La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos utilizó al menos dos aeropuertos españoles para trasladar clandestinamente a prisioneros sospechosos de vínculos con organizaciones armadas islamitas, quienes posteriormente fueron llevados a cárceles de varios países y sometidos a torturas, según una denuncia publicada hoy aquí por el diario El […]
La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos utilizó al menos dos aeropuertos españoles para trasladar clandestinamente a prisioneros sospechosos de vínculos con organizaciones armadas islamitas, quienes posteriormente fueron llevados a cárceles de varios países y sometidos a torturas, según una denuncia publicada hoy aquí por el diario El País.
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, dijo que se inició una investigación a raíz de las acusaciones sobre las actividades de la CIA en islas españolas. Agregó que un juez del Estado tiene la investigación en sus manos.
Los hechos ponen en evidencia una arista más de la sofisticada red de prisiones secretas de la CIA para interrogar y enclaustrar a presuntos militantes antiestadunidenses, al margen de la legalidad internacional.
Los aeropuertos Son Sant Joan de Palma de Mallorca y otro -sin precisar- ubicado en las Islas Canarias fueron utilizados por la agencia en un mínimo de 10 ocasiones.
Los vuelos de carácter «privado» sirvieron para trasladar secretamente a supuestos integrantes de la red Al Qaeda, de los que no se sabe identidad ni destino final.
La primera denuncia sobre estos hechos fue planteada por un grupo de ciudadanos españoles, representados por un abogado de Palma de Mallorca, Ignasi Ribas.
La queja fue presentada ante el Tribunal Superior de Baleares por los supuestos «delitos de detención ilegal, secuestro y torturas, relacionados con los aviones que habían hecho escala en el aeropuerto de Son Sant Joan».
Las naves trasladaron a más de 50 personas con «estatus diplomático» y tenían conexiones directas con empresas de Estados Unidos que fungieron de pantalla en esta trama: Keeler and Tate Management y Stevens Express Leasing.
El diario El País difundió un extracto de las conclusiones de las investigaciones de la Guardia Civil, en el que se señala que se «da cuenta de las operaciones de cuatro aviones, dos Boeing 747, con matrículas N313P y N4476S, y dos Gulfstream, con matrículas N8068, y N85VM».
La investigación de la Guardia Civil señaló que algunos de los países utilizados como destino de vuelo son Libia, Rumania, Macedonia, Irlanda, Afganistán, Marruecos, Argelia, Egipto y Suecia.
El gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha guardado silencio sobre el asunto durante varios meses. El dirigente de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, acusó al gobierno español de ocultar datos relevantes sobre los hechos y de obstaculizar la investigación, al sostener que «ha hecho oídos sordos sobre la utilización de los aeropuertos españoles para destinar gente a la tortura».
Un dato que añade más sospechas sobre el tema es la supuesta petición que realizó en marzo pasado el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, servicio de espionaje español) a la propia CIA, con el fin de que «evitase utilizar el territorio español para el traslado de personas detenidas ilegalmente», según El País.
El ministro Alonso negó hace menos de un mes en el Parlamento español que hayan existido indicios suficientes para abrir una investigación sobre este tema.
Sin embargo, el ministro del Interior señaló hoy que de confirmarse la información, «se trataría de hechos gravísimos y no tolerables».
Consideró que utilizar las sedes aeroportuarias para el traslado furtivo de prisioneros significaría una violación a «las normas de relaciones entre estados y al ordenamiento jurídico español.
«Ahora (el asunto) está en manos del juez y veremos cuáles son las conclusiones de hecho del juez del Estado de España», expresó.
En contraste, el ministro de Defensa, José Bono, rechazó hacer acusaciones contra Washington y señaló que hasta la fecha no existen «evidencias, no tenemos pruebas, por lo que no estoy en disposición de poner en la picota, por rumores, por suposiciones, a un gobierno que es amigo y aliado».
La información sobre las escalas en aeropuertos españoles llegaron hoy hasta la sede de la CIA y el Pentágono en Estados Unidos, donde los portavoces se negaron a comentar la información difundida en España. «Normalmente no hablamos de los movimientos de los detenidos, salvo que sean transferidos o liberados hacia otra nación», dijo Bryan Whitman.
El caso se extendió también a Suecia. Según la agencia de prensa sueca TT, al menos dos aparatos, que antes habían sido utilizados por la CIA, habrían tomado tierra en aeropuertos de este país escandinavo los años 2002 y 2005. Uno de estos aviones habría viajado varias veces a la base estadunidense de Guantánamo, en Cuba, donde se encuentran más de medio millar de presuntos combatientes de Al Qaeda y el talibán presos desde fines de 2001, sin que se les haya enjuiciado hasta ahora.
Varios dirigentes políticos suecos expresaron su indignación ante las revelaciones, que reavivaron la controversia en Suecia sobre la expulsión en 2001 de dos egipcios sospechosos de terrorismo y por los cuales las autoridades de Estocolmo recibieron ayuda estadunidense. De regreso a su país, los dos hombres habrían sido torturados, indicó Afp.
¿El gobierno estaba al corriente y lo aprobó?, se preguntó Lars Ohly, jefe del Partido de la Izquierda (ex comunistas).
Lars Danielsson, secretario de Estado del primer ministro sueco Goran Persson, indicó que el gobierno no tenía conocimiento de estos vuelos, pero señaló que «hemos pedido a la Autoridad y Dirección de la Aviación, en colaboración con otras autoridades, que nos den información completa de lo que sepan».