo ha tenido la ampliación del sector no estatal de la economía, y muy especialmente del llamado Trabajo por Cuenta Propia (TCP). Entre 2010 y 2018, el TCP creció 375%. La forma en que ello ha sucedido es quebradiza y aún incompleta. Han existido decisiones arbitrarias o anacrónicas, ineficiencia y corrupción estructurales, y disputas ideológicas entre actores internos de poder que interrumpen y/o ralentizan medidas necesarias en ese campo.
La ampliación del TCP no ha implicado el reconocimiento de pequeñas y medianas empresas (Pymes) con personalidad jurídica. Eso ha tenido consecuencias negativas para las relaciones productivas. Pueden destacarse dos, que guardan relación: la limitación de las relaciones comerciales de las Pymes entre sí y con otros actores económicos nacionales y extranjeros, con perjuicio de su dinamismo y resultados productivos, y la imposibilidad de que el Estado desarrolle mecanismos efectivos de garantía de derechos laborales en el TCP. Por lo último, el control sobre las condiciones de trabajo disminuye, aunque se estima que allí los ingresos son superiores a los percibidos por el trabajo en otros sectores de la economía.
Además, se esperaba que el TCP absorbiera el desempleo que debía producirse en el sector estatal. En 2011 Raúl Castro anunció que había subempleo en el país y que eso era una barrera importante para la economía. Esa situación era resultado de la pervivencia de la política de pleno empleo que mantuvo el Estado durante los 1990 y que fue un amortiguador de las crisis para la ciudadanía. Pero como parte de la reforma, debía eliminarse el subempleo y esa fuerza laboral migraría hacia otros sectores económicos.
Entre 2011 y 2019, 1 millón 100 mil personas salieron del sector estatal, pero el TCP no tuvo condiciones de acogerlas. Una parte de ellas quedaron fuera de todos los mercados laborales formales. Teniendo en cuenta el aumento de la escasez y del costo de la vida, es probable que el sector del trabajo informal se haya ensanchado, aunque no hay cifras oficiales.
La pandemia —bien manejada desde el punto de vista de salud y de investigación científica—ha agravado las consecuencias de la reforma económica. El TCP se ha deprimido: 45% de quienes tenían licencias para ese tipo de trabajo la suspendieron temporalmente durante el 2020. En ese contexto, el 1 de enero de 2021 comenzó la nueva etapa de «Ordenamiento», con una nueva apertura para el sector. Un número aún incierto de empresas estatales se declararán irrentables como consecuencia de este nuevo escenario.
En el sector estatal, la reforma ha aumentado los salarios medios en términos nominales. Entre 2008 y 2017, el incremento alcanzó 1,84 veces. Con la Tarea de Ordenamiento (2021), el aumento salarial ha sido de 4,9 veces.
Hasta la década de 1980, el salario proveniente del empleo estatal constituía el 80% de los ingresos familiares en Cuba. Estimaciones indican que, en 2016, el salario real del sector estatal representaba cerca del 39% de lo que era un año antes de comenzar la crisis (1989). Diferentes análisis para el año 2019 también afirman su insuficiencia. La combinación de los dramáticos efectos de la pandemia y las consecuencias derivadas del «Ordenamiento» ha producido una subida estrepitosa de los precios que perjudica nuevamente lo que los salarios representan para la reproducción de la vida.
Mirado hacia adentro, el sector estatal necesita producir mejores incentivos y democratizarse. Un análisis reciente informa la persistencia de la asimetría en las relaciones de poder respecto a la gestión de la propiedad social (a favor de empleadores y directivos), el mantenimiento de la condición de subordinación de quienes trabajan por salario (lo cual se explicitó en el nuevo Código de Trabajo, 2014) y la hiperformalización de la participación de sindicatos en las elaboraciones de los planes empresariales.
El sector cooperativo —específicamente el no-agropecuario— también ha participado de la reforma y se ha ampliado, aunque en escala mucho más discreta que la que podría esperarse desde una perspectiva socialista. Se han identificado claras barreras para su ejercicio; entre ellas: inexistencia de preparación para gestión de tipo horizontal y el surgimiento de las cooperativas como orientaciones «desde arriba».
Otros contenidos de la reforma han sido el estímulo declarado a la inversión extranjera, la productividad y la disminución de erogaciones en divisas.
