Desde hace muchos años, la economía cubana evoluciona a pequeños pasos hacia una liberalización. Frente a la prolongada crisis provocada por una dependencia económica histórica, agravada por el embargo americano y los repetidos fracasos de una planificación económica centralizada burocrática, el grupo dirigente, en torno a Raúl Castro, se ha apuntado al modelo vietnamita −o […]
Desde hace muchos años, la economía cubana evoluciona a pequeños pasos hacia una liberalización. Frente a la prolongada crisis provocada por una dependencia económica histórica, agravada por el embargo americano y los repetidos fracasos de una planificación económica centralizada burocrática, el grupo dirigente, en torno a Raúl Castro, se ha apuntado al modelo vietnamita −o chino−, apoyado por los militares dedicados a la economía, por muchos tecnócratas y economistas cubanos. En esta perspectiva de actualización del modelo cubano hay que entender las actuales evoluciones internas y sobre todo el anteproyecto de nueva constitución adoptado por la Asamblea Nacional en julio de 2018. De forma inédita, este anteproyecto reconoce la propiedad privada en la economía. Consolida además las reformas ya adoptadas por los dos últimos congresos del Partido Comunista Cubano (PCC) en 2011 y 2016, bajo la presidencia de Raúl Castro, y será sometido a referéndum a finales del 2018. ¿Cómo reformar «uno de los sistemas económicos más complejos del mundo»?, se pregunta el antiguo embajador británico en Cuba, Paul Hare [1]. Éste es el desafío de los tres próximos años para el nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel.
En 2011 comenzó la aplicación de los Lineamientos («Orientaciones destinadas a actualizar el socialismo» [2]). En 2017 la Asamblea Nacional adoptó dos documentos que precisaban la nueva política económica y social: un texto sobre la «Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista» [3], así como una versión revisada de estas «Orientaciones». Hasta que en 2018 las reformas estructurales han dado lugar a un anteproyecto de reforma constitucional, revisión que se había vuelto indispensable por la contradicción entre la dinámica de la liberalización económica y la antigua ley fundamental. Aunque la Constitución de 1976 −directamente inspirada en la Constitución soviética− ya había sido enmendada, es la primera vez en ser objeto de una revisión tan general. Era previsible que los cambios constitucionales diesen lugar a importantes debates, teniendo en cuenta su impacto político y social, cuando la sociedad cubana conoce mutaciones profundas y concomitantes: sucesión generacional, redefinición de las políticas económicas con la introducción de reformas mercantiles, modificaciones institucionales, reajustes ideológicos. Además, estas mutaciones se producen en un contexto internacional y regional inestable. Aparte de las incertidumbres ligadas a la presidencia de Donald Trump, el panorama latinoamericano ha cambiado. Las crisis venezolana, nicaragüense, brasileña y argentina, el giro del nuevo presidente ecuatoriano Lenín Moreno, limitan el espacio económico y diplomático del que se había beneficiado el régimen cubano durante la primera década del siglo XXI. En este peligroso contexto se produce la transición cubana. Oficialmente se trata de pasar de un sistema centralizado y estructuralmente deficitario a una economía que opera según mecanismos de mercado, aunque un mercado regulado por un Estado fuerte, «en una perspectiva socialista» garantizada por un partido único, el PCC. «Un momento histórico crucial», declaró Miguel Díaz-Canel en su primer discurso presidencial.
La revisión constitucional debe ser sometida a referéndum en noviembre de 2018. Clarifica los desafíos de las orientaciones estratégicas impulsadas por el gobierno de Raúl Castro, de ahí la importancia de las discusiones suscitadas por primera vez en el país desde el gran debate público sobre la estrategia económica impulsado por Ernesto Che Guevara en 1963-1964. Discusiones facilitadas por la multiplicación de blogs en línea. Con respecto a la Constitución de 1976, el nuevo texto modifica 113 artículos, añade 87 y suprime 11. Para el uruguayo Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), esta transición en curso es «ilegítima». Para él lo único que cuenta es que la elección de Miguel Díaz-Canel por la Asamblea Nacional «se ha desarrollado sin la libre expresión del pueblo cubano». Para otros, Miguel Díaz-Canel habría sido elegido «para cambiar todo con el fin de que no cambie nada». En realidad, el nuevo presidente pretende preservar la estabilidad y la permanencia del régimen, modificando los fundamentos económicos y sociales que han permitido su supervivencia durante más de medio siglo.
