Por qué Israel es un Estado de apartheid

Hace más de una década el presidente estadounidense Jimmy Carter advirtió de que Israel estaba practicando el apartheid en los territorios palestinos ocupados. Pero en verdad sería más exacto decir que Israel es un Estado de apartheid.  

Al norte de los límites de la ciudad de Nazaret, a casi un kilómetro en línea recta, se encuentra una comunidad agrícola con el nombre de Tzipori, que en hebreo que significa «pájaro». Es un lugar que visito regularmente, a menudo junto a grupos de activistas que desean aprender más sobre la situación política de la minoría palestina que vive en Israel.

Tzipori ayuda a arrojar luz sobre los principales principios históricos, legales y administrativos que sustentan un Estado judío y que revelan que Israel está firme en una tradición de sistemas políticos no democráticos que pueden describirse mejor como de naturaleza de apartheid.

Hace más de una década el expresidente de EE.UU. Jimmy Carter provocó la ira de los partidarios de Israel en Estados Unidos al sugerir que el dominio israelí sobre los palestinos en los territorios ocupados era comparable al apartheid. Mientras que su bestseller Palestine: Peace Not Apartheid rompió un tabú, en muchos sentidos se sumó a la confusión que rodea las discusiones sobre Israel. Desde entonces otros -entre ellos John Kerry, en su momento secretario de Estado de EE.UU. y los exprimeros ministros israelíes Ehud Olmert y Ehud Barak- advirtieron de que el Gobierno israelí en los territorios ocupados corre el peligro de metamorfosearse en «apartheid», aunque el momento de la reversión, a sus ojos, nunca parece llegar.

Se ha dejado a observadores conocedores, como el arzobispo de Sudáfrica, Desmond Tutu, señalar que la situación de los palestinos bajo la ocupación es, de hecho, peor que la que sufrieron los negros en la antigua Sudáfrica. En opinión de Tutu, los palestinos bajo ocupación sufren algo más extremo que el apartheid, que podríamos llamar «apartheid-plus».

Hay una diferencia notable entre los dos casos que insinúa la naturaleza de ese «más». Incluso en el apogeo del apartheid la población blanca de Sudáfrica comprendió que necesitaba y dependía del trabajo de la población mayoritariamente negra. Israel, por otro lado, tiene una relación mucho más antagónica con los palestinos en los territorios ocupados. Los ve como una población sobrante no deseada que supone un obstáculo demográfico para la realización política de un Gran Israel. Las severas presiones económicas y militares que Israel impone sobre estos palestinos están planificadas en el diseño del incremento de su desalojo, una limpieza étnica a cámara lenta.

No es sorprendente que los partidarios de Israel hayan querido restringir el uso del término «apartheid» a Sudáfrica, como si un sistema político que asigna recursos claves basados en motivos raciales o étnicos solo se hubiera producido en un solo lugar y en un momento dado. A menudo se olvida que el crimen de apartheid está definido en el derecho internacional -como parte del Estatuto de Roma de 2002- que creó la Corte Penal Internacional de La Haya. Un sistema de apartheid, dice el estatuto, es «un régimen institucionalizado de opresión sistemática y dominación sobre cualquier otro grupo o grupos raciales y cometido con la intención de mantener ese régimen». En resumen, el apartheid es un sistema o estructura política que asigna derechos y privilegios basados ​​en criterios raciales.

Esta definición -se argumentará en este artículo- describe el régimen político no solo en los territorios ocupados -donde las cosas son incluso peores- sino en el propio Israel, donde los ciudadanos judíos disfrutan de privilegios institucionales sobre los 1,8 millones de palestinos que tienen ciudadanía israelí formal. Estos palestinos son los remanentes de los pueblo palestinos que fueron dispersados ​​en su mayoría por la guerra de 1948 que estableció un Estado judío en las ruinas de su tierra natal. Estos ciudadanos palestinos constituyen aproximadamente una quinta parte de la población de Israel.

Aunque generalmente se entiende que sufren discriminación la suposición, incluso de muchos estudiosos, es que su tratamiento de ninguna manera socava el estatus de Israel como democracia liberal al estilo occidental. La mayoría de las minorías en Occidente, por ejemplo negros e hispanos en los EE.UU., asiáticos en el Reino Unido, turcos en Alemania y africanos en Francia, se enfrentan a prejuicios y discriminación generalizados. Se afirma que el tratamiento que Israel da a su minoría palestina no es diferente.

Esto es para malinterpretar profundamente el tipo de Estado que es Israel y cómo se relaciona con todos los palestinos, ya sea que estén bajo ocupación o sean ciudadanos de Israel. La discriminación que enfrentan los palestinos en Israel no es ilegal, informal, no oficial o improvisada. Es sistemática, institucional, estructural y ampliamente codificada, y satisface de manera muy precisa la definición de apartheid en el derecho internacional y se hace eco de las características claves del apartheid sudafricano.

Por esta razón, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) de las Naciones Unidas publicó un informe en 2017 que concluía que Israel había «establecido un régimen de apartheid que domina al pueblo palestino en su conjunto», incluidos sus ciudadanos palestinos. Bajo la severa presión de Israel y los EE.UU., ese informe se retrajo rápidamente, pero la realidad del apartheid en la ley y la práctica israelíes persiste.

Este argumento es mucho más controvertido que el provocado por el presidente Carter. Su relato sugiere que Israel desarrolló un sistema discreto de apartheid después de que comenzó la ocupación en 1967, una especie de apartheid «complementario» para el Israel democrático. Desde este punto de vista, si Israel pusiera fin a la ocupación, el régimen de apartheid en los territorios podría ser amputado como una extremidad gangrenada. Pero si el tratamiento que da Israel a sus propios ciudadanos palestinos se ajusta a la definición de apartheid, implica algo mucho más problemático. Sugiere que el privilegio judío es inherente a la política israelí establecida por el movimiento sionista en 1948, que un Estado judío es por naturaleza similar a un apartheid y que el desmantelamiento de la ocupación no haría nada para poner fin al Estado de Israel como un Estado de apartheid.

Separados y desiguales

Tzipori fue fundada por judíos rumanos y búlgaros en 1949 como moshav, un colectivo agrícola socialista similar al kibbutz. Se especializó en la producción lechera, aunque la mayoría de sus habitantes abandonaron la agricultura hace mucho tiempo, así como el socialismo: hoy sus 1.000 residentes trabajan en oficinas en ciudades cercanas como Haifa, Tiberíades y Afula.

El nombre hebreo de Tzipori alude a una ciudad romana mucho más antigua llamada Sephoris, cuyos restos están incluidos en un parque nacional que linda con el moshav. La separación del moshav de la antigua Sephoris es un gran bosque de pinos, que oculta aún más escombros, en algunos lugares apenas distinguibles de los restos arqueológicos del parque nacional. Pero estas ruinas son mucho más recientes. Son los restos de una comunidad palestina de unas 5.000 almas conocida como Saffuriya. La aldea fue aniquilada en 1948 durante la Nakba, la palabra árabe que significa «catástrofe», así describen los palestinos la pérdida de su patria y su reemplazo por un Estado judío.

Los palestinos de Saffuriya, una versión arabizada de «Sephoris», fueron expulsados ​​por Israel y sus hogares arrasados. La destrucción de Saffuriya estaba lejos de ser un incidente aislado. Más de 500 aldeas palestinas fueron limpiadas étnicamente de manera similar durante la Nakba y las ruinas de las casas invariablemente cubiertas de árboles. Hoy en día, todos los antiguos residentes de Saffuriya viven en el exilio, la mayoría fuera de las fronteras de Israel, en campamentos en el Líbano. Pero una porción vive cerca, en Nazaret, la única ciudad palestina de Israel que logró sobrevivir a la Nakba. De hecho, según algunas estimaciones, hasta el 40 por ciento de la población actual de Nazaret desciende de los refugiados de Saffuriya, que viven en su propio barrio llamado Safafri.