La economía no monetaria ha hecho contribuciones de gran escala. El trabajo no remunerado, principalmente a cargo de mujeres, ha sido y continúa siendo fundamental para el sostenimiento de la vida. Cuba afronta una crisis de cuidados producto del envejecimiento demográfico y de la escasez de servicios de cuidados públicos. En 2002 se estimó que el aporte de los servicios domésticos y de cuidado no remunerados era el equivalente a 20% del PIB nacional. No hay nuevas estimaciones, pero es probable que ese número haya crecido. El conjunto condiciona la amplia brecha en la participación laboral de mujeres y hombres, que es de 22,7%. Casi una de cada dos mujeres en edad laboral está fuera de la Población Económicamente Activa. Hay más mujeres universitarias que hombres pero, en general, tienen menos autonomía económica, acceso a la propiedad y participan menos en los sectores económicos que proveen mejores ingresos. La crisis de cuidados ha sido considerada por las instituciones, pero no se enuncia como un problema para la reforma.
En los 1990 no hubo retirada del Estado de sus funciones sociales, aunque la crisis dejó «claros perdedores y ganadores»: mujeres en general, madres solteras, personas de la tercera edad, población negra y mestiza, trabajadores estatales en ocupaciones de baja calificación y territorios empobrecidos con migrantes hacia zonas de mayor desarrollo. Ese perfil se ha mantenido en la reforma de la última década.
Para afrontarlo, el gobierno insiste en que «nadie quedará desamparado». Se han mantenido algunos subsidios (por ejemplo, en el precio de las guarderías públicas y algunos productos de la canasta básica para grupos poblacionales concretos) mientras que la eliminación o modificación de otros, como los del Sistema de Atención a la Familia, han sido objeto de polémica. Como parte del «Ordenamiento», 700 millones de pesos del presupuesto estatal se ha dedicado a la atención a personas consideradas vulnerables.
Los cambios en el sistema socioeconómico tienen consecuencias para las garantías de autotutela y para el despliegue de capital político de los sectores empobrecidos.
Representación política, servicio público y control ciudadano
La reforma que supone la Constitución (2019) contiene avances respecto a la representación como relación de servicio público con control ciudadano. En ello, consagra el Estado socialista de Derecho, la supremacía constitucional, el imperio de la ley, refuerza la organización institucional y amplía derechos y garantías.
La Constitución agrega diseños que desconcentran poder y lo hacen contestable. Separa funciones, descentraliza niveles territoriales y crea nuevos recursos institucionales a favor de la ciudadanía. Otorga a la Asamblea Nacional de Poder Popular (ANPP) nuevas facultades de interpretar la Constitución, establecer o extinguir tributos y aprobar regímenes territoriales de subordinación administrativa. Define el municipio como unidad estatal fundamental y le reconoce autonomía y potencialidades de participación directa a través de consulta y petición.
Otros contenidos avanzan en ese perfil de la representación como servicio público controlado: límite de mandato, creación de la iniciativa constitucional para no menos de 50000 electores, mantenimiento de la iniciativa legislativa a partir de 10 mil electores y ampliación de la capacidad de revocación a funcionarios públicos.
En otro orden, se han desarrollado prácticas de gobierno electrónico en distintos niveles de la administración pública, que facilitan procesos de participación y control estatal. También se constatan «procesos de escucha» oficial de demandas formuladas en redes sociales, en temas como urbanística, acceso a lugares públicos, control de precios o peticiones laborales.
Estos avances conviven con antiguos y nuevos problemas sobre el control y la contestación de la representación.
El Partido Comunista de Cuba (PCC) —único— es la «fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado». Con ello, transfiere la soberanía popular hacia sí mismo; no cuenta con obligaciones expresas respecto a su subordinación a la Constitución, ni sobre sus formas de dirección sobre el aparato estatal.
La autonomía municipal tendrá que lidiar con el deber de esa instancia de respetar «principios del cumplimiento de las disposiciones de los órganos estatales superiores» y de las indicaciones partidistas.
La ANPP mantiene formas de funcionamiento —diputados no profesionales, sesiones ordinarias de solo cuatro días al año, presencia de instituciones mediadoras de la nominación de diputados (las «comisiones de candidaturas»)—, entre otras, que le han impedido —desde 1976— cumplir con su perfil de ser el máximo centro de poder estatal.
