El período de transición que vive Cuba, acelerado por la actualización del modelo económico en curso, tiene una repercusión directa en el modelo de desarrollo, que, de hecho, está siendo reformulado. Los espacios locales devienen contexto de impacto inmediato de los cambios que se llevan a cabo. Los modos en que el modelo existente constituye […]
El período de transición que vive Cuba, acelerado por la actualización del modelo económico en curso, tiene una repercusión directa en el modelo de desarrollo, que, de hecho, está siendo reformulado. Los espacios locales devienen contexto de impacto inmediato de los cambios que se llevan a cabo. Los modos en que el modelo existente constituye condición de posibilidad para el desarrollo de las localidades resulta el telón de fondo para el análisis de la viabilidad de las transformaciones actuales.
Este texto aborda el desarrollo de las localidades. Parte de tres ejes fundamentales: las particularidades del modelo de desarrollo cubano actual y su expresión en los espacios locales, la relación centralización-descentralización en la política cubana, y el análisis de procesos de participación local.1
Puntos de partida
La mirada a los espacios locales ha sido históricamente postergada y/o supeditada a análisis macrosociales, que ofrecen indicadores legítimos para el tipo de política predominante: homogenizadora y negadora de la diversidad. En consecuencia, el Estado-nación ha resultado protagonista y ámbito principal de la política, mientras el territorio ha quedado reducido a sus delimitaciones geográficas, se le ha considerado réplica de lo nacional.2
Desde la década de los 80, la localidad se resignifica como espacio generador de desarrollo, no solo en lo referido a los actores socioeconómicos, sino al complejo de redes sociales, culturales, ambientales, políticas, que se tejen en ella, condicionadas -y condicionantes- por la totalidad nacional y global. La perspectiva crítica que reclama la consideración de la diversidad (de necesidades, potencialidades, cosmovisiones, intereses, culturas, etc.) como componente del desarrollo y la comprensión de este como proceso de emergencia y empoderamiento de grupos sociales tradicionalmente preteridos y excluidos de la toma de decisiones y del acceso al bienestar fue uno de los factores que contribuyó a tal re-emergencia.
Al mismo tiempo que toman fuerza los movimientos locales, lo hacen las medidas neoliberales. Esta convergencia temporal, junto al énfasis común en la descentralización y la participación local, ha propiciado la crítica al desarrollo local por su asociación con el neoliberalismo. No obstante, recorren caminos distintos.
Uno de los pilares de la práctica y el modelo neoliberal ha sido el énfasis en la descentralización, con un sentido específico: constituirse sobre la base de fracturas sociales, a través de la generación de proyectos y programas de desarrollo desconectados entre sí que impidan tanto una proyección articulada con lo nacional como la emergencia de actores estratégicos diversos. Con lo anterior se favorece las leyes del mercado y valoriza o desvaloriza la localidad solo de acuerdo con su condición competitiva.
La descentralización no implica necesariamente la democratización de la sociedad y su aparato institucional, pues puede propiciar una desconexión entre las estructuras y actores sociales, limitar su poder e impedir su socialización, es decir, coartar los procesos de participación social y política conducentes a la democracia. Los procesos participativos que se promueven en el neoliberalismo son fragmentados y se apoyan en canales, medios y fines que parcelan el poder y restringen la acción colectiva.
Aun cuando el modelo neoliberal ha demostrado su ineficacia, conserva una innegable fuerza ideológica gracias a políticas erigidas sobre mitos como el antiestatista.
La experiencia socialista de Europa del Este demostró que el estadocentrismo desemboca, aun con fines altruistas, en rigidez, inoperancia económica, obliteración de las tendencias comunitarias hacia la autogestión y el libre desarrollo del individuo y sus asociaciones,3 a la vez que niega otros espacios, agendas y actores económicos, limita el ejercicio democrático participativo y no proyecta sus acciones en escenarios múltiples. La inviabilidad de someter a las regiones a un modelo homogéneo de progreso desde las políticas de un Estado central no ajustadas a sus condiciones, cultura, recursos y demandas, se convierte en argumento de las políticas descentralizadoras.
La contrapropuesta al neoliberalismo no sería el estatismo, sino un Estado entendido como regulación económica, social, política de estabilidad y control sobre el mercado, de la mano de una democratización creciente de todos los espacios sociales, que haga posible el protagonismo de actores y escenarios múltiples, que garantice la universalidad de los derechos ciudadanos y articule políticas centralizadas con formas descentralizadas de gestión sin considerarlas polos irreconciliables. Ello conduce a la reinvención de las relaciones local-global como elemento importante para la construcción de alternativas políticas, pues es en el espacio local donde se visualizan las contradicciones y limitantes del modelo de desarrollo en cuestión.