Hoy en día, cuando los observadores se refieren a los palestinos, generalmente piensan en los que vivían en los territorios ocupados por Israel en 1967: Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Cada vez más, los observadores (y los diversos procesos de paz) pasan por alto otros dos grupos importantes. Los primeros son los refugiados palestinos que terminaron más allá de las fronteras de la Palestina dividida; el segundo es el 20 por ciento de los palestinos que lograron permanecer en su tierra. En 1948, unos 150.000 sobrevivieron a la Nakba, una cifra muy superior a la prevista por los fundadores de Israel.

Absorbieron a 30.000 en Nazaret, tanto a los habitantes originales como a los refugiados de Saffuriya que buscaron refugio en la ciudad durante los combates. Evitaron la expulsión solo por un error. El comandante que dirigió el ataque a Nazaret, un judío canadiense llamado Ben Dunkelman, desobedeció una orden de vaciar la ciudad de sus habitantes. Uno puede adivinar por qué: dado el alto perfil de Nazaret como centro de la cristiandad, y en continuidad muy de cerca de los juicios por crímenes de guerra de nazis en Núremberg, Dunkelman temía que un día él también terminaría en el banquillo.

Hubo otras razones imprevistas por las que los palestinos permanecieron dentro de Israel o fueron incluidos en el nuevo Estado. Bajo la presión del Vaticano se permitió regresar a un número significativo de cristianos palestinos, tal vez 10.000, una vez que terminó la lucha. Otros 35.000 palestinos fueron trasladados administrativamente a Israel en 1949, después de que la Nakba había terminado, cuando Israel llegó a un acuerdo con Jordania para volver a trazar las líneas de alto el fuego: la ventaja territorial de Israel, aunque no demográfica. Y finalmente, en una era mucho menos tecnológicamente sofisticada, muchos refugiados que habían sido expulsados ​​fuera de las fronteras de Israel lograron retroceder con la esperanza de regresar a pueblos como Saffuriya. Cuando encontraron sus casas destruidas, se «mezclaron» en comunidades palestinas supervivientes como Nazaret, desapareciendo efectivamente de la vista de las autoridades israelíes.

De hecho, fue esta última tendencia la que inició un proceso que condujo tardíamente a la ciudadanía de los palestinos que todavía están en Israel. La prioridad para los funcionarios israelíes era evitar el retorno de los 750.000 palestinos a los que étnicamente habían limpiado con tanto éxito. Esa era la única manera de garantizar la preservación de una mayoría judía permanente e incontrovertible. Y para ese fin, los palestinos en comunidades supervivientes como Nazaret debían -ser marcados- para usar una metáfora de ganadería. De esa forma, cualquier «infiltrado», como Israel denomina a los refugiados que intentaron regresar a sus hogares, podría ser identificado y expulsado de inmediato. Este ejercicio de «marcación» comenzó con la emisión de permisos de residencia a los palestinos en comunidades como Nazaret. Pero a medida que Israel buscaba una mayor legitimidad internacional, acordó tardíamente convertir esta residencia en ciudadanía.

Lo hizo a través de la Ley de Ciudadanía de 1952, cuatro años después de la creación de Israel. La ciudadanía para los palestinos en Israel era una concesión extremadamente desafortunada y únicamente porque servía a los objetivos demográficos más grandes de Israel. Ciertamente no fue una prueba, como se supone a menudo, de las credenciales democráticas de Israel. La Ley de Ciudadanía se entiende mejor como una ley anticiudadanía: su objetivo principal era despojar a todos los palestinos fuera de las nuevas fronteras -la gran mayoría después de la limpieza étnica de 1948- del derecho de regresar a su patria.

Dos años antes de la Ley de Ciudadanía Israel aprobó la más famosa Ley de Retorno. Esta ley efectivamente abrió la puerta para inmigrar a Israel a todos los judíos del mundo, otorgándoles automáticamente la ciudadanía.

Cualquiera que esté familiarizado con la historia moderna de EE.UU. tendrá conocimiento de la decisión de la Corte Suprema de 1954 en el famoso caso de derechos civiles Brown v. Board of Education. Los jueces dictaminaron que la creación de escuelas públicas separadas para alumnos blancos y negros era inconstitucional, con el argumento de que «separar es intrínsecamente desigual». Era un principio legal importante que golpearía decisivamente a Jim Crow, la versión del apartheid del Sur profundo.

Si separar es inherentemente desigual, la estructura de ciudadanía segregada de Israel es la forma más profunda de desigualdad imaginable. La ciudadanía a veces se conoce como el «derecho fundacional» que ofrecen los estados porque muchos otros derechos básicos dependen naturalmente de él: del sufragio a la residencia y el bienestar. Al separar los derechos de ciudadanía sobre una base étnica, creando un derecho a la ciudadanía para los judíos con una ley y negando la ciudadanía palestina a la mayoría con otra, Israel institucionalizó el apartheid legal en el nivel más básico. Adalah, un grupo de derechos legales para los palestinos en Israel, compiló una base de datos en internet que enumera las leyes israelíes que discriminan explícitamente según la etnia. La Ley del Retorno y la Ley de Ciudadanía son las más significativas, pero hay casi 70 más.

Ciudadanía y matrimonio

Ben Gurion estaba dispuesto a otorgar a los palestinos remanentes en Israel esta versión degradada de la ciudadanía porque suponía que esta población no representaría una amenaza para su nuevo Estado judío. Esperaba que estos ciudadanos palestinos, o lo que Israel prefiere denominar genéricamente «árabes israelíes», se vieran abrumados por la llegada de oleadas de inmigrantes judíos como los que se asentaron en Tzipori. Ben Gurion calculó mal. La tasa de natalidad mucho más alta de los ciudadanos palestinos significaba que siguen representando un quinto de la población de Israel.

Los ciudadanos palestinos han mantenido esta proporción numérica, a pesar de los enérgicos esfuerzos de Israel para manipular a su población. La Ley de Retorno fomenta, con vuelos gratuitos, obsequios financieros, préstamos y subsidios sin intereses, a cualquier judío del mundo que venga a Israel y reciba ciudadanía instantáneamente. Más de tres millones de judíos han aceptado la oferta.

La Ley de Ciudadanía, por otro lado, efectivamente cerró la puerta después de 1952 a la capacidad de los palestinos para obtener la ciudadanía. De hecho, desde entonces solo ha habido una forma para que un no judío se naturalice y es casándose con un ciudadano israelí, judío o palestino. Esta excepción solo se permite porque solo unas docenas de no judíos acceden cada año, sin representar una amenaza para la mayoría judía de Israel.

En la práctica los palestinos de fuera de Israel siempre han sido descalificados para utilizar esta ruta hacia la ciudadanía, incluso si se casan con un ciudadano palestino de Israel, como se hizo cada vez más común después de que Israel ocupó el resto de la Palestina histórica en 1967. Durante los años de Oslo, cuando los palestinos de Israel lanzaron un desafío legal para forzar a Israel a defender la naturalización de sus cónyuges de los territorios ocupados, el Gobierno respondió rápidamente al aprobar en 2003 la Ley de Ciudadanía e Ingreso a Israel. Negó a los palestinos el derecho a calificar para la residencia o ciudadanía israelí en virtud de contraer matrimonio. En efecto, prohibió el matrimonio a través de la Línea Verde que separa formalmente a los palestinos en Israel de los palestinos bajo ocupación.

 «Nacionalización» de la tierra

La mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos asumen correctamente que su ciudadanía y nacionalidad son sinónimos: «norteamericano» o «estadounidense».

