Desde que comenzaron las insurrecciones sociales árabes en busca de libertades y democracia, las dictaduras de los países del Golfo (con la excepción de Bahréin, inmunes hasta ahora a los movimientos revolucionarios a gran escala) se han volcado en reprimir cualquier atisbo de disidencia mediante detenciones, leyes draconianas que regulan la libertad de expresión e […]
Desde que comenzaron las insurrecciones sociales árabes en busca de libertades y democracia, las dictaduras de los países del Golfo (con la excepción de Bahréin, inmunes hasta ahora a los movimientos revolucionarios a gran escala) se han volcado en reprimir cualquier atisbo de disidencia mediante detenciones, leyes draconianas que regulan la libertad de expresión e información y condenas ejemplarizantes que disuadan a los más atrevidos de tomar las calles para exigir derechos.
El último y escandoloso caso tiene como protagonista a Huda al Aimi, una profesora de 37 años de Kuwait que habría empleado, según los jueces, su cuenta en Twitter para lanzar mensajes críticos contra el emir, sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, descrito por la Constitución como una figura «inmune e inviolable».
Aimi fue juzgada por el «mal uso» de su teléfono móvil -desde donde se le acusa de interactuar en las redes sociales- y por «insultar» al monarca. La condena -cinco años por cada tuit susceptible de constituir delito, según la caprichosa legislación del emirato y uno más por criticar a una determinada secta religiosa- sorprendió por su extrema dureza: 11 años de prisión para la primera mujer kuwaití que pasará por prisión por expresarse con libertad.
La profesora aún no ha sido detenida y puede apelar la sentencia. Según la Red Arabe para la Información sobre Derechos Humanos, Al Aimi incluso desmintió tener una cuenta Twitter pero su alegato no convenció a los jueces. Es poco habitual que las féminas de este pequeño país del Golfo pasen por prisión por delitos políticos o de expresion, pero no se puede descartar que la dictadura se sirva de su ejemplo para lanzar un mensaje a la población, sobre todo dado el aumento de las detenciones en los últimos meses.
El pasado febrero, Human Rights Watch denunció que al menos 25 ciudadanos de Kuwait habían sido juzgados desde octubre por «ofender» al emir, de los cuales seis fueron condenados a prisión. Tres meses después, el destacado opositor y ex diputado Mussallam al Barrak era sentenciado a cinco años de cárcel por «socavar» la monarquía en referencia a unas declaraciones realizadas en octubre, donde denunció la «autocracia» de Al Sabah. Su juicio animaría protestas en las calles, pero finalmente Al Barrak fue liberado bajo fianza. Su caso coincidió con la condena de la bloguera Sara al Driss a 20 meses de prisión por mensajes en Twiter donde cuestionaba la autoridad de la familia real. El Tribunal Penal de Kuwait finalmente sustituyó la pena de prisión por una multa.
El caso de Huda al Aimi viene a confirmar que el régimen kuwaití no está dispuesto a tolerar ningún nivel de disidencia interna. Según la Red Arabe para la Información sobre Derechos Humanos, desde 2012 «centenares» de blogueros, intelectuales y activistas han sido perseguidos por las autoridades por cuestionar a la dictadura y, entre abril de 2012 y junio de 2013, los tribunales del pequeño emirato han emitido 20 sentencias que oscilan entre los tres meses y los 11 años de cárcel. Reporteros Sin Fronteras ya denunció en abril el proyecto de ley que restringirá la ya limitada libertad de expresión y que contempla multas de hasta un millón de dólares para periodistas que critiquen a la monarquía.
En los demás países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), la situación es muy similar, como destaca el informe anual del Centro del Golfo para los Derechos Humanos: «El 2012 asistió a la introducción de medidas colectivas por parte de los miembros del CCG que violan los derechos humanos en general y el derecho a la libertad de asociación y expresión en particular. Dos desarrollos preocupantes en este sentido incluyen la adopción de un acuerdo conjunto de seguridad y la tendencia a adoptar una ley de crímenes de tecnología e información».
Un buen ejemplo es la restrictiva ley de delitos cibernéticos implantada en Emiratos Arabes Unidos y que ha llevado a prisión recientemente a dos conocidos defensores de Derechos Humanos, Abdullah Al-Hadidi, sentenciado a 10 meses de prisión por twittear sobre el caso de UEA94 -94 defensores de la democracia detenidos y acusados por las autoridades de conspirar para derribar el régimen- y Waleed Al-Shehhi, arrestado en mayo pasado en virtud de la misma ley y acusado de promover el desorden público, considerado un delito inapelable por la citada nueva legislación.
En Qatar, las ONG consideran que la libertad de expresión está en serio peligro tras la aprobación de un proyecto de ley diseñado para combatir el cibercrimen que permitirá el arresto de ciberactivistas y blogueros acusados de aportar información incorrecta o que comprometa la integridad del Estado. Según las ONG, semejante ley minaría aún más la ya restringida libertad de expresión en Qatar, como ha denunciado el Centro del Golfo para los Derechos Humanos, una organización fundada por el activista bahreiní Nabil Rajab, él mismo detenido y condenado a tres años de prisión por «implicación en prácticas ilegales y en la incitación de reuniones y marchas no autorizadas mediante las redes sociales», «participación en asamblea ilegal» y «participación en reuniones ilegales».
Bahréin es, sin duda, el país del Golfo donde la represión de una población alzada contra la dictadura es más alarmante: desde principios de 2011, el diminuto reino de mayoría chií y gobernado por una minoría suní vive un levantamiento popular en busca de libertades y justicia social que ha dejado más de un centenar de muertos y miles de detenidos. Los más respetados e internacionalmente reconocidos defensores de los Derechos Humanos del pequeño archipiélago, como el mismo Rajab, han sido sentenciados a largas penas de prisión, en muchas ocasiones por delitos de información y opinión. Según denuncia el Centro de Bahrein para los Derechos Humanos, el número de mujeres condenadas a cárcel -donde, en muchas ocasiones, les esperan confesiones forzadas y torturas- en los últimos meses se ha incrementado drásticamente: recientemente, las detenidas son acusadas de protagonizar protestas pacíficas en lugares públicos.
En la vecina Arabia Saudi -como en el caso de Qatar, regido por una dictadura wahabi, la versión más extremista del Islam suní- nunca se respetaron los derechos fundamentales: no es de extrañar, por ello, que las detenciones de activistas y defensores de Derechos Humanos sean constantes y no tengan repercusión alguna. La última ha tenido como protagonista al escritor Mikhlif Al Shammari, acusado de haber criticado en un tweet al notario de un tribunal y de haber sido interrogado por ello. Al Shammari, abogado conocido por su labor de defensa de los Derechos Humanos, ya fue arrestado en junio de 2010 y condenado por «molestar a otros» en sus escritos. En 2012, se le prohibió abandonar el país por un plazo de 10 años.
Dado que las ONG no son autorizadas a trabajar en Arabia Saudí, se desconoce el número de presos políticos y de conciencia que puede existir en este país árabe, pese a su draconiana dictadura, socio privilegiado de Occidente. En las regiones chiíes, Arabia Saudí sí ha visto surgir un movimiento social destinado a exigir justicia y libertad que ha sido reprimido con crudeza pero que ha pasado desapercibido en los medios de comunicación convencionales.
Fuente original: http://www.cuartopoder.es/elfarodeoriente/once-anos-de-carcel-por-dos-tuits/4601