Para ello, la integración de los actores locales y sus relaciones de horizontalidad necesitan encontrarse en comunidad con procesos también de horizontalidad y de socialización del poder a otras escalas sociales y, desde ahí, contribuir al compromiso social y la co-implicación; propiciar la transferencia de poder desde los órganos reguladores hacia el resto de las instituciones sociales y de estos a sus dependencias, una mayor agilidad en la toma y cumplimiento de decisiones, y un enriquecimiento de los sujetos participantes y de la propia actividad participativa;4 unido a una progresiva democratización de las acciones del Estado, una consecuente vigilancia de estas, y un nuevo sentido de lo público.5 Lo local deviene alternativa cuando acompaña a una entidad estatal central que, en un escenario clasista y jerárquicamente estratificado, ejerce el papel de facilitador, coordinador, coactor, y puede ser aprovechada por los sectores populares para garantizar la construcción de una estrategia nacional integradora de la diversidad,6 y un proceso democrático que vaya más allá de la agregación de demandas sociales. Estas, muchas veces, son consideradas como el mejor tipo de relaciones entre el Estado y el resto de los actores sociales, y se confunden con el ejercicio pleno de la democracia. Sin embargo, la agregación de demandas implica un uso limitado del poder popular, reduce la libertad de decisión popular sobre los destinos de la nación, y restringe la posibilidad y el derecho de controlar los cursos de una sociedad. Esta lectura ubica a los sujetos en el papel de demandantes y los imposibilita para constituirse en verdaderos sujetos populares: ser mandantes y mandatarios.
Los espacios locales y el modelo de desarrollo cubano
Las relaciones entre lo local, lo nacional y lo global están siempre ligadas al modelo -o modelos- de desarrollo7 a que responden. Las características centralistas del Estado y la política cubanos imprimen un carácter particular al modelo del desarrollo nacional y, por tanto, a sus alternativas locales. Gran parte de los estudios sobre los modelos de desarrollo construidos e implementados entre 1959 y la actualidad, se ha centrado en su dimensión económica;8 luego existe una premisa básica no solo para los estudios sino para los modelos mismos: el desarrollo refiere, al menos esencialmente, crecimiento económico.
Sin embargo, a diferencia de las economías puramente capitalistas donde dicho crecimiento es un fin del propio desarrollo, el proyecto revolucionario cubano de carácter socialista lo ha concebido como medio para satisfacer necesidades imprescindibles del ser humano. Como consecuencia, las relaciones entre lo económico y lo social -concretados en una fuerte política social9- se han entendido como de medios-fines.10
La condición de país subdesarrollado y dependiente impone restricciones a las estrategias de desarrollo, más allá de la voluntad política. La crisis económica-política-social de los 90 produjo un giro en el modelo vigente desde la década de los 70, centrado en la industrialización por la vía de la sustitución de importaciones: «se abrió una nueva etapa de lo que, en esencia, era la misma estrategia, la que se puede denominar «reindustrialización por la vía de la sustitución de importaciones con orientación exportadora superimpuesta»».11
Este modelo, implementado a partir de la crisis y reforma de los 90,12 se ha caracterizado por estrategias de resistencia, que coartan la estructuración y planificación de estrategias a largo plazo, y las hace responder en lo fundamental a coyunturas, por lo que se encuentran marcadas por escenarios de oportunidades y limitaciones muy específicas, lo que no es privativo de Cuba.
Asimismo, en muchos países se ha priorizado al Estado-nación como gestor y ámbito exclusivo de las políticas: la localidad ha quedado supeditada a políticas rígidas promotoras del homogenismo. Eso constituye una gran limitación del modelo, pues, al excluir el espacio local, se desconoce la diversidad de potencialidades y limitaciones de cada territorio, y los modos en que estas podrían articularse dentro de la estrategia de desarrollo nacional. En Cuba, las estrategias de desarrollo de las localidades se componen por las líneas, proyectos y acciones diseñadas en el Consejo Popular (CP),13 y tienen como finalidad la transformación y el favorecimiento de la reproducción de la vida de los habitantes. La realización de diagnósticos participativos de las principales problemáticas, fortalezas y limitaciones de las comunidades sirve de herramienta fundamental a esos fines y tributa a la construcción de un Planeamiento Estratégico Comunitario.