Pero lo mismo no es cierto para los israelíes. Israel clasifica a sus ciudadanos como poseedores de diferentes «nacionalidades». Esto requiere rechazar una nacionalidad israelí común y en su lugar separar a los ciudadanos en supuestas categorías étnicas o religiosas. Israel ha reconocido más de 130 nacionalidades para tratar casos anómalos, incluido yo mismo. Después de casarme con mi esposa de Nazaret, entré en un proceso de naturalización largo, complejo y hostil. Ahora soy ciudadano israelí, pero mi nacionalidad se identifica como «británica». La gran mayoría de los ciudadanos israelíes, por otro lado, tiene una de las dos nacionalidades oficiales: judía o árabe. El Tribunal Supremo israelí ha defendido en dos ocasiones la idea de que estas nacionalidades están separadas de la ciudadanía y son superiores a ella.

Este complejo sistema de nacionalidades separadas no es una práctica arcana y excéntrica: es central para la versión del apartheid de Israel. Es el medio por el cual Israel puede institucionalizar una separación de derechos y oscurecer esta segregación sancionada por el Estado de la vista de los de afuera. Permite a Israel ofrecer diferentes derechos a diferentes ciudadanos dependiendo de si son judíos o palestinos, pero de una manera que evita una comparación demasiado obvia con el apartheid de Sudáfrica. Aquí veremos cómo.

Todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico, disfrutan de los «derechos de ciudadanía». En este sentido, Israel parece, al menos superficialmente, una democracia liberal occidental. Entre los ejemplos de derechos de ciudadanía se incluyen la atención médica, los pagos de asistencia social, la distribución de agua en el hogar y la educación, aunque, como veremos, la imagen suele ser mucho más compleja de lo que parece. En realidad, Israel ha logrado encubiertamente incluso anular estos derechos de ciudadanía.

Considere la asistencia médica. Aunque todos los ciudadanos tienen derecho a la misma prestación de salud, los hospitales y los principales servicios médicos casi siempre se encuentran en comunidades judías, y es difícil para los ciudadanos palestinos acceder debido a la falta de conexiones de transporte entre las comunidades palestina y judía. A los ciudadanos palestinos en comunidades remotas, como en el Negev (Naqab), a menudo se les niega el acceso a los servicios médicos básicos. Y recientemente se supo que los hospitales israelíes estaban segregando en secreto a las mujeres palestinas en las clínicas de maternidad. El doctor Hatim Kanaaneh, un médico palestino en Israel, documenta estos y muchos otros problemas de la atención médica en su libro Un médico en Galilea.

Más significativamente, Israel también reconoce los «derechos nacionales» y los reserva casi exclusivamente para la población judía. Los derechos nacionales se tratan como superiores a los derechos de ciudadanía. Entonces, si hay un conflicto entre el derecho nacional de un judío y el derecho de ciudadanía individual de un palestino, los funcionarios y los tribunales deben dar prioridad al derecho nacional. En este contexto, la ministra de Justicia de derecha de Israel, Ayelet Shaked, observó en febrero de 2018 que Israel debería garantizar «la igualdad de derechos para todos los ciudadanos pero no la igualdad de derechos nacionales». Agregó: «Israel es un Estado judío. No es un Estado de todas sus nacionalidades».

La ilustración más simple de cómo funciona esta jerarquía de derechos se puede encontrar en las leyes de ciudadanía de Israel. La Ley del Retorno establece un derecho nacional para que todos los judíos obtengan la ciudadanía instantánea, así como los muchos otros derechos que se derivan de la ciudadanía. La Ley de Ciudadanía, por otro lado, crea solo un derecho de ciudadanía individual para no judíos, no nacional. Los ciudadanos palestinos pueden pasar su ciudadanía «hacia abajo», a sus descendientes, pero no pueden extenderla «hacia afuera», como puede hacerlo un judío, a miembros de su familia extendida, en su caso, palestinos que fueron refugiados en 1948. Mi esposa tiene parientes que fueron exiliados por la Nakba en Jordania. Pero con solo un derecho individual a la ciudadanía, ella no puede traer ahora a ninguno de ellos para que vuelvan a sus hogares en Israel.

Esta distinción es igualmente vital para comprender cómo Israel asigna recursos materiales claves, como el agua y la tierra. Consideremos la tierra. Israel ha «nacionalizado» casi todo su territorio, el 93 por ciento. Las comunidades palestinas en Israel han podido aferrarse a menos del 3 por ciento de su tierra, principalmente las áreas urbanizadas de sus pueblos y aldeas, luego de que las olas de confiscación por parte del Estado les privaran de al menos el 70 por ciento de sus propiedades.

Hay precedentes en las democracias occidentales en donde el Estado es un importante propietario de tierras, incluso si la tenencia total de Israel es mucho más extensa que en otros estados. Pero Israel ha enmascarado con éxito lo que esta «nacionalización» de la tierra realmente significa. Dado que no hay una nacionalidad israelí reconocida, Israel no posee la tierra en nombre de sus ciudadanos, como sería el caso en otros lugares. Ni siquiera administra la tierra en nombre de los ciudadanos judíos de Israel. En cambio, la tierra se mantiene en fideicomiso para los judíos de todo el mundo, sean ciudadanos o no, y si quieren ser parte de Israel o no.

En la práctica los judíos que compran casas en Israel efectivamente obtienen contratos de arrendamiento a largo plazo en sus propiedades de un organismo gubernamental conocido como la Autoridad de Tierras de Israel. El Estado considera que protegen o custodian la tierra en nombre de los judíos en todo el mundo. ¿De de quién la están protegiendo? De los dueños originales. La mayoría de estas tierras, como las de Tzipori, han sido confiscadas a los refugiados palestinos o confiscadas a ciudadanos palestinos.

Una fachada democrática

El geógrafo político Oren Yiftachel se encuentra entre el creciente número de académicos israelíes que rechazan la clasificación de Israel como democracia liberal o, de hecho, como cualquier tipo de democracia. Describe a Israel como una «etnocracia», un Estado híbrido que crea una fachada democrática, especialmente para el grupo étnico dominante, para ocultar su estructura esencial, no democrática. Al describir la etnocracia de Israel, Yiftachel proporciona una compleja jerarquía de ciudadanía en la que los no judíos están en el fondo.

Es notable que Israel carece de una constitución y ha creado 11 leyes básicas que se aproximan a una constitución. El componente más liberal de esta legislación, aprobado en 1992 y titulado Libertad y Dignidad Humana, a veces se denomina la Declaración de Derechos de Israel. Sin embargo, explícitamente no consagra en la ley un principio de igualdad. En cambio la ley enfatiza la existencia de Israel como un «Estado judío y democrático», un oxímoron que rara vez es examinado por los israelíes.

Un antiguo juez de la Corte Suprema, Meir Shamgar, afirmó que Israel, como Estado-nación del pueblo judío, no era menos democrático que Francia como Estado-nación del pueblo francés. Y, sin embargo, aunque está claro cómo uno puede naturalizarse para convertirse en francés, la única ruta para convertirse en judío es la conversión religiosa. «judío» y «francés» claramente no son concepciones equivalentes de ciudadanía.