Una de las particularidades de la situación cubana es aparentemente paradójica: la progresión espectacular de las desigualdades sociales engendradas por las reformas económicas, a pesar de la prudente lentitud de su puesta en marcha. Las consecuencias sociales e ideológicas de estas reformas suelen ser subestimadas por los observadores, que insisten casi exclusivamente en la permanencia del sisma político.
Propiedad y estructura del empleo
La Constitución de 1976 precisaba que «la República de Cuba se rige por el sistema socialista de la economía basada en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios de producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre». Aunque se aceptaba la propiedad de bienes personales o familiares, excluía la explotación del trabajo ajeno. El texto sobre la «Conceptualización del modelo» adoptado en 2017 reconoce como un «principio esencial» y «primordial», «la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios de producción», pero precisa «que hay que reconocer y diversificar diferentes formas de propiedad y de gestión» y «distinguir entre el ejercicio de las facultades del propietario y las que corresponden a la posesión o a la gestión». «La transferencia temporal de la propiedad o la gestión de diferentes medios de producción, propiedad de todo el pueblo, a actores económicos no estatales, no constituye una privatización».
El anteproyecto de Constitución (artículo 21) reconoce el papel del mercado −regulado− y de «otras formas de propiedad, la propiedad cooperativa, la propiedad mixta y la propiedad privada». El texto insiste también en la importancia de las inversiones extranjeras −en un país «descapitalizado»− para el desarrollo económico. Esta propuesta, ya adoptada en el pasado, está destinada a atraer divisas y a paliar las dificultades económicas endémicas.
La inclusión en la Constitución de la apertura al capital privado confirma las reformas impulsadas desde 2006 por Raúl Castro, en particular la legalización del trabajo independiente, sobre todo en la hostelería, la restauración, los transportes y en general en el turismo. El anteproyecto valida el nuevo Código del Trabajo, adoptado en 2014, que reconoce el empleo de asalariados por un empresario más allá del empleo familiar. Este nuevo Código había formalizado ya la existencia de empleadores y de empleados, al enunciar las garantías jurídicas que precisan los derechos y los deberes de unos y otros, mientras que hasta entonces las condiciones de empleador y de asalariado solían estar confundidas. Por primera vez hay un capítulo enteramente consagrado al sector privado y «regula las relaciones de trabajo». El artículo 74 indica los derechos mínimos que debe respetar el empleador: la jornada de 8 horas, una duración semanal máxima de 44 horas, una remuneración al menos igual al salario mínimo, un día de descanso semanal y 7 días de vacaciones anuales pagadas. Derechos que están lejos de corresponder a la realidad que conocen los asalariados de ese sector. Muchos artículos de prensa denuncian la falta de respeto de los derechos referidos a la maternidad, las vacaciones, los accidentes de trabajo, los horarios semanales.
El documento sobre «Conceptualización del modelo» precisa que «la apropiación del excedente de los resultados del trabajo de las personas empleadas en el sector privado se realiza en un contexto donde dominan las relaciones de producción socialista, lo que la diferencia de los sistemas sociales basados en la explotación del trabajo ajeno». Dicho de otra manera, el predominio de las «relaciones de producción socialista» bastaría para cambiar la naturaleza de la explotación del empleado del sector privado. Esta no será sin duda la opinión de los asalariados que trabajan en condiciones precarias.
Raúl Castro había destacado «el espíritu profundamente democrático» que había inspirado este nuevo Código del Trabajo, y saludado «la actualización de las políticas sociales, al definir los derechos y los deberes de los trabajadores y de los empleadores tanto en el sector estatal como en el sector privado» [4]. Sin embargo, las ambigüedades terminológicas sobre la condición de los asalariados del sector privado y de sus empleadores muestran el apuro de las autoridades. Quienes trabajan por su cuenta («cuenta propistas»), el empresario y su asalariado «suelen ser reagrupados en una misma categoría, y a veces negada la relación de subordinación entre el propietario de la empresa y el asalariado», destaca Arthur Brault Moreau [5]. La existencia de una patronal privada, la relación de explotación que mantiene con sus asalariados, no son populares en una sociedad en la que el discurso fidelista ha denunciado sus fechorías durante más de cincuenta años.