El planeamiento recoge -junto a los problemas de la comunidad- la misión, los objetivos y el plan de acciones por realizar durante un período aproximado de dos años en el CP. En su implementación se evidencia el carácter coyuntural de las estrategias de desarrollo: las tareas planificadas son sustituidas y/o aplazadas por acciones inmediatas como solución a las situaciones emergentes que se presentan en las comunidades y que resultan del agravamiento de sus problemáticas y la escasez de recursos. Dichas situaciones no están contenidas en los planes, sino que se consideran una alteración de estos, incluso hasta cuando pueden preverse. El desencuentro entre las necesidades realmente existentes en la comunidad y los planes implementados en ellas, revelan las limitaciones de la planificación como instrumento sistémico.14
Para elaborar los planes se debe conocer los requerimientos de los territorios «desde abajo» y ponerlos en diálogo con los recursos y necesidades del país. Sin embargo, suele ocurrir que los planes, y sus ajustes o modificaciones, «bajan desde arriba» mientras que la no disponibilidad es el argumento esgrimido cuando los recursos materiales no se corresponden con las necesidades. En consecuencia, la planificación se centra en aquellos que presuntamente serán otorgados: el presupuesto. La dependencia de las posibilidades económicas del país para solucionar determinados problemas se ha legitimado tanto desde «arriba» como desde «abajo». Por ejemplo, al diseñar un proyecto, aun cuando se haya incrementado el margen de posibilidades materiales que lo sustentan, se solicitan menos recursos de los necesarios pues se «presupone» que no va a ser «aprobado» -nuevamente, desde arriba- el monto requerido. La autonomía, principal punto de apoyo para el desarrollo de las localidades, queda cercenada por políticas como esas. ¿Centralización o descentralización?
El esquema que ubica a la centralización como el polo opuesto a la descentralización, sugiere la imposibilidad de que un desarrollo local tenga lugar en un modelo centralizado. Ciertamente, las limitantes y desviaciones del modelo de desarrollo cubano y de su sistema político en los últimos cincuenta años han frenado la acción de los actores locales para transformar su territorio.15
Sin embargo, eso no niega el carácter de sostenibilidad que brinda un modelo de centralización a aquellas experiencias que, siendo descentralizadas, se encuentran, más que autónomas, cercadas por una descentralización que profundiza las desigualdades. Dentro de este esquema estarán quienes tienen los recursos y capacidades para insertarse en un determinado estilo de desarrollo, y, en oposición, quienes no cuentan con esas capacidades, posibilidades y recursos. Las relaciones que se establezcan entre unos y otros en un esquema de descentralización total, serán entonces de competencia y explotación y no de cooperación. Un camino con características y horizontes distintos es aquel que desliga la centralización del estatismo, la burocracia, el homogenismo y otras deformaciones. Dentro del contexto cubano hay dos salidas: no creer que para el desarrollo de las localidades lo ideal es una fórmula de descentralización en la que cada territorio dependa únicamente de sus capacidades y recursos; y, en segundo lugar, reformular el modelo de centralización actual, de modo que continúe con un esquema de redistribución de recursos, de equidad social y protección a los sectores más desfavorecidos, sin limitar las posibilidades de desarrollo en ningún nivel.
El centralismo ejercido por el Estado cubano ha tenido una fortaleza central: intentar satisfacer las necesidades de las mayorías y responsabilizarse con la calidad de vida de cada ciudadano. Ello ha sido garantía de universalidad en el acceso a servicios básicos (salud, educación, empleo) y una política social tendiente a la igualdad, que ha permitido asegurar una mejor distribución de los accesos y riquezas en las condiciones de país bloqueado, subdesarrollado y dependiente.
Sin embargo, en su diseño e implementación se evidencian limitaciones: deformaciones burocráticas, autoritarias, homogenistas, estatistas y verticalistas que inhabilitan otros flujos de poder y derivan en rigidez e inoperancia económica del Estado que, como vía de coordinación y organización políticas, queda incapacitado para articularse con formas descentralizadas de gestión y manejo de recursos. Con ello, se ha restringido las posibilidades de desarrollo en las localidades, y las relaciones Estado-mercado. Experiencias locales como los programas de la Oficina del Historiador y la del Conservador de la ciudad han mostrado las repercusiones positivas de la autogestión y el manejo local de los recursos financieros y humanos en conexión con las políticas nacionales. No obstante, la personalización de los programas en la figura del Historiador de la Ciudad viola el ejercicio del poder popular como práctica plena de la democracia y como control social. Esa es una de las consecuencias que viven los procesos de descentralización cuando están desconectados, aunque sea parcialmente, de una política centralista de carácter no capitalista.
En el espacio local cubano se ha observado las contradicciones y limitantes del modelo centralista implementado que, además de frenar las estrategias de descentralización necesarias para el sostenimiento del Estado, imposibilitan la existencia de una política centralista común para todas las instituciones.16
Las organizaciones estatales se estructuran a partir de un esquema de centralización y concentración de funciones, que, a su vez, expresan una concentración de poderes. Sin embargo ello no niega la duplicación de funciones de unas instituciones por otras que generan «un corrimiento de funciones».17
Otra característica del esquema institucional es la multisubordinación: una organización no se subordina solo a su inmediata superior, sino a otras. Por ejemplo, quienes componen el Consejo Popular responden, además de al propio Consejo como máximo controlador y fiscalizador en la localidad, a las organizaciones a las cuales pertenecen: entidades administrativas, órganos de gobierno (Consejo de Estado), organizaciones políticas y de masas. Estas instituciones, a su vez, no mantienen un flujo común y sistemático de comunicación.