El Gobierno de Netanyahu ha estado tratando de redactar una Duodécima Ley Básica. Su título es revelador: declara a Israel como «el Estado-nación del pueblo judío». No es el Estado de los ciudadanos israelíes, ni siquiera de los judíos israelíes, sino de todos los judíos del mundo, incluidos los judíos que no son ciudadanos israelíes y no tienen ningún interés en convertirse en ciudadanos. Este es un recordatorio de la naturaleza muy peculiar de un Estado judío, que rompe con la concepción de una ciudadanía cívica en la que se basan las democracias liberales. La idea étnica de Israel de la nacionalidad se deriva estrechamente de las desagradables ideas étnicas o raciales de ciudadanía que dominaron Europa hace un siglo (y están revividas en algunos lugares). Esas concepciones exclusivas y agresivas de la gente condujeron a dos devastadoras guerras mundiales,

Además, si todos los «ciudadanos» judíos del mundo son tratados como ciudadanos de Israel, reales o potenciales, ¿qué significa eso para la gran minoría israelí de ciudadanos palestinos, incluidos mi esposa y mis dos hijos? Parece que Israel los considera efectivamente trabajadores invitados o extranjeros residentes, tolerados siempre y cuando su presencia no amenace el carácter judío del Estado. Ayelet Shaked, la ministra de Justicia de Israel, reconoció implícitamente este problema en un debate sobre la propuesta de Ley Fundamental del Estado-nación en febrero. Dijo que Israel no podía permitirse el lujo de respetar los derechos humanos universales: «Hay un lugar para mantener una mayoría judía incluso a costa de la violación de los derechos».

La jerarquía de ciudadanía que Yiftachel señala es útil porque nos permite comprender que la ciudadanía israelí es exactamente lo opuesto a la igualdad de condiciones de los derechos formales que uno esperaría encontrar en una democracia liberal. Otra pieza clave de la legislación, la Ley de Propiedad del Ausente de 1950, despojó a todos los refugiados palestinos de la guerra de 1948 de su derecho a cualquier propiedad que poseyeran antes de la Nakba. Todo fue confiscado: tierras, cultivos, edificios, vehículos, implementos agrícolas, cuentas bancarias, y se convirtió en propiedad de Israel, que se traspasó a instituciones judías o a ciudadanos judíos en violación del derecho internacional.

La Ley de Propiedad de Ausentes se aplicaba por igual a los ciudadanos palestinos, como los de Saffuriya que terminaron en Nazaret, como lo hizo con los refugiados palestinos fuera de las fronteras reconocidas de Israel. De hecho, se calcula que uno de cada cuatro ciudadanos palestinos fue desplazado internamente por la guerra de 1948. En la terminología orwelliana de la Ley de Propiedad del Ausente, estos refugiados se clasifican como «ausencias presentes», presentes en Israel, pero ausentes de sus antiguos hogares. A pesar de su ciudadanía, tales palestinos no tienen más derechos para regresar a sus hogares, o reclamar otras propiedades, que los refugiados en los campos de Líbano, Siria y Jordania.

Segregación residencial

Aunque Tzipori se construyó en tierras confiscadas a los palestinos, algunos de ellos ciudadanos israelíes que viven cerca de Nazaret, ninguna de sus 300 casas, o su docena de granjas, es propiedad de un ciudadano palestino. De hecho, a ningún ciudadano palestino de Israel se le ha permitido vivir o incluso alquilar una casa en Tzipori, siete décadas después de la creación de Israel.

Tzipori está lejos de ser único. Hay unas 700 comunidades rurales similares, conocidas en Israel como comunidades cooperativas. Cada una de ellas es, y está destinada a ser, exclusivamente judía y niega a los ciudadanos palestinos de Israel el derecho a vivir en ellas. Estas comunidades rurales controlan gran parte del 93 por ciento de la tierra que ha sido «nacionalizada», lo que garantiza que quede fuera del alcance de la quinta parte de la población de Israel que no es judía.

¿Cómo se aplica este sistema de segregación residencial étnica? La mayoría de las comunidades cooperativas como Tzipori administran un procedimiento de investigación a través de un «comité de admisión» compuesto por funcionarios de entidades cuasi gubernamentales como la Agencia Judía, el Fondo Nacional Judío y la Organización Sionista Mundial, que están allí para representar los intereses del mundo judío, no a los ciudadanos israelíes. Estas organizaciones, que de hecho interesan a los grupos que disfrutan de un estatus especial y protegido como agentes del Estado israelí, son en sí mismas una grave violación de los principios de una democracia liberal. El Estado, por ejemplo, ha otorgado al Fondo Nacional Judío, cuya carta orgánica lo obliga a discriminar en favor de los judíos, la propiedad del 13 por ciento del territorio israelí. Un judío de Brooklyn tiene más derechos a aterrizar en Israel que un ciudadano palestino.

Durante la mayor parte de la historia de Israel, había poca necesidad de ocultar lo que los comités de admisión estaban haciendo. Nadie se percató. Si un palestino de Nazaret hubiera solicitado vivir en Tzipori, el comité de admisiones simplemente habría rechazado al solicitante por ser «árabe». Pero este mecanismo muy efectivo para mantener a los ciudadanos palestinos fuera de la mayor parte de su patria histórica desató hace dos décadas una crisis cuando el caso de la familia Kaadan comenzó a abrirse camino en el sistema judicial de Israel.

Adel Kaadan vivía en una comunidad palestina muy pobre llamada Baqa al-Ghabiyya, al sur de Nazaret, y literalmente muy cerca de Cisjordania. Kaadan tenía un buen trabajo como enfermero en el cercano hospital de Hadera, donde regularmente atendía a pacientes judíos y me dijo cuando lo entrevisté a principios de la década del 2000 que en algunas ocasiones ayudó a salvar la vida de soldados israelíes. Asumió que se le debería dar el derecho a vivir en una comunidad judía. Kaadan me pareció tan obstinado como ingenuo, una combinación de rasgos de personalidad que lo habían llevado tan lejos y terminaron causando a Israel una gran cantidad de problemas legales y de reputación.

Decidido a dar a sus tres jóvenes hijas las mejores oportunidades que podía, Kaadan había construido para su familia una villa impresionante en Baqa al-Ghabiyya. Mientras estaba tomando un café con él, una de sus hijas tocaba el piano con un dominio que sugería que tenía un tutor privado. Pero Kaadan estaba profundamente insatisfecho con su suerte. Su casa era grandiosa y hermosa, pero Baqa no. Tan pronto como la familia salía de su casa, tenía que adentrarse en la realidad de la vida palestina en Israel. Kaadan era la prueba de que era posible que algunos ciudadanos palestinos, -si tenían la determinación y la suerte suficientes para superar los numerosos obstáculos que se interponían en su camino- disfrutaran del éxito personal, pero no podían escapar tan fácilmente de la pobreza colectiva de su entorno.

Al igual que muchos otros ciudadanos palestinos, Kaadan quedó atrapado por otra ley: la Ley de Planificación y Construcción de 1965 que promovía un objetivo central del sionismo: «judaizar» la mayor cantidad de tierra posible. Lo logró de dos formas principales. Primero, las comunidades en Israel solo fueron reconocidas por el Estado si estaban incluidas en la Ley de Planificación. Aunque casi 200 comunidades palestinas sobrevivieron a la Nakba, la ley reconoció solo 120 de ellas.

Las comunidades más problemáticas, desde el punto de vista de Israel, eran las aldeas beduinas dispersas ubicadas entre las colinas remotas y polvorientas del Negev semidesértico, o Naqab, en el sur de Israel. El Negev era la reserva de tierra más grande de Israel, que comprende el 60 por ciento del territorio del país. Sus vastos e inaccesibles espacios lo habían convertido en el lugar preferido para las bases militares secretas y el programa nuclear de Israel. Israel quería que los beduinos abandonaran sus tierras históricas y la Ley de Planificación era la forma ideal de desalojarlos, quedando sus aldeas como no reconocidas.