Estos cambios en la estructura del empleo tienen considerables repercusiones. «Uno de los nudos gordianos de nuestra sociedad tiene que ver con el hecho de estar desgarrada y fracturada en diferentes segmentos desiguales económica y socialmente. La mayoría de la población −obreros y empleados del sector estatal, jubilados− no recibe rentas suficientes para vivir, aunque los servicios médicos y la educación son gratuitos», constata el antiguo dirigente Humberto Pérez [6]. En una reunión pública organizada por la revista cubana TEMAS en marzo de 2016, Jesús García Brigos habló claro: «Casi el 30% de la población activa pertenece ya al sector no estatal. Sí, tenemos una propiedad capitalista, el trabajo por cuenta propia son pequeñas y medianas empresas, algunas de las cuales son entidades emergentes muy importantes… Debemos acabar con este eufemismo de los «cuenta propistas»; muchos de ellos viven, piensan, funcionan y emplean como una empresa y poseen decenas de empleados».
La apertura de la economía al sector privado no es sólo un desafío económico, es un desafío social y político. Además de los «cuenta propistas» declarados −unos 600.000 en 2018, en una población activa de 4.474.800 personas según cifras oficiales−, hay que añadir los no declarados, difíciles de evaluar pero muy numerosos en la economía informal.
Las tensiones sociales se agravan por el impacto económico y comercial de la diáspora cubano-americana. Como destacó un participante en la reunión de la revista TEMAS, «no hay que perder de vista que la reproducción de las relaciones sociales en Cuba tiene lugar en un entorno capitalista y con vínculos específicos con los Estados Unidos». Las relaciones familiares con los cubano-americanos permiten, en efecto, invertir en el comercio, las pequeñas y medianas empresas o el sector inmobiliario, suscitando la emergencia de una «burguesía duty free» [7]. La composición social ha cambiado ya en algunos barrios de la capital, donde aparece un nuevo tipo de propietarios que disponen de un poder de compra más que importante. El documento sobre la «Conceptualización del modelo» precisa «que los propietarios pueden ser personas naturales o jurídicas, cubanas o extranjeras. La constitución de empresas completamente extranjeras, en particular para desplegar capacidades de producción modernas en función del desarrollo económico, está impulsado y autorizado» [8].
Concentración de la riqueza y desigualdades sociales
Sin embargo, estos cambios no han estimulado el crecimiento económico, aunque han acrecentado las desigualdades sociales y aumentado el coste de vida, de ahí la preocupación del gobierno, que teme el descontento popular. En efecto, el crecimiento de la economía cubana sólo ha sido el 1,1% durante el primer semestre de 2018. El avance de las desigualdades y la concentración de las rentas y de la riqueza aparecen como preocupaciones centrales en el debate sobre la reforma del modelo económico. Paralelamente, la pobreza ha aumentado. Está por lo general estimada entre el 20% y el 25% de la población. En lenguaje popular, se habla ya de nuevos ricos y de nuevos pobres.
El contraste entre la situación de los asalariados del sector estatal −mayoritarios en la población activa (70%)− y del sector privado revela la división que afecta ya a la sociedad. Los salarios del sector público son muy bajos −en general, inferiores a los del sector privado− y no permiten satisfacer las necesidades de la vida cotidiana −una constatación reconocida oficialmente−, mientras que los precios de los productos básicos aumentan y el mercado negro prospera. Evaluando la situación del trabajo en el país, Lázaro González Rodríguez, profesor de la Universidad de La Habana, «afirma que de manera general muchos trabajadores están insatisfechos de las condiciones materiales y espirituales de su trabajo» [9]. Una encuesta realizada de manera aleatoria y anónima en centros de trabajo de casi todas las provincias entre 2.136 trabajadores [10] (mayoritariamente de empresas públicas gestionadas según criterios de rentabilidad por las Fuerzas Armadas [11] −FAR−) muestra que un 45% piensa que las promociones profesionales no se corresponden con las competencias o los méritos, un 58% que los jefes no respetan el código ético, un 62% está descontento de sus condiciones de trabajo. El bajo nivel salarial es el elemento más crítico de la encuesta, con un 93% de respuestas mostrando una gran insatisfacción. Es frecuente el recurso a otro empleo o a una actividad privada no declarada, y los robos en el sector estatal complementan a veces el salario oficial.