Todo lo anterior limita el diseño e implementación de un modelo centralista, que ponga en diálogo los distintos planes y acciones de cada órgano del Estado. Por tanto, el sistema institucional cubano es la primera limitante para el ejercicio organizado, planificado y controlado de una política centralista.
Construir, también en los espacios locales, caminos conducentes a la democracia, supondría que la articulación entre formas centralizadas y descentralizadas de la política, la economía y la vida social, se reviertan en creciente participación política y en la generación continua de poder popular. Las siguientes interrogantes son medulares: ¿qué participación se potencia y practica en los espacios locales?, ¿la institucionalidad existente, el tipo de política que ella implementa, las características del modelo de desarrollo cubano, qué participación promueven?
Participación local
En este contexto, la participación social encuentra limitaciones que se expresan en dos dimensiones interconectadas: los modos en que se relacionan los actores locales y los condicionamientos que los niveles centrales del Estado imponen, tanto en lo referido a las relaciones entre dichos actores como a la del Estado central con ellos. Desde el Estado-nación se ubica en los órganos provinciales y nacionales el núcleo en la toma de decisiones de lo que sucede en las localidades, tanto en relación con los recursos financieros, su planificación y distribución, como con todos aquellos con los que cuenta la comunidad. De ese modo los territorios pierden posibilidades de gestión local, se desconocen en parte sus necesidades, se falsean los procedimientos establecidos, y se reproduce un tipo de relación paternalista con un Estado central que se hace eje de la solución o no de todos los problemas comunitarios. Ello deviene telón de fondo de otro problema: los espacios locales resultan deslegitimados para mandantes y mandatarios, pues las máximas instituciones -aunque resultan más inaccesibles para los ciudadanos- conservan su legitimidad, al ser las protagonistas de las pocas situaciones que alcanzan resolución, mientras que las locales la pierden porque por ellas rara vez pasa la solución de las dificultades de la comunidad.
A ese escenario se integra otro elemento: la participación de las personas que viven/trabajan en las comunidades y su posibilidad de convertirse en actores locales. Ese análisis implica una doble mirada, la de los actores locales ya constituidos (y que responden a las instituciones políticas, administrativas y de masas) y la del resto de la comunidad. Desde las instituciones locales se ve la participación comunitaria a partir de una concepción movilizativa, a través de actividades y acciones concretas a las que las personas «acuden» o «no acuden». El lugar desde el cual proviene la convocatoria marca una distinción. Cuando son del Estado central -en este caso esencialmente movilizativas-la comunidad participa, y su presencia se torna argumento de su compromiso y de la legitimidad de sus demandas; y se asegura así la reproducción de la legitimidad que tiene el Estado como centralizador político y económico del país. Sin embargo, cuando la convocatoria proviene del espacio comunitario los representantes de las instituciones locales consideran que la comunidad participa poco, cada vez menos. Mandantes y mandatarios argumentan que en los espacios locales no se resuelven las problemáticas de la localidad, no cuentan con posibilidades de gestión a ese nivel. Las instituciones locales, además, exhiben una fragmentación en su trabajo. Aun así, las personas continúan acudiendo a ellas, principalmente a la sede del CP, como única opción posible, sobre todo para aquellos grupos que carecen de otras redes, mecanismos y recursos de gestión.
La participación de los distintos grupos sociales en el desarrollo de las localidades supone la posibilidad de incluir sus necesidades en la agenda pública de las instituciones que condicionan la vida comunitaria, así como idear soluciones, posibilidades de autoorganización y, también, contar con el poder y los mecanismos para controlar el desempeño de sus mandatarios y de los representantes de las instituciones en general.
A contrapelo de esa amplia concepción de la participación, en las comunidades se privilegia la agregación de demandas como dimensión principal, y se excluye la toma de decisiones y la posibilidad de control. Ni siquiera la agregación de demandas encuentra realización, pues es concebida como un escenario formal de reiteración de las problemáticas y no una posibilidad real de solución. La rendición de cuentas bianual -potencial vía de ejercer la participación a través del control- en la práctica se reduce a reportes muy puntuales de la actuación de los mandatarios, carece de sistematicidad y no logra constituirse en un real actor local. No se considera un espacio de control y fiscalización de la gestión del delegado, pues la comunidad sabe que no tiene poder de incidencia, y que muchas veces las respuestas de las otras instituciones son no respuestas o negativas, sin un conocimiento de lo que sucede en la comunidad, por lo que los mecanismos de control y fiscalización sobre las demás instituciones no funcionan para el delegado del Poder Popular ni para sus mandantes.