En la actualidad, los habitantes de docenas de «aldeas no reconocidas» -hogar de casi una décima parte de la población palestina en Israel- son invisibles para el Estado, excepto cuando se trata de aplicar las reglamentaciones de planificación. Los aldeanos viven sin electricidad, agua, caminos y comunicaciones provistos por el Estado. Todas las casas que construyen reciben instantáneamente órdenes de demolición, lo que obliga a muchos a vivir en tiendas o chozas de estaño. El objetivo de Israel es obligar a los beduinos a abandonar su estilo de vida pastoral y sus tradiciones y trasladarlos a municipios atestados construidos por el Estado, que son de lejos las comunidades más pobres de Israel.

Despojados de recursos

Además de crear aldeas no reconocidas, la Ley de Planificación y Construcción de 1965 también garantiza condiciones parecidas a las del gueto para comunidades palestinas reconocidas. Crea segregación residencial al confinar a la gran mayoría de los ciudadanos palestinos a las 120 comunidades palestinas en Israel que oficialmente están en la lista para ellos y luego limita estrictamente su espacio para el crecimiento y el desarrollo. Incluso en el caso de los ciudadanos palestinos que viven en un puñado de las llamadas «ciudades mixtas» -ciudades palestinas que fueron en gran parte «judaizadas» después de la Nakba- han sido forzados a sus propios barrios discretos, en los márgenes de la vida urbana.

La Ley de Planificación también trazó una serie de líneas demográficas alrededor de todas las comunidades en Israel, determinando su área de expansión. Las comunidades judías recibieron importantes reservas de tierras, mientras que las líneas trazadas alrededor de las comunidades palestinas se dibujaron invariablemente cerca de la zona urbanizada hace medio siglo. Aunque la población palestina de Israel ha crecido siete u ocho veces desde entonces, su espacio de expansión apenas ha cambiado, lo que ha provocado un hacinamiento masivo. Este problema se ve agravado por la incapacidad de Israel para construir una nueva comunidad palestina desde 1948.

Al igual que las otras 120 comunidades palestinas sobrevivientes en Israel, Baqa había carecido de recursos: tierra, infraestructura y servicios. No había parques o áreas verdes donde pudieran jugar los niños de Kaadan. Fuera de su villa, no había aceras y durante las fuertes lluvias las aguas residuales no tratadas surgían de los desagües inadecuados para mojarse los zapatos. Israel había confiscado todas las tierras de Baqa para el desarrollo, por lo que las casas estaban abarrotadas a su alrededor por todos lados, a menudo construidas sin permisos de planificación, que en cualquier caso eran casi imposibles de obtener. Las conexiones ilegales para la electricidad borraron la vista aún más. Con los malos servicios de recolección de basura, las familias a menudo quemaban su basura en contenedores cercanos.

Adel Kaadan había puesto sus ojos en vivir en un lugar mejor y eso significaba mudarse a una comunidad judía. Cuando Israel comenzó a vender parcelas en Katzir, una pequeña comunidad cooperativa judía ubicada en parte en la tierra confiscada de Baqa, Kaadan presentó su solicitud. Cuando fue rechazado porque era un «árabe», recurrió a los tribunales.

En el año 2000, el caso de Kaadan llegó a la corte más alta del país, la Corte Suprema. Aharon Barak, el presidente de la corte que escuchó la petición, fue el juez más liberal y respetado en la historia de Israel. Pero el caso de los Kaadans fue, sin duda, el más inoportuno que alguna vez le hayan adjudicado. Puso a un ardiente sionista como él en una situación imposible.

Por un lado no había una práctica en Israel más claramente parecida al apartheid que la exclusión residencial sobre la base étnica impuesta por los comités de admisión. Simplemente no era algo que Barak podía permitirse que lo viesen defender. Después de todo, era profesor habitual en las facultades de derecho de Yale y Harvard, donde fue agasajado, y sus contrapartes liberales en la Corte Suprema de los Estados Unidos a menudo lo citaron como una gran influencia en su activismo judicial.

Pero aunque no se lo podía ver fallando a favor de Katzir, al mismo tiempo tampoco se atrevía a fallar a favor de los Kaadans. Tal decisión socavaría la razón fundamental de un Estado judío sionista: la judaización de la mayor cantidad de territorio posible. Crearía un precedente legal que abriría las puertas a otros ciudadanos palestinos, permitiéndoles también mudarse a estas centenas de comunidades solo para judíos.

Infancias separadas

Barak entendió que mucho más dependía del principio de la separación residencial. La educación primaria y secundaria también está segregada y en gran medida justificada sobre la base de la separación residencial. Los niños judíos van a escuelas de lengua hebrea en áreas judías; Los niños palestinos en Israel van a escuelas de lengua árabe en las comunidades palestinas. (Solo hay un puñado de escuelas privadas bilingües en Israel).

Esta separación asegura los recursos educativos para los ciudadanos judíos. Las escuelas árabes están enormemente desfinanciadas y su plan de estudios está estrechamente controlado por las autoridades, como lo ejemplifica la Ley Nakba de 2011. Amenaza el financiamiento público para cualquier escuela o institución que enseñe sobre el momento clave en la historia palestina moderna. Además, los puestos de enseñanza en las escuelas árabes han sido dictados históricamente por el Shin Bet, la policía secreta de Israel, para crear espías y una atmósfera de sospecha en las aulas y salas comunes.

Un beneficio colateral de la separación en la residencia y la educación es que los ciudadanos palestinos y judíos casi no tienen posibilidades de encontrarse hasta que alcanzan la edad adulta, cuando se han formado sus personalidades. Es fácil temer al otro cuando no tienes experiencia de contacto con él. El éxito de esta segregación puede medirse en matrimonios mixtos entre ciudadanos judíos y palestinos. En el año 2011, cuando las autoridades israelíes emitieron las últimas estadísticas, solo hubo 19 matrimonios de ese tipo, o el 0,03 por ciento. Los judíos israelíes se oponen abiertamente a tales matrimonios por considerarlos de «mestizaje».

De hecho, Israel se opone tanto a los matrimonios mixtos, que prohíbe que tales matrimonios se realicen dentro de Israel. Las parejas mixtas se ven obligadas a viajar al extranjero y casarse allí, generalmente en Chipre, y solicitar que el matrimonio sea reconocido a su regreso. En particular, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Apartheid de 1973 enumera medidas que prohíben los matrimonios mixtos como un crimen de apartheid.

La separación residencial también ha permitido a Israel garantizar que las comunidades judías sean mucho más ricas y estén mejor provistas de servicios que las palestinas. Aunque todos los ciudadanos están sujetos a impuestos sobre sus ingresos, los programas de construcción con subsidio público están dirigidos abrumadoramente a proporcionar viviendas a familias judías en áreas judías. Durante más de siete décadas, el Estado ha construido cientos de comunidades judías, con carreteras, veredas y parques públicos ya construidos, con viviendas conectadas automáticamente a redes de agua, electricidad y alcantarillado. Todas estas comunidades se basan en «tierras estatales», en la mayoría de los casos, tierras tomadas de refugiados palestinos y ciudadanos palestinos.

Por el contrario, no se ha establecido una nueva comunidad árabe hasta el momento. Y las 120 comunidades palestinas reconocidas han sido dejadas en gran parte naufragar y hundirse por sí mismas. Luego de oleadas de confiscación por parte del Estado, ellas se encuentran en los restos de tierras palestinas privadas. Habiendo ayudado a subsidiar viviendas y crear programas para millones de inmigrantes judíos, las comunidades palestinas han tenido que recaudar su propio dinero para instalar infraestructura básica, incluidos los sistemas de agua y alcantarillado.

Mientras tanto, las áreas de zonificación segregadas y los comités de planificación separados permiten a Israel hacer cumplir regulaciones mucho más estrictas sobre las comunidades palestinas, negar permisos de construcción y llevar a cabo órdenes de demolición. Según informes alrededor de 30.000 casas están construidas ilegalmente en Galilea, casi todas ellas en comunidades palestinas.

