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Represivo y reaccionario proyecto del Ayuntamiento de Barcelona

Oposición al proyecto de ordenanza municipal sobre civismo

Fuentes: Rebelión

Resolución del comité de Barcelona del PSUC Viu

El carácter liberal de formaciones políticas como el PSC y ERC en materia social se pone especialmente de relieve en la propuesta de la eufemísticamente llamada «ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en la ciudad de Barcelona». Es práctica habitual del neoliberalismo afrontar los problemas sociales con medidas represivas. Multas, detenciones y cárceles para los pobres y marginados constituyen la única solución que proponen, en buena parte porque el sistema demuestra su incapacidad de reformar ya nada o solucionar problema social alguno. Creen que la competición con CIU y el PP en la exhibición de políticas liberales les proporcionará los votos de los sectores sociales cuyo único interés respecto a las capas sociales más desfavorecidas es que desaparezcan de su vista.

El proyecto de ordenanza aprobado con los votos del PSC y ERC se inscribe en la larga línea de reglamentos retrógrados a los que nos tiene acostumbrados el neoliberalismo en los últimos tiempos: se prohíbe la mendicidad y la prostitución en vez de la miseria y la precariedad. La ordenanza comienza acusando a la globalización de todos los males que aquejan a la ciudad de Barcelona. La globalización es una entidad convenientemente abstracta y anónima que permite desviar la atención del hecho de que es el mismo sistema y sus clases sociales privilegiadas las responsables de los problemas. La globalización, asegura el texto, produce anomia, pérdida de normas y valores. Se trata de una vieja y caduca tesis sociológica, muy querida por la derecha y de dudosa validez, que se repite machaconamente generación tras generación. ¿Quién pierde los valores y las normas, según esta hipótesis? Sobre todo las clases más desprotegidas, naturalmente, a las que por tanto es necesario reprimir c on ordenanzas como esta.

La convivencia es la palabra más recurrida en el proyecto de ordenanza. El objetivo máximo, se dice, es asegurar la convivencia en la ciudad de Barcelona. Desde su punto de vista, si los sin techo, los desempleados de larga duración y los carentes de cualquier recurso económico se pasean por el centro de la ciudad educada y calladamente, sin molestar a ejecutivos, políticos o empresarios, y se esconden por la noche en algún rincón para que no se vean, eso es convivencia y tolerancia multicultural. Además, la ordenanza impone severas restricciones a la libertad de utilización y manifestación del espacio público. Permite al ayuntamiento exigir fianzas sobre posibles daños a los que organicen actos públicos -los pobres ya no podrán organizar manifestaciones legales- y denegar la realización de cualquier acto que considere que ponga en peligro «la seguridad la convivencia o el cinismo», o sea, todos los que no le interesen.

Quedan prohibidos los graffiti y las pintadas. Claro, suelen ser críticos con el sistema y es mejor eliminarlos que establecer espacios adecuados para esa forma de expresión. Las empresas podrán, eso sí, continuar colocando pancartas publicitarias enormes, del tamaño de edificios enteros, que denigran a la mujer mostrándola como mero objeto sexual. Y es que las empresas mandan, la libertad de expresión no. Además, se prohíbe la colocación de carteles, adhesivos o pancartas en cualquier espacio público, evidentemente sin habilitar espacios adecuados para ello. Ya los colocaron ellos en su momento para acceder al poder. Ahora no permiten la protesta.

Los mendigos ya no podrán ofrecerte pañuelos en los espacios públicos. Para una parte del tripartito «de izquierda» se trata de un ofrecimiento de bienes y servicios no requeridos. A menudo en los andenes de metro -espacios públicos- patrocinados por empresas, los patrocinadores regalan objetos promocionales: son bienes y servicios requeridos. A estos sí que les dan permiso. La propuesta de ordenanza alcanza su punto más grotesco cuando establece expresamente que los agentes de la autoridad requisarán las limosnas obtenidas por el mendigo.

Tampoco podrá usted dormir, de día o de noche, en el espacio público. ¿No tiene usted casa? Es su problema, porque la Constitución declara que tiene derecho a tenerla. Búsquese la vida. Ni puede usted bañarse o lavar la ropa en las fuentes y duchas públicas. Estas fuentes y duchas no están puestas allí para los que carecen de casas con agua corriente. Están para que los que sí las tienen puedan, por ejemplo, pasear por el parque mientras leen a Goethe y refrescarse la frente. Somos un país civilizado.

No reivindicamos que se pueda pedir limosna, dormir en la calle o lavarse en las fuentes, sino que nadie tenga necesidad de hacerlo y que se asegure a las personas lo que en la constitución y en la declaración de derechos humanos se establece como un derecho: derecho a una vida digna.

Y no pierdan de vista el punto 4 del artículo 81, que corona el proyecto de ordenanza represiva municipal del Barcelona. Si el mendigo es extranjero en situación de irregularidad, el ayuntamiento podrá trasladarlo a dependencias policiales y avisar a la delegación del gobierno, que obviamente le aplicará el tratamiento habitual de la inmigración irregular en nuestra cívica democracia liberal: cautividad y deportación. Todo por la convivencia.

En lugar de castigar a las personas que se ven obligadas a pedir limosna, dormir en la calle o lavarse en las fuentes, apostamos por crear las condiciones para que dispongan de un trabajo, una vivienda y una educación dignos. El comité de Barcelona del PSUC Viu se opone decididamente al represivo y reaccionario proyecto de ordenanza del ayuntamiento de Barcelona y defenderá en todos los ámbitos el voto en contra en la votación de la propuesta.