El nuevo sistema de desconcentración de poderes (presidente de la república, primer ministro, presidente de la ANPP) no significa un aumento del carácter parlamentario del sistema, que siempre había celebrado la colegialidad de todos sus ámbitos. El nuevo diseño refuerza la verticalidad de la toma de decisiones que va desde el Jefe de Estado hasta los Intendentes Municipales, pasando por el Primer Ministro y los Gobernadores Provinciales.
El puesto de presidente de la República es electo de modo indirecto, pero a la vez sus poderes son los mayores otorgados nunca a un presidente en la historia constitucional cubana si se toman en cuenta sus actuales facultades respecto al veto total, el veto parcial, el poder de dictar decretos, la iniciativa exclusiva de normas, sus poderes sobre el presupuesto, su capacidad de convocar referéndum, la adopción del plan de presupuesto y la convocatoria a plebiscito (debemos esta observación a Randdy Fundora, que trabaja este tema en profundidad en un texto aún inédito).
El ejercicio de derechos constitucionales del tipo de la iniciativa legislativa popular —como la solicitud de una Ley Integral contra la Violencia de Género— o peticiones legales de revocación de funcionarios —como la referida al ministro de Cultura, también diputado— han enfrentado diversos niveles de obstaculización, o quienes las han promovido han denunciado represión por hacerlo.
El Derecho, la ley y los derechos
En el campo legal, la discusión del anteproyecto constitucional (2018-2019) trazó un camino con contenidos positivos respecto a la posibilidad de la ley de acoger derechos, procesarlos democráticamente y afirmarlos institucionalmente. Esa ruta pasó por la aprobación de la Constitución, y debe seguir con la aprobación de sus normas de desarrollo. En ello, se ha valorizado el papel del orden jurídico y se ha trabajado por su completamiento y sistematización.
Desde la sociedad civil, existen también señales de revalorización del Derecho y de la importancia de la ley cuando se reclaman formas jurídicas para demandas políticas, como ocurre con los exigencias de colectivos sociales para obtener leyes de cine, de prensa, de Código de familia «inclusivo», de protección animal, etc.
Tras ser aprobada la Constitución, se hizo público un calendario legislativo contentivo de las leyes de desarrollo por elaborar. Se ha cumplido parte de un amplio programa de creación legislativa, pero han existido posposiciones de legislaciones muy sensibles, como el Código de Familia —que someterá a plebiscito el matrimonio igualitario, contraviniendo el derecho constitucional de igualdad— y como la ley de reclamación de derechos constitucionales ante los tribunales.
Por otra parte, esa producción legal se orienta mayormente a «reflejar» los cambios que se despliegan en lo político y lo económico. Esa noción responde a un sentido más «administrativo» del Derecho, antes que directamente político, entendiendo por esto hacerlo partícipe del procesamiento democrático de derechos y de su traducción institucional.
Con vistas a la Constitución vigente, creció la demanda de considerarla con valor normativo —con aplicación directa—, pero prevalece la noción de que su desarrollo depende de leyes accesorias. Incluso los Tratados internacionales de los que Cuba es signataria necesitan ser incorporados por alguna legislación nacional para que surtan efectos en el país.
Asimismo, existen otros problemas sobre la relación entre Ley y Decreto. La Constitución —un texto de «mínimos»— tiene un amplio número de remisiones legislativas: cuenta con 229 artículos y unas 111 remisiones a legislación secundaria. Entre ellas, «existen 60 mandatos claros en cuanto a la regulación a seguir y el resto, 51, presentan riesgo de modificar los contenidos constitucionales».
El primer problema es el hecho mismo de que la ley a la que la Constitución obliga nunca sea dictada. Ese proceder genera «inconstitucionalidades por omisión», pero no existen mecanismos para denunciarlas ni obtener la creación de la ley. Otro problema es que las remisiones terminen siendo decretos (o decretos leyes), pero no leyes, cuando deban serlo por la materia tratada.
Una perspectiva crítica del Derecho reconoce que existe el derecho a resistir el derecho. Es otra manera de subrayar el carácter democrático de la Ley, de afirmar las condiciones que le son imprescindibles para proveer libertad. Según ese enfoque, donde hay una injusticia, el cumplimiento de la ley es una humillación. Esto es: si una norma invade derechos, no cuenta con moralidad para reclamar su cumplimiento. Luego, recursos como la desobediencia civil son un camino para transformar la sociedad al permitir discutir la injusticia dentro del Derecho.