Las empresas estatales representan la mayoría de las empresas, y sus suspensiones de empleos han sido muy importantes, compensadas por el desarrollo del sector privado. A finales del año 2016 había 1.904 empresas públicas, frente a 2.250 en 2012 [12]. Según datos oficiales, al menos el 30% están subvencionadas por no ser rentables −algunas estimaciones son superiores−, sobre todo a causa del exceso de efectivos. Hoy día, de una población activa de 4.474.800 personas, 3.174.800 trabajan en el sector estatal y alrededor de 1.300.000 en el privado.
El descrédito que recae sobre el sector estatal tiene efectos políticos. Como destaca el periodista cubano Javier Gómez Sánchez, «los salarios más elevados que reciben los empleados del sector privado explican que el empresario […], por duro que sea, no es considerado como un explotador sino como un benefactor». Un desafío político para el gobierno, cuya política oscila entre la voluntad de continuar las reformas y la necesidad de controlar los efectos sociales susceptibles de poner en cuestión su dominación política. Así hay que comprender las medidas tomadas en 2017, bloqueando la concesión de nuevas licencias para los autoemprendedores, los restaurantes o los alquileres turísticos. El objetivo es limitar la expansión de los restaurantes privados y la especulación inmobiliaria en los barrios turísticos de La Habana estimulados por las transferencias de los cubano-americanos. Las nuevas regulaciones publicadas en julio de 2018 (limitación del trabajo por cuenta propia a un solo tipo de actividad y fiscalidad disuasiva para los restauradores con más de 20 asalariados [13]) muestran el temor de las autoridades a que se desarrollen categorías sociales que escapan a su control. Marino Murillo [14], antiguo Ministro de Economía y responsable de la Comisión Permanente para la aplicación de la nueva política económica, reconocía en febrero de 2018 que la aplicación de las reformas emprendidas bajo el mandato de Raúl Castro «había generado más errores que virtudes» por la distancia entre los objetivos iniciales y la práctica, errores que habían suscitado una creciente impopularidad [15].
Otra propuesta impopular: la supresión de la libreta (cartilla de racionamiento) instaurada al comienzo de la revolución como un derecho que aseguraba a todos un mínimo vital. En adelante se debería atribuir de manera más selectiva. El texto sobre la «Conceptualización» indica que los productos subvencionados se reservarían a personas con necesidad. Aunque esta cesta mensual de productos básicos no llega actualmente más que para dos semanas, es indispensable para los más desfavorecidos. Su transformación en obra social reservada a los pobres es mal aceptada por una población muy sensible a la igualdad de derechos, condición para una igual dignidad.
Una reforma monetaria de alto riesgo
La prudencia gubernamental es tanto mayor al estar a la orden del día una reforma monetaria, lo que constituye un reto fundamental [16]. Desde los años 1990 en Cuba circulan dos monedas, el peso cubano (CUP), moneda nacional, y el peso convertible en divisas (CUC), equivalente al dólar y a 24 CUP. Esta dualidad genera graves distorsiones en la contabilidad de las empresas. Es además nefasta para las empresas estatales y en el plano macroeconómico. Se traduce también en grandes diferencias de nivel de vida para la población. Hoy día, el CUC es un generador de desigualdades que favorece a quienes pueden tener acceso, sobre todo gracias al turismo o a las transferencias familiares.
