Imagínense (es sólo un suponer) que el gobierno español harto de solicitar de Marruecos un convenio bilateral para luchar contra el terrorismo, y no obtener ninguna respuesta, infiltrara a un pequeño número de personas en algún grupo marroquí, de los denominados por occidente como «integristas radicales» o «células terroristas islámicas». Supongamos que efectivamente este grupo […]
Imagínense (es sólo un suponer) que el gobierno español harto de solicitar de Marruecos un convenio bilateral para luchar contra el terrorismo, y no obtener ninguna respuesta, infiltrara a un pequeño número de personas en algún grupo marroquí, de los denominados por occidente como «integristas radicales» o «células terroristas islámicas».
Supongamos que efectivamente este grupo realizara actos de terrorismo contra intereses españoles, materiales o humanos, y que las autoridades marroquíes descubrieran en un momento dado a los infiltrados.
A partir de ese momento dos podrían ser las posibilidades: que el gobierno marroquí liberara y expulsara a esos ciudadanos españoles; o que no lo hicieran y los juzgaran como espías extranjeros sometiéndolos a malos tratos, vejaciones de todo tipo y a un juicio sin ninguna garantía procesal y en el que se manipularan pruebas o se inventaran las necesarias para poder condenarlos.
En el primer caso, la prensa se haría eco durante unos días y las autoridades respectivas harían declaraciones altisonantes, de cara a sus galerías, para que días después todo quedara olvidado.
Pero ¿qué ocurriría en el segundo caso? No es difícil imaginar las declaraciones que emitiría el gobierno español, la agresividad que desatarían los medios de propaganda del régimen y las presiones internacionales -del llamado mundo libre- a las que sería sometido el gobierno de Marruecos.
Hasta aquí la hipótesis. Ahora viene un caso real.
Estados Unidos es el único país del mundo que ha sido condenado por el Tribunal Penal Internacional por practicar el terrorismo internacional. Hubo además dos resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que apoyaron el fallo del tribunal, aunque en ambas ocasiones con el veto de los EE.UU. Estos actos de terrorismo no fueron pequeñas acciones, sino una guerra que prácticamente destruyó Nicaragua. También contra Cuba Washington ha llevado a cabo de manera permanente una campaña terrorista desde 1959 que se intensificó en los años 60 y alcanzó su máxima expresión en los 70.
Cuba ha ofrecido, en múltiples ocasiones, cooperar con los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y, de hecho, el FBI ha enviado personal a la isla para informarse al respecto. Sin embargo, esa ha sido toda la labor realizada por el gobierno norteamericano. De hecho, desde los años 70, Estados Unidos se ha opuesto de manera oficial al terrorismo que se origina en su territorio, pero en la práctica lo sigue tolerando al no cerrar a estos grupos sus campos de entrenamiento ni cortarles las formas de financiación.
El siguiente capítulo fue el arresto de 5 cubanos (agentes de la seguridad del gobierno de la isla) que se habían infiltrado en grupos terroristas en Estados Unidos, que violan la leyes de esta nación y actúan impunemente contra Cuba. No deja de ser curioso que las autoridades norteamericanas detuvieran a los infiltrados y no a los terroristas. Lo cual demuestra que la nación más poderosa del planeta rehúsa a cooperar con Cuba en la lucha contra el terrorismo porque ello conduciría directamente a grupos radicados en su propio territorio y amparados por ellos mismos.
Estos cinco ciudadanos cubanos, Gerardo, René, Fernando, Antonio y Ramón, se encuentran, desde hace años, en las cárceles del imperio, en condiciones y bajo actuaciones que vulneran la propia Constitución estadounidense.
Los detenidos tuvieron que esperar casi dos años hasta el juicio, recluidos en condiciones infrahumanas, sin tener contacto siquiera con sus familiares más cercanos. Y con posterioridad pasaron más de un año sólo en la vista oral del juicio y en la selección del jurado. Se violaron la VIII Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y las normas de la ONU sobre el tratamiento de los presos y detenidos y las propias regulaciones carcelarias norteamericanas al mantenerlos en confinamiento solitario por dos períodos -el primero de 17 meses y el segundo de 48 días- que obstaculizó gravemente su defensa y les ha ocasionado a ellos y a sus familiares sufrimientos injustificables que constituyen violaciones flagrantes de sus derechos humanos.