Un análisis del funcionamiento de las comunidades cubanas permite identificar potencialidades para el ejercicio de la participación popular. Entre ellas, una estructura de representación que propicie una vinculación constante de los mandantes y mandatarios, y constituya un canal de relación con otros niveles políticos y organizativos del país. Con esta se podría facilitar la gestión local a partir de los vínculos entre las instituciones del gobierno y el resto de las administrativas y comunitarias.
Cambios que afectan el espacio local
Los procesos sociales, en su permanente dinamismo, requieren incorporar constantemente nuevas dimensiones y hacer giros en los análisis a la luz de las nuevas situaciones que configuran también nuevas condiciones de posibilidad. A continuación referimos brevemente un análisis del Proyecto de Lineamientos del Partido Comunista de Cuba -documento rector de debates públicos organizados por el Estado cubano hacia finales de 2010.18 Su estudio, así como el de las medidas de apertura hacia el sector cuentapropista revela que, si bien hay una disposición descentralizadora hacia el municipio, su reestructuración es escasamente abordada.19
El tipo de descentralización que se pretende conceder a los territorios responde estrictamente a obtener de ellos una autosustentabilidad económica. Esta es su primera limitante, ya que presupone que todas las localidades cuentan con recursos -humanos, naturales, materiales, etc.- para lograrlo. Tal propuesta representa un riesgo al no estar acompañada de una política central del Estado que permita redistribuir hacia aquellos lugares en desventaja una parte de lo producido por el resto. Al mismo tiempo, la propuesta obvia el resto de las funciones y el tipo de organización que en la localidad deberían modificarse no solo para viabilizar dicha descentralización, sino también para potenciar la autonomía del territorio, de sus sujetos.
Por otro lado, la planificación es retomada como instrumento rector en la «actualización del modelo económico cubano y ratificada sobre las leyes del mercado.20
Este aspecto es vital en la proyección de las estrategias de desarrollo en todos sus niveles si se quiere asegurar justicia e igualdad sociales, pero no basta con ello. Es imprescindible hacer una revisión crítica de los modos de diseño, construcción e implementación de los planes en los distintos niveles y sectores del país. De lo contrario, las localidades seguirán siendo las principales afectadas. ¿Quiénes formarán parte de esos planes con real poder de decisión? ¿Bajo cuáles principios y fines se diseñarán, y quiénes los definirán? ¿Cuáles serán los mecanismos de control? Será necesario responder estas preguntas para generar una verdadera «actualización».
Si bien recae en el municipio la responsabilidad de asumir la autosustentabilidad económica, para algunas cuestiones, como el ordenamiento territorial y urbano, este queda fuera de los Lineamientos.21 Frente a la restructuración organizativa del trabajo, de las actividades económicas y, en consecuencia, del espacio, es fundamental que el ordenamiento territorial y urbano sea una atribución directa del municipio como escenario directo en el cual se realizarán dichas restructuraciones. Ello puede y debe estar concertado y regido por principios de ordenamiento a nivel provincial, regional y nacional, pero sin violentar la necesaria autonomía del municipio. Esto permite, además, obviar trabas burocráticas y dotarlo de real poder de decisión.
A fin de eliminar tales trabas y facilitar el empoderamiento de los CP y Asambleas Municipales, Provinciales y Nacional del Poder Popular, así como evitar la duplicación o corrimiento de funciones de unos actores hacia otros, es necesario revisar la pertinencia de los Consejos de la Administración Municipales (CAM) y Provinciales (CAP). Según proponen los Lineamientos, ellos no intervendrán en la gestión empresarial, sino que se encargarán de atesorar el tributo pagado por las empresas radicadas en su territorio.22
Si el control de los recursos recae sobre los CAM y CAP, el Consejo Popular y las Asambleas Municipales y Provinciales del Poder Popular (AMPP) siguen desprovistos de la capacidad y posibilidad de dar respuesta a las necesidades de sus mandantes, pues los delegados del Poder Popular se subordinan a sus electores e integran el CP, y no los CAM/CAP. En la práctica esta división entre Asamblea y Consejo de la Administración, además de ser superficial, debido a que coinciden presidentes y vicepresidentes en una y otra estructura, produce una expropiación de los recursos y de la toma de decisiones de las Asambleas y CP, amén de la suplantación de poderes.
