Ocaso institucional y cómo evitar que IULV-CA sea devorada por las sombras

Susana Díaz fue investida finalmente presidenta del gobierno de la Junta de Andalucía, el pasado día 7 de septiembre, tras un proceso de recomposición interna en el interior del PSOE-A, un proceso rapidísimo e inevitablemente condicionado por las previsiones de una posible imputación del anterior presidente, José Antonio Griñán. Dicha posibilidad (derivada del papel que ha jugado la corrupción en la forma de gobernar Andalucía durante los últimos años) se ha visto aproximada justo después de conocerse la composición del nuevo gobierno andaluz, del que IULV-CA forma parte en las mismas condiciones que en la fase anterior y después de un proceso político en el que la falta de intervención consciente y diferenciada ha sido nota característica de una organización que acababa de salir de su XIX Asamblea sin un debate en profundidad sobre una presencia en el gobierno andaluz cuyo valor se daba por sentado. La constatación, también de forma inevitable por la dirección de IULV-CA, de las limitaciones y contradicciones de esa presencia, no ha llevado aparejado un proceso consecuente y necesario de cuestionamiento de las mismas.

La XIX Asamblea en Bormujos

La Asamblea de Bormujos (Sevilla) vino determinada por el propósito declarado de «evitar que se convirtiera en un debate sobre gobierno sí o gobierno no». El llamado «gobierno de resistencia» era un hecho consumado cuyo cuestionamiento resultaba impertinente, como ya lo fue de hecho en el referéndum de 2012 sobre el acuerdo de gobierno. Entonces se excluyó una respuesta que podía haber sido mayoritaria por su virtualidad de conectar con voluntades tanto de las bases de IULV-CA como de los movimientos sociales (a conectar con ellas y a conectarlas entre así ayudando reforzar alternativas): evitar el gobierno de castigo del PP, apoyar la investidura del PSOE condicionándola al compromiso con unas pocas exigencias básicas que están en el orden del día de lo que se mueve, y pasar a la oposición política y social contra las políticas de ajuste, con la posibilidad de avanzar en amplias alianzas con la movilización ciudadana en torno a un programa y un horizonte de transformación real. Todo ello (porque hubiera sido mucho más coherente con el propio programa electoral de IULV-CA) como alternativa razonable a la suscripción de un, así llamado, Acuerdo Programático que, precisamente, asume la necesidad de esas políticas antisociales cuya aplicación, por imperativo legal, son la base de la cacareada estabilidad.

Resulta, empero, que más allá de lo chocante de esa devoción por la «estabilidad» (un lenguaje poco propio) en tiempos de convulsión social y de «estado de excepción», ha sido la realidad la que ha puesto en cuestión y a pique de desbaratar, en muy poco tiempo, el núcleo fundamental del diseño. En un artículo anterior (ver aquí) pusimos de manifiesto el riesgo de que las pretensiones de realismo posibilista se revelaran, paradójicamente, como las más irrealistas por su déficit de consideración de la realidad material. Algo de eso ha ocurrido ya, un poco antes quizá de lo que podía preverse, y eso a lo que llaman estabilidad anda puesto en cuestión.

Desde entonces

El viejo comunista italiano, ya fallecido, Lucio Magri, recoge en su último libro El sastre de Ulm. El comunismo en el siglo XX. Hechos y reflexiones (2010) un «relato» con el que se propone ayudar a ilustrar de forma amarga lo ocurrido al PCI en los años 60: «La frase es de Ramsay MacDonald, un primer ministro inglés que lideró un gobierno de gran coalición alrededor de los años treinta. Al final de esa experiencia, de manera poco brillante, un periodista estadounidense le preguntó: «¿En síntesis, qué enseñanza puede sacar?». MacDonald respondió cáusticamente: «Antes había aprendido cuán frustrante puede ser el llegar a ser excluido largo tiempo del gobierno, pero luego he comprendido que hay algo peor: llegar al gobierno y caer en la cuenta de que no se puede hacer casi nada».

En ese sentido es necesario ser veraces, y en ese sentido se han sucedido, desde la XIX Asamblea, acontecimientos que sólo pueden ser tenidos en cuenta y que confirman aspectos esenciales de la crítica que desde el comienzo se viene haciendo a la línea desarrollada.