La reforma monetaria, anunciada desde 2013 pero nunca puesta en marcha, consIste en unificar estas dos monedas, lo que es técnicamente complejo y socialmente arriesgado. Según economistas cubanos, su aplicación podría acarrear un salto en la inflación así como despidos. Sin embargo, según los mismos economistas, es inevitable a corto plazo, porque el sistema escapa hoy día a las autoridades. En su discurso al Parlamento del 21 de diciembre de 2013, Raúl Castro había afirmado que la decisión no podía atrasarse mucho más tiempo: «la dualidad monetaria y cambiaria […] favorece la injusticia de la pirámide invertida por la cual cuanto mayor es la responsabilidad menos importante la retribución, lo que explica que los ciudadanos capaces no se sientan motivados a trabajar legalmente; al mismo tiempo, se desanima la promoción a puestos superiores de los mejores trabajadores, los mejor formados y los cuadros, lo que lleva a algunos a orientarse hacia el sector no estatal». Al presidente Miguel Díaz Canel y al nuevo equipo dirigente corresponde por tanto la responsabilidad de la decisión «en el marco de continuar la actualización del socialismo». Pero a medida que se precisa la actualización, los debates de orientación hacen aparecer apreciaciones diferentes, incluso divergentes. A pesar del hermetismo oficial en cuanto a la finalidad de las reformas, aparecen grandes corrientes de pensamiento. Para los tecnócratas y para algunos economistas cubanos influyentes, así como para responsables del ejército implicados en la economía, las reformas no van lo bastante rápidas y no son lo bastante integrales, lo que explicaría sus malos resultados. Otros, entre ellos los miembros del aparato del PCC, identificados a veces con los antiguos fidelistas, encuentran por el contrario que son demasiado rápidas y ponen en peligro el modelo social. Otra componente pone el acento en los límites de la participación popular, critica duramente a la burocracia y contesta las justificaciones ideológicas utilizadas por el gobierno. La investigadora Arantxa Tirado habla de «visiones múltiples que grosso modo podrían resumirse en concepciones estatales, economicistas y autogestionarias» [17], mientras que el politólogo cubano Juan Valdés Paz distingue «concepciones social-demócratas, social-liberales, soviéticas, guevaristas, y socialistas críticas» [18]. En todo caso, la concepción dominante se refiera al «modelo vietnamita» (1986), esto es, a «una economía de mercado de orientación socialista».
Cambios institucionales reales, pero limitados
Aunque la reforma económica está en el centro de las prioridades gubernamentales, en la nueva ley fundamental se incluyen también cambios políticos. Algunos ya habían sido anunciados por Raúl Castro. El mandato presidencial y «de los principales puestos de la nación» se reducen en adelante a dos mandatos de cinco años, y la edad del presidente no deberá superar los 60 años. Otra disposición hacia una dirección más colegial, el sucesor de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, es presidente de la República, pero ya no será presidente del Consejo de Estado y de Ministros. La futura jerarquía institucional comprenderá un presidente de la República, un vicepresidente y un Primer Ministro responsable de la gestión gubernamental, un puesto de nueva creación. Estas funciones políticas diferenciadas suponen una cierta desconcentración del poder, aunque no se conoce todavía la futura dirección del PCC. Raúl Castro ya no será primer secretario en 2021, y debería sucederle en este puesto clave Miguel Díaz-Canel. Se ignora sin embargo quién sucederá al segundo secretario actual, José R. Machado Ventura, una personalidad importante aunque cuestionada por su comportamiento considerado burocrático.
El texto reafirma el papel del PCC como partido único, «fidelista y marxista-leninista», «vanguardia organizada de la nación cubana, fuerza dirigente de la sociedad y del Estado», definido como un «Estado socialista de derecho». El secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, ha destacado, en un comunicado inhabitual, «la adopción del concepto de Estado de derecho inspirado en el pensamiento liberal burgués del siglo XIX»: «Lo hemos reevaluado para incorporarlo. Esta concepto nunca ha sido definido ni aplicado, lo que hubiese tenido consecuencias. Es uno de los factores que minó [los] Estados [del ex-«campo socialista»]». Un análisis que se desmarca de algunos discursos oficiales que sugieren que la caída de la Unión Soviética fue resultado de un complot imperialista. En este «Estado socialista de derecho» serían reconocidos los derechos de reunión, de manifestación y de asociación, aunque bajo reserva de «que sus objetivos sean lícitos y reconocidos por la ley» [19]. Pero ésta no reconoce como tal el pluralismo político. Es un límite fundamental, cuando un nuevo pluralismo emerge en el seno de la sociedad y existen sensibilidades diferentes en el seno del PCC.
Instaurar un espacio social autónomo que represente los intereses populares, redefinir el papel del derecho y reconocer el pluralismo político en las condiciones específicas de la isla, refundar el socialismo cubano como un s2ocialismo de derecho:2 tales son las exigencias formuladas por muchos juristas e historiadores cubanos [20]. Se han elevado ya voces que reclaman la convocatoria y elección de una Asamblea constituyente y contestan la afirmación de Homero Acosta para quien «el voto del referéndum basta para transformar el pueblo en pueblo constituyente». Hay que señalar también que, por primera vez, 1,4 millones de cubanos que viven en el extranjero, en su mayoría en Estados Unidos, están invitados a participar en el debate en una página de internet dedicada a ello, aunque no tendrán derecho a votar. Trata de integrar progresivamente a los cubanos del exterior al desarrollo del país, superando las divisiones históricas. En el plano societario, el matrimonio es redefinido como «una unión entre dos personas», lo que abre la vía al matrimonio homosexual, una pequeña revolución en una isla con tradiciones machistas. La controversia pública sobre esta revolución societaria amenaza con hacer pasar a un segundo plano los debates sobre las reformas económicas.
