Una vez hecho público el programa de Podemos, uno repara con sorpresa (y creo que no me equivoco) en que no aparecen una sola vez las palabras «jubilación» o «pensión», a pesar de que esta prestación pública -y derecho constitucional- haya sido de las más dañadas, no solo en esta última etapa de ajustes, sino […]
Una vez hecho público el programa de Podemos, uno repara con sorpresa (y creo que no me equivoco) en que no aparecen una sola vez las palabras «jubilación» o «pensión», a pesar de que esta prestación pública -y derecho constitucional- haya sido de las más dañadas, no solo en esta última etapa de ajustes, sino desde hace treinta años.
Ante esta observación cabría contestar que se trata de un programa diseñado para el gobierno de las Comunidades Autónomas y el sistema público de pensiones es exclusivamente competencia estatal, porque hasta ahora (¡menos mal!) a nadie se le ha ocurrido la idea de transferirlo a las Autonomías. La respuesta en principio tiene sentido, pero pierde fuerza cuando se observa que en múltiples ocasiones (como no podía ser de otra forma) el programa aborda aunque sea tangencialmente temas y medidas que se salen de la órbita estricta de las Autonomías.
De forma quizá más aviesa podría buscarse la razón de la ausencia en las características de la clientela electoral de esta formación política, con una edad media más bien joven. Cabe pensar que las pensiones no están dentro de sus preocupaciones más inmediatas. Posiblemente algo influirá este factor, aunque bien es verdad que va a ser precisamente a los jóvenes de hoy a los que más va a afectar, aunque ahora lo vean lejos, el desmantelamiento del sistema público de pensiones.
Pero hay que ir más allá en la explicación, al constatar que este olvido de las pensiones no es propio únicamente de Podemos, sino que participan de él, con mayor o menor intensidad, casi todas las formaciones políticas de izquierdas, incluso las organizaciones sindicales. Al mismo PSOE, que desde la oposición y con la finalidad de diferenciarse del PP ha prometido revocar determinadas reformas acometidas por el ejecutivo de Rajoy, por ejemplo la reforma laboral, no se le ha escuchado nunca afirmar que va a derogar la última ley sobre pensiones, a pesar de ser una de las normas más dañinas aprobadas por el actual Gobierno y que, de no modificarse, va a condenar a la pobreza a medio plazo a la mayoría por no decir a la totalidad de los jubilados.
En mi opinión, la auténtica razón de que la izquierda en su conjunto se haya olvidado del tema de las pensiones y resignado a que no se actualicen con el IPC -no obstante ser un compromiso adquirido por todas las formaciones políticas y organizaciones sindicales en el Pacto de Toledo- se encuentra en que se ha terminado por dar por bueno, en una especie de síndrome de Estocolmo, el discurso oficial y se han introyectado como ciertos los sofismas y falacias que de forma reiterada han venido lanzando durante treinta años los poderes fácticos. Se ha acabado por aceptar de forma generalizada que el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad conforman para el futuro una pirámide de población que pondrá en graves dificultades el mantenimiento del sistema público de pensiones. Lo que de ninguna manera tiene por qué ser cierto. Tal argumentación olvida variables tales como la incorporación de la mujer al mercado laboral, la emigración, incluso el empleo, porque de nada vale que la evolución demográfica sea la correcta si el desempleo es cuantioso. Con cinco millones de parados no tiene sentido incrementar la edad de jubilación.
Tras muchos años de bombardeo ideológico, nos hemos terminado creyendo que la reducción del coeficiente activos/pasivos imposibilita el nivel actual de las pensiones. Pero tal planteamiento debe superarse. Lo importante no es cuántos producen, sino cuánto se produce. Hay tener en cuenta la productividad. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior, de manera que los que cuestionan la viabilidad de las pensiones públicas cometen un gran error, al fundamentar únicamente sus argumentos en la relación del número de trabajadores por pasivo, ya que, aun cuando esta proporción se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor. Quizá lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta años, el 30 % de la población activa española trabajaba en agricultura. Hoy, tan solo el 3 %, pero ese 3% produce más que el 30% anterior. En resumen, un número menor de trabajadores podrá mantener a un número mayor de pensionistas.
La esperanza de vida, la pirámide de población y la proporción entre activos y pasivos no son las variables significativas si se quiere analizar la viabilidad o inviabilidad del sistema público de pensiones, sino la evolución de la renta per cápita. Si la renta per cápita crece, no hay motivo, sea cual sea la pirámide de población, para afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta. Si la renta per cápita aumenta, las cuantías de las pensiones no solo no deberían reducirse, tendrían más bien que incrementarse por encima del coste de la vida.
El problema de las pensiones hay que contemplarlo en términos de distribución y no de carencia de recursos. En los últimos treinta años la renta per cápita se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad, y especialmente de los políticos, de realizar una verdadera política redistributiva. Solo el hundimiento de la economía podría poner en peligro real el sistema de pensiones. Pero entonces no serían los jubilados los únicos que tendrían problemas.
Pero ello nos conduce a la existencia de otro sofisma muy extendido y que también han ido asimilando las izquierdas: la creencia de que el sistema público de pensiones debe ser financiado exclusivamente con cotizaciones sociales; lo que nos introduce en la trampa de la relación activos-pasivos, amén de tener que sostener la presión constante de los que piden que esta figura impositiva disminuya, al tratarse de un gravamen al trabajo. En cierta forma, la culpa ha sido del Pacto de Toledo con su reiterada separación de fuentes, que ha dado lugar al equívoco de entender que la Seguridad Social es un sistema cerrado y autosuficiente separado del Estado. ¿Por qué la sanidad, el seguro de desempleo o las carreteras tienen que financiarse con impuestos mientras que las pensiones deben hacerlo con las cotizaciones sociales? Es el Estado con todos sus ingresos el que debe asegurar que todos los trabajadores en su vejez cobren una prestación digna. El obstáculo no estriba en la pirámide de población o en el incremento de la esperanza de vida, sino en las reformas fiscales que hacen más regresivos los sistemas tributarios y minan la capacidad recaudatoria de los impuestos.
Las transformaciones en las estructuras sociales y económicas comportan también cambios en las necesidades que deben ser satisfechas y, por ende, en los bienes que hay que producir. La incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento en la esperanza de vida generan nuevas necesidades y exigen por tanto la dotación de nuevos servicios.
Hace ya tiempo que Galbraith anunciaba que todos estos cambios demandaban una redistribución de los bienes que deben ser producidos y en consecuencia, consumidos, a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados. Habrá quien diga que estos bienes y servicios, incluso las pensiones, los puede suministrar el mercado. Pero tal aseveración significa en realidad privar a la mayoría de la población de ellos. Muy pocos ciudadanos en este país podrían permitirse el lujo de costear todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus propios recursos. ¿Cuántos españoles tienen capacidad de ahorro en cuantía suficiente para garantizarse una jubilación digna? La única dificultad se encuentra en que, bajo el imperio del neoliberalismo económico, la tendencia es la contraria. Más sector privado y menos público.
El pronosticado envejecimiento de la población de ninguna manera hace insostenible el sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no solo al gasto en pensiones, sino también a la sanidad y a los servicios de atención a los ancianos y a los dependientes. Detracción, por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos; una especie de eutanasia colectiva.
En este tema como en otros muchos, si la izquierda está perdiendo la contienda es tan solo porque antes ha perdido la batalla ideológica y ha terminado por asumir el discurso de la derecha y dado por bueno sus argumentos.