El gobierno del Partido Popular ha paralizado el «Decreto de la función social de la vivienda» mediante recurso al Tribunal Constitucional, un órgano gobernado por un militante del PP para la vigilancia del ajuste de la legislación a una Carta Magna que, reformada (o asaltada), consagra, por acuerdo bipartidista (entre el PP y el socio de IULV-CA en el gobierno de la Junta de Andalucía) la prioridad de aquello sobre la base de lo cual la troika impugna la medida: los intereses de los poderes financieros. Es un dibujo acertado del margen de maniobra en el co-gobierno con el PSOE andaluz: un decreto considerado por los movimientos antidesahucios como insuficiente, elaborado para obtener el permiso de «pasar» pero que desde luego es mejor que nada (como solución de emergencia limitada a algunas personas y familias a quienes puede ser útil), y que acaba siendo paralizado, sin apenas resistencia, por el Estado de Excepción establecido de hecho por los que mandan. En definitiva, un mal menor cuya realidad ni siquiera es posible en un marco como el asumido. La escasa o nula respuesta social a las llamadas a la movilización para defender el decreto del gobierno andaluz en la calle dan buena cuenta de un hecho fundamental relativo a una cuestión de procedimiento y de orientación general: una ley cuyo contenido ha sido trabajado fundamentalmente con el socio institucional y sólo parcialmente con la gente, no puede movilizar significativamente a quien no la siente como realmente propia, aun quedando reconocido el tímido avance que implica y la terrible agresión contra las víctimas de la crisis que supone el recurso del gobierno al TC. Cabe plantear, en primer lugar, una hipótesis: que no sea este, como al menos sugieren las imágenes de las mencionadas movilizaciones tomadas como símbolo, el camino hacia la construcción de una mayoría social y cultural ilusionada y con expectativas de un cambio real. En segundo lugar, un principio de confirmación de otra idea que se venía avanzando: que no hay perspectiva real de paliativo «social-liberal» significativo para las consecuencias más desgarradoras de las políticas de castigo a los de abajo, por razones tanto políticas (estado de excepción decretado por el «poder materialmente constituyente» de las elites gobernantes) como económicas (falta progresiva de recursos).
En relación a esto último, el Gobierno central ha fijado este verano el techo de déficit para las Comunidades Autónomas, que marca el margen de maniobra para la elaboración de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2014. Si en 2013, con un límite fijado en el 1,58%, los recortes afectaron notablemente (a pesar del relato de la «minimización de daños») a partidas como la destinada a sanidad (10% menos), la educación (8% menos), la protección social y el fomento del empleo, es razonable el temor a que con un margen considerablemente más estrecho el presupuesto venga a ser peor, más antisocial, más chocante con el programa de IULV-CA de lo que fue el de 2013. Eso en lo inmediato. Aún están por venir, además, las consecuencias de la reducción anunciada del 5% para las políticas de cohesión de la Comisión Europea para el periodo de 2014-2020 y las dificultades para la recaudación en un contexto de depresión creciente de la actividad económica, toda vez que ha saltado por los aires el modelo de «modernización dependiente» implantado en Andalucía por el PSOE, en cuyos esquemas, ni antes ni ahora, entraba ni por asomo la idea de un cambio de modelo para el desarrollo de una verdadera Autonomía que vaya más allá de las loas al papel; esto es, un modelo que planteara una superación del papel dependiente y subalterno asignado a Andalucía en el seno de la Unión Europea actual. El hecho de que las partidas presupuestarias correspondientes a las áreas gestionadas por IULV-CA puedan sufrir un recorte menos violento, supone un cuestionable consuelo ante la constatación del escaso peso