El ordenamiento cubano es omiso en recursos de derecho para resistir el Derecho. Con ello, pierde posibilidades de introducir nuevas preguntas sobre la justicia dentro del orden legal, y de convertir la discusión sobre el Derecho en otro espacio de actuación ciudadana sobre la traducción institucional de los derechos y la justicia.
Ejercicio de la ciudadanía, sociedad civil y los debates sobre la libertad
La reforma también ha acumulado debates sobre las prácticas de ciudadanía dentro del socialismo cubano. La década ha contado con dos procesos grandes de consulta popular: sobre los Lineamientos (2011) y la Constitución (2018-2019).
En ambos, la amplia participación de la ciudadanía muestra conciencia colectiva sobre la importancia del Derecho para el aseguramiento de libertades y como productor de garantías ciudadanas. Luego, la puja por participación ciudadana ha desbordado (más que en períodos anteriores) a los espacios institucionales, y se producen conflictos de alta intensidad, como la reciente «crisis de San Isidro».
Por décadas, los conflictos sociopolíticos cubanos se enunciaron como una confrontación entre el proyecto político de la Revolución, amparado por un pueblo robusto y mayoritario, y una disidencia opositora minoritaria con alianzas financieras e ideológicas con el gobierno estadounidense. Sin embargo, luego de tantas transformaciones sociales ocurridas en Cuba, sobre todo a partir de los años 1990, ese enfoque ya no resulta pertinente.
Actores y debates propios del campo artístico e intelectual han sido los más audibles pero no son los únicos presentes. Otros ejemplos muestran movilizaciones y disputas: organización popular solidaria para afrontar la catástrofe causada por un tornado en La Habana y para gestionar la pandemia, demandas organizadas desde el TCP frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, marcha LGTBIQ+ autoconvocada a contrapelo de las instrucciones institucionales, iniciativa legislativa feminista solicitando una Ley Integral contra la Violencia de Género, medios de comunicación independientes con trabajo serio consolidado, pronunciamientos de distintos sectores disintiendo de políticas o discursos institucionales, colectivos animalistas solicitando una Ley de Protección Animal, convocatorias simultáneas de jóvenes en espacios públicos para hacer audibles sus agendas —las más recientes: el 27N y la Tángana del parque Trillo— y más.
Actores y organizaciones introducen, así, nuevas demandas de acceso a (y voz en) los espacios políticos. Las capacidades y posibilidades del poder público institucionalizado para procesarlas y distinguirlas han sido limitadas. Al presente, esa relación verifica una política cada vez más polar, que firma listas de agravios e ilegitimidades mutuas en una dinámica de «victimismos cruzados».
El lado institucional (re)clasifica actores de la sociedad civil como «mercenarios», agentes del gobierno estadounidense y/o líderes de la restauración capitalista en el país y se presenta como objeto de agresión de un vasto conjunto de actores que, mirando sus programas y agendas, son extremadamente diferentes.
En efecto, existe una política sistemática del gobierno de Estados Unidos para propiciar lo que llama «cambio de régimen» y es demostrable que cuenta con brazos y voces en Cuba para ello. Pero ese hecho exime a la política oficial de demostrar la condición de «mercenarios» o «agentes» al conjunto de quienes clasifica como tales y que trata en consecuencia. Un enorme espectro de diferencias son cubiertas como el «enemigo».
En ese escenario, el debate sobre la libertad ha sido central y ha mostrado posibilidades y límites. De una parte, ha colocado en la conversación demandas relacionadas con la libertad de expresión y de creación o con la posibilidad de disenso político y su organización. A la par, la agenda redistributiva sobre la igualdad, la desigualdad, los derechos laborales, es escasa o ausente. Existe una fractura operativa entre ambos debates y se pierde, desde distintos lugares del mapa político, posibilidades de avanzar en programas integrales de justicia, socialistas y democráticas.
Mientras, se producen avances de sentidos comunes y prácticas neoconservadoras. El empobrecimiento, la ampliación de las desigualdades y los flujos transnacionales contribuyen a ello, como sucede en otros lugares del mundo. Especialmente evidente es la expansión de neoconservadurismos religiosos en el país y la comprobación de su pulso firme en contextos de cambios normativos.