La restructuración de funciones en los Consejos de la Administración no es tal, pues continúan centralizando los recursos de los territorios y subordinando las demás estructuras a su poder económico. Aun cuando la referencia directa a los territorios es escasa en el Proyecto de Lineamientos de la política económica y social, otros aspectos abordados impactarán de manera directa la vida comunitaria. En el documento se encuentra la explícita referencia a la reducción de los subsidios: ¿qué connotación tendrá, sobre todo para aquellas comunidades donde predomina la pobreza y las personas acuden, a falta de otros caminos, a los CP que carecen de recursos económicos?
Si bien los Lineamientos han sido discutidos en un proceso de consulta popular y en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, ya se están implementando medidas que suponen grandes cambios y que están produciendo nuevas miradas, urgencias y necesidades en los distintos espacios sociales, incluidos los comunitarios. En ese caso se encuentra la apertura al otorgamiento de licencias para desarrollar actividades por cuenta propia. El impacto de esas nuevas actividades -al parecer pequeñas y medianas empresas- será principalmente a nivel local y muchas de ellas se concebirán y desarrollarán en los espacios comunitarios. Las categorías que se manejan para las autorizaciones correspondientes resultan sumamente específicas, de modo que no dejan a quienes trabajarán en esos sectores perfilar sus ofertas de bienes y servicios. Así, se produce, junto con la declarada intención de dinamizar la economía, un retorno a procedimientos que permiten actualizar procesos de centralización burocrática.
Las abundantes respuestas a las iniciativas de trabajo por cuenta propia necesitan ponerse en relación con las necesidades de las comunidades y con una estrategia de desarrollo construida democráticamente. Ello resulta imprescindible para que esas nuevas medidas reviertan en desarrollo microsocial.
La promoción de actividades que acompañen la actualización del modelo económico cubano se restringe, hasta el momento, a las actividades por cuenta propia. A pesar de que ha sido anunciada la creación de otras formas de propiedad, como las cooperativas, aún no existe un marco legal para ello ni se hace visible su incentivo. Así, las medidas que hasta ahora actualizan el modelo económico responden, exclusivamente, a iniciativas individuales sobre las colectivas, a las formas privadas de propiedad sobre formas sociales de propiedad; cuando sería positivo que coexistieran en tiempo y espacio unas y otras. Ello sería más coherente con un modelo socialista de la economía, que también lo es de vida; y supondría formas distintas de interacción social, estimulación de procesos de democratización de los vínculos laborales, económicos y políticos. De ese modo, los espacios locales también se revitalizarían por el propio interés social, a partir de la vida colectiva de quienes habitan y trabajan en ellos.
Propuestas para el desarrollo en las localidades La actualización del modelo cubano de desarrollo, y no solo económico, es imprescindible y deberá ser entendida como rectificación hacia el socialismo, como nuestra única opción de desarrollo. Enfocar los análisis económicos hacia las localidades es vital. Es desde ellas, desde sus condiciones actuales (institucionales, naturales, infraestructurales, sociales, culturales, entre otras) que será posible poner en práctica de manera efectiva y sostenida -no solo sustentable- una estrategia descentralizadora. En ese sentido, sugerimos:
Profundizar el estudio de las características, condiciones y modos de funcionamiento del modelo de desarrollo en las localidades, con el fin de hacer sostenibles las restructuraciones macroeconómicas sin afectar negativamente el espacio micro.
Entender la descentralización de modo integral. Esto es, no solo en su dimensión económica, sino también como responsabilidad, capacidad de decisión y gestión en la localidad.
Establecer una política central de redistribución de recursos hacia aquellos territorios, sectores, instituciones y sujetos más desfavorecidos, cuyas condiciones no les permitan autosostenerse.
Considerar al CP como el verdadero rector de las necesidades existentes en la localidad, los modos de solucionarlas y los recursos para ello, con subordinación -solo metodológica- a las AMPP.
Eliminar de la estructura a los CAM y los CAP, de modo que el tributo de las empresas asentadas en el territorio sea pagado directamente al CP o a las AMPP, según sea pertinente, y una parte de este se entregue a la instancia inmediata superior (Asambleas municipales o provinciales del Poder Popular). Todo ello regulado por una política central que atienda y estudie las particularidades de cada territorio y permita una redistribución central de recursos.
Establecer conexiones directas entre territorios e instituciones, que posibiliten el intercambio y redistribución de recursos a partir de la política central, cuando sea factible por el nivel de su producción y distancia entre unos y otros.
Concertar, entre los verdaderos sujetos de cada proceso, la planificación de sus territorios atendiendo a: las necesidades reales de la comunidad, los recursos disponibles -tanto dentro como fuera de la localidad- y que puedan gestionar, y las políticas centrales del Estado. Esas políticas o principios generales de la planificación deberán ser propuestas sobre la base de un estudio crítico de la planificación actual y ser discutidas, enriquecidas y aprobadas no solo a nivel de la Asamblea Nacional del Poder Popular, sino en cada institución y sobre todo en los CP.