financiero que tienen dichas áreas. Lo decíamos hace tres meses y lo decimos ahora con más razones ante la confirmación los datos: la base material para la tentativa social-liberal que fundamenta al actual Gobierno Andaluz es progresivamente menguante y convierte el propósito de mínimos en una ensoñación además claudicante. No se trata de una carencia coyuntural con previsiones de mitigarse en una irreal fase próxima distinta, sino de una limitación estructural insuperable y degenerativa mientras no se pongan en cuestión, con radicalidad, tanto el papel dependiente y sin base económica propia que la actual división internacional de funciones reserva a Andalucía y a otras zonas del sur de Europa, como la arquitectura institucional misma que sustenta ese reparto, esto es: la Unión Europea en su actual configuración. Asumir contractualmente el compromiso con el cumplimiento de las imposiciones de La Troika , que ahondan esa depresión y anulación económica, política y social creciente de áreas y regiones enteras, ayuda poco en ese sentido.
Los últimos sondeos dejan ver una «amenaza» de abstención de en torno a la mitad del electorado. Esto, casi sobra decirlo, manifiesta el desapego ciudadano hacia la política en general y una huérfana falta de esperanza en un sistema político inmerso en una crisis sin precedentes (una crisis de régimen como bien recogen los documentos de la X Asamblea Federal de IU). Una de las justificaciones de cierta euforia en la dirección de IULV-CA son los resultados que proyectan las encuestas electorales, pero sólo una parte de ellos: el sorprendente crecimiento porcentual. El hecho de que ese porcentaje lo sea sobre un porcentaje mínimo de participación previsto, sólo ahora parece que se comienza a tener en cuenta, por lo arrollador del asunto. Lo que está por ver es que de esa realidad se saquen conclusiones prácticas coherentes. Lógicamente es motivo de alegría que IULV-CA pudiera ver incrementada su fuerza parlamentaria para poder arrebatar terreno de representación al bipartidismo. Pero 1) el avance frente al bipartidismo se presenta limitado y se relativiza su valor cuando se sostiene a una de sus dos patas; y 2) los resultados de las encuestas no denotan un crecimiento de apoyo popular a la presunta alternativa, esto es, no se recoge y/o representa el descontento y la indignación de la población en general o de sectores de la misma especialmente castigados; ni una tendencia a la conquista de la llamada «masa silenciosa» ni una conexión real con los sectores en lucha. No aparecen, con nitidez, ni un diálogo con quienes han perdido la esperanza ni un refuerzo a quienes están convencidos o pretenden convencerse de que otra cosa es posible (movimientos sociales, mareas ciudadanas, otros sectores políticos,…). Cuando no van hacia atrás, son inexistentes los pasos hacia la constitución de ese Bloque Político y Social establecido como objetivo en la X Asamblea Federal de IU. La lectura positiva podría ser que aún no ha habido una merma tan aguda de la base de apoyo social y electoral como la que padecen otros partidos «del régimen», y quizá aún no sea demasiado tarde para un cambio de rumbo. Pero puede serlo pronto, muy pronto.
Por último, está el asunto de la práctica imputación de Griñán. El intento de desvincular el acuerdo con el PSOE de la persona que preside el gobierno, para sostener que con aquello con lo que se ha pactado es con las políticas, es un intento poco convincente. Efectivamente no se trata de Griñán en particular (si bien, el apoyo a la continuidad del aforamiento del ex presidente con su nombramiento como senador crea problemas de solidez a ese discurso), sino de un modelo político que a lo largo de muchos años ha cohesionado una clientela más o menos influyente haciendo uso de lo público en Andalucía. Más difícil se presenta la cuestión cuando la negación de lo personal se hace sobre la base de unas políticas que muestran tan corto recorrido.