Del mismo modo, la mayor parte del presupuesto del Estado para las autoridades locales, así como la inversión empresarial, se canaliza hacia las comunidades judías en lugar de hacia las palestinas. Aquí es donde se construyen las áreas industriales y las fábricas, para garantizar mayores oportunidades de empleo para los ciudadanos judíos y para recargar las arcas municipales de las comunidades judías con tarifas comerciales.

Mientras tanto, una «subvención equilibrada» del Gobierno central, destinada a ayudar a las autoridades locales más pobres mediante la redistribución del impuesto de la renta a su favor, también está sesgada. A pesar de que las comunidades palestinas son uniformemente las más pobres de Israel, por lo general reciben un tercio de la subvención compensatoria que llega a las comunidades judías.

La segregación residencial también ha permitido a Israel crear cientos de «áreas de prioridad nacional»- (NPA, por sus siglas en inglés)-, que reciben presupuestos gubernamentales preferenciales, incluyendo fondos adicionales para permitir largas jornadas escolares. Los funcionarios israelíes se han negado a divulgar ni siquiera a los tribunales qué criterios se utilizan para establecer estas áreas prioritarias, pero evidentemente no se basan en consideraciones socioeconómicas. De las 557 NPA que recibieron fondos escolares adicionales, solo cuatro pequeñas comunidades palestinas estaban entre ellas. La suposición es que se incluyeron solo para evitar acusaciones de que las ANP se diseñaron únicamente para ayudar a los judíos.

Israel también ha utilizado la segregación residencial para garantizar que la zonificación prioritaria para el turismo beneficie principalmente a las comunidades judías. Eso ha requerido de una ingeniería cuidadosa, dado que gran parte del turismo a Israel es la peregrinación cristiana. En el norte, el principal destino de peregrinación es Nazaret y su Basílica de la Anunciación, donde supuestamente el ángel Gabriel le dijo a María que estaba preñada del hijo de Dios. Pero Israel evitó hacer de la ciudad un centro para el turismo, temiendo que fuera doblemente dañina: los ingresos de la afluencia de peregrinos harían que Nazareth fuera financieramente independiente; y una estadía prolongada de turistas en la ciudad correría el riesgo de exponerlos a la narrativa palestina.

En cambio, la zona prioritaria de turismo del norte se estableció en la vecina Tiberíades, en el Mar de Galilea, una ciudad que una vez fue palestina, y fue étnicamente limpiada durante la Nakba y ahora es una ciudad judía. Durante décadas, se ha alentado a los inversores a construir hoteles e instalaciones turísticas en Tiberíades, asegurando que la mayoría de los autocares de peregrinos solo pasen por Nazaret, haciendo una breve parada de una hora para visitar la Basílica.

Aunque Nazareth recibió muy tardíamente el estatus de prioridad turística a fines de la década de 1990, a tiempo de la visita del Papa para el milenio, poco ha cambiado en la práctica. La ciudad está tan hambrienta de tierra que casi no hay lugar para los hoteles. Aquellos que se han construido se encuentran principalmente en los límites exteriores de la ciudad, donde es poco probable que los peregrinos tengan contacto con los residentes palestinos.

Los enlaces de transporte público también han privilegiado a las comunidades judías sobre las palestinas. La compañía nacional de autobuses Egged, el principal proveedor de transporte público en Israel, ha establecido una elaborada red de conexiones de autobús entre las áreas judías, asegurando que los ciudadanos judíos se integren a la economía. Pueden llegar fácil y económicamente a las principales ciudades, fábricas y zonas industriales. Sin embargo, los autobuses de Egged rara vez ingresan a las comunidades palestinas, privando a sus residentes de oportunidades de empleo. Esto, combinado con la falta de servicios de guardería para niños pequeños, explica por qué las mujeres palestinas en Israel han tenido durante mucho tiempo una de las tasas de empleo más bajas en el mundo árabe, por debajo del 20 por ciento.

Las comunidades palestinas también han sentido la discriminación en la provisión de seguridad y protección. En noviembre pasado, el Gobierno admitió que había una disposición lamentablemente inadecuada de refugios públicos en las comunidades palestinas, incluso en las escuelas, contra los ataques con misiles y los terremotos. Al parecer, los funcionarios se han opuesto a los grandes costos de proporcionar refugios y al problema de liberar tierras en las comunidades palestinas para establecerlos. Del mismo modo, Israel ha sido reacio a establecer estaciones de policía en las comunidades palestinas, lo que lleva a una explosión de la delincuencia allí. En diciembre, el legislador palestino Yousef Jabareen señaló que hubo 381 tiroteos en su ciudad natal de Umm al-Fahm en 2017, pero solo una acusación formal. Dijo que los habitantes de la ciudad se habían convertido en «rehenes en manos de un pequeño grupo de delincuentes».

De todas estas maneras diferentes, Israel ha garantizado que las comunidades palestinas sigan siendo sustancialmente más pobres que las comunidades judías. Un estudio en diciembre de 2017 descubrió que las comunidades más ricas de Israel, todas judías, recibieron casi cuatro veces más aportes del ministerio de bienestar del Gobierno que las comunidades más pobres, todas palestinas. Un mes antes, el Banco de Israel informó que los ciudadanos palestinos tenían solo el 2 por ciento de todas las hipotecas, en una señal de lo difícil que es para ellos obtener préstamos, y tuvieron que pagar mayores intereses sobre los préstamos.

Entre los 35 estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Israel tiene la tasa de pobreza más alta. Esto se debe principalmente a las altas tasas entre los ciudadanos palestinos, aumentada por la pobreza auto infligida de la comunidad ultra ortodoxa de Israel, en la cual la mayoría de los hombres se niegan a trabajar, prefiriendo los estudios religiosos. En evidencia de cómo Israel ha sesgado el gasto en bienestar para beneficiar a judíos pobres como los ultra ortodoxos, en lugar de a los ciudadanos palestinos, solo un quinto de los niños judíos vive por debajo del umbral de pobreza en comparación con los dos tercios de los niños palestinos en Israel.

 «Socialmente inadecuado»

De vuelta en la Corte Suprema, Aharon Barak todavía estaba lidiando con la carga conflictiva de la historia sionista y las expectativas de las escuelas de derecho estadounidenses. El juez entendió que necesitaba esquivar un fallo. Tenía que aparentar estar del lado de la familia Kaadan sin realmente fallar a su favor y, de ese modo, crear un precedente legal que permitiría a otras familias palestinas seguir su camino. Entonces le ordenó a Katzir que reconsiderara su decisión, advirtiéndole que no podía mantenerlos fuera por motivos religiosos o nacionales.

La comunidad judía rehacía su política, pero no de una manera que ayudara a Barak. Katzir respondió que ya no rechazaban a los Kaadans porque eran árabes, sino porque eran «socialmente inadecuados». Barak sabía que eso tampoco aplicaría en Yale o en Harvard; obviamente, sonaba como un código para «árabe». Le ordenó a Katzir que volviera con una decisión diferente con respecto a los Kaadans.

Con el tribunal reacio a tomar una decisión previa, ese caso y algunos otros parecieron prolongarse durante los siguientes años,. En silencio, detrás de la escena, Adel Kaadan finalmente recibió un lote de tierra de Katzir. Las comunidades cooperativas e inquietas de Galilea comenzaron a aprobar los estatutos locales, insistiendo en un criterio de «idoneidad social» para los solicitantes, para adelantarse a cualquier decisión del Tribunal Supremo a favor de las familias palestinas que golpeaban a sus puertas.