Elaborar un diseño estratégico e integral de desarrollo a largo plazo, dentro del cual se tengan en cuenta acciones inmediatas que den solución a problemáticas emergentes, pero que no se restrinja a ellas.
Crear y estimular formas de propiedad social al interior de las comunidades.
Establecer mecanismos de control social y popular que hagan posible:
1) el acceso a la información sobre la estrategia de desarrollo local y su implantación: recursos con que cuenta el territorio -no solo monetarios-, de dónde provienen y cómo, cuáles son sus destinos, propuestas y fines reales.
2) el chequeo sistemático, por parte de comisiones u otras formas organizativas, de la gestión de las instituciones y personas que diseñan e implementan la estrategia de desarrollo y sus acciones. Tal organización podría estar compuesta por los ciudadanos de la localidad, no implicaría ningún beneficio económico ni uso de influencias, debería rendir cuentas periódicamente al resto de los residentes y ser renovada según los períodos acordados por cada localidad. Estos necesitarían durar lo suficientemente como para permitir un trabajo sistemático y, al mismo tiempo, favorecer la participación activa de la mayor cantidad de personas, su educación en este tipo de función, y sobre todo para evitar el mal uso de poderes que vayan en detrimento del control popular. Se recomienda que el tiempo de funcionamiento sea por un año. Las comisiones no deben estar integradas necesariamente por los delegados del poder popular.
3) establecer un marco legal que dote de poder a los residentes de cada localidad para velar por el cumplimiento de los acuerdos populares, no dependiendo de la decisión de instituciones y organismos que muchas veces son los protagonistas de las violaciones o no responden a las demandas de los vecinos. Presentar los cambios propuestos de manera clara para que sean entendidos por quienes no son especialistas. Que cada una de las estrategias y cambios propuestos sobre el espacio local o que repercutan en él sean acompañados de un minucioso y preciso marco jurídico que delimite su aplicación. De este modo se evitaría la (re)producción de relaciones asimétricas de poder y deformaciones que puedan resultar de la implementación de dichas estrategias, debidas a posibles ambigüedades y/o inconsistencias con medidas creadas -o en existencia- para otros espacios sociales.
Notas
1. Si bien las características de las localidades varían, incluso dentro de una misma provincia, esos territorios comparten un grupo de condiciones, organización y sistema de funcionamiento que los regulan en todo el país. Las siguientes ideas son el resultado del análisis de los marcos regulatorios (Constitución de la República de Cuba, Ley 91 de los Consejos Populares, Proyecto de Lineamientos de la política económica y social, Normas de la política ambiental cubana), tres investigaciones realizadas por Diosnara Ortega González y Ailynn Torres Santana como estudios de caso en un consejo popular de La Habana, y la consulta de diversas investigaciones científicas sobre el espacio local cubano y el desarrollo.
2. Mayra Espina, Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad, CLACSO, Buenos Aires, 2008, p. 54.
3. Haroldo Dilla, «Comunidad, participación y socialismo: reinterpretando el dilema cubano», Haroldo Dilla, comp., La participación en Cuba y los retos de futuro, Ediciones CEA, La Habana, 1996, p. 12.
4. Olga Fernández, «Cuba: participación popular y sociedad», en Haroldo Dilla, comp., ob. cit., p. 54.
5. Pedro Pontual, «Construyendo una pedagogía democrática del poder», en Dionisio Córdoba Tello y Andrés Méndez, comps., Participación ciudadana, Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, México DF, 2002, p. 13.
6. Aymara Hernández, «Neoliberalismo y localismo, ¿una asociación posible de desmentir? Respuesta desde la experiencia cubana», en Cecilia Linares Fleites, Pedro Emilio Moras Puig y Yisel Rivero Baxter, La participación. Diálogo y debate en el contexto cubano, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, La Habana, 2004, p. 77.
7. Se entiende por modelo de desarrollo el conjunto de principios, instrumentos y modo de implementación de los sistemas económico, político, y cultural en un espacio determinado (tanto nacional como local) con fines comunes.
8. Véase Pedro Monreal, «La globalización y los dilemas de las trayectorias económicas de Cuba», Temas, n. 30, La Habana, julio-septiembre de 2002; Pedro Monreal y Julio Carranza, «Problemas del desarrollo en Cuba: realidades y conceptos», Temas, n. 11, La Habana, julio-septiembre de 1997; Alfredo González, «Economía y sociedad: los retos del modelo económico», Cuba: Investigación Económica, a. 3, n. 3-4, La Habana, julio-diciembre de 1997.
9. Esta política ha venido debilitándose por la crisis económica que desde los 90 atraviesa el país, y por cambios producidos en conceptos como subsidio, trabajo, productividad, ahorro, que han comenzado a ser el eje del discurso oficial desde el año 2008.