Fueron despojados de todas sus pertenencias de manera arbitraria, primero en sus propios domicilios y más tarde en la cárcel, donde nuevamente les fueron retiradas todas sus efectos personales, incluyendo cartas, fotos, poemas…
En el juicio no se presentaron pruebas directas ni circunstanciales que los incriminara como espías. Se les condenó única y exclusivamente por haber luchado, a riesgo de sus vidas, contra grupos terroristas que operan libremente en Miami. Una actividad terrorista que consta en documentos oficiales norteamericanos, ha sido recogida por la prensa e incluso reconocida públicamente por sus propios autores.
El tribunal no atendió a las solicitudes de la defensa para que fuesen consideradas como pruebas relevantes documentos oficiales. Al amparo de la Ley de procedimiento de información clasificada, se manipularon «pruebas» que fueron utilizadas selectiva y arbitrariamente. Igualmente ocurrió con los testigos, alguno de los cuales fueron presionados por la Fiscalía en el tribunal y por medios de prensa para evitar que revelasen informaciones de utilidad para la defensa.
Fueron condenados por un jurado que tras cinco meses de juicio, miles de páginas de documentos y decenas de cargos contra los acusados, pronunció su veredicto sin ninguna demora, sin solicitar ni una aclaración técnica y sin expresar duda alguna a pesar de la complejidad del proceso. El veredicto fue de culpabilidad para los cinco cubanos en todos los cargos imputados.
Desde entonces sufren sus condenas en cinco cárceles ubicadas en lugares distantes entre sí y en territorio de Estados Unidos, lo cual supone un castigo añadido para sus familiares y amigos. Se les niega la condición de prisionero político, y se les mantiene sujetos a un régimen igual y en medio de delincuentes comunes. (¿Por qué será que este tipo de medidas me resultan tan familiarmente conocidas y tan hispánicamente cercanas?).
Las injustas sentencias se encuentran en la actualidad en trámite de apelación. Esta apelación no es un recurso para un nuevo juicio en una instancia superior, sino en una revisión de los posibles errores legales o de Derecho en que pueda haber incurrido el tribunal. Los errores, violaciones y excesos cometidos en el proceso no solo constituyen un gesto de impunidad hacia los grupos terroristas, son además la muestra de la podredumbre de todo el sistema judicial yanqui. Son la patente de corso (en el sentido originario de este término) hacia las mafias anticubanas que operan desde Miami. Grupos que han celebrado públicamente su «victoria» y han manifestado abiertamente el estímulo que este proceso significa para sus actividades criminales.
¿Podemos confiar a estas alturas en que alguna de las «democracias occidentales» o algún medio de prensa «independiente» realice una protesta contra esta farsa de justicia?
O expresado de otro modo ¿cómo es posible que dentro del sistema capitalista aún se mantengan en pie los mitos de la independencia judicial, la soberanía nacional y la imparcialidad de los medios de propaganda?
Finalizo con un contrapunto sangrante.
El estado español que durante años ha creado y amparado grupos terroristas (alguno de los cuales ha operado con total impunidad en el extranjero), que ha espiado a partidos políticos y que se ha infiltrado en grupos y movimientos sociales, nunca ha sufrido castigo ni condena.
Y ahora reconoce que miembros de sus servicios secretos espían y están infiltrados en grupos antiglobalización (a los que consideran, sin lugar a dudas, terroristas) y que la decisión de desalojar a los marroquís del islote de Perejil la tomaron cuatro personas (Aznar entre ellos) en torno al rey Juan Carlos, tomando un café.
¿Hay quien confíe en que este proceder desatará una tormenta, por pequeña que esta sea, en el reino hispano?