Para 2011, parecía que el Tribunal Supremo se estaba quedando sin opciones y tendría que decidir sobre la legalidad de los comités de admisión. En ese momento, el Gobierno de Benjamin Netanyahu intervino para ayudar a la corte. No había una base legal para los comités de admisión; eran simplemente una práctica administrativa observada por todas estas centenas de comunidades cooperativas solo judías. El Gobierno de Netanyahu, por lo tanto, impulsó una Ley del Comité de Admisiones ese año. Finalmente puso a los comités en una base legal, pero también los hizo vergonzosamente visibles por primera vez.

A medida que el parlamento respaldaba la legislación, los informes en los medios occidentales la etiquetaban como una «ley de apartheid», ignorando convenientemente el hecho de que esta había sido una práctica estándar en Israel durante más de seis décadas.

Una petición del grupo legal Adalah contra la nueva ley llegó a la Corte Suprema en 2014. Barak ya se había retirado. Pero en línea con su aversión a emitir un fallo que podría desafiar los fundamentos racistas de Israel como un Estado judío, los jueces continuaron sin tomar una decisión. Sostuvieron que la ley era demasiado nueva para que la corte determinara el efecto que los comités de admisión tendrían en la práctica, o en el lenguaje de los jueces, declinaron actuar porque la ley aún no estaba «madura» para la adjudicación. El argumento de la madurez era difícil de tragar dado que el efecto de los comités de admisión en la aplicación del apartheid residencial después de tantas décadas era demasiado evidente.

Aun así, el desafío legal lanzado por los Kaadans dejó a muchos en el liderazgo israelí preocupados. En febrero de 2018, refiriéndose al caso, la ministra de justicia Ayelet Shaked afirmó que «en la discusión sobre si está bien que una comunidad judía sea, por definición, solo judía, quiero que la respuesta sea: ‘Sí, es todo derecho’.»

Dos modalidades de apartheid

Es hora de abordar más específicamente la naturaleza del régimen de apartheid que Israel ha creado, y cómo refleja la esencia del apartheid de Sudáfrica sin reproducirlo exactamente.

Cerca del bosque plantado sobre las ruinas de las casas palestinas de Saffuriya hay una estructura de piedra de dos pisos, con una bandera israelí ondeando sobre su techo. Es el único hogar palestino no arrasado en 1948. Más tarde, fue habitado por inmigrantes judíos, y hoy sirve como una pequeña casa de huéspedes conocida como Tzipori Village. Sus principales clientes son judíos israelíes del atestado centro urbano del país que buscan un descanso de fin de semana en el campo.

Los eruditos han distinguido entre dos modos de apartheid sudafricano. El primero fue lo que denominan apartheid «trivial» o «miserable», aunque el apartheid «visible» transmite más precisamente el tipo de segregación en cuestión. Este era el tipo de segregación que notó cualquier visitante: bancos de parque separados, autobuses, restaurantes, baños, etc. Israel ha tenido cuidado de evitar, en la medida de lo posible, este tipo visible de segregación, consciente de que esto es lo que la mayoría de la gente considera como «apartheid». Lo ha hecho, aunque, como hemos visto, la vida en Israel está muy segregada para los ciudadanos judíos y palestinos. La residencia casi siempre está segregada, al igual que la educación primaria y secundaria y gran parte de la economía. Pero los centros comerciales, restaurantes y baños no están separados para los ciudadanos judíos y palestinos.

Los mismos estudiosos se refieren al apartheid «grandioso» o «con recursos», que consideran que ha sido mucho más integral al proyecto político del apartheid en Sudáfrica. Esto es segregación en relación con los recursos materiales clave del Estado, como la tierra, el agua y la riqueza mineral. Israel ha tenido el mismo cuidado de segregar los principales recursos materiales para preservarlos solo para la mayoría judía. Lo hace a través del establecimiento de cientos de comunidades exclusivamente judías como Tzipori. Como se señaló anteriormente, casi todo el territorio de Israel ha estado encerrado en estas comunidades cooperativas. Y en línea con sus eslóganes sionistas sobre hacer florecer el desierto, Israel también ha restringido la explotación comercial del agua a comunidades agrícolas como el kibbutz y el moshav.

Un experimento emocional con la casa de huéspedes de la aldea de Tzipori ilustra claramente cómo Israel practica el apartheid, pero de una manera que solo difiere marginalmente de la variedad sudafricana. Si este bed and breakfast hubiera estado ubicado en una comunidad blanca en Sudáfrica, a ningún ciudadano negro se le hubiera permitido permanecer en él incluso por una noche, ncluso si el propietario no hubiera sido racista. La ley sudafricana lo habría prohibido. Pero en Israel, cualquier ciudadano puede permanecer en la aldea de Tzipori, tanto judíos como palestinos. Aunque el propietario puede ser racista y rechazar ciudadanos palestinos, no cuenta con la autoridad de la ley para hacerlo.

Pero, y esto es crucial, el comité de admisiones de Tzipori nunca permitirá que un ciudadano palestino compre la casa de huéspedes o cualquier casa en el moshav, o incluso rente una casa allí. El derecho que tiene un ciudadano palestino a pasar la noche en la aldea de Tzipori es «trivial» o «insignificante» si se lo compara con la gran exclusión de Israel de todos los ciudadanos palestinos de casi todo el territorio del país. Ese es el punto que los estudiosos del apartheid sudafricano destacan al distinguir entre los dos modos de apartheid. En este sentido, el apartheid de Israel puede no ser idéntico al de Sudáfrica, pero es un pariente cercano o primo.

Esta diferencia también es evidente en el tratamiento del sufragio por parte de Israel. El hecho de que todos los ciudadanos israelíes -judíos y palestinos- tienen el derecho de votar y elegir a sus propios representantes es frecuentemente citado por los partidarios de Israel como prueba de que Israel es un país democrático normal y, por lo tanto, no puede ser un Estado de apartheid. Sin embargo, hay problemas obvios con esta afirmación.

Podemos darle sentido a la diferencia examinando nuevamente a Sudáfrica. La razón por la cual el apartheid sudafricano tomó la forma que tuvo fue porque una minoría blanca, decidida a preservar sus privilegios, se enfrentó a una gran mayoría negra. No podía darles el voto porque cualquier apariencia de democracia habría pasado el poder a la población negra y habría acabado con el apartheid.

Israel, por otro lado, logró alterar radicalmente su realidad demográfica al expulsar a la gran mayoría de los palestinos en 1948. Esto fue el equivalente a manipular los componentes electorales del nuevo Estado judío en una vasta escala nacional. La exclusión de la mayoría de los palestinos de su patria a través de la Ley de Ciudadanía y la puerta abierta para que los judíos del mundo lleguen a Israel provistos por la Ley del Retorno, aseguraron el futuro a la medida de una «etnocracia judía» a perpetuidad.

El politólogo palestino israelí Asad Ghanem describió el voto palestino como «puramente simbólico», y uno puede entender por qué al considerar las dos primeras décadas de Israel, cuando los ciudadanos palestinos vivían bajo un Gobierno militar. Luego, enfrentaron mayores restricciones a sus movimientos que los palestinos en Cisjordania hoy. Sería imposible incluso para los partidarios más entusiastas de Israel describir a Israel como una democracia para sus ciudadanos palestinos durante este período, cuando estaban bajo la ley marcial. Y sin embargo, los palestinos en Israel obtuvieron el voto a tiempo para las primeras elecciones generales de Israel en 1949 y votaron durante todo el período del Gobierno militar. En otras palabras, el voto puede ser una condición necesaria para un sistema democrático, pero está lejos de ser suficiente.