¿Qué socialismo?
Como señala Juan Valdés Paz, «la breve caracterización del socialismo propuesta por las Orientaciones en 2011 por el VI Congreso del PCC −»Igualdad de derechos y de oportunidades para todos los ciudadanos− era muy insuficiente con respecto a las concepciones del socialismo definidas en congresos precedentes» [21]. ¿De dónde viene esta confusión? En primer lugar, de la imprecisión del discurso ideológico oficial sobre la justificación de las reformas. La supresión del término «comunismo» en el anteproyecto de Constitución ha hecho correr mucha tinta. «Si no pretendemos llegar a una sociedad comunista, ¿por qué el Partido comunista definido en la constitución como «fuerza dirigente de la sociedad y del Estado» mantiene ese calificativo?», se pregunta Alina López Hernández [22]. Como señala Arturo López Lévy, cubano-americano, profesor en la Universidad de Texas, esta supresión «facilita la discusión sobre las reformas entre las élites y la base» y «evita los cuestionamientos ante el desarrollo de las desigualdades». Una de las dificultades que encuentra el gobierno tiene que ver con la sensibilidad igualitaria y solidaria arraigada en la población. Amenazada por las reformas, la justicia social sigue siendo un pilar de la legitimidad revolucionaria.
Las justificaciones ideológicas oficiales de las reformas provocan comentarios desilusionados. La crítica del paternalismo y del igualitarismo por las autoridades choca a numerosos cubanos que viven en condiciones difíciles mientras ven cómo se enriquecen «pequeños burgueses portadores de un nuevo capitalismo». Lo demuestra el importante debate suscitado por el rechazo de los redactores del anteproyecto a que en la ley fundamental figurase la limitación de la riqueza. Alicia Alonso Becerra, directora de la Universidad Tecnológica de La Habana, ha propuesto regular también «la concentración de la riqueza». Su propuesta ha sido rechazada debido a que «aunque es jurídicamente posible regular la propiedad prohibiendo la concentración de la propiedad por sujetos no estatales, limitando a una sola licencia el trabajo por cuenta propia o la cantidad de tierra concedida en usufructo, es muy difícil limitar cuantitativamente la riqueza monetaria obtenida a partir de recursos diferentes». El tema es muy sensible. ¿Para proteger, como algunos sugieren, a «algunos burócratas corruptos» [23] y las transferencias financieras (clandestinas) provenientes de la diáspora? No hay duda de que la cuestión se planteará de nuevo en los debates que precederán al referéndum.
Otro reto es la implicación de los jóvenes en la vida política. A esta generación, calificada de «generación del Período Especial» (período de grandes restricciones para sobrevivir, tras el hundimiento de la Unión Soviética), cada vez más atraída por los modos de vida de la sociedad de consumo, los nuevos dirigentes deben ofrecer perspectivas atractivas. En este contexto, se asiste a una reactivación de discusiones políticas en Internet. Muchos jóvenes, aunque también antiguos ministros, cuadros del PCC, economistas, juristas, participan ya en debates en línea. Una de las enmiendas propuestas durante la discusión en el Parlamento se refiere a la libertad de prensa. Se critica la censura de las protestas de los ciudadanos en los medios de comunicación oficiales. El rígido discurso de Miguel Díaz-Canel en el Congreso de periodistas ha sido muy contestado. Una de las webs que se reclaman de la tradición revolucionaria cubana, La Joven Cuba, se ha hecho eco de muchas críticas, lo que le ha ocasionado ser atacada por los dirigentes. Otra publicación, Cuba Posible, sostenida por una organización no gubernamental cristiana, ha sufrido presiones políticas. El Decreto 349, firmado por el presidente Miguel Díaz-Canel, dando al Ministerio de Cultura un poder de censura, ha suscitado las protestas de los artistas [24]. Ante las tensiones sociales y los debates políticos suscitados por las reformas, el nuevo gobierno continúa por vías diferentes la política autoritaria de sus predecesores.