Y para lo que viene

Corremos el peligro de incurrir en manipulaciones del lenguaje para velar, con una forma de decir, lo que realmente se hace. Decir y hacer lo que se dice, ser veraces, es la regla primera para conectar la gente. Anunciar que el Presupuesto de 2014 será un presupuesto de «resistencia», puede suponer no sólo una aceptación de las reglas del juego de las políticas de ajuste contra las poblaciones, sino, precisamente por ello, también de las reglas del juego de la manipulación de masas mediante la distorsión del lenguaje. Se sea más o menos consciente de ello, se incurre en el peligro de profundizar en el distanciamiento entre la mayoría de la población y el mundo de la política, hablando lenguajes distintos y perversos, y de desconectar del acervo identitario de la izquierda, de los movimientos sociales, y en general de los comunes y corrientes que, de una manera u otra, inventan sus prácticas de resistencia material, real, al poder. Otro tanto se puede decir del uso del término «estabilidad», que es lo que busca el sistema actual ante los estragos y la desestabilización de la crisis, en conflicto abierto, radical, y en ocasiones explícitamente violento, con las demandas democráticas de las gentes.

Como se decía en un artículo reciente firmado, entre otros y otras, por Manuel Monereo y Tania Sánchez, «lo que define el momento político que vivimos es la disputa del respaldo de las mayorías sociales entre el bloque que aspira a algún tipo de restauración de las viejas reglas del juego (al precio social que eso implique) y el bloque, todavía en construcción, que aspira a desbordar y profundizar la democracia actual en la construcción colectiva de un proyecto de futuro.» Se impone la necesidad de dejar de utilizar esquemas que lo son para tiempos de «normalidad». Hablar y actuar como si el momento fuera «normal» supone otro paso más en el distanciamiento de unas gentes que son conscientes de la excepcionalidad de la crisis. El intento de jugar a la calle de en medio, el «que nos quedemos como estamos», no es realista, por mucho que suene a ello.

Estamos en medio de una crisis institucional sin precedentes, y en el origen de esa crisis está el modelo de la Transición y de la consecuente integración en el «modelo atlántico» a través de una Unión Europea que reservaba a Andalucía, y a otras zonas periféricas, un papel subalterno para uso y disfrute del capital financiero y multinacional, que ha obtenido el premio de las privatizaciones y ha alimentado el necesario endeudamiento para suplir tanto los efectos del déficit en la balanza comercial como de la reducción del peso de los salarios en el PIB. Esa política ha llevado a la situación actual, pero su impulso no se ha detenido y continúa hacia el asalto de los últimos nichos de beneficio. Es en este marco el que hay que explicar también el asalto a los ayuntamientos y servicios municipales, cuya legalización se prepara a través de la llamada Ley de Sostenibilidad de la Administración Local, elaborada por el gobierno del Partido Popular en consonancia tanto con la línea de «estabilidad financiera» marcada desde hace años por la UE, consagrada a través del Pacto Fiscal Europeo e impulsada decididamente y sin tapujos por el Banco Central Europeo, como con la introducción del equilibrio presupuestario (constitucionalización de la doctrina neoliberal) en la Constitución Española, por obra y gracia del golpe bipartidista. No es ninguna broma: acabar con la autonomía local significa una vuelta de tuerca más, definitiva, en la crisis institucional que vivimos y un elemento más de confirmación de la irrealidad de la proclama del «que nos quedemos como estamos». No hay posibilidad de detener el deterioro masivo dentro del orden actual de las cosas que conduce al desmantelamiento global de derechos sociales y políticos. El sueño social-liberal (fundamento del llamado «gobierno de resistencia» en Andalucía)está acabado.

Un debate real sobre una perspectiva de cambio de modelo de desarrollo requiere la ruptura con el marco anterior y el sistema en crisis. Puede no gustar lo de coger de las superficies comerciales el material escolar o alimentario para repartirlo entre las gentes necesitadas, pero andar hoy por la vida política y social en Andalucía (a la deriva y hacia una destrucción social acelerada) creyendo que los cambios sustanciales necesarios se consiguen a base de agitación política-institucional coyuntural es peor. Las alternativas necesitan también crítica y lucha material contra el sistema existente. Conviene, para empezar, avanzar y hacerse eco de la propuesta del SAT, el Frente Cívico y otras muchas organizaciones, de comenzar a poner en marcha, con fuerza y pasión, un trabajo paciente que lleve a una movilización general para el mes de marzo que ayude a unificar fuerzas y reivindicaciones para que el movimiento real adquiera autonomía, firmeza y conexión con los habitantes. Se trata, en definitiva, de ayudar a poner en marcha una amplia alianza social y política que ponga sobre la mesa la urgente necesidad de un «proyecto de país (o de países)», un proyecto que haga recuperar la ilusión y la esperanza, que restablezca los derechos robados y avance en la soberanía real hacia el horizonte de una base económica y productiva propia, basada en los recursos propios y en la posibilidad de crear nuevas oportunidades materiales con perspectiva de salida para las necesidades de la población. Para ello se requiere una apuesta rupturista con un marco que no ofrece más posibilidades que las de ahondar en el sufrimiento y en el malestar de la mayor parte de la gente. Y ello implica también una mirada a los países del sur de Europa y el arco Mediterráneo, como dijimos en el anterior artículo mencionada, sin la cooperación con las cuales no es posible la conquista de la autonomía que permita una salida real de la crisis y favorable a las personas. Una perspectiva semejante choca con la perpetuación del papel de sostén de una de las patas del poder institucional en crisis, la cual dificulta, además, y con razón, las posibilidades de diálogo y alianzas sociales. El tiempo apremia.

Francisco Sánchez del Pino y María Dolores Nieto Nieto. Asamblea Local de Izquierda Unida en Jaén

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