10. Con otras dimensiones, sin embargo, se ha invertido la relación. Tal ha sido el caso de la ambiental. En Cuba el medio ambiente es concebido por muchos teóricos y decisores como un instrumento para alcanzar el progreso, y no como una expresión de este. Las estrategias que aún acompañan al modelo de desarrollo implementado desde los 90 se dirigieron hacia la sustentabilidad, más que con fines ecológicos, como búsqueda de eficiencia, es decir, centrándose en alcanzar mayor productividad con menos recursos. Esto conlleva que las acciones y políticas diseñadas dentro de las estrategias de desarrollo local reproduzcan un modelo donde el medio ambiente queda marginado o bien subordinado a los intereses de crecimiento económico. Diosnara Ortega, Examen de la estrategia de desarrollo local: las relaciones pobreza-medio ambiente-cambio climático en el contexto cubano, CIDCC, La Habana, 2009.
11. Pedro Monreal, ob. cit., p. 12.
12. «La consideración de que la reforma se extiende hasta la actualidad no supone que asumamos que crisis-Período especial-reajuste económico estén formando un todo lineal, sin distinciones internas de momentos que marquen una evolución de la economía y los indicadores sociales. Juan Valdés Paz [«Cuba en el Período especial: de la igualdad a la equidad», Seminario Cambios en la sociedad cubana desde los 90 hasta el momento actual, FLACSO-Santo Domingo, 2003] identifica tres subperíodos, a partir de la situación de la economía, en esta etapa de socialismo mixto: entre 1990-1994, sobrevivencia; entre 1994 y 2001, recuperación; entre 2001 y la actualidad, recesión o estancamiento». Véase Mayra Espina, ob. cit., p. 128.
13. Los CP tienen una doble significación: como demarcación territorial -dentro del municipio, por circunscripciones, que son delimitaciones más pequeñas- y como organización estatal de base -que sostiene todo el sistema del Poder Popular en Cuba. Ello se remite al control y fiscalización de las actividades encaminadas al desarrollo de la localidad. Para distinguir ambas definiciones, se hace referencia a la primera como el consejo popular (en minúsculas), y a la segunda como el Consejo Popular, (en mayúsculas).
14. La planificación como instrumento sistémico debe incluir la definición de líneas y proyectos, así como todas las acciones planificadas o no que se producen en el transcurso de la vida del barrio a fin de solucionar sus problemáticas.
15. Véase Juan Valdés Paz, «Notas sobre el sistema político cubano», en Haroldo Dilla, comp., La democracia en Cuba y el diferendo con los Estados Unidos, Editorial de Ciencias Sociales-CEA, La Habana, 1996.
16. Véase Mayra Espina, ob. cit. y Juan Valdés Paz, El espacio y el límite: estudios sobre el sistema político cubano, ICIC Juan Marinello-Ruth Casa Editorial, La Habana, 2008.
17. Juan Valdés Paz, «Notas sobre el sistema…», ob. cit., p. 114.
18. Proyecto de Lineamientos de la política económica y social del PCC …, ob. cit.
19. En los lineamientos correspondientes al modelo de gestión económica, la sección dedicada a los territorios solo incluye cuatro puntos, que se restringen a abordar la reestructuración de funciones de los Consejos de Administración Provincial y los de Administración Municipal en relación con la restructuración empresarial y el desarrollo de proyectos locales. Estos últimos son presentados como sostén del autoabastecimiento del municipio.
20. PCC, Proyecto de Lineamientos de la política económica y social del PCC, La Habana, 1 de diciembre de 2010, disponible en www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2010/11/proyecto-lineamientos-pcc.pdf, p. 7.
21. «Se elevará la calidad y la jerarquía de los Planes Generales de Ordenamiento Territorial y Urbano a nivel nacional, regional y provincial; su integración con las proyecciones a mediano y largo plazo de la economía y con el Plan de Inversiones. Se deberá rescatar el uso de la macrolocalización como herramienta de trabajo de la planificación, garantizando la profundidad, agilidad y plazos de respuestas en los procesos obligados de consulta de los Organismos de la Administración Central del Estado y a los Consejos de la Administración Provincial inversionistas con el Sistema de Planificación Física. Rescatar la disciplina territorial y urbana» (Lineamiento 112, ob. cit., p. 17).
22. «Las empresas pagarán a los Consejos de la Administración Municipal, donde operan sus establecimientos, un tributo territorial, definido centralmente, para contribuir al desarrollo de la localidad» (Lineamiento 20, ob. cit., p. 9). «Los Consejos de la Administración Provinciales y Municipales cumplirán funciones estatales y no intervendrán directamente en la gestión empresarial» (Lineamiento 35, ob. cit., p. 10).