Finalmente, el proyecto de nueva Constitución incluye en la ley fundamental la contradicción entre la creciente diversificación de la sociedad cubana bajo los efectos del desarrollo del mercado, y la perpetuación de su representación política unificada por el PCC sólo. Incluirla en la ley suprema no basta para suprimirla. El antiguo ministro Humberto Pérez se inquieta: «En estas condiciones, la amenaza de que pueda prosperar una alternativa capitalista es importante, no es una presunción pesimista y alarmista, sino simplemente una previsión realista ante la que debemos actuar» [25]. ¿Permitirá evitarla la nueva legalidad constitucional? La respuesta de Raúl Castro el 24 de febrero de 2008, ante la Asamblea Nacional, había sido categórica: «No se me ha elegido presidente para restaurar el capitalismo en Cuba ni para acabar con la revolución. He sido elegido para defender y continuar perfeccionando el socialismo, no para destruirlo». Esta convicción nos lleva a una concepción próxima a la de los partidos comunistas vietnamita o chino, según la cual el régimen autoritario basado en el Partido Comunista como partido único es el garante de la salvaguarda del socialismo. Pero ese modelo parece poco adaptado a la realidad cubana por razones tanto históricas, culturales, demográficas como, sobre todo, geopolíticas. Washington quiere su revancha. Donald Trump ha recuperado la política del big stick y de las sanciones económicas, Y Juan Valdés Paz se pregunta: «En última instancia, ¿cómo podemos asumir los peligros de la apertura económica? Con más democracia. Tenemos enormes déficits en este terreno, que han sido legitimados como restricciones impuestas por la confrontación con los Estados Unidos. Pero el socialismo no puede aplazar indefinidamente la democracia que ha prometido» [26].
Notas:
[1] Paul Hare, «The Cuban Economy», ReVista. Harvard Review of Latin America, verano 2005.
[2] Citado a lo largo del texto como «Orientaciones»
[3] Citado a lo largo del texto como «Conceptualización del modelo»
[4] Discurso a la Asamblea Nacional, 13/12/2012.
[5] Arthur Brault Mareau, Auto entreprise ou salariat? Les rélations salariales entre ouverture économique et permanence politique: le cas des restaurants privés à La Havane, Mémoire, IEP de París, 2017.
[6] Humberto Pérez, «Principales debilidades actuales del modelo y perspectivas de nuestro modelo», Temas, 6, octubre 2016.
[7] Luis Tinoco, «Apertura a la caribeña», El País, 10/04/2016.
[9] Lázaro González Rodríguez, «Una muestra de lo que ocurre en la esfera laboral», Elestadocomotal, 16/07/2018
[10] Para Lázaro González Rodríguez, siguen siendo válidos los datos de esta encuesta, que datan de 2009.
[11] Analizar la importancia económica del Grupo de Administración de Empresas (GAESA), controlado por el ejército, supera el marco de este artículo.
[12] Elestadocomotal, 3/05/2017 y 20/06/2018.
[13] «Cuba’s new constitution preserves Communist power», The Economist, 26/07/2018.
[14] Marino Murillo ya no está en el nuevo organigrama del Consejo de Estado ni del Consejo de Ministros.
[16] Flore Pavy, «La double monnaie cubaine», Memoria de máster, EHESS, 2014.
[17] Arantxa Tirado, «Cuba, restos políticos y económicos en un contexto pre-electoral», celag.org, 29/01/2018.
[18] Politólogo, profesor en la Universidad de La Habana, entrevistado por la autora, 2016.
[20] Julio Antonio Fernández Estrada y Julio César Guanche, prólogo al libro de Hugo Azcuy, Análisis de la Constitución cubana y otros ensayos, Panamá, Ruth Casa Editorial, 2010.
[21] Entrevista con la autora, 2016.
[22] Alina Bárbara López Hernández, «¿Fines sin medios o medios sin fines?», La Joven Cuba, 8/8/2016.
[23] La Joven Cuba, Riqueza y propiedad, 27/8/2018, [email protected]
[24] El Decreto debería entrar en vigor en diciembre de 2018.
Janette Habel. Académica. Doctora en sociología política (Universidad París VIII), investigadora (Instituto de Altos Estudios América Latina, Universidad París 3), y colaboradora de Le Monde Diplomatique.