Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos.
Soy un palestino que nació en la ciudad israelí de Lod y, por lo tanto, soy ciudadano israelí. Mi mujer no lo es: es palestina de Nablus en la ocupada por Israel Cisjordania. A pesar de que nuestras ciudades están solo a 30 millas, nos conocimos a casi 6.000 millas de ellas, en Massachusetts, donde asistíamos a facultades vecinas.
Una serie de muros, checkpoints, colonias y soldados rellena las 30 millas que separan nuestras ciudades natales, lo que hace que el habernos conocido en la otra parte del mundo sea más probable que nuestro propio patio trasero.
Cuando más evidente se hace esta realidad es cuando viajamos a casa desde el lugar en el que residimos actualmente, a las afueras de Washington.
El Aeropuerto Internacional Ben-Gurion de Tel Aviv está a las afueras de Lod (Lydda en árabe), pero como mi mujer tienen un carné de identidad palestino no puede volar ahí, con lo que debe volar a Amman, en Jordania. Si planeamos viajar juntos (una tarea muy agradable para la mayoría de las parejas), debemos prepararnos para una pesadilla logística que nos recuerda a cada momento nuestra profunda desigualdad ante la ley.
Aunque volemos juntos a Amman, solo para pasar a Israel y a Cisjordania estamos obligados a ir por dos puentes diferentes y con dos horas de diferencia, y a sufrir una espera y un interrogatorio que a menudo son humillantes. Las leyes conspiran para separarnos.
Si viviéramos en esta zona, tendría que olvidarme de mi ciudadanía israelí, ya que las leyes israelíes prohíben a mi mujer vivir conmigo en Israel para prevenir lo que el primer ministro Benjamin Netanyahu llamó una vez el «excedente demográfico». Más niños palestinos en Israel son considerados «amenazas demográficas» por un Estado que lucha constantemente por mantener una mayoría judía (por supuesto, los y las israelíes que se casan con estadounidenses o con cualquier extranjera o extranjero que no sea palestino no padecen esta ley).
La semana pasada se celebró el año 64 de la independencia [de Israel] y también es cuando los palestinos conmemoran la Nakba o «catástrofe» durante la cual muchos habitantes originarios palestinos se convirtieron en refugiados.
En 1948 el comandante de brigada israelí Yitzhak Rabin ayudó a expulsar a la población palestina de Lydda. Unos 19.000 de los 20.000 habitantes palestinos originarios de la ciudad fueron obligados a marcharse. Mis abuelos eran de los mil que permanecieron en Lydda.
Tuvieron la suerte de convertirse solo en desplazados internos y no en refugiados. Años después mi abuelo pudo comprar de nuevo su propia casa, un absurdo cruel, pero un destino mejor que el impuesto a la mayoría de nuestros vecinos a los que nunca se les permitió restablecer sus vidas en las ciudades en las que habían nacido.
Tres décadas después, en octubre de 1979, este periódico informó de que Israel había prohibido a Rabin detallar en sus memorias lo que él reconocía que fue la «expulsión» de la «población civil de Lod y Ramle, que ascendía a unas 50.000 personas». Rabin, que había sido primer ministro, trató de describir lo «esencial que había sido expulsar a los habitantes».
Dos generaciones después de la Nakba el efecto de las políticas discriminatorias israelíes todavía sigue teniendo repercusiones. Israel todavía trata de salvaguardar su imagen afirmando que es un bastión de democracia que trata bien a sus ciudadanos palestinos al tiempo que continúa con sus políticas mezquinas que atacan a su propia población. Esta discriminación tiene una larga historia detrás.
En la década de 1950 nuevas leyes permitieron al Estado [israelí] apoderarse de las tierras de los palestinos calificando a estos de «ausentes». Por supuesto, el Estado era quien había hecho que se ausentaran o bien impidiendo a los refugiados volver a Israel o bien prohibiendo a los palestinos desplazados internos acceder a sus tierras. A este último grupo se le llamo irónicamente «presentes ausentes», capaces de ver su tierra pero no de acceder a ella debido a las restricciones militares que a la larga han tenido como resultado el que tuviera que ver cómo el Estado [israelí] se las confiscaba. Los palestinos estuvieron gobernados bajo la ley marcial hasta 1966.
Hoy en día, un judío de cualquier país del mundo puede mudarse a vivir en Israel, mientras que un refugiado palestino, con un derecho legítimo a la propiedad, no puede. Y a pesar de que los palestinos conforman aproximadamente el 20% de la población de Israel, el presupuesto de 2012 concede menos del 7% a los ciudadanos palestinos.
De forma trágica para los palestinos, el sionismo exige al Estado empoderar y mantener a una mayoría judía incluso a expensas de sus ciudadanos no judíos, y la ocupación de Cisjordania es solo una parte de ello. Por consiguiente, lo que existe entre el río Jordan el mar Mediterráneo es esencialmente un Estado, bajo control israelí, en el que los palestinos tienen diferentes grados de derechos limitados: un millón y medio de palestinos son ciudadanos [israelíes] de segunda clase y cuatro millones más no son ciudadanos en absoluto. Si esto no es apartheid, entonces, sea lo que sea, no es democracia.
No ayuda la incapacidad de los dirigentes israelíes y estadounidenses para luchar contra esta realidad no democrática. Aunque se lograra la solución de los dos Estados, lo que por el momento parece descabellado, permanecería una contradicción fundamental: más de 35 leyes en el aparentemente democrático Israel discriminan a los palestinos que son ciudadanos israelíes.
Con relación a todo lo que se dice de los valores compartidos entre Israel y Estados Unidos, ahora mismo la democracia no es uno de ellos y no lo será hasta que los dirigentes de Israel reconozcan a los palestinos como iguales, no solo nominalmente sino legalmente.
Yousef Munayyer es director ejecutivo del Jerusalem Fund.
Fuente original: http://www.nytimes.com/2012/05/24/opinion/not-all-israeli-citizens-are-equal.html?_r=1