Por 2.500 euros

Esta medida se ha tildado de demagógica y oportunista. Ante todo por el sitio y la ocasión en que se realizó el anuncio, el debate sobre el estado de la nación; pero también porque no se ha guardado el menor respeto por los procedimientos y las instituciones, pasando olímpicamente del Parlamento. Una vez más, el programa del PSOE coincide con el del PP, o más bien el PSOE deja sin programa a la derecha. Rajoy se vio forzado a manifestarlo sin vacilaciones: «Es una medida que nosotros tenemos en nuestro programa electoral, sólo que por una cantidad mayor». La ayuda a la familia y a la procreación siempre ha figurado en los programas conservadores. Entre las prestaciones de la economía del bienestar, ha sido su preferida y la única a la que no han puesto objeciones. Hasta Franco creó el sistema por puntos de tanto abolengo en nuestro pasado reciente.

Es posible que los 2.500 euros concedan más votos al partido socialista. Lo que no es seguro es que la medida, a pesar de la viñeta de El Jueves, incremente la tasa de natalidad. Resulta bastante dudoso que nadie se decida a tener un hijo porque le concedan una subvención de 2.500 euros. Hay, no obstante, otro interrogante más radical. ¿Hay que incentivar el aumento de la población? Desde una visión globalizadora -que en teoría tanto gusta a la derecha, y a los que llamándose izquierda se comportan como la derecha-, la respuesta es claramente negativa. El gran problema actual del mundo no es la baja natalidad, sino por el contrario la superpoblación y la explosión demográfica.

Se produce una cierta incoherencia al preocuparse al mismo tiempo por la baja natalidad y por la presión migratoria. La antinomia únicamente tiene respuesta desde los prejuicios fuertemente racistas que, queramos o no, subyacen en las sociedades occidentales, y que sin duda están adquiriendo mayor virulencia y quedando más patentes, aun cuando se traten de ocultar, en los nacionalismos que recorren hoy toda nuestra geografía. Basta con escuchar ciertos discursos con sabor a naftalina acerca del miedo a perder las identidades nacionales.

Los alegatos en torno a la baja tasa de natalidad y a sus consecuencias negativas se han originado en la pretensión sin duda interesada, y muy interesada, de presentar como evidente la imposibilidad de mantener el sistema público de pensiones. Desde hace bastantes años se ha querido fomentar la idea de que la financiación de las pensiones públicas debería recaer sobre las cotizaciones sociales, teoría que se consolidó y adquirió carta de naturaleza con el Pacto de Toledo. Quedaba así establecida la relación activos-pasivos de modo que su desequilibrio en el número a favor de los segundos hace inviable el sistema.

El razonamiento esgrimido falla en todos sus eslabones. En primer lugar, porque la riqueza y la renta en todo caso no dependen de la población ni siquiera de la activa, sino del empleo. De nada vale que la población sea muy elevada si no existen puestos de trabajos disponibles. Por eso la cantinela acerca de la baja tasa de natalidad resultaba irónica en momentos en que el paro constituía, y en cierta forma aún constituye, el problema número uno de los ciudadanos. Por otra parte, la relación población-población activa no es constante, al menos en determinados momentos en que se producen cambios estructurales; cambios, como el de la incorporación de la mujer al mercado laboral, que, aunque con retraso respecto de Europa, están acaeciendo en nuestro país en las últimas décadas, de manera que, sin aumentar la producción, generan significativos incrementos en la población activa.

Los análisis comparados indican claramente que, a diferencia de lo que ocurría en otras épocas históricas, no son los países con mayores tasas de natalidad los más prósperos, sino todo lo contrario. En muchas naciones, la superpoblación constituye una trampa de pobreza. Los países desarrollados, en cambio, no se han caracterizado nunca por fuertes aumentos demográficos. Un número mayor al que repartir compensa a menudo con creces los incrementos de producción.

La prosperidad de un país radica sobre todo en la productividad de los puestos de trabajo, y de cómo se reparta el producto. Lo importante no es la renta global sino la renta per cápita, y ésta ha venido incrementándose substancialmente en todo este periodo en España, incluso en mayor medida en años anteriores que en el presente, en el que el PIB crece a ritmos elevados pero también lo hace la población, como consecuencia de los movimientos migratorios.

Carece, pues, de toda razón de ser el discurso alarmista acerca de la viabilidad de las pensiones y de la baja tasa de natalidad. El peligro surge tan sólo cuando se pretende que el capital se apropie de partes crecientes de la renta, y cuando se propugnan sistemas fiscales basados exclusivamente en las rentas de trabajo, bien sea mediante impuestos o cotizaciones sociales, exonerando a las rentas del capital y a las empresas. Las necesidades demográficas aparecen únicamente cuando convergen dos hipótesis doctrinales. Por un lado, la pretensión de unos sistemas productivos basados en enormes plusvalías conseguidas con cuantiosa mano de obra de baja calidad y mal remunerada y, por el otro, planteamientos nacionalistas trufados de xenofobia. Pero esto poco o nada tiene que ver con el bienestar de los ciudadanos, al menos de la mayoría de ellos.