De hecho, en el sistema político altamente tribal de Israel, se alienta a los judíos a creer que deben votar solo por los partidos sionistas judíos, que defienden el sistema de apartheid que acabamos de analizar. Eso ha dejado a los ciudadanos palestinos sin otra opción que votar por los partidos palestinos contendientes. El principal partido judío-árabe, el comunista, fue en los primeros años de Israel una fuerza política significativa entre los judíos israelíes. Hoy, comprenden una pequeña fracción de sus seguidores, con ciudadanos palestinos liderando el partido.

Con una política tan tribal, ha sido fácil evitar que los palestinos obtengan incluso el acceso más limitado al poder. El sistema electoral altamente proporcional de Israel ha llevado a una miríada de pequeños partidos en el parlamento israelí, la Knesset. Todos los partidos judíos han participado en diversos momentos en el Gobierno en lo que en realidad son coaliciones arco iris. Pero las partes palestinas nunca han sido invitadas a un Gobierno israelí, o han tenido un impacto significativo en el proceso legislativo. El sistema político de Israel puede permitir que los ciudadanos palestinos voten, pero no tienen influencia política. Es por eso que Israel puede permitirse la generosidad de permitirles votar, sabiendo que nunca perturbará un Gobierno tiránico de la mayoría judía.

El miembro del parlamento palestino Ahmed Tibi lo expresó de esta manera: «Israel es un Estado democrático para los ciudadanos judíos y un Estado judío para los ciudadanos árabes».

Llamamiento «subversivo» a la igualdad

Pero cada vez más cualquier presencia palestina en la Knéset es vista como demasiado por los partidos judíos de Israel. Cuando el proceso de Oslo se inició a fines de la década de 1990, los líderes israelíes y palestinos acordaron que los ciudadanos palestinos de Israel deberían seguir siendo parte de Israel en cualquier acuerdo futuro de dos estados. En respuesta, los ciudadanos palestinos comenzaron a tomar su ciudadanía israelí mucho más en serio. Un nuevo partido, Balad, fue establecido por un profesor de filosofía, Azmi Bishara, quien hizo campaña en una plataforma que Israel debe dejar de ser un Estado judío y convertirse en un «Estado de todos sus ciudadanos»: una democracia liberal donde todos los ciudadanos disfrutarían de los mismos derechos.

Esta campaña pronto fue retomada por todos los partidos políticos palestinos, y dio lugar a una serie de documentos -incluida la más importante, la Visión Futura de los árabes palestinos en Israel- exigiendo reformas importantes que convertirían a Israel en «un Estado de su ciudadanos «o una» democracia consensuada».

El liderazgo israelí estaba tan desconcertado por esta campaña que en 2006 el primer ministro, Ehud Olmert, se reunió con el Shin Bet. A diferencia de las reuniones habituales de la policía secreta, esta discusión fue ampliamente publicitada. Los medios de comunicación israelíes informaron que el Shin Bet consideraba los llamados documentos de Visión Futura como «subversión» y advirtieron que usarían cualquier medio, incluidos los no democráticos, para derrotar esa campaña por la igualdad de derechos.

Un año después, cuando Bishara, el testaferro de este movimiento, salió del país en una gira de conferencias, se anunció que sería enjuiciado por traición si regresara. Se alegó que había ayudado a Hizbullah durante la guerra de Israel en 2006 con Líbano, una afirmación que incluso el periódico israelí Haaretz calificó de absurda. Bishara se mantuvo alejado. Efectivamente, el Gobierno y el Shin Bet habían declarado la guerra a los esfuerzos para democratizar a Israel. Como resultado, la mayoría de los políticos palestinos bajaron el volumen de sus demandas de reforma política.

Sin embargo, su presencia continúa en la Knéset, especialmente con una sucesión de Gobiernos como el de Netanyahu que se ha vuelto cada vez más derechista, y ha enfurecido a más y más legisladores judíos. Durante años, los principales partidos judíos han utilizado su control del Comité Electoral Central para tratar de evitar que destacados políticos palestinos se presenten en las elecciones parlamentarias. Sin embargo, el Tribunal Supremo, con márgenes cada vez más estrechos, ha revocado repetidamente las decisiones del citado comité.

Avigdor Lieberman, el ministro de defensa israelí de origen soviético que lideró el ataque contra los legisladores palestinos, logró hacer aprobar una Ley Umbral en 2014 que elevó el umbral electoral a un nivel que sería imposible para cualquiera de los tres grandes partidos palestinos superar. Pero en una gran sorpresa, estos partidos tan diferentes -que representan corrientes comunistas, islámicas y democrático-nacionalistas- dejaron de lado sus diferencias para crear una Lista Conjunta. En un excelente ejemplo de consecuencias imprevistas, las elecciones generales de 2015 dieron como resultado que la Lista Conjunta se convirtiera en el tercer partido más grande de la Knéset.

Por un breve momento, y para gran consternación en Israel, parecía que la Lista podría convertirse en la oposición oficial, proporcionando a los legisladores palestinos acceso a informes de seguridad y el derecho a dirigir comités delicados de la Knéset.

La presión para deshacerse de los partidos palestinos ha seguido intensificándose. En 2016, la Knesset aprobó otra ley, llamada inicialmente Ley Zoabi, y más tarde renombrada como Ley de Expulsión, que permite que una mayoría parlamentaria de tres cuartos expulse a cualquier legislador, no porque hayan cometido un delito o una fechoría sino porque a los otros legisladores no les gusta sus opiniones políticas El nombre original de la ley indicaba que el objetivo principal para la expulsión era Haneen Zoabi, que ahora es el miembro más destacado del partido Balad de Bishara.

Según los comentaristas, será imposible aumentar la mayoría de tres cuartos necesaria para aprobar tal expulsión. Pero en tiempos de guerra, o durante uno de los ataques más importantes e intermitentes en Gaza, parece probable que esa mayoría pueda utilizada contra críticos abiertos de Israel y partidarios del Estado de todos sus ciudadanos, como Zoabi.

De hecho, solo requiere la expulsión de un miembro de la Lista Conjunta y los otros miembros se colocarán en una posición insostenible para con sus votantes. Estarán en la Knesset solo porque los legisladores judíos sionistas han decidido no expulsarlos. Esta es la razón por la cual el periódico Haaretz se refirió a la Ley de Expulsión como el primer paso en la «limpieza étnica de la Knesset».

A medida que los funcionarios israelíes parecen cada vez más decididos a abolir incluso los últimos elementos formales de la democracia en Israel, los líderes palestinos del país se encuentran con opciones limitadas. Su única esperanza es llamar más la atención sobre el sustancial déficit democrático en la política israelí.

En febrero, respondiendo a las medidas del Gobierno para legislar una Ley Básica sobre «Israel como el Estado-nación del pueblo judío», el diputado de la Knéset Yousef Jabareen presentó una Ley Básica alternativa. Se tituló «Israel, un estado democrático, igualitario y multicultural». En cualquier estado occidental, tal ley sería axiomática y redundante. En Israel, la medida no tenía ninguna posibilidad de obtener apoyo en la Knesset, excepto de los legisladores de los partidos palestinas.

Jabareen admitió en una entrevista que es poco probable que el proyecto de ley consiga un respaldo incluso de los cinco miembros de Meretz, el partido judío más izquierdista del Parlamento. Con optimismo señaló: «Quiero esperar que Meretz esté entre ellos [seguidores]. He compartido con Meretz un borrador del proyecto de ley, pero no les he pedido que se unan en esta etapa, para darles tiempo de reflexionar».

Difícilmente podría haber una acusación más sonora de la sociedad israelí que la casi inutilidad de buscar un legislador judío en la Knésset dispuesto a apoyar la legislación para la tolerancia y la igualdad.

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 Fuente: https://www.jonathan-cook.net/2018-03-18/why-israel-is-an-apartheid-state/

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.