En este momento de la reforma, distintos sectores de la sociedad civil llaman al «diálogo». Un camino deseable sería el de la constitución de redes interdependientes e interconectadas de actores colectivos complementarios, al interior de las cuales se reconozca y compense la desigualdad real entre los mismos, se distinga, para provecho político, «el diferente» y «el antagónico» y se respete, de forma irrestricta, el marco constitucional y de las garantías de derechos correspondientes.
El debate sobre el socialismo cubano
Los cuatro ítems cuyo análisis hemos seguido en este texto son los que se han considerado centrales en la tradición democrática republicana: 1) la inalienabilidad de la libertad (con demandas de independencia nacional y personal), 2) el carácter democrático que debe cumplir la propiedad (con derechos a la propiedad y ante la propiedad, y con necesidad de su distribución y de control sobre bienes y recursos), 3) el papel del Derecho como constitutivo de la libertad (la libertad existe en la ley y en la oposición a ella si es injusta, pero no existe «fuera de la ley» donde solo habita la arbitrariedad) y 4) el perfil «fiduciario» de la representación política, con control desde el soberano y potestades de revocación.
Esta discusión sobre el socialismo y la tradición republicana, de la cual han hecho parte desde Marx hasta José Martí, ha ganado espacio en Cuba. Las preguntas sobre las condiciones de posibilidad de una República socialista democrática tiene, entonces, mucho sentido.
Una República subordinada por el capitalismo, con sus dinámicas de concentración de poder, exclusión social y explotación del trabajo, no deja de ser una República, pero resulta fundamentalmente oligárquica.
La apuesta por la República democrática encuentra en el programa socialista de igualdad política e igualdad social una combinación imprescindible. Entendemos la igualdad política como libertad política con capacidad de autoorganización, de contestación, de creación y de participación respecto a las decisiones estatales, y con poder de decisión de la ciudadanía, de los trabajadores y trabajadoras sobre los procesos que afectan sus vidas. Comprendemos que la igualdad social es el despliegue de la justicia social; la lucha por la eliminación de la desigualdad y la pobreza y no alguna clase de igualitarismo represivo.
El perfil socialista del sistema cubano ha reclamado mayor análisis de sus problemas propios en comparación con los trabajados por los enfoques republicanos que reflexionan sobre entornos capitalistas y comprueban cómo la estructuración de dimensiones de clase, género y raza soportan allí la exclusión del acceso y el ejercicio de la República.
Sin embargo, recuperar un análisis integral que comprenda estos prismas parece necesario también para Cuba: identificar las prácticas de exclusión social y destitución de poder —generadas por dimensiones de clase, raza y género, etc.— dentro del orden socialista, tanto como encontrarlas en los espacios que se abren dentro del país a las relaciones de tipo capitalista.
Desde esa comprensión, el análisis de la República, la democracia y el socialismo pueden situarse en un contexto propio de necesidades y oportunidades sin repetir consignas al uso del establishment liberal sobre las funciones la libertad, la ley, la propiedad y la representación política.
En su lugar, se pueden especificar programas prácticos de libertad política y justicia social para Cuba, a la vez que proponer una renovada reflexión sobre el socialismo que necesita el siglo XXI. Se trata de identificar las oportunidades que presenta el proceso cubano junto a sus impedimentos, para proponer un modelo de República socialista que tenga como horizonte el concepto revolucionario de fraternidad: reciprocidad en la libertad a partir de la interdependencia entre libertad e igualdad, y pensarlo sobre un escenario social real, por medio del análisis político en todo lo que este implica.
Ailynn Torres Santana es académica y militante feminista. Es investigadora del International Research Group on Authoritarianism and Counter-Strategies (IRGAC) de la Fundación Rosa Luxemburgo e investigadora asociada de FLACSO Ecuador. Forma parte del Consejo Editorial de la revista Cuban Studies (Universidad de Harvard) y del Consejo de Redacción de la Revista Sin Permiso (Barcelona).
Julio César Guanche es jurista e Historiador. Ha impartido clases, cursos, seminarios y conferencias en universidades de más de una decena de países. Dirigió varias publicaciones y editoriales nacionales en Cuba y trabajó por varios años en la Casa del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, del que fue asesor y director. Son de su autoría, entre otros libros, La verdad no se ensaya. Cuba: el socialismo y la democracia (Editorial Caminos, La Habana, 2012) y Estado, participación y representación políticas en Cuba (CLACSO, Buenos Aires, 2011).
Fuente: https://jacobinlat.com/2021/02/18/ni-inmovilismo-ni